lunes, 28 de marzo de 2016

Comportamiento antisocial en los centros escolares: una visión desde Europa. Juan Manuel Moreno Olmedilla (*)

1. Introducción

En algunos países las administraciones educativas han lanzado campañas nacionales a través de los medios de comunicación social con el fin de crear una cierta conciencia social que favorezca la prevención de fenómenos violentos en las escuelas. En otros países, como el nuestro, tal vez porque aún no se han sufrido muchos casos extremos de violencia en las escuelas, la información disponible sobre la cuestión es, como mínimo, muy limitada, y no se ha hecho más que empezar en cuanto a la puesta en marcha de programas o planes de acción para la prevención y el tratamiento de dichos fenómenos.
En cualquier caso, los educadores somos cada vez más conscientes de la envergadura del tema que aquí vamos a tratar; sabemos que, para comenzar, debemos plantearlo en positivo, es decir, no se trata tanto de qué hacemos para enfrentarnos a los casos de violencia, como de qué hacemos para convertir nuestros centros en espacios adecuados para el aprendizaje de la convivencia en el marco de una democracia.

2. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos "violencia escolar"

Una de las primeras dificultades a las que nos enfrentamos al comenzar a analizar los fenómenos de supuesta violencia en la escuela es a la de la imprecisión en el lenguaje. En efecto, no podemos considerar dentro de la misma categoría un insulto u otra falta más o menos leve de disciplina o, por ejemplo, un episodio de vandalismo o de agresión física con un arma. No obstante, existe una clara tendencia en la opinión pública y tal vez entre muchos profesores (quienes, no lo olvidemos, son los principales creadores de opinión sobre la enseñanza y los centros escolares) a «meter todo en el mismo saco» y a entender, de manera simplista, que se trata de manifestaciones distintas de un mismo sustrato violento que caracterizaría a los niños y jóvenes de hoy. A pesar de ello, puesto que muchos fenómenos no pueden considerarse propiamente como violentos, entiendo como más inclusiva y adecuada la expresión de comportamiento o conducta antisocial en las escuelas. Así, en mi opinión, son seis los tipos o categorías de comportamiento antisocial entre los que debemos diferenciar:

A: Disrupción en las aulas
B: Problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado)
C: Maltrato entre compañeros («bullying»)
D: Vandalismo y daños materiales
E: Violencia física (agresiones, extorsiones)
F: Acoso sexual

La disrupción en las aulas constituye la preocupación más directa y la fuente de malestar más importante de los docentes. Su proyección fuera del aula es mínima, con lo que no se trata de un problema con tanta capacidad de atraer la atención pública como otros que veremos después. Cuando hablamos de disrupción nos estamos refiriendo a las situaciones de aula en que tres o cuatro alumnos impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase, obligando al profesorado a emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden. Aunque de ningún modo puede hablarse de violencia en este caso, lo cierto es que la disrupción en las aulas es probablemente el fenómeno, entre todos los estudiados, que más preocupa al profesorado en el día a día de su labor, y el que más gravemente interfiere con el aprendizaje de la gran mayoría de los alumnos de nuestros centros.

Las faltas o problemas de disciplina, normalmente en forma de conflictos de relación entre profesores y alumnos, suponen un paso más en lo que hemos denominado disrupción en el aula. En este caso, se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia —desde la resistencia o el «boicot» pasivo hasta el desafío y el insulto activo al profesorado—, que pueden desestabilizar por completo la vida cotidiana en el aula. Sin olvidar que, en muchas ocasiones, las agresiones pueden ser de profesor a alumno y no viceversa, es cierto que nuestra cultura siempre ha mostrado una hipersensibilidad a las agresiones verbales —sobre todo insultos explícitos— de los alumnos a los adultos (Debarbieux, 1997), por cuanto se asume que se trata de agresiones que «anuncian» problemas aún más graves en el caso futuro de no atajarse con determinación y «medidas ejemplares».

El término «bullying», de difícil traducción al castellano con una sola palabra, se emplea en la literatura especializada para denominar los procesos de intimidación y victimización entre iguales, esto es, entre alumnos compañeros de aula o de centro escolar (Ortega y Mora-Merchán, 1997). Se trata de procesos en los que uno o más alumnos acosan e intimidan a otro —víctima— a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, etc. Si bien no incluyen la violencia física, este maltrato intimidatorio puede tener lugar a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima.

El vandalismo y la agresión física son ya estrictamente fenómenos de violencia; en el primer caso, contra las cosas; en el segundo, contra las personas. A pesar de ser los que más impacto tienen sobre las comunidades escolares y sobre la opinión pública en general, los datos de la investigación llevada a cabo en distintos países sugieren que no suelen ir más allá del 10 por ciento del total de los casos de conducta antisocial que se registran en los centros educativos. No obstante, el aparente incremento de las extorsiones y de la presencia de armas de todo tipo en los centros escolares, son los fenómenos que han llevado a tomar las medidas más drásticas en las escuelas de muchos países (Estados Unidos, Francia y Alemania son los casos más destacados, como cualquier lector habitual de prensa sabe).

El acoso sexual es, como el bullying, un fenómeno o manifestación «oculta» de comportamiento antisocial. Son muy pocos los datos de que se dispone a este respecto. En países como Holanda (Mooij, 1997) o Alemania (Funk, 1997), donde se han llevado a cabo investigaciones sobre el tema, las proporciones de alumnos de secundaria obligatoria que admiten haber sufrido acoso sexual por parte de sus compañeros oscila entre el 4 por ciento de los chicos de la muestra alemana y el 22 por ciento de las chicas holandesas. En cierta medida, el acoso sexual podría considerarse como una forma particular de bullying, en la misma medida que podríamos considerar también en tales términos el maltrato de carácter racista o xenófobo. Sin embargo, el maltrato, la agresión y el acoso de carácter sexual tienen la suficiente relevancia como para considerarlos en una categoría aparte.

Y, ya entre paréntesis, habría que apuntar dos fenómenos típicamente escolares que también podrían categorizarse como comportamientos antisociales, aunque no se vayan a tratar en este artículo: el primero es el absentismo, que da lugar a importantes problemas de convivencia en muchos centros escolares; el segundo cabría bajo la denominación de fraude en educación o, si se prefiere, de «prácticas ilegales» (Moreno, 1992, pp. 198 y ss.), esto es, copiar en los exámenes, plagio de trabajos y de otras tareas, recomendaciones y tráfico de influencias para modificar las calificaciones de los alumnos, y una larga lista de irregularidades que, para una buena parte del alumnado, hacen del centro escolar una auténtica «escuela de pícaros».

3. ¿Qué sabemos sobre los fenómenos de comportamiento antisocial en los centros escolares?

Para empezar, el análisis de las distintas categorías de comportamiento antisocial que acabamos de llevar a cabo nos permite adelantar algunas observaciones de cierto interés. En primer lugar, podría decirse que en los centros se dan muchos conflictos, y de muchos tipos, y no tanta violencia extrema como los medios de comunicación —y la opinión pública que a partir de ellos se configura— podrían estar dando a entender. La existencia de conflictos en las instituciones escolares no solamente no debe asustarnos, ni siquiera preocuparnos, sino que debemos entenderla como algo en principio natural en cualquier contexto de convivencia entre personas; así, por el contrario, los conflictos pueden ser oportunidades de aprendizaje y de desarrollo personal para todos los miembros de la comunidad escolar.

En segundo lugar, nuestro análisis inicial de las seis categorías deja claro, aparte de los distintos niveles de «gravedad», que puede hablarse de dos grandes modalidades de comportamiento antisocial en los centros escolares: visible e invisible. Así, la mayor parte de los fenómenos que tienen lugar entre alumnos —el bullying, el acoso sexual, o cierto tipo de agresiones y extorsiones— resultan invisibles para padres y profesores; por otro lado, la disrupción, las faltas de disciplina y la mayor parte de las agresiones o el vandalismo, son ciertamente bien visibles, lo que puede llevarnos a caer en la trampa de suponer que son las manifestaciones más importantes y urgentes que hay que abordar, olvidándonos así de los fenómenos que hemos caracterizado por su invisibilidad.

martes, 1 de marzo de 2016

LA CONDUCTA ANTISOCIAL DE LOS JÓVENES. Michael Rutter, Henri Giller, Ann Hagell. Cambridge University Press, Madrid, 2000

Los profesionales hablan de trastorno hostil/desafiante, trastorno de conducta y trastorno de personalidad antisocial antes que de delito como tal. Lo estudia hasta los 20 años, pero cree que hay que prolongarlo hasta los 25. 
Repiten un estudio hecho en 1983. "Desde entonces ha habido un considerable aumento del conocimiento empírico relativo a la naturaleza de la delincuencia, sus causas, factores que influyen en su perpetuación en la vida adulta, su prevención y tratamiento. 
Las teorías del delito basadas en una serie unificadora de factores causales han caído en descrédito y cada vez se ha prestado mayor atención a los orígenes de las diferencias individuales en cuanto a responsabilidad por la conducta antisocial.

Importancia de la investigación longitudinal. 
La investigación reciente ha sugerido maneras en las que se podían diferenciar variedades de delincuencia, por ejemplo, las asociadas con la hiperactividad de aparición temprana o las que aparecen en edad temprana en vez de en la adolescencia. 
Se sabe mas sobre las relaciones entre delito y abuso de sustancias, entre delito y dificultades de lectura, entre delito y suicidio y entre trastornos de la conducta y depresión. 
Los cambios más evidentes en los modelos familiares incluyen un espectacular aumento de los divorcios: entre 1977 y 1992, tanto el número de divorcios como el número de hijos de menos de 16 años de parejas divorciadas se incrementaron de una manera drástica en el Reino Unido. En EEUU los niños que viven con dos progenitores descendió al 73%. 
Acceso fácil a drogas. Continuo ascenso de los índices de delincuencia. 
Importancia de la pertenencia a un grupo étnico. 
Aumento general de los trastornos psicosociales en jóvenes. 
Los índices de delincuencia en varones son varias veces más elevados que los de las mujeres. A pesar de ello, ha habido escasas investigaciones sobre las diferencias varón ­mujer en la conducta antisocial. 

Hallazgos: 
1.­ Cuando son muy jóvenes, las personas que posteriormente desarrollan repetidas actividades antisociales tienden a ser superactivas, de conducta indisciplinada, hostiles y tienen dificultades para llevarse bien con los demás niños. 
2.­ También cuando son jóvenes tienden a ser impulsivos y a estar deseosos de buscar experiencias nuevas y excitantes. 
3.­ Además de estas características, en la niñez , media y en la adolescencia tienen más inclinación que los demás a mostrar sentimientos de infelicidad, a tener dificultades de lectura y a consumir drogas ilegales. 
4.­ Cuando estos rasgos persisten en el final de la adolescencia y en la edad adulta temprana, adoptan a menudo la forma de excesos en la bebida, un historial laboral irregular, dificultades en las relaciones con la familia y los amigos, tendencia a contraer deudas y a jugar y tendencia a responder a la frustración y a otras dificultades mediante el uso de la violencia. 

Biología y conducta. 
En épocas pasadas ha habido una tendencia a suponer que si algún rasgo o anormalidad biológica puede ser identificado y asociado con una conducta determinada, el rasgo biológico tiene que haber causado la conducta. Ahora esta claro que esta suposición es injustificada porque hay una compleja interacción de doble dirección entre psiquis y soma. Los procesos del pensamiento y las emociones y las tendencias de la conducta no aparecen fuera del cuerpo. Por el contrario, hay y tiene que haber, acompañamientos biológicos, al menos inmediatamente. Esto equivale a decir que cuando alguien se siente preocupado y asustado, eso irá acompañado de un aumento de las pulsaciones, la sudoración y la segregación de determinadas hormonas. 
También a largo plazo los efectos duraderos de las experiencias supondrán algún cambio en el organismo. Así los experimentos con animales han mostrado que los procesos de aprendizaje van acompañados de cambios en el cerebro y que los efectos del estrés van acompañados de cambios estructurales y funcionales en el sistema neuroendocrinologico.

Los estudios tanto animales como humanos indican de manera similar la interacción de doble dirección entre hormonas y conducta. Si se elevan artificialmente las hormonas sexuales masculinas, esto tendrá efectos mensurables en ciertas conductas como el dominio. Igualmente, sin embargo, la superación de situaciones sociales alterará los niveles hormonales. Así, por ejemplo, el ganador de un partido de tenis o una partida de ajedrez muy reñidos tiende a mostrar un aumento de hormonas sexuales mientras que los perdedores tienden a mostrar un descenso. Los trastornos funcionales del cerebro tienden a desaparecer cuando se alivian los síntomas mediante tratamiento. 

Causalidad. 

La simple comprobación de un factor que esté estadísticamente asociado con una conducta no significa que haya desempeñado ningún papel causal Una cosa son los indicadores de riesgo y otra los mecanismos de riesgo. 
El divorcio acarrea más riesgo de conducta antisocial que la muerte de uno de los padres, pero "no constituye el principal mecanismo causal del delito. 
La discordia tiene una mayor capacidad predictiva. 
La pobreza y las presiones económicas parecen tener solamente una relacion debil y desigual con la conducta antisocial, y por lo tanto es improbable que desempeñen un papel importante en los procesos cercanos que tienen que ver con la génesis de la conducta antisocial. 
Por otra parte, la pobreza y las tensiones económicas parecen desempeñar un papel al hacer más difícil mantener la armonía familiar y los patrones adaptativos de crianza de los hijos. 
Existe la posibilidad de que la flecha causal vuele en dirección contraria, que la conducta antisocial haya causado el supuesto factor de riesgo. Hay muchos testimonios de que la conducta problemática o antisocial de los niños provoca reacciones negativas de otras personas. 
La critica y la hostilidad de los padres se asocian con la conducta antisocial de los hijos. es necesario preguntar si la conducta de los hijos ha provocado reacciones negativas en los padres o esta actuando un proceso circular bidireccional. 
Otra posibilidad es que la asociación refleje una mediación genética en vez de un proceso de riesgo ambiental. Por ejemplo es evidente que los padres no solo transmiten genes a sus hijos, sino que también ayudan a configurar y seleccionar sus experiencias. 
Así por ejemplo, hay pruebas de que los factores genéticos cumplen un papel en la causa de la discordia familiar y de que este esfuerzo está condicionado en parte por las características de la personalidad de los padres 
La tercera posibilidad es que la causalidad guarde relacion no con la conducta antisocial como tal, sino con algún otro rasgo con el cual da la casualidad de que está asociada. Un hogar deshecho mostró una correlación del 0.09 con la delincuencia grave.

jueves, 26 de noviembre de 2015

INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA Y A LOS PADRES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO DE CONDUCTA Y DELINCUENCIA CON EDADES ENTRE 10 Y 17 AÑOS. Woolfenden SR, Williams K, Peat J





RESUMEN

Antecedentes
Los trastornos de conducta y la delincuencia son problemas significativos para niños, adolescentes y para sus familias que tienen el potencial de consumir muchos de los recursos de la atención social, salud y de los sistemas de justicia juvenil. Se han recomendado varias intervenciones dirigidas a la familia y a los padres, las cuales han sido utilizadas para estas condiciones. El objetivo de esta revisión era determinar si estas intervenciones son efectivas para manejar los trastornos de conducta y la delincuencia en niños y adolescentes con edades entre 10 y 17 años.
Objetivos
Determinar si las intervenciones dirigidas a la familia y a los padres mejoran la conducta de niños/adolescentes, la salud mental de los padres, el funcionamiento familiar y las relaciones, y si tienen un efecto sobre los resultados psicosociales a largo plazo del niño/adolescente.
Estrategia de búsqueda
Se identificaron ensayos controlados aleatorios mediante una búsqueda en el Registro Cochrane de Ensayos Controlados (Cochrane Controlled Trial Register - CCTR), en bases de datos (MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, CINAHL, Sociofile, ERIC, Healthstar), en la listas de referencias de artículos y mediante contacto con los autores.
Criterios de selección
Ensayos controlados aleatorios con un interés principal en el funcionamiento de los padres y/o de la familia, fueron considerados como elegibles para ser incluidos en la revisión. Los ensayos debían incluir por lo menos una medida objetiva de resultado (por ejemplo, tasa de arrestos) o haber usado una medida que estuviera publicada en publicaciones revisadas por pares y validada para el propósito relevante. Se requería que los estudios tuvieran un grupo control, el cual podría ser un grupo que no recibiera la intervención, un grupo en lista de espera o un grupo que recibiera la intervención convencional (por ejemplo libertad condicional).
Se tuvieron en cuenta aquellos ensayos que incluyeran niños y adolescentes con edades entre 10 y 17 años, y sus familias. El trastorno de conducta se definió mediante una evaluación psicológica estandarizada (por ejemplo mediante una lista para evaluar la conducta del niño) o mediante un diagnóstico psiquiátrico. La delincuencia se definió como una remisión de la justicia juvenil o de otro sistema legal para un niño/adolescente que haya cometido un crimen grave (por ejemplo una infracción y/o una agresión por lo menos en dos ocasiones).
Recopilación y análisis de datos
Dos revisores examinaron independientemente todos los estudios elegibles para su inclusión, evaluaron la calidad de los estudios (encubrimiento de la asignación, cegamiento, seguimiento, resultados clínicamente importantes) y obtuvieron los datos. La heterogeneidad se evaluó mediante una prueba de Ji - Cuadrado de heterogeneidad junto con una inspección visual de los datos. Un nivel de significación menor a 0.1 se interpretó como evidencia de heterogeneidad estadísticamente significativa. En aquellos datos que tuvieron heterogeneidad, los revisores buscaron una explicación al respecto. Si se consideraba que los estudios con resultados heterogéneos eran comparables, se hacía una síntesis estadística de los resultados utilizando un modelo de efectos aleatorios. Este modelo tiene en cuenta el error de muestreo al interior de cada estudio y las variaciones entre los estudios en la evaluación del grado del incertidumbre, y proporciona intervalos de confianza más amplios alrededor del tamaño del efecto de manera que arroja un resultado más conservador.
Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad para explorar los efectos que tenía sobre los resultados la variación en la calidad de los estudios incluidos.
Resultados principales
De los novecientos setenta títulos que se identificaron inicialmente mediante la estrategia de búsqueda, hubo ocho ensayos que cumplieron los criterios de inclusión. Se asignó al azar un total de 749 niños con sus familias a una intervención dirigida a padres y a la familia o a un grupo control. En siete de estos estudios, los participantes eran delincuentes juveniles con sus familias, y solamente en uno, los participantes eran niños/adolescentes con trastornos de conducta que aún no habían tenido contacto con el sistema de justicia juvenil.
En el seguimiento, las intervenciones para la familia y los padres redujeron significativamente el tiempo empleado por los delincuentes juveniles dentro de una institución (DPP 51.34 días, IC del 95% 72.52 a 30.16). También hubo una reducción significativa en el riesgo de que un delincuente juvenil fuera otra vez arrestado (RR 0.66, IC del 95% 0.44 a 0.98) y en la tasa de arrestos posteriores al cabo de 1 a 3 años (DEP -0.56, IC del 95% -1.100 a - 0.03). Para ambos resultados, hubo una heterogeneidad considerable en los resultados, lo que sugiere que se necesita cautela en su interpretación. En la actualidad hay evidencia insuficiente que indica que las intervenciones a la familia y a los padres reducen el riesgo de ser encarcelado (RR=0.50, IC del 95% 0.20 a 1.21). No se encontraron diferencias significativas para resultados psicosociales como el funcionamiento de la familia y la conducta del niño/adolescente.
Conclusiones de los autores
La evidencia sugiere que las intervenciones dirigidas a la familia y a los padres para los delincuentes juveniles y sus familias, tiene efectos benéficos al reducir el tiempo de permanencia en instituciones. Esto tiene un beneficio obvio para los participantes y sus familias y puede provocar un ahorro en los costos para la sociedad. Estas intervenciones también pueden reducir las tasas de arrestos posteriores, pero en la actualidad, estos resultados deben interpretarse con cautela debido a la heterogeneidad de los resultados.
Esta revisión debería citarse como:
Woolfenden SR, Williams K, Peat J Intervenciones dirigidas a la familia y a los padres en niños y adolescentes con trastorno de conducta y delincuencia con edades entre 10 y 17 años (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).



RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS
Los trastornos de conducta y la delincuencia son problemas significativos para niños y adolescentes y para sus familias, y tienen el potencial de consumir mucho de los recursos de los sistemas de salud, de atención social y de justicia juvenil. Se han recomendado varias intervenciones dirigidas a la familia y a los padres, las cuales se utilizan para estas condiciones. El objetivo de esta revisión era determinar si estas intervenciones son efectivas para el manejo de los trastornos de conducta y la delincuencia en niños y adolescentes con edades entre 10 y 17 años.
La evidencia actual sugiere que las intervenciones dirigidas a la familia y a los padres de delincuentes juveniles tienen efectos benéficos al reducir el tiempo de permanencia en instituciones. Esto tiene un obvio beneficio para el participante y su familia y puede producir un ahorro de costos para la sociedad. Estas intervenciones también pueden reducir las tasas de arrestos posteriores, pero en el momento, estos resultados deben interpretarse con cautela, dada la diversidad en los resultados de los estudios.


ANTECEDENTES
El trastorno de conducta es una categoría psiquiátrica que se define como un patrón repetitivo y persistente de conductas agresivas, desafiantes o antisociales. Es una de las formas más frecuentes de alteraciones psiquiátricas en niños y adolescentes, con una prevalencia calculada entre 1.5% y 3.4% en este grupo de edad. Afecta tres veces más a los niños que a las niñas. (AACAP 1997, Scott 1998)
Por su parte, la delincuencia es una categoría sociolegal que se refiere a niños y adolescentes que infringen la ley. Las tasas de delincuencia son más altas en la mitad de la adolescencia. Aproximadamente un 2% de los niños y adolescentes con edades entre 10 y 17 años, cada año tienen contacto con el sistema de justicia juvenil. De ellos, hay una minoría que continúa cometiendo delitos (delincuencia juvenil recurrente) y que dan cuenta de un porcentaje desmedidamente grande de presentaciones en los juzgados (Freeman 1996). Se acepta ampliamente que los mejores predictores para una futura delincuencia recurrente es la presencia de problemas de conducta precoces (AACAP 1997, Sheldrick 1995).
Parece ser que el trastorno de conducta es una condición estable a lo largo del tiempo.- La gran mayoría de niños y adolescentes afectados tienen una vida en la que muchos dominios de su funcionamiento están afectados de manera adversa (Rey y cols. 1995). Los problemas de conducta pueden aumentar en la adolescencia, en donde hay un aumento en la demanda para poder funcionar fuera de la familia y para responder a las demandas de la sociedad, del sistema legal, de las parejas y de la escuela. Esta conducta puede volverse cada vez más grave y compleja y puede ser catalogada como "delincuencial" (AACAP 1997). Además, dentro de las manifestaciones de los trastornos de conducta en la adultez, se encuentra el Trastorno Antisocial de Personalidad, y conductas antisociales que no son de tipo psiquiátrico como el robo y la violencia. (AACAP 1997, Scott 1998).
El trastorno de conducta y la delincuencia pueden presentarse asociados con Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad y con trastornos internalizados como la depresión. Esta comorbilidad influenciará negativamente el cuadro clínico y el pronóstico. Puede ser complicado plantear una diferencia entre estas condiciones. No obstante, el patrón persistente de conducta agresiva, desafiante o antisocial, con derivaciones legales acumuladas es único al trastorno de conducta (AACAP 1997).
El trastorno de conducta y la delincuencia parecen tener una serie de factores de riesgo asociados, que incluyen causas de tipo genético, biológico y ambiental. Dentro de las causas ambientales, se incluyen factores familiares como el estilo y vinculación con los padres, enfermedades mentales de los padres, padres antisociales, disciplina rígida y errática, abuso en la infancia y negligencia, baja supervisión por parte de los padres, abuso de sustancias en los padres, rechazo por parte de los padres hacia el niño, falta de armonía en la pareja parental, paternidad sola ejercida por uno de los padres y familias de gran tamaño. También se han asociado las condiciones de pobreza con un aumento en el riesgo de trastornos de conducta y de delincuencia, probablemente porque ésta exacerba las disfunciones familiares (AACAP 1997, Sheldrick 1995).
Las intervenciones dirigidas a la familia y a los padres sostienen que la interacción con la familia, pueden causar, mantener o empeorar el trastorno de conducta y la delincuencia y que si las relaciones de la familia se movilizan de manera adecuada, pueden convertirse en un agente terapéutico potente para reducir las conductas indeseables y prevenir las recaídas (Diamond y cols. 1996). Se han recomendado diversas intervenciones para la familia y los padres en casos de trastornos de conducta y delincuencia (Sheldrick 1995). Estas varían desde entrenamientos para padres, los cuales intentan modificar interacciones familiares específicas mediante una mejoría en sus habilidades para ejercer su función de padres, hasta terapia multisistémica (TMS), una intervención amplia que aborda factores familiares y extrafamiliares como las relaciones con los padres, la pareja y la escuela (Henggeler y cols. 1992). Pueden ocurrir fuera del contexto del hogar, como la intervención multidimensional de adopción temporal (foster care - IMAT) (Chamberlain 1998).
Aunque es extensa la literatura sobre los predictores y factores de riesgo asociados con el trastorno de conducta y la delincuencia, es poca la que se refiere a la efectividad de su prevención y sus intervenciones (Sheldrick 1995). Recientemente, Barlow (1997) llevó a cabo una revisión sistemática para examinar la efectividad de programas de entrenamiento en grupos para padres para mejorar los problemas de conducta en niños con edades entre 3 y 10 años (Barlow J 1997). Los autores encontraron que los programas de entrenamiento en grupo para padres tienen un impacto positivo sobre la conducta de los niños entre 3 y 10 años. Sin embargo, estos hallazgos no se aplican al grupo de edad mayor a 10 años que tienen trastornos de conducta graves y delincuencia.
Chamberlain 1995 realizó una revisión descriptiva para determinar la efectividad de la terapia familiar en la intervención de adolescentes con trastornos de conducta y delincuencia. Siete estudios cumplieron los siguientes criterios: tenían un grupo de control o de comparación; incluían un método específico de intervención familiar; y medían la efectividad de la intervención en adolescentes remitidos por trastorno de conducta y/o delincuencia. Los autores encontraron que los estudios se centraban en participantes que tenían problemas de conducta de gravedad diversa, utilizaban varias estrategias de medición y empleaban diferentes modelos para suministrar el servicio. Concluyeron que los estudios indicaban que las intervenciones con terapia familiar parecían reducir los problemas de conducta y la conducta delictiva de los adolescentes cuando se comparaban contra la terapia individual, contra una intervención convencional o contra un grupo sin tratamiento. Sin embargo, esta revisión tuvo varios fallos metodológicos en el sentido de que los estudios analizados no se limitaban a ensayos controlados aleatorios y puesto que se hicieron búsquedas solamente en una base de datos (PsycLIT).
El trastorno de conducta y la delincuencia tienen el potencial de causar resultados significativos adversos a corto y a largo plazo. Es importante evaluar los efectos de las intervenciones dirigidas a la familia o a los padres para abordar estas condiciones, y en particular, su efectividad para prevenir o minimizar estos resultados adversos a largo plazo. Esto es muy importante, ya que los niños más grandes y los adolescentes que tienen trastorno de conducta o delincuencia pueden potencialmente consumir muchos de los recursos del sistema de salud y de la justicia juvenil, con un considerable costo para la sociedad (Borduin 1999, AACAP 1997).

domingo, 4 de octubre de 2015

Reforma a la justicia penal juvenil y adolescentes privados de libertad en Chile: Aportes empíricos para el debate*.Máximo Langer, Ricardo Lillo 1. Doctor of Juridical Science (S.J.D), Harvard University. Profesor de derecho, University of California Los Angeles (UCLA), Estados Unidos.langer@law.ucla.edu 2. Master of Laws (LL.M) Specialization in Public Interest Law. University of California Los Angeles (UCLA), Estados Unidos. Profesor de derecho, Universidad Diego Portales, Chile. ricardo.lillo@mail.udp.cl



Resumen
Este artículo tiene por objeto brindar y analizar algunos datos empíricos sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Adolescente luego de siete años de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084. Uno de los objetivos de esta reforma fue adecuar la legislación en la materia a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre los cuales se encuentran el criterio de intervención penal especial reducida o moderada y la utilización de la privación de libertad como medida de ultima ratio. Nuestros datos indican que con posterioridad a su entrada en vigencia han aumentado tanto el número total de adolescentes privados de su libertad como la tasa relativa y la proporción de adolescentes privados de su libertad en comparación con los adultos. La conclusión de este estudio es que la reforma de la justicia penal juvenil, en su funcionamiento actual, probablemente ha contribuido a estos resultados. Sin embargo, este artículo no pretende agotar estos temas, sino más bien motivar una mayor investigación de tipo empírico que contribuya al debate público sobre este tema, así como promover la generación de mejores estadísticas por parte de las instituciones intervinientes.
Palabras clave: Justicia penal adolescente, datos empíricos, privación de libertad, Ley N° 20.084.

Abstract
This article aims at providing and analyzing empirical data regarding the criminal juvenile system in Chile seven years after the coming into effect of Act N° 20084 (which established the juvenile criminal responsibility system in Chile). One of the goals of this reform was to adequate the criminal juvenile justice legislation to international human rights standards, that include the principles of exceptional and moderate use of criminal law and of using confinement only as ultima ratio. Our data indicate that after the coming into effect of the juvenile justice reform, the adolescent confinement rate has increased in absolute terms (i.e., in terms of the total number of adolescents in confinement) and in relative terms in comparison with the adult population in criminal confinement. We conclude that the criminal juvenile justice reform, as currently configurated, has probably contributed to this result.
Key words: Juvenile justice, empirical studies, juvenile confinement, Act N° 20.084 (Chile).

Introducción

Hace ya más de 7 años que entró en vigencia la reforma a la justicia penal para adolescentes en Chile. Esta reforma fue implementada mediante la nueva Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Ley RPA) que modificó cómo y cuándo los adolescentes presuntamente infractores de ley son sometidos a la justicia penal.
Previamente, los menores de 18 años eran considerados como inimputables y sujetos a "medidas de protección", a menos que tuvieran 16 años o más y fueran declarados con discernimiento. En la práctica, estas medidas de protección eran medidas de privación de libertad tomadas bajo un procedimiento escrito y formalista. Dicho régimen fue criticado en Chile tanto por no respetar el debido proceso y por utilizar excesivamente la privación de libertad en contra de niños y adolescentes, como por ser ineficiente en la persecución penal de delitos cometidos por jóvenes. La nueva justicia penal para adolescentes vino entonces a ajustar la legislación a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a introducir un régimen en donde estos jóvenes son considerados como penalmente responsables por sus actos, aunque sujetos a regulaciones específicas que toman en consideración que estas personas están en un proceso de desarrollo madurativo.

Si bien ha habido una importante literatura jurídica sobre esta reforma, casi no ha habido evaluaciones empíricas sobre los resultados de esta reforma.1Este trabajo realiza un aporte en esta dirección mediante la generación y presentación de datos sobre el funcionamiento empírico pre y post reforma de la justicia penal juvenil y la justicia penal de adultos en Chile. Nuestros datos indican que con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma penal juvenil ha habido una disminución en el porcentaje de adolescentes privados de su libertad de modo preventivo, pero también han aumentado tanto el número total de adolescentes privados de su libertad como la tasa relativa y la proporción de adolescentes privados de su libertad en comparación con los adultos privados de su libertad. Sobre este último punto es que se centra este análisis. Nuestra conclusión es que la entrada en vigencia de la reforma de la justicia penal juvenil ha probablemente contribuido a estos resultados. Pero este artículo no pretende agotar estos temas, sino más bien motivar una mayor investigación de tipo empírico en la materia en el mundo académico que contribuya al debate público sobre este tema, así como promover la generación de mejores estadísticas por parte de las instituciones intervinientes.
Con estos objetivos, este trabajo se divide en dos partes. En primer lugar, describiremos a grandes rasgos tanto el modelo tutelar regulado mediante la Ley de Menores vigente en Chile hasta el 2007 como la reforma a la justicia penal para adolescentes. A continuación, presentaremos datos empíricos de diversas instituciones para mostrar el impacto que ha tenido la reforma penal juvenil para los jóvenes infractores, y extraeremos algunas conclusiones que esperamos puedan motivar mayor investigación y discusión en la materia.

1. El Sistema de Justicia Juvenil en Chile.

En el mes de junio del año 2007 entró en vigor la Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente que introdujo profundos cambios a la manera en que eran tratados los jóvenes infractores de la ley penal bajo el hasta entonces vigente modelo tutelar establecido por la Ley N°16.618 (también conocida como Ley de Menores).2
Esta Ley de Menores era aplicada a los menores de 16 años y a aquellos adolescentes de 16 y 17 años considerados como sin "discernimiento". Para este grupo, las únicas medidas a serles aplicadas tenían por objeto, en teoría, su protección.3 Para la determinación de la capacidad de discernimiento, los niños, niñas y adolescentes eran sometidos a un proceso judicial especial llevado ante un "Juez de Menores". Si los jóvenes de 16 y 17 años eran considerados con "discernimiento" en el Juzgado de Menores, estos eran enviados y sometidos al proceso penal regular bajo las mismas condiciones que un adulto.
De acuerdo a una investigación en la materia, del total de juveniles de 16 y 17 años que eran sometidos al procedimiento de la Ley de Menores, el 67.4% era declarado con discernimiento y el 32,6% sin discernimiento (Tabla 1).

Tabla 1: Decisiones sobre Discernimiento bajo la Ley de Menores (2002)


Fuente: Francisca Werth W., "Desafíos y Características del Nuevo Sistema de Justicia Juvenil Chileno", Fundación Paz Ciudadana, 2005.

El antiguo modelo de justicia penal para niños, niñas y adolescentes bajo la Ley N°16.618 fue severamente criticado desde los años 90s en adelante. Una primer serie de críticas fue que el proceso inquisitivo que se utilizaba para perseguir y juzgar niños y adolescentes –proceso también utilizado para adultos en Chile hasta el año 2005– era excesivamente formalista, lento, y carecía de garantías básicas del debido proceso.4 Una segunda serie de críticas se dirigió contra los aspectos sustantivos del modelo tutelar, argumentándose que creaba una percepción de impunidad en relación a los jóvenes infractores en un contexto de una alta sensación de inseguridad entre la población, no respetaba los derechos y garantías básicas de estos jóvenes, y utilizaba arbitraria y excesivamente la privación de libertad contra niños, niñas y adolescentes.5
Estas críticas llevaron a un proceso de reforma que tuvo por objeto la adecuación del sistema criminal de adolescentes tanto al sistema acusatorio implementado en Chile para adultos entre los años 2000 a 2005, como así también a los estándares específicos desarrollados en el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para jóvenes infractores, elemento clave tanto en la discusión pre-legislativa como posteriormente al interior del Congreso.6 En este sentido, la nueva Ley N° 20.084 reconoce en su artículo 2° el interés superior del niño, niña o adolescente como el principal estándar aplicable en todo proceso judicial o administrativo, respecto tanto del procedimiento como de las sanciones o medidas. El artículo 2° también señala expresamente que en la aplicación de la Ley N° 20.084, las autoridades deben considerar todos los derechos y garantías establecidas en la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y otros instrumentos internacionales ratificados por Chile.

Este proceso de reforma se cristalizó con la aprobación en el Congreso de la Ley N° 20.084, que fue publicada en el Diario Oficial en el año 2005 y entró en vigencia en junio de 2007. Esta ley vino a establecer un modelo de responsabilidad en virtud del cual los jóvenes entre 14 y 17 años son considerados sujetos de derecho responsables por sus actos, pero bajo un régimen especial que reconoce que todavía no han terminado su proceso madurativo.7
La nueva legislación eliminó los antiguos Juzgados de Menores y estableció un sistema de justicia especializado en relación a la justicia penal de adultos. Con esta modificación se buscó implementar un tratamiento diferenciado entre adultos y adolescentes en el funcionamiento práctico de la justicia.8Con estos fines, la propia Ley RPA estipula que, como regla general, aquellos jueces, fiscales y defensores públicos que manejen este tipo de infractores deben estar capacitados y especializados en la materia.9 Sin embargo, más allá de estas capacitaciones, no existe una especialización orgánica dado que los actores que intervienen en casos de adolescentes (tribunales, fiscales, defensores, policías), aun cuando especialmente capacitados, son los mismos que los del sistema penal para adultos.10
Otra consecuencia de la justicia especializada es que ahora las personas menores de 18 años deben ser privadas de libertad en instituciones especiales y diferentes de aquellas para adultos. La institución a cargo de la ejecución de las decisiones de los tribunales penales para estos casos es el Servicio Nacional de Menores (SENAME). La configuración de estos centros del SENAME difieren sustancialmente de los centros penitenciarios habituales, en particular porque estos tienen por objeto principal la rehabilitación y protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables –no solo de aquellos que hayan cometido delitos– y porque sus administradores y equipos de trabajo tienden a ser profesionales de perfiles diversos –por ejemplo trabajadores sociales– que los de los guardias y administradores de las cárceles de adultos.
Como señalamos con anterioridad, el objetivo de la nueva normativa fue adecuar la legislación a los estándares del debido proceso estipulados tanto en la Constitución como en la CDN.11 Pero, además, la nueva legislación tuvo por objeto mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal juvenil y dar protección a las víctimas y a la población general en el contexto de un aumento en la percepción de los delitos cometidos por menores de edad.12 En este sentido, hubo una clara tensión en la concepción misma del nuevo modelo entre el objetivo de proteger el debido proceso y los derechos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley versus el objetivo de aumentar la eficiencia en la persecución y el castigo de los delitos cometidos por adolescentes.13

De acuerdo a la historia de la Ley N° 20.084, la idea fue, siguiendo estándares internacionales en la materia, establecer un criterio de intervención penal especial reducida o moderada, tanto en relación a los delitos, como a las sanciones aplicables a las personas en el rango de edad señalado por la Ley.14 Con ello, se buscó privilegiar un contacto mínimo o reducido del individuo con la justicia criminal de manera de "…evitar o mitigar los efectos desocializadores producidos al relacionar a un joven con el sistema penal, sin perjuicio de servir también a la descongestión de la administración de justicia".15
En consecuencia, la ley establece que la privación de libertad previa al juicio o con posterioridad a la sentencia debe ser usada como medida de última ratio, esto es, cuando no haya otra alternativa posible y nunca en los casos en los cuales tampoco sería apropiada para un adulto.16
Producto de lo anterior, la nueva legislación establece reglas claras para la determinación de la pena o de las medidas a adoptar, para limitar el uso arbitrario de la privación de libertad, lo cual era considerado uno de los aspectos problemáticos del antiguo sistema tutelar.17 En este sentido, uno de los elementos centrales del nuevo sistema es el respeto por el principio de legalidad. El Art. 40.2 (a) de la CDN establece este principio al disponer que los Estados Partes garantizarán "(q)ue no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron".
A mayor abundamiento, en la propia historia de la ley RPA, se expone como motivo la reforma de un sistema que fallaba en el respeto a esta garantía fundamental mediante la utilización de fórmulas abiertas para la determinación de las sanciones privativas de libertad, como la irregularidad, los desajustes conductuales o el peligro material o moral.18 Así por ejemplo, el artículo 32 de la antigua Ley de Menores establecía que "…aunque se llegue a la conclusión de que el hecho no se ha cometido o que al menor no le ha cabido
participación alguna en él, el juez podrá aplicarle las medidas de protección que contempla esta ley, siempre que el menor se encontrare en peligro material o moral".
Además de regular estrictamente la manera en que se determinará la pena y el uso de la privación de libertad,19 se regulan en la ley RPA diversas modalidades de penas alternativas o no privativas de libertad de manera de reservar estas para casos de gravedad: amonestación, multas, la reparación del daño, servicios en beneficio de la comunidad, la prohibición de conducir vehículos motorizados, libertad asistida (sujeción del adolescente al control de un delegado conforme a un plan de desarrollo personal basado en programas y servicios que favorezcan su integración social), y la libertad asistida especial (asistencia del adolescente a un programa intensivo de actividades socioeducativas y de reinserción social en el ámbito comunitario que permita la participación en el proceso de educación formal, la capacitación laboral, la posibilidad de acceder a programas de tratamiento y rehabilitación de drogas en centros previamente acreditados por los organismos competentes y el fortalecimiento del vínculo con su familia o adulto responsable).20
Las sanciones privativas de libertad consisten en la internación en régimen cerrado o semicerrado. Ambas consisten en la privación de libertad del joven en un establecimiento administrado por el SENAME (con un máximo de 5 años para adolescentes de 14 y 15 años y de 10 años para aquellos de 16 y 17 años de edad), con la diferencia que mientras en el centro cerrado los internos permanecen en su interior todo el día, en el semicerrado deben efectuar actividades de reinserción fuera del recinto, al menos 8 horas al día.21
Además de hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, las sanciones deben formar parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social, sean o no sanciones privativas de la libertad.22

Otra consecuencia de la intervención penal reducida es que las condiciones en que es posible la privación de libertad preventiva, que en el marco de la Ley RPA es denominada internación provisoria, son limitadas. Esta internación solo procede tratándose de la imputación de conductas que de ser cometidas por una persona mayor de dieciocho años constituirían crímenes, y solo cuando los objetivos de la privación de libertad provisoria no pudieran ser alcanzados mediante la aplicación de otras medidas cautelares personales.23 Además, la internación provisoria debe cumplirse en recintos especiales del SENAME, llamados Centros de Internación Provisoria (CIP).24
Adicionalmente, se permite y promueve el uso de medidas o salidas alternativas al juicio, haciendo aplicables las normas del Código Procesal Penal en la materia en sede juvenil.25
De esta manera, el fiscal tiene la posibilidad de no iniciar la investigación, de archivar el caso provisionalmente y de aplicar el denominado "principio de oportunidad".26

2. Evaluación empírica del nuevo sistema de justicia penal de adolescentes.

De la revisión de la literatura existente, es posible afirmar que si bien existen algunos estudios de carácter empírico que han tenido por objeto evaluar la reforma a la justicia penal adolescente, estos en su mayoría solo proveen y analizan datos sobre el funcionamiento de la justicia juvenil antes o después de la implementación, más que evaluar la reforma propiamente dicha.27 Nuestra estrategia, en cambio, es hacer una evaluación de la reforma que incluya información pre y post implementación de la reforma a la justicia penal adolescente y a su vez datos sobre el sistema de justicia penal de adultos para tener un punto de comparación con el tratamiento a los juveniles.28
En este sentido, nuestros datos indican que si bien los porcentajes de adolescentes en internamiento provisorio disminuyó luego de la entrada en vigencia de la reforma a la justicia penal juvenil, las tasas totales y relativas de privación de libertad de adolescentes han aumentado luego de la entrada en vigencia de la reforma a la justicia penal juvenil.
Antes de comenzar con el análisis de la reforma a la justicia penal juvenil, es importante señalar que un análisis de la privación de libertad versus los contactos formales con la policía de jóvenes y adultos sugieren que los jóvenes en Chile son privados de su libertad en menor medida que los adultos (Tabla 2), tal como ocurre en la mayoría de los países de América Latina.29

miércoles, 30 de septiembre de 2015

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA EL COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL DE JÓVENES EN TRATAMIENTO RESIDENCIAL. Armelius B-Å, Andreassen TH


RESUMEN

Antecedentes

La terapia cognitivo-conductual (TCC) parece ser efectiva en el tratamiento del comportamiento antisocial tanto en adolescentes como en adultos. El tratamiento del comportamiento antisocial de jóvenes en ámbitos residenciales es un desafío debido a que con frecuencia implica problemas de conducta más graves y se realiza en ámbitos cerrados. En general, la motivación para el cambio es baja y existe una posibilidad reducida de abordar el mantenimiento de los cambios de conducta después del alta.
Objetivos
Investigar la efectividad de la TCC en la reducción de la recurrencia de adolescentes asignados a ámbitos residenciales seguros o no seguros. Un objetivo secundario fue observar si las intervenciones que se centran particularmente en las necesidades criminogénicas son más efectivas que aquellas intervenciones con un enfoque más general en las cogniciones y en el comportamiento.
Estrategia de búsqueda
Se hicieron búsquedas en varias bases de datos, incluyendo: CENTRAL 2005 (número 2), MEDLINE 1966 hasta mayo 2005, Sociological Abstracts 1963 hasta mayo 2005, ERIC 1966 hasta noviembre 2004, Dissertation Abstracts International 1960 hasta 2005. Se estableció contacto con expertos en el campo, en relación con la búsqueda actual.
Criterios de selección
Se incluyeron ensayos controlados aleatorios y estudios con grupos de comparación no aleatorios. Los participantes eran jóvenes de entre 12 y 22 años asignados a un ámbito residencial por motivos de comportamiento antisocial.
Recopilación y análisis de datos
Dos revisores de forma independiente revisaron 93 títulos y resúmenes; se recuperaron 35 informes en versiones completas y se extrajeron los datos de 12 ensayos elegibles para su inclusión, que se ingresaron en RevMan. Se resumieron los resultados con un modelo de efectos aleatorios debido a la heterogeneidad significativa entre todos los estudios incluidos. Se informaron los resultados a los seis, 12 y 24 meses posteriores al tratamiento y se presentaron en forma de gráfico (diagramas de bosque [forest plots]). En este estudio se utilizaron odds ratios, se realizaron análisis del tipo de intención de tratar (intention to treat) y se imputaron los abandonos de forma proporcional. Se ponderaron las estimaciones agrupadas con los métodos de varianzas inversas y se utilizaron intervalos de confianza del 95%.
Resultados principales
Los resultados del seguimiento de 12 meses demuestran que aunque los estudios únicos en general no presentan efectos significativos, los resultados de los datos agrupados revelan una significación evidente a favor de la TCC en comparación con el tratamiento estándar con un odds ratio de 0,69. En general, la reducción de la recurrencia es aproximadamente del 10%. No existen pruebas de efectos después de seis o 24 meses o cuando se compara la TCC con tratamientos alternativos.
Conclusiones de los autores
La TCC parece ser un poco más efectiva que el tratamiento estándar para jóvenes en ámbitos residenciales. Los efectos se observan aproximadamente un año después del alta pero no existen pruebas de efectos a más largo plazo o de que la TCC sea algo mejor que los tratamientos alternativos.
Esta revisión debería citarse como:
Armelius B-Å, Andreassen TH Terapia cognitivo-conductual para el comportamiento antisocial de jóvenes en tratamiento residencial (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).


RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS
Los resultados de 12 estudios, cinco ECA y siete EC no aleatorios que incluyeron un grupo de control, realizados en los EE.UU., Canadá y Gran Bretaña sugieren que la Terapia cognitivo-conductual (TCC) en ámbitos residenciales es más efectiva que el tratamiento estándar para reducir el comportamiento delictivo en adolescentes a los 12 meses después de la salida de la institución. Los resultados son consistentes en todos los estudios aunque los mismos varían en cuanto a la calidad. No existen pruebas de que los resultados de la TCC sean mejores que los de los tratamientos alternativos, es decir, los tratamientos que no sean la TCC.

ANTECEDENTES
Comportamiento antisocial de jóvenes 
El concepto "comportamiento antisocial" se puede utilizar para designar un tipo de comportamiento que incluye la violencia hacia las personas o los animales, la destrucción de la propiedad, el engaño, el robo y la trasgresión de reglas importantes. El comportamiento antisocial surgió como un problema importante de inquietud para el sistema legal, el público, los investigadores y los médicos en muchos países. Muchos otros términos como trasgresor, delincuente o trastorno de la conducta se utilizan con frecuencia para describir a la persona o al comportamiento. Para esta revisión se utilizó el concepto "comportamiento antisocial" para describir a los derivados del sistema legal en el caso de los jóvenes que cometieron un delito grave o que violaron la ley al menos en una ocasión. El comportamiento antisocial puede resultar en daño a otras personas o a la propiedad. Los costos para los jóvenes, las familias y la sociedad pueden ser altos tanto en términos de daño físico y emocional como también de dinero. Se realizó una investigación considerable del comportamiento antisocial de jóvenes en los pasados veinte años, que amplió, profundizó y especificó el conocimiento del comportamiento antisocial de jóvenes (Elliot 1998; Loeber 1998; Tolan 1994; Rutter 1998). La delincuencia grave se caracteriza por actitudes antisociales, valores, creencias y estados emocionales cognitivos y patrones de la personalidad como autocontrol débil o inquietud y agresión (Cottle 2001; Simourd 1994; Heilbrun 2000; Andrews 1990). Con frecuencia la precede el comportamiento antisocial en la niñez temprana y se correlaciona de forma significativa con amigos antisociales y con el aislamiento de otros que no son delincuentes, problemas con los padres en las áreas de los afectos/cariño y monitorización/disciplina, niveles bajos de logros en la escuela o en el trabajo, poca participación en la recreación no delictiva y en actividades recreativas y abuso de sustancias. (Simourd 1994; Henggeler 1996; Andrews 1998; Andrews 2006). También se pueden utilizar todas estas características para predecir el comportamiento antisocial en el futuro. En cualquier cohorte de nacimiento, la incidencia y prevalencia del comportamiento antisocial alcanza su punto máximo durante la adolescencia (Lipsey 1998). Un gran porcentaje de adolescentes presenta alguna clase de comportamiento antisocial, que con frecuencia no se considera un delito grave. Sólo del 5 al 10% de los jóvenes que demuestran comportamiento antisocial continúan con un comportamiento antisocial en la edad adulta (Moffitt 1993; Patterson 1993). En realidad, sólo aproximadamente el 5% de todos los niños exhiben un patrón temprano, persistente y extremo de comportamiento antisocial. Sin embargo, este grupo pequeño representa del 50% al 60% de todos los delitos cometidos por jóvenes (Howell 1995; Tremblay 1999;Stattin 1991; Loeber 1997; Loeber 1998; Loeber 2000). Moffitt (Moffitt 1993) hallaron que el 86% de los niños con diagnóstico de trastornos de la conducta a los siete años, aún exhibían dichos comportamientos a los 15 años. Es probable que este grupo pueda recibir alguna forma de tratamiento residencial durante su adolescencia. Es razonable esperar una tasa de recurrencia de alrededor del 45% para este grupo de adolescentes y los tratamientos efectivos pueden reducir esta tasa en aproximadamente el 8% (Genovés 2006)).
Intervenciones

Se utilizaron varios enfoques para abordar el problema del comportamiento antisocial, que varían desde el arresto como castigo hasta el tratamiento en ámbitos correccionales, el tratamiento residencial y una variedad de tratamientos bajo condiciones de atención abierta como la terapia multisistémica (MST) (Henggeler 1996) con un enfoque sólido en la familia en su contexto social y la Terapia Familiar Funcional (Sexton 1999) con mayor enfoque en el funcionamiento de la familia misma. Aunque los tratamientos basados en el hogar como la MST (Littell 2005) y la TFF pueden parecer más efectivos que los tratamientos residenciales (Lipsey 2001) a veces es necesario asignar al joven a un ámbito residencial fuera del hogar. En general, dicha residencia es alguna clase de institución que permite la aplicación de restricciones y de control del comportamiento. Los tratamientos residenciales se pueden caracterizar como seguros o no seguros si se tiene en cuenta el grado de control impuesto en el comportamiento del joven a través de puertas cerradas, vallas, etc. La asignación junto a pares con conducta desviada también puede tener efectos negativos que superan las mejorías obtenidas de cualquier tratamiento en cuanto a resultados adversos para los jóvenes (Dishion 2006). Por consiguiente, es importante estudiar las formas de abordar los tratamientos que producen resultados positivos en ámbitos residenciales. Históricamente, se han observado formas variadas de abordar el tratamiento del comportamiento antisocial en jóvenes, en general con resultados deficientes. Sin embargo, durante los últimos 20 años, varias revisiones sugieren que las intervenciones basadas en la terapia cognitivo-conductual (TCC) pueden producir medidas de resultados positivas (Garrett 1985; Izzo 1990; Lipsey 1992; Antonowicz 1994; Redondo 1999; Dowden 2000; Lipsey 2001;Landenberger 2005; Genovés 2006). La TCC consiste en una variedad de intervenciones designadas a cambiar las cogniciones y el comportamiento. La idea básica en la TCC es que los pensamientos, las imágenes y las actitudes se relacionan íntimamente con la forma en que nos comportamos. En consecuencia, es necesario dirigir las intervenciones hacia aspectos cognitivos y conductuales del comportamiento delictivo y no predominantemente hacia la conducta como es el caso de los programas de la terapia conductual o hacia los pensamientos como en los programas de orientación psicodinámica. Con frecuencia, varias técnicas diferentes como el entrenamiento en destrezas sociales, el razonamiento moral, el manejo de la agresión, etc., se combinan para formar un programa de tratamiento integral que aborde varios de los factores que contribuyen al comportamiento antisocial. Los ejemplos prototípicos de los programas de la TCC integral para delincuentes incluyen el Entrenamiento para el Reemplazo de la Agresión (Goldstein 1987), el Programa de Razonamiento y Rehabilitación (Ross 1985), y la Terapia para el Reconocimiento de Valores Morales (Little 1988)). Estos programas estructurados incluyen manuales de entrenamiento para el desarrollo gradual de las destrezas sociales y del pensamiento moral que ayudarán a la persona a funcionar de forma prosocial.
Existen algunas pruebas que sugieren que los programas de tratamiento que tienen como objetivo el cambio del comportamiento antisocial necesitan concentrarse en variables importantes como la calidad de la implementación del tratamiento y el nivel de riesgo de los jóvenes (Andrews 2006; Landenberger 2005). A fin de lograr una efectividad máxima, los programas también pueden necesitar centrarse en los indicadores de pronóstico del comportamiento antisocial, a veces llamados necesidades criminogénicas (Andrews 1990;Andrews 2006; Dowden 2000; Cameron 2004). Dichas necesidades criminogénicas, en especial el pensamiento criminológico y las actitudes y valores antisociales son típicos no sólo de la persona sino también de su ámbito social (Henggeler 1989; Mulvay 1993; Tolan 1994)). Los programas residenciales pueden presentar dificultad para mantener y generalizar los cambios en el comportamiento, si los pares, la familia y la escuela no se pueden incluir directamente en los programas de tratamiento. Para la terapia cognitivo-conductual, es importante que el tratamiento incluya la oportunidad de ensayar destrezas y conductas nuevas en los ámbitos en los que naturalmente ocurren, es decir, en la vida social del hogar. Por consiguiente, no puede precisarse si se pueden obtener efectos perdurables con los tratamientos en los que se ha asignado a la persona en contra de su voluntad y en los que existen contactos muy limitados con su ámbito habitual.
La necesidad de una revisión sistemática

Hasta la fecha, las revisiones metanalíticas sugieren que la TCC es el método de tratamiento de elección para los jóvenes antisociales pero dichas revisiones dependen en gran medida de los estudios realizados en una combinación de ámbitos abiertos y seguros o residenciales (Lipsey 1992, Lipsey 1998, Lipsey 1999; Izzo 1990; Andrews 1990; Dowden 1999; Dowden 2000), e incluyen una combinación de delincuentes adolescentes y adultos, con grados diferentes de comportamientos problemáticos (Redondo 1999; Dowden 2000; Lipsey 2001). Algunos de los metanálisis utilizaron definiciones amplias de la TCC (Wilson 2000), que incluyen los métodos de la terapia conductual (por ej., economía con fichas, contratos de contingencias, etc.) mientras que otros metanálisis adoptaron una definición relativamente restringida que requiere que las intervenciones se centren principalmente en el cambio cognitivo (Lipsey 2001). A partir de las pruebas de la investigación, la efectividad de la TCC en ámbitos residenciales para jóvenes permanece incierta. De las pocas revisiones que se centran únicamente en el tratamiento residencial o institucional (Garrett 1985; Redondo 1997; Redondo 1999;Genovés 2006) sólo dos (Garrett 1985; Genovés 2006) se restringieron a jóvenes. La revisión de Garrett 1985 incluyó los estudios hasta 1983 y no presentó un enfoque específico de la TCC. La revisión de Genovés 2006 incluyó los estudios entre 1970 y 2003 y sólo incluyó instituciones seguras. La revisión de Lipsey 2001 es el único estudio con un enfoque específico en la TCC pero esta revisión incluyó delincuentes jóvenes y adultos en ámbitos institucionales y no institucionales. Se restringió la revisión a los estudios con diseños experimentales o cuasiexperimentales sólidos y sólo se localizaron 14 estudios primarios que cumplieron los criterios de elegibilidad. Se hallaron resultados más prometedores para los delincuentes juveniles en los programas de demostración que establecieron los investigadores y que se aplicaron a los delincuentes en libertad provisional o en libertad vigilada, es decir, a delincuentes no encarcelados. No se hallaron estudios de investigación de los programas de gran aceptación que utilizaran la TCC con delincuentes juveniles y que cumplieran los estándares metodológicos de la revisión. Debido a que las pruebas parecen apuntar a resultados menos favorables para los jóvenes antisociales que reciben tratamiento en instituciones que en el caso de la atención abierta (Lipsey 1992; Izzo 1990; Andrews 1990), es probable que la atención abierta sea la opción preferida cada vez que resulte posible. Sin embargo, dado que es más probable que prevalezca la necesidad del tratamiento residencial, es importante explorar los posibles efectos de las intervenciones de la TCC dentro de dichos ámbitos, en los que probablemente se administra el tratamiento para los casos más graves bajo las condiciones más severas.

OBJETIVOS
Determinar la efectividad de la TCC en ámbitos residenciales para la reducción de la conducta delictiva y de otros comportamientos antisociales de jóvenes. Un objetivo secundario fue la determinación con respecto a si un enfoque en las necesidades criminogénicas dentro de los programas con TCC se asocia con mejores medidas de resultados.