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jueves, 26 de noviembre de 2015

INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA Y A LOS PADRES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO DE CONDUCTA Y DELINCUENCIA CON EDADES ENTRE 10 Y 17 AÑOS. Woolfenden SR, Williams K, Peat J





RESUMEN

Antecedentes
Los trastornos de conducta y la delincuencia son problemas significativos para niños, adolescentes y para sus familias que tienen el potencial de consumir muchos de los recursos de la atención social, salud y de los sistemas de justicia juvenil. Se han recomendado varias intervenciones dirigidas a la familia y a los padres, las cuales han sido utilizadas para estas condiciones. El objetivo de esta revisión era determinar si estas intervenciones son efectivas para manejar los trastornos de conducta y la delincuencia en niños y adolescentes con edades entre 10 y 17 años.
Objetivos
Determinar si las intervenciones dirigidas a la familia y a los padres mejoran la conducta de niños/adolescentes, la salud mental de los padres, el funcionamiento familiar y las relaciones, y si tienen un efecto sobre los resultados psicosociales a largo plazo del niño/adolescente.
Estrategia de búsqueda
Se identificaron ensayos controlados aleatorios mediante una búsqueda en el Registro Cochrane de Ensayos Controlados (Cochrane Controlled Trial Register - CCTR), en bases de datos (MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, CINAHL, Sociofile, ERIC, Healthstar), en la listas de referencias de artículos y mediante contacto con los autores.
Criterios de selección
Ensayos controlados aleatorios con un interés principal en el funcionamiento de los padres y/o de la familia, fueron considerados como elegibles para ser incluidos en la revisión. Los ensayos debían incluir por lo menos una medida objetiva de resultado (por ejemplo, tasa de arrestos) o haber usado una medida que estuviera publicada en publicaciones revisadas por pares y validada para el propósito relevante. Se requería que los estudios tuvieran un grupo control, el cual podría ser un grupo que no recibiera la intervención, un grupo en lista de espera o un grupo que recibiera la intervención convencional (por ejemplo libertad condicional).
Se tuvieron en cuenta aquellos ensayos que incluyeran niños y adolescentes con edades entre 10 y 17 años, y sus familias. El trastorno de conducta se definió mediante una evaluación psicológica estandarizada (por ejemplo mediante una lista para evaluar la conducta del niño) o mediante un diagnóstico psiquiátrico. La delincuencia se definió como una remisión de la justicia juvenil o de otro sistema legal para un niño/adolescente que haya cometido un crimen grave (por ejemplo una infracción y/o una agresión por lo menos en dos ocasiones).
Recopilación y análisis de datos
Dos revisores examinaron independientemente todos los estudios elegibles para su inclusión, evaluaron la calidad de los estudios (encubrimiento de la asignación, cegamiento, seguimiento, resultados clínicamente importantes) y obtuvieron los datos. La heterogeneidad se evaluó mediante una prueba de Ji - Cuadrado de heterogeneidad junto con una inspección visual de los datos. Un nivel de significación menor a 0.1 se interpretó como evidencia de heterogeneidad estadísticamente significativa. En aquellos datos que tuvieron heterogeneidad, los revisores buscaron una explicación al respecto. Si se consideraba que los estudios con resultados heterogéneos eran comparables, se hacía una síntesis estadística de los resultados utilizando un modelo de efectos aleatorios. Este modelo tiene en cuenta el error de muestreo al interior de cada estudio y las variaciones entre los estudios en la evaluación del grado del incertidumbre, y proporciona intervalos de confianza más amplios alrededor del tamaño del efecto de manera que arroja un resultado más conservador.
Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad para explorar los efectos que tenía sobre los resultados la variación en la calidad de los estudios incluidos.
Resultados principales
De los novecientos setenta títulos que se identificaron inicialmente mediante la estrategia de búsqueda, hubo ocho ensayos que cumplieron los criterios de inclusión. Se asignó al azar un total de 749 niños con sus familias a una intervención dirigida a padres y a la familia o a un grupo control. En siete de estos estudios, los participantes eran delincuentes juveniles con sus familias, y solamente en uno, los participantes eran niños/adolescentes con trastornos de conducta que aún no habían tenido contacto con el sistema de justicia juvenil.
En el seguimiento, las intervenciones para la familia y los padres redujeron significativamente el tiempo empleado por los delincuentes juveniles dentro de una institución (DPP 51.34 días, IC del 95% 72.52 a 30.16). También hubo una reducción significativa en el riesgo de que un delincuente juvenil fuera otra vez arrestado (RR 0.66, IC del 95% 0.44 a 0.98) y en la tasa de arrestos posteriores al cabo de 1 a 3 años (DEP -0.56, IC del 95% -1.100 a - 0.03). Para ambos resultados, hubo una heterogeneidad considerable en los resultados, lo que sugiere que se necesita cautela en su interpretación. En la actualidad hay evidencia insuficiente que indica que las intervenciones a la familia y a los padres reducen el riesgo de ser encarcelado (RR=0.50, IC del 95% 0.20 a 1.21). No se encontraron diferencias significativas para resultados psicosociales como el funcionamiento de la familia y la conducta del niño/adolescente.
Conclusiones de los autores
La evidencia sugiere que las intervenciones dirigidas a la familia y a los padres para los delincuentes juveniles y sus familias, tiene efectos benéficos al reducir el tiempo de permanencia en instituciones. Esto tiene un beneficio obvio para los participantes y sus familias y puede provocar un ahorro en los costos para la sociedad. Estas intervenciones también pueden reducir las tasas de arrestos posteriores, pero en la actualidad, estos resultados deben interpretarse con cautela debido a la heterogeneidad de los resultados.
Esta revisión debería citarse como:
Woolfenden SR, Williams K, Peat J Intervenciones dirigidas a la familia y a los padres en niños y adolescentes con trastorno de conducta y delincuencia con edades entre 10 y 17 años (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).



RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS
Los trastornos de conducta y la delincuencia son problemas significativos para niños y adolescentes y para sus familias, y tienen el potencial de consumir mucho de los recursos de los sistemas de salud, de atención social y de justicia juvenil. Se han recomendado varias intervenciones dirigidas a la familia y a los padres, las cuales se utilizan para estas condiciones. El objetivo de esta revisión era determinar si estas intervenciones son efectivas para el manejo de los trastornos de conducta y la delincuencia en niños y adolescentes con edades entre 10 y 17 años.
La evidencia actual sugiere que las intervenciones dirigidas a la familia y a los padres de delincuentes juveniles tienen efectos benéficos al reducir el tiempo de permanencia en instituciones. Esto tiene un obvio beneficio para el participante y su familia y puede producir un ahorro de costos para la sociedad. Estas intervenciones también pueden reducir las tasas de arrestos posteriores, pero en el momento, estos resultados deben interpretarse con cautela, dada la diversidad en los resultados de los estudios.


ANTECEDENTES
El trastorno de conducta es una categoría psiquiátrica que se define como un patrón repetitivo y persistente de conductas agresivas, desafiantes o antisociales. Es una de las formas más frecuentes de alteraciones psiquiátricas en niños y adolescentes, con una prevalencia calculada entre 1.5% y 3.4% en este grupo de edad. Afecta tres veces más a los niños que a las niñas. (AACAP 1997, Scott 1998)
Por su parte, la delincuencia es una categoría sociolegal que se refiere a niños y adolescentes que infringen la ley. Las tasas de delincuencia son más altas en la mitad de la adolescencia. Aproximadamente un 2% de los niños y adolescentes con edades entre 10 y 17 años, cada año tienen contacto con el sistema de justicia juvenil. De ellos, hay una minoría que continúa cometiendo delitos (delincuencia juvenil recurrente) y que dan cuenta de un porcentaje desmedidamente grande de presentaciones en los juzgados (Freeman 1996). Se acepta ampliamente que los mejores predictores para una futura delincuencia recurrente es la presencia de problemas de conducta precoces (AACAP 1997, Sheldrick 1995).
Parece ser que el trastorno de conducta es una condición estable a lo largo del tiempo.- La gran mayoría de niños y adolescentes afectados tienen una vida en la que muchos dominios de su funcionamiento están afectados de manera adversa (Rey y cols. 1995). Los problemas de conducta pueden aumentar en la adolescencia, en donde hay un aumento en la demanda para poder funcionar fuera de la familia y para responder a las demandas de la sociedad, del sistema legal, de las parejas y de la escuela. Esta conducta puede volverse cada vez más grave y compleja y puede ser catalogada como "delincuencial" (AACAP 1997). Además, dentro de las manifestaciones de los trastornos de conducta en la adultez, se encuentra el Trastorno Antisocial de Personalidad, y conductas antisociales que no son de tipo psiquiátrico como el robo y la violencia. (AACAP 1997, Scott 1998).
El trastorno de conducta y la delincuencia pueden presentarse asociados con Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad y con trastornos internalizados como la depresión. Esta comorbilidad influenciará negativamente el cuadro clínico y el pronóstico. Puede ser complicado plantear una diferencia entre estas condiciones. No obstante, el patrón persistente de conducta agresiva, desafiante o antisocial, con derivaciones legales acumuladas es único al trastorno de conducta (AACAP 1997).
El trastorno de conducta y la delincuencia parecen tener una serie de factores de riesgo asociados, que incluyen causas de tipo genético, biológico y ambiental. Dentro de las causas ambientales, se incluyen factores familiares como el estilo y vinculación con los padres, enfermedades mentales de los padres, padres antisociales, disciplina rígida y errática, abuso en la infancia y negligencia, baja supervisión por parte de los padres, abuso de sustancias en los padres, rechazo por parte de los padres hacia el niño, falta de armonía en la pareja parental, paternidad sola ejercida por uno de los padres y familias de gran tamaño. También se han asociado las condiciones de pobreza con un aumento en el riesgo de trastornos de conducta y de delincuencia, probablemente porque ésta exacerba las disfunciones familiares (AACAP 1997, Sheldrick 1995).
Las intervenciones dirigidas a la familia y a los padres sostienen que la interacción con la familia, pueden causar, mantener o empeorar el trastorno de conducta y la delincuencia y que si las relaciones de la familia se movilizan de manera adecuada, pueden convertirse en un agente terapéutico potente para reducir las conductas indeseables y prevenir las recaídas (Diamond y cols. 1996). Se han recomendado diversas intervenciones para la familia y los padres en casos de trastornos de conducta y delincuencia (Sheldrick 1995). Estas varían desde entrenamientos para padres, los cuales intentan modificar interacciones familiares específicas mediante una mejoría en sus habilidades para ejercer su función de padres, hasta terapia multisistémica (TMS), una intervención amplia que aborda factores familiares y extrafamiliares como las relaciones con los padres, la pareja y la escuela (Henggeler y cols. 1992). Pueden ocurrir fuera del contexto del hogar, como la intervención multidimensional de adopción temporal (foster care - IMAT) (Chamberlain 1998).
Aunque es extensa la literatura sobre los predictores y factores de riesgo asociados con el trastorno de conducta y la delincuencia, es poca la que se refiere a la efectividad de su prevención y sus intervenciones (Sheldrick 1995). Recientemente, Barlow (1997) llevó a cabo una revisión sistemática para examinar la efectividad de programas de entrenamiento en grupos para padres para mejorar los problemas de conducta en niños con edades entre 3 y 10 años (Barlow J 1997). Los autores encontraron que los programas de entrenamiento en grupo para padres tienen un impacto positivo sobre la conducta de los niños entre 3 y 10 años. Sin embargo, estos hallazgos no se aplican al grupo de edad mayor a 10 años que tienen trastornos de conducta graves y delincuencia.
Chamberlain 1995 realizó una revisión descriptiva para determinar la efectividad de la terapia familiar en la intervención de adolescentes con trastornos de conducta y delincuencia. Siete estudios cumplieron los siguientes criterios: tenían un grupo de control o de comparación; incluían un método específico de intervención familiar; y medían la efectividad de la intervención en adolescentes remitidos por trastorno de conducta y/o delincuencia. Los autores encontraron que los estudios se centraban en participantes que tenían problemas de conducta de gravedad diversa, utilizaban varias estrategias de medición y empleaban diferentes modelos para suministrar el servicio. Concluyeron que los estudios indicaban que las intervenciones con terapia familiar parecían reducir los problemas de conducta y la conducta delictiva de los adolescentes cuando se comparaban contra la terapia individual, contra una intervención convencional o contra un grupo sin tratamiento. Sin embargo, esta revisión tuvo varios fallos metodológicos en el sentido de que los estudios analizados no se limitaban a ensayos controlados aleatorios y puesto que se hicieron búsquedas solamente en una base de datos (PsycLIT).
El trastorno de conducta y la delincuencia tienen el potencial de causar resultados significativos adversos a corto y a largo plazo. Es importante evaluar los efectos de las intervenciones dirigidas a la familia o a los padres para abordar estas condiciones, y en particular, su efectividad para prevenir o minimizar estos resultados adversos a largo plazo. Esto es muy importante, ya que los niños más grandes y los adolescentes que tienen trastorno de conducta o delincuencia pueden potencialmente consumir muchos de los recursos del sistema de salud y de la justicia juvenil, con un considerable costo para la sociedad (Borduin 1999, AACAP 1997).

martes, 18 de agosto de 2015

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PARA IMPEDIR QUE NIÑOS Y JÓVENES ( 7 A 16 AÑOS) FORMEN PARTE DE PANDILLAS. Fisher H, Montgomery P, Gardner FEM

Esta revisión debería citarse como: Fisher H, Montgomery P, Gardner FEM. Búsqueda de oportunidades para impedir que niños y jóvenes (siete a 16 años) formen parte de pandillas (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

RESUMEN

Antecedentes

Las pandillas de jóvenes se estudiaron durante mucho tiempo en los Estados Unidos y el interés en otros lugares aumenta. Muchos estudios documentan una relación consistente y coherente entre la integración de una pandilla y el aumento de la delincuencia. Una teoría de la participación en una pandilla, que se basa en las teorías de la anomia y de la presión, propone que la pandilla proporciona un medio de satisfacer las necesidades económicas de los jóvenes excluidos de los mercados laborales legítimos. La búsqueda de oportunidades es una estrategia de prevención de pandillas que se basa en esta teoría y en el principio que sostiene que la búsqueda de oportunidades educativas y laborales puede reducir la posibilidad de que los jóvenes formen parte de pandillas. Las técnicas frecuentes dentro de la búsqueda de oportunidades incluyen la instrucción, la educación correctiva, el entrenamiento laboral y la oferta de empleo.

Objetivos
Determinar la efectividad de las búsquedas de oportunidades para impedir que niños y jóvenes de entre siete y 16 años formen parte de pandillas.
Estrategia de búsqueda
Se hicieron búsquedas electrónicas en ASSIA, CINAHL, CJA, Cochrane Library, Dissertations Abstracts, EMBASE, ERIC, IBSS, LILACs, LexisNexis Butterworths, MEDLINE, NCJR Service Abstracts Database, PsycINFO y Sociological Abstracts hasta abril 2007. Los revisores establecieron contacto con organizaciones, individuos y listas de servicios relevantes y buscaron sitios web y listas de referencias pertinentes.
Criterios de selección
Todos los ensayos controlados aleatorios o los ensayos controlados cuasialeatorios de las intervenciones que tienen la búsqueda de oportunidades como el componente mayoritario, que reclutaron a niños y jóvenes de entre siete y 16 años que no forman parte de una pandilla en comparación con otra o con ninguna intervención.
Recopilación y análisis de datos
Las búsquedas identificaron 2696 citas no duplicadas. Se excluyeron 2676 en base al título y al resumen. Dos citas fueron excluidas en base a la comunicación personal con los autores del estudio. Se recuperaron los informes de textos completos para 18 citas. Se excluyeron 16 citas porque no eran evaluaciones, no abordaron un programa de prevención de pandillas, no incluyeron resultados relacionados con la pandilla, no incluyeron componentes de intervención de búsquedas de oportunidades ni presentaron los hallazgos preliminares para los resultados informados en otra cita. Los restantes dos informes fueron al menos parcialmente relevantes para la búsqueda de oportunidades a fin de impedir el ingreso a las pandillas, pero los fallos metodológicos excluyeron a ambos del análisis.
Resultados principales
Se identificaron ensayos controlados no aleatorios o cuasialeatorios.
Conclusiones de los autores
No existen en la actualidad pruebas a partir de ensayos controlados aleatorios o ensayos controlados cuasialeatorios de la efectividad de la búsqueda de oportunidades para la prevención de pandillas. Sólo dos estudios abordaron la búsqueda de oportunidades como una estrategia de prevención de pandillas, un estudio de casos y un estudio cualitativo, que presentaron limitaciones metodológicas apreciables que contribuyeron a que fuese imposible extraer incluso conclusiones especulativas en cuanto a la repercusión de la búsqueda de oportunidades. Las evaluaciones primarias rigurosas de las estrategias de prevención de pandillas son cruciales para desarrollar esta área de investigación, justificar el financiamiento de las intervenciones existentes y guiar los programas y las políticas de prevención de pandillas en el futuro.
Esta revisión debería citarse como:
Fisher H, Montgomery P, Gardner FEM Búsqueda de oportunidades para impedir que niños y jóvenes (siete a 16 años) formen parte de pandillas (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).



RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS
La investigación indicó que los jóvenes que se incorporan a pandillas tienen mayor probabilidad de participar en la delincuencia y el delito, en particular delitos graves y violentos, en comparación con los jóvenes que no pertenecen a pandillas y los jóvenes delincuentes que no pertenecen a pandillas. La búsqueda de oportunidades es una estrategia que se utiliza con frecuencia para la prevención de pandillas que se basa en las teorías de la anomia y de la presión y en la creencia de que el suministro de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, como la instrucción o el entrenamiento y la oferta laboral, reducirá la participación en pandillas. Esta revisión sistemática no halló ensayos controlados aleatorios o ensayos controlados cuasialeatorios de la efectividad de las búsquedas de oportunidades para la prevención de pandillas. Existe una necesidad urgente de evaluaciones primarias rigurosas de prevención de pandillas y de programas de intervención para justificar el financiamiento de los programas actuales y para guiar las intervenciones futuras.


ANTECEDENTES
Definición de una pandilla de jóvenes
No hay una definición aceptada por unanimidad de una pandilla de jóvenes que refleje la realidad de que no hay ningún modelo universal de una pandilla de jóvenes. Varias características, sin embargo, distinguen habitualmente las pandillas de jóvenes de otros grupos de jóvenes o de grupos organizados para la delincuencia, principalmente: la participación en la actividad delictiva, habitualmente la participación en una variedad de delitos penales; y la proyección de una identidad compartida, a través de un nombre, símbolos, colores o de la asociación con un territorio físico o económico (Huff 1993; Spergel 1993; Spergel 1994; Howell 1998; Esbensen 2000; White 2002;OJJDP 2004; Carlsson 2005). La mayoría de las definiciones de las pandillas de jóvenes hacen referencia a estas dos características de alguna manera, pero también incluyen con frecuencia las características del grupo específico o las estructuras de organización de las pandillas que varían en las regiones. La mayoría de los miembros de pandillas en los Estados Unidos y en el ámbito internacional son adolescentes con una edad máxima de reclutamiento en las pandillas y con mayor participación delictiva entre 11 y 15 años (Kodluboy 1993; Huff 1998; Hill 2001; OJJDP 2004). La mayoría de los miembros de las pandillas son también minorías étnicas o raciales, predominantemente de raza hispana y negra/afroestadounidense y la gran mayoría son varones, aunque el porcentaje de los miembros de pandillas que no pertenecen a una minoría y de miembros de pandillas femeninos varía de manera significativa con el tipo de jurisdicción y entre los datos autoinformados y de ejecución de la ley (Moore 1998; Moore 1999; Egley 2000; Egley 2006; Snyder 2006). La meta de la definición utilizada en esta revisión, en base a las definiciones del Eurogang Program of Research y de la Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP 2004), es adaptar esta diversidad de pandillas y de definiciones de pandillas si bien se reconocen sus atributos generales frecuentes. Se define una pandilla de jóvenes como “cualquier grupo de jóvenes duradero, orientado a la calle con participación en una actividad ilegal como parte de su identidad grupal” (Esbensen 2005), con la exclusión de pandillas de prisión, pandillas ideológicas, grupos unidos por el odio y pandillas en motocicleta (Huff 1993; Howell 1998).
Aumento de la delincuencia asociada con la pertenencia a una pandilla de jóvenes

Los miembros de pandillas participan en actividades delictivas en gran medida, cometen en especial delitos graves y violentos comparados con jóvenes que no pertenecen a pandillas y con jóvenes delincuentes que no son miembros de pandillas (Thornberry 1997;Battin 1998; Howell 1998; Hill 1999; Hill 2001; OJJDP 2004). Este aumento de la delincuencia es coherente cuando se mide a través del número de delitos, la tasa de participación en delitos graves y violentos y la frecuencia ajustada de delincuencia oculta (Spergel 1994;Howell 1998; Huff 1998; Esbensen 2000; Hill 2001). La investigación indica que la pertenencia a una pandilla tiene una influencia criminógena única además del efecto de tener compañeros delincuentes o participación previa en la delincuencia (Battin 1998), que sugiere que es posible que exista un aspecto único de la pandilla como una unidad social que incrementa la delincuencia. Este hecho junto con la inquietud de políticas acerca del grado de delincuencia de la pandilla, indica que la prevención de pandillas y los resultados de la pandilla per se justifican un estudio independiente.
Prevalencia internacional de las pandillas de jóvenes

La mayor parte de la investigación de las pandillas de jóvenes se realizó en los Estados Unidos, donde el número de pandillas activas llegó al máximo a mediados de los años noventa, con más de 30 000 pandillas y de 840 000 miembros de pandillas en toda la nación (Moore 1998, Snyder 2006). Los datos más recientes estiman que hay aproximadamente 24 000 pandillas y 760 000 miembros activos de pandillas en los Estados Unidos (Snyder 2006).
En el ámbito internacional, la investigación de pandillas se inició recientemente, pero las pandillas callejeras o lo que a veces se denomina “grupos de jóvenes problemáticos” (Decker 2005) se identificaron en los países desarrollados y en vías de desarrollo en América del Sur, Europa, Asia y África (Carlsson 2005, Covey 2003, Decker 2005, Klein 2006, Papachristos 2005). Como conclusión de los exámenes preliminares se establece que las pandillas de jóvenes en varios de estos países reflejan la naturaleza, el modelo de surgimiento y el comportamiento de las pandillas callejeras estadounidenses más ampliamente estudiadas (Klein 1995).
Una teoría de la formación de pandillas: exclusión del sistema de oportunidades legítimas

Existen diversas teorías en relación con el motivo por el que los jóvenes participan en pandillas, incluidas las que destacan el riesgo individual y los factores protectores o los mecanismos cognitivos y otras que adoptan un enfoque más amplio y se basan en la desorganización social, el control social o la teoría de la presión. Una de estas últimas teorías propone que la pandilla proporciona un medio para satisfacer las necesidades económicas de los jóvenes excluidos del mercado laboral legítimo. Esta teoría se apoya en el hallazgo de que los jóvenes de "clase marginada" criados en condiciones de carencias sociales y de exclusión demuestran la probabilidad particular de sentirse atraídos por las pandillas y la delincuencia asociada como una forma alternativa de lograr prestigio y éxito cuando el sistema de oportunidades legítimas se cierra para estos jóvenes (Goldstein 1993; Huff 1993; Howell 1998; Stinchcomb 2002). Además, varios factores estructurales de las comunidades que indican un acceso limitado al mercado laboral legítimo se asocian con una mayor probabilidad de actividad o de desarrollo de pandillas: la pérdida de trabajos industriales, el éxodo rural de personas negras de clase media, el fracaso creciente de las escuelas en la preparación de los estudiantes de zonas urbanas para el ingreso a la economía de servicios, las oportunidades laborales reducidas y la ausencia de oportunidades sociales (Klein 1995; Stinchcomb 2002). Los factores de riesgo de participación en pandillas de jóvenes identificados también incluyen logros académicos bajos, frustración educativa, vida en la pobreza y los obstáculos ante las oportunidades económicas y sociales (Howell 1998; Maxson 1998; Hill 1999;OJJDP 2004).
Programas de búsquedas de oportunidades que impiden la formación de pandillas
La búsqueda de oportunidades es una estrategia de prevención de pandillas derivada de esta teoría acerca del motivo por el que los jóvenes ingresan en las pandillas, en base a la premisa de que la búsqueda de oportunidades educativas y laborales relevantes en diversos estadios del desarrollo reducirán la necesidad o la motivación para que los jóvenes ingresen en las pandillas (Spergel 1997). Por lo tanto, la búsqueda de oportunidades abarca la instrucción, la educación complementaria o correctiva, el entrenamiento y la preparación laboral, el desarrollo laboral, la oferta de empleos y otros programas diseñados para aumentar las oportunidades económicas o educativas o para capacitar a los jóvenes para que las aprovechen (Goldstein 1993, Spergel 1991, Spergel 1993).
La búsqueda de oportunidades, que fue popular en los años sesenta y setenta como una estrategia de intervención con los miembros activos de pandillas, también se utilizó en los programas diseñados para impedir que los jóvenes formen parte de pandillas. El Bay Area Youth Employment Project (BAYE) en California del norte es un ejemplo de un programa de búsqueda de oportunidades para la prevención; el BAYE ofrece talleres profesionales y universitarios dos veces por semana para jóvenes en riesgo y proporciona ofertas laborales en un recinto universitario (Corsica 1993). Algunos programas de búsqueda de oportunidades para impedir la formación de pandillas prestan otros servicios además del entrenamiento o la oferta laboral. Por ejemplo, YouthBuild/YAP en Nueva York enseña las aptitudes de construcción, ofrece trabajo remunerado en la construcción, proporciona servicios de ofertas de empleos y también suministra el asesoramiento de pares y el entrenamiento en el desarrollo de aptitudes cognitivas (Corsica 1993).
Potencial de la búsqueda de oportunidades para la prevención de la formación de pandillas

Una encuesta de 1988 acerca de la distribución de las intervenciones de las pandillas en los Estados Unidos, realizada por el National Youth Gang Suppression and Intervention Program y la Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP 2004), halló que la búsqueda de oportunidades sociales se asoció con niveles superiores de “efectividad general percibida” en las ciudades con problemas de pandillas crónicos en comparación con las estrategias de intervención de supresión, intervención social, cambio de organización y desarrollo u organización y movilización comunitaria (Spergel 1990, Spergel 1993). Los autores del estudio crearon la medida de “efectividad general percibida” e introdujeron el sesgo potencial. Sin embargo, se correlacionó significativamente con cinco indicadores empíricos de la actividad de las pandillas en un control de validez posterior (Spergel 1993).
Los estudios también indican la efectividad potencial de las iniciativas de búsquedas de oportunidades, como una encuesta de 1996 dirigida a miembros actuales y pasados de pandillas en la que el 49,1% de los entrevistados opinó que el entrenamiento laboral y los programas laborales fueron eficaces en la prevención del ingreso a pandillas; el 75% de los entrevistados no expresó su acuerdo con la afirmación de que el entrenamiento laboral era una pérdida de tiempo y la única preferencia mayor de los entrevistados (39,4%) fue la proporción de programas como parte de servicios laborales para mantener a los jóvenes fuera de pandillas (Corsica 1993; Houston 1996).
La investigación de los estadios del desarrollo de los jóvenes y la participación en pandillas indica que la búsqueda de oportunidades puede tener un potencial mayor de efectividad cuando se administra durante la segunda infancia y el comienzo de la adolescencia, aproximadamente entre los siete y los 16 años. Éste es el período cuando los jóvenes demuestran una disminución de los niveles de supervisión de los padres, un aumento de la independencia en la comunidad y una mayor prominencia de la influencia del grupo de pares (Dishion 1999); es también el período cuando habitualmente los jóvenes inician su participación en pandillas y es posible que se muestren sumamente receptivos ante los programas de prevención (OJJDP 2004, Connor 2002, Hill 2001, Huff 1998, Kodluboy 1993).
Si bien los resúmenes narrativos de los programas que previenen la formación de pandillas surgieron durante los últimos 15 años, la efectividad de la búsqueda de oportunidades para impedir que los jóvenes formen parte de pandillas nunca se evaluó sistemáticamente. La revisión propuesta tuvo como objetivo abordar esta brecha importante en la base de investigación de la prevención de formación de pandillas, permitir que los profesionales y elaboradores de políticas desarrollen intervenciones preventivas basadas en pruebas en respuesta a la presencia de los jóvenes en pandillas en su comunidad.


OBJETIVOS
Determinar la efectividad de los programas de búsqueda de oportunidades para impedir que niños y jóvenes (siete a 16 años) formen parte de pandillas.


CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE ESTA REVISIÓN
Tipos de estudios

Los estudios reunieron los requisitos para la inclusión cuando la asignación al grupo se realizó mediante una asignación aleatoria o una asignación cuasialeatoria (por ejemplo, por orden alfabético o por una secuencia o día de la semana alternos).
Tipos de participantes

Niños y jóvenes de siete a 16 años que no formaron parte de pandillas.
Tipos de intervención

Búsqueda de oportunidades, según se la define en Antecedentes.
Se incluyeron los programas que combinaron la búsqueda de oportunidades con otras intervenciones, como intervenciones recreativas o intervenciones cognitivas-conductuales, sólo cuando la búsqueda de oportunidades fue la intervención mayoritaria, es decir, más del 50% de la programación total, en base a la frecuencia y la duración según determinaron dos revisores (HF y PM) en forma independiente. Se estableció contacto con los autores del estudio para obtener más información cuando se detectó discrepancia entre los dos revisores o cuando se estimó que la proporción de las intervenciones alternativas fue entre un 40% y un 60%.
Se excluyeron de esta revisión los programas de intervención múltiple que incluyeron la búsqueda de oportunidades pero presentaron una intervención cognitiva-conductual como la intervención mayoritaria y se consideraron para la inclusión en otra revisión (Intervenciones cognitivas-conductuales para impedir que niños y jóvenes [siete a 16 años] formen parte de pandillas).
Se excluyeron los estudios con otra intervención como el componente mayoritario.
La comparación control primaria de la búsqueda de oportunidades no fue la intervención. Se incluyeron las comparaciones con otras intervenciones, específicamente diseñadas para la prevención de pandillas o de la delincuencia o con otros servicios sociales o las intervenciones de apoyo que se administran al grupo control, pero se discutieron por separado.

domingo, 12 de abril de 2015

PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL SEGÚN LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO SOCIAL (SOCIAL DEVELOPMENT THEORIES) . Carlos Vásquez González *

Resumen
Las teorías del desarrollo social mantienen que el comportamiento de los jóvenes se encuentra muy influenciado por los vínculos que desarrollan con los grupos sociales más importantes en sus vidas (familia, escuela, grupo de amigos y comunidad), dependiendo de estos vínculos su futuro comportamiento (prosocial o antisocial). Este modelo teórico pretende averiguar cómo los factores de riesgo y los factores protectores interactúan e influyen en las diferentes etapas del proceso evolutivo de los jóvenes, para alcanzar un desarrollo social o antisocial. Una pronta intervención que reduzca los factores de riesgo e incremente los factores protectores con los niños y su entorno reducirá no sólo comportamientos y conductas antisociales asociadas a la delincuencia, sino también la propia delincuencia juvenil.

CRIMINOLOGÍA, DELINCUENCIA JUVENIL, PREVENCIÓN.

I. INTRODUCCIÓN

En la infancia y adolescencia, resulta habitual que comportamientos antisociales e incluso delictivos se correspondan con una conducta normal del niño y adolescente, formando parte del proceso de crecimiento, aprendizaje y desarrollo social de los mismos. La mayor parte de esta delincuencia es de carácter leve, episódica y no suele dejar posteriores efectos negativos (Huizinga, Loeber, Thornberry y Cothern, 2000; Vázquez, 2003). Ahora bien, una minoría de esos niños y adolescentes, generalmente autores de delitos más graves y frecuentes, tienen más posibilidades de convertirse en delincuentes habituales que los que comienzan a edades más tardías (Farrington, 1997; Howell, 1997; Wasserman, Miller y Cothern, 2000; Loeber y Farrington, 2000; Burns, Howell et al., 2003). Tras observarse en varias investigaciones1 que la mayoría de los delincuentes crónicos, de carrera o multirreincidentes empezaron su actividad criminal a edades tempranas (la infancia y adolescencia), se ha prestado una mayor atención a los déficits del desarrollo de la personalidad y a los vínculos sociales formados durante la infancia, como precursores de una posterior conducta antisocial y delictiva.

Esta es a grandes rasgos la premisa de la que parten las teorías del desarrollo social (social development theories) para implantar estrategias preventivas de la delincuencia.
Por otro lado, la falta de efectos positivos de las intervenciones preventivas realizadas con delincuentes adultos justifica los intentos de prevenir comportamientos delictivos llevados a cabo con niños, antes de que se conviertan en delincuentes, sobre todo si tenemos en cuenta que en esa etapa ofrecen una mayor facilidad para modificar sus comportamientos y unos efectos a más largo plazo que las intervenciones llevadas a cabo con adultos y jóvenes (Tremblay y Craig, 1995; Burns, Howell et al., 2003).

II. MARCO TEÓRICO

Este modelo de prevención se sustenta principalmente bajo las premisas de la denominada Development Criminology, 2 quizás el modelo teórico más apropiado para estudiar la delincuencia juvenil y la criminalidad adulta (Howell, 1997), ya que en primer lugar hace hincapié en el proceso de desarrollo social y psicológico en la infancia y adolescencia (según los postulados de la psicología evolutiva),3 para explicar a continuación la evolución de la delincuencia juvenil hacia la criminalidad adulta.
Según los partidarios de estas teorías, el comportamiento delictivo se genera, se nutre y se mantiene dentro de las relaciones sociales (Dishion, French y Patterson, 1995).4 Lo que significa que el comportamiento de los jóvenes se encuentra muy influenciado por los vínculos que desarrollan con los grupos sociales más importantes en sus vidas (familia, amigos, escuela), siendo estos vínculos sumamente determinantes en su futuro comportamiento (Elliot, Huizinga y Agenton, 1985;Catalano y Hawkins, 1996; Eddy y Swanson, 1998; Bartollas, 2000).
Al ser el eje central sobre el que giran estas teorías los vínculos creados durante la infancia, serán aquellas teorías que sitúan estos vínculos sociales como epicentro de las mismas (teorías del control social, o teorías del aprendizaje) las que hayan sustentado, en mayor o menor medida, estos programas de prevención de la delincuencia. Así, Tremblay y Craig (1995) mencionan dos propuestas teóricas que se adaptan a estos parámetros: la Teoría General del Crimen de Gottfredson y Hirschi (1990) y el modelo de acumulación de riesgos (cumulative risk model) de Yoshikawa (1994).

La teoría general del crimen de Gottfredson y Hirschi propone el concepto de autocontrol (self-control),5 que se adquiere durante la infancia, como el elemento más influyente sobre los comportamientos convencionales o antisociales. Por tanto, aumentando al autocontrol de los niños se evitarán futuros comportamientos delictivos (Gottfredson y Hirschi, 1990; Hirschi y Gottfredson, 1994). Por su parte, el modelo de acumulación de riesgos de Yoshikawa sugiere unas complejas interacciones entre tempranos factores de riesgo, entre posteriores desórdenes y entre factores de riesgo y desórdenes (Tremblay y Craig, 1995, p. 161).

En la actualidad, las teorías que más importancia han adquirido, al ser algunas de las que han alcanzado un mayor grado de desarrollo experimental (mediante estudios transversales y/o longitudinales), son las teorías elaboradas por Farrington, Loeber y Catalano y Hawkins.
La teoría integradora propuesta por Farrington para explicar los resultados del Estudio de Cambridge viene motivada por encontrar una explicación comprensiva de la delincuencia –que distinga explícitamente entre el desarrollo de tendencias antisociales y el acontecimiento del acto antisocial (Farrington, 1997, p. 396)–, integrando los elementos de otras teorías: la teoría de la subcultura delincuente de Cohen (1955), la teoría de la oportunidad de Cloward y Ohlin (1960), la teoría del aprendizaje social de Trasler (1962), la teoría del control de Hirschi (1969) y la teoría de la asociación diferencial de Sutherland y Cressey (1974) (Farrington, Ohlin y Wilson, 1986, pp. 58-59; Farrington, 1992, p. 140).6

Para Farrington (1992), la delincuencia se produce mediante un proceso de interacción (dividido en cinco etapas) entre el individuo y el ambiente,7 llegando a la conclusión, tras contrastar su teoría con los resultados obtenidos por el LondonLongitudinal Project, que los jóvenes pertenecientes a familias de clase baja tendrán una mayor propensión a la delincuencia, ante su imposibilidad de alcanzar legalmente sus metas y objetivos. Los niños maltratados tendrán más probabilidades de delinquir al no haber adquirido controles internos sobre comportamientos desaprobados socialmente, y los niños con amigos y/o familia delincuente tenderán a desarrollar y a justificar actitudes antisociales (Farrington, Ohlin y Wilson, 1986;Farrington, 1992).

Según las edades en que tienen lugar los diferentes hechos, la falta de recursos económicos, un bajo coeficiente intelectual y una crianza de poca calidad serán los factores de mayor riesgo para el comienzo de la delincuencia. Padres y hermanos antisociales, y amigos delincuentes, tendrán una gran influencia en la continuidad de esas actividades delictivas (Farrington, 1992, 1997).

Dos importantes conclusiones se pueden extraer del modelo teórico de Farrington. En primer lugar, ha demostrado fehacientemente la continuidad en la delincuencia y los comportamientos criminales, identificando y verificando, en segundo lugar, algunos de los factores predictores de la delincuencia a diferentes edades.

El modelo de múltiples trayectorias (Multiple Pathways Model) de Loeber, pese a señalar específicamente un bajo control de los impulsos como el mayor determinante de un comportamiento criminal, identifica, a su vez, tres tipos diferentes de comportamientos criminales, a los que se llegará según hayan sido los problemas sufridos durante la niñez.
Para este autor, The Pittsburgh Youth Study muestra en primer lugar que el desarrollo del comportamiento conflictivo y delincuencial de los niños generalmente sigue un mismo orden progresivo, en el que comportamientos poco problemáticos preceden a comportamientos problemáticos más serios o graves (Kelley, Loeber et al., 1997).

La secuencia aproximada de las diferentes manifestaciones de disruptive and antisocial behaviors en la infancia y la adolescencia seguiría el siguiente orden (Loeber, 1990): después de cumplir el primer año, se empiezan a notar los primeros problemas, generalmente asociados a un temperamento infantil difícil. Problemas de conducta observables como agresiones no se reconocen normalmente hasta la edad de 2 años o más, cuando la movilidad y fuerza física aumentan. Durante la edad preescolar, con el comienzo de las relaciones sociales aparecen problemas de retraimiento o pobres relaciones con amigos y/o adultos. Los problemas académicos raramente aparecen antes del primer o segundo grado escolar. Desde el comienzo de la escuela hasta la adolescencia comportamientos encubiertos u ocultos como “hacer novillos”, robar o consumir drogas se hacen más aparentes. Cuando superan la edad mínima de responsabilidad penal (12 años en muchos Estados de EE.UU., 14 años en España), sufren su primera detención, incrementándose, a continuación, la prevalencia de la delincuencia y la reincidencia (Kelley, Loeber et al., 1997, pp. 3-4,).

En segundo lugar, en su investigación ha documentado tres caminos o trayectorias (pathways) que muestran la progresión hacia comportamientos problemáticos más serios: comportamientos conflictivos menos serios (Authority Conflict) preceden generalmente al inicio de comportamientos moderadamente serios (Covert Behavior), los cuales, sucesivamente, preceden el comienzo de actos muy serios (Overt Behavior). (Kelley, Loeber et al., 1997; ver también Howell, 1997; Kumpfer y Alvarado, 1998).

Authority Conflict es el primer camino, aplicándose a niños menores de 12 años. La trayectoria comienza con comportamientos tercos y testarudos en la infancia (1ª etapa), a los que pueden seguir conductas desafiantes (2ª etapa) como negación y desobediencia. Puede ser seguido, a su vez, por desobediencia a la autoridad (3ª etapa) como “hacer novillos” o escaparse de casa.

Covert Acts es el segundo camino. Tiende a empezar con pequeñas acciones encubiertas (1ª etapa) como mentiras y hurtos en comercios, que pueden venir seguidos de daños a la propiedad (2ª etapa) incluyendo vandalismo y piromanía, para acabar con delitos más graves contra la propiedad (3ª etapa) como robos en viviendas.

Overt Acts constituyen el tercer camino y suponen un incremento de la agresividad. Esta secuencia comienza con agresiones leves (1ª etapa) como fastidiar y molestar a sus compañeros (bullying),8 puede continuar con agresiones físicas (2ª etapa) como peleas entre bandas, y termina con conductas violentas (3ª etapa) como violaciones o agresiones con armas (Kelley, Loeber et al., 1997, pp. 8-9).

El modelo de desarrollo social (social development model) ha sido elaborado por Catalano y Hawkins (1996), a partir de una integración de la teoría de la asociación diferencial (Cressey, 1953; Matsueda, 1988), la teoría del control social (Hirschi, 1969) y la del aprendizaje social (Bandura, 1977). (Howell, 1997; Battin-Pearson et al., 1998).

Propone como punto de partida la siguiente hipótesis: “la socialización sigue el mismo proceso tanto si produce comportamientos prosociales o comportamientos antisociales” (Battin-Pearson et al., 1998), sugiriendo que el desarrollo de comportamientos prosociales o antisociales viene influenciado por el grado de implicación e interacción con amigos prosociales o delincuentes (teoría de la asociación diferencial), la habilidad, los costos y recompensas que requiere esa interacción (teoría del aprendizaje social), y la mayor o menor vinculación que los jóvenes adquieran con individuos prosociales o antisociales (teoría del control social).

El modelo de desarrollo social pretende averiguar cómo los factores de riesgo y los factores protectores interactúan para alcanzar un desarrollo social o antisocial (Battin-Pearson et al., 1998). Consideran que los factores de riesgo de delincuencia y uso de drogas durante la infancia se pueden reducir aumentando los vínculos familiares y escolares. De este modo, promoviendo fuertes vínculos con la familia y la escuela, incrementando las oportunidades para interacciones prosociales, aumentando en los niños las habilidades en sus interacciones sociales e incrementando y reforzando comportamientos prosociales y su grado de implicación en la familia y en la escuela, se reducirán los comportamientos antisociales y delictivos, al estar los niños más motivados a realizar comportamientos prosociales. (Catalano y Hawkins, 1996).

jueves, 24 de julio de 2014

Factores asociados a la delincuencia en adolescentes de Guadalajara, Jalisco . Mexico. José Guadalupe Salazar-Estrada(1), Teresa Margarita Torres-López(1), Carolina Reynaldos-Quinteros(2), Norma Silvia Figueroa-Villaseñor(1), Andrea Araiza-González(1)


Resumen
El objetivo del estudio fue identificar condiciones de vida de los adolescentes acusados por cometer delitos contra la salud y robo desde una perspectiva psicosocial. Se revisaron los expedientes de los menores remitidos al Centro Tutelar de Menores de Jalisco entre septiembre de 2006 y agosto de 2007. En los expedientes consta la valoración psicológica, social, educativa, médica y propuesta judicial, así como información administrativa. La muestra se conformó por 122 expedientes de adolescentes, de los cuales 50 por ciento fueron acusados por delitos contra la salud, y el otro 50 por ciento, por robo; 100 fueron expedientes de hombres y 22 de mujeres.

Abstract
The study's objective was to identify life conditions of adolescents charged with drug offenses or robbery. The study was based upon a psychosocial perspective. The authors examined the teenagers' records in Centro Tutelar para Menores (Juvenile Detention Center) in the State of Jalisco, Mexico, from September 2006 to August 2007 (12 months). The records included psychological, social, educational, medical and judicial assessments, as well as administrative information. The sample included personal files of 122 adolescents, 50 percent of them were charged with drug offenses and 50 percent with robbery. They were 100 males and 22 females.
Key words: adolescents, life condiotions, juvenile delinquency, family, psychosocial perspective, violence.

Introducción
Uno de los principales problemas en América Latina es la delincuencia juvenil, pues implica un gasto social y económico para cualquier sociedad, toda vez que genera costos por los servicios públicos de salud mental, justicia y educación especial. En general, los jóvenes delincuentes se mantienen dentro de los sistemas de salud mental y justicia hasta la adultez. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año pierden la vida por arma de fuego entre 73 y 90 mil personas en América Latina, esto es, tres veces más que la media mundial (UNODC, 2008). Por su parte, El Salvador tiene el índice de homicidio más alto de América Latina (58 por cada 100 mil habitantes), y otros dos países centroamericanos (Guatemala y Honduras), presentan índices de homicidios de 45 y 43 por cada 100 mil habitantes (Banco Mundial, 2011:1).

Cualquier tipo de acto delictivo afecta a la sociedad en general, por lo que un tratamiento efectivo a los adolescentes que delinquen no sólo beneficia a este grupo poblacional, sino también a sus familias; además, este tipo de intervención ayuda a mantener a salvo de convertirse en víctimas al resto de la comunidad. Según Borduin (1999: 249), la Oficina de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés) de EUA reportó en 1996 que 30 por ciento de los arrestos en ese país fueron hechos a jóvenes menores de 18 años, de los cuales 19 por ciento fueron arrestos por crímenes violentos y 35 por ciento por los delitos contra la propiedad. Un estudio nicaragüense de 186 individuos arrestados por asesinato en 2006 descubrió que casi la mitad tenía entre 15 y 25 años de edad. En Centroamérica y México, los jóvenes de entre 15 y 34 años representan aproximadamente 80 por ciento de todas las víctimas de homicidio y robo (Ranum, 2006). Asimismo, se encontró que la cuarta parte de los adolescentes detenidos en Centroamérica eran delincuentes caracterizados como crónicos o reincidentes, los cuales eran responsables de más de la mitad de los delitos cometidos por el total de los jóvenes (Muggah et al.,2008). El análisis de los datos del Proyecto de Opinión Pública en América Latina por parte del Banco Mundial (2011) señala que, en México, 5.7 por ciento de los adultos han sido víctimas de robo armado durante los recientes 12 meses. En contraste con 15.6 por ciento en Ecuador, donde sólo 3.7 por ciento han sido víctimas de robo de morada y 16 por ciento de otros tipos de crímenes.

El problema de la delincuencia se ha analizado a través de distintos enfoques caracterizados sobre todo por la fragmentación, pues cada disciplina ha impreso su punto de vista, sin que se hayan integrado los avances alcanzados en los ámbitos de las ciencias sociales, las penales y la salud pública. Es importante tratar la delincuencia juvenil de hoy como posible delincuencia adulta de mañana.

Desde la salud pública, el análisis de la delincuencia debe partir de la base de que se trata de un fenómeno predecible y, por lo tanto, prevenible. Existen barreras sociales que impiden detectar los efectos de la delincuencia sobre las condiciones de salud de la población. Por ejemplo, muchos de los homicidios, violaciones y robos se cometen entre miembros de la familia y amigos. De este modo, la relación entre delincuentes y afectados es a veces tan cercana que ocasiona que muchos de esos hechos no se denuncien y, en consecuencia, no se registren.

El presente trabajo centra su atención en los adolescentes que cometen delitos como parte de una problemática social y que afecta a todas las áreas de la vida no sólo de los jóvenes que delinquen y de sus familias, sino a la sociedad en general. Este trabajo consta de una revisión de las condiciones sociales y económicas de los jóvenes acusados por los tipos de delitos más comunes: el robo y los delitos contra la salud.

Contexto teórico
La realidad de creciente violencia juvenil, la alta incidencia de delitos contra la salud y de robos en las grandes ciudades de Estados Unidos (en 1990 del total de arrestados 16 por ciento fueron menores de edad) y Latinoamérica, incluye el hecho de que la delincuencia cometida por varones menores de 18 años es cuatro y media veces mayor que entre las mujeres de las mismas edades (U.S. Bureau of the Census, 1992, citado por Winkler, 1992: 839-834). Es importante considerar, además de la información estadística disponible, la presión que están ejerciendo los medios de comunicación como prensa, radio y televisión.
La delincuencia es una forma de inadaptación social y al producirse esa anomalía se da un desafío a la misma sociedad y a su normativa de convivencia. Los hechos y condiciones que conducen a la delincuencia son múltiples, de ahí que podemos afirmar que la delincuencia tiene un origen poliforme (Jiménez, 2005: 215-261). El concepto de delincuencia juvenil nos obliga, ante todo, a establecer dos términos: 'delincuencia' y 'juvenil', además de ver en su justa dimensión qué es lo que lleva a un individuo a ser calificado y caracterizado como delincuente.

La delincuencia es una situación asocial de la conducta humana y en el fondo una ruptura de la posibilidad normal de la relación interpersonal. El delincuente no nace, como pretendía Lombroso según sus teorías antropométricas o algunos criminólogos constitucionalistas germanos; el delincuente es un producto del genotipo humano que se ha maleado por una ambientosis familiar y social. Puede considerarse al delincuente más bien que un psicópata un sociópata. Para llegar a esa sociopatía se parte de una inadaptación familiar, escolar o social (Izquierdo, 1999: 45)

La delincuencia juvenil es fundamentalmente adolescente, es decir, reúne toda la problemática típica de este periodo evolutivo, pero de una forma no normalizada. Friedlander (1951) señala la existencia de un estado de delincuencia latente; añade que la base de esa latencia es lo que se denomina el carácter antisocial que se ha formado en el menor a través de sus primeras relaciones. El autor considera que aunque el menor llegue al periodo de latencia con esa formación caracterológica antisocial o susceptibilidad, no necesariamente se hará manifiesta la conducta delictiva, dependerá más bien de los diversos agentes que influyan en el desarrollo del joven. Destacan las malas compañías, el trabajo inadecuado, el deambular callejero y la desocupación como factores secundarios que, aunque no son determinantes, pueden provocar la delincuencia si existe previamente esa susceptibilidad o carácter antisocial ya mencionados. Una realidad social frustrante o una familia excesivamente indulgente, o bien, un entorno delictivo, serían algunos de los aspectos de mayor importancia para que el joven adopte un estilo de vida delictivo. La actitud reiterativa y moralizante de los padres y las instituciones ante ciertas actividades del chico le llevarían a tener una identificación negativa. Facilitarían también la evolución delictiva, la marginación y el poco contacto que el adolescente podría mantener con la llamada sociedad normal.

martes, 17 de junio de 2014

APLICACIONES DE LOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE SOCIAL. ALGUNOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA. Ronald L. Akers, Catedrático de Criminología y Sociología, Universidad de Florida

1. Introducción 

El objetivo principal de este artículo es facilitar algunos ejemplos de los  programas existentes en los Estados Unidos de América, diseñados para el tratamiento o la prevención de la delincuencia, que están basados en los principios y procesos cognitivos/conductivos comprendidos en la teoría del aprendizaje social como explicación del delito, la delincuencia y la desviación, o bien reflejan los mencionados principios y procesos. Mis compañeros y yo hemos realizado una amplia investigación y  hemos aportado numerosos trabajos sobre la teoría del aprendizaje social a lo largo de un gran número de años (véase Akers, 1973; 1998; Akers et al., 1979; Akers y Jensen, 2003; Sellers y Akers, 2006). En las ediciones tercera y cuarta de Criminological Theories (Akers, 2000; Akers y Sellers, 2004), he incluido aplicaciones de todas las teorías criminológicas principales (incluida la del aprendizaje social) al control, a la justicia, al tratamiento y a la prevención. He escrito en otros lugares sobre las cuestiones relacionadas con la teoría y práctica sociológica en Criminología (Akers, 2005). En este capítulo, me remito a estos trabajos anteriores. Asumo que los especialistas y los estudiantes españoles de Criminología y Sociología están al corriente de la teoría del aprendizaje social (1).

2. Relación entre la teoría y la práctica.

Durante mucho tiempo, he alegado que el más importante de los diversos criterios científicos para la evaluación de las teorías criminológicas (de todas las teorías científicas) es su validez empírica –la medida en que una explicación del delito y la desviación es coherente con los hechos conocidos del delito y viene apoyada por datos empíricos derivados de pruebas directas  de sus proposiciones (Akers, 1994; Akers y Sellers, 2004). Otro criterio importante para la evaluación de la teoría es la aplicación práctica a los problemas del delito y la delincuencia. Conocer y explicar la conducta delictiva es importante de por sí, pero desde que comenzaron a establecerse las ciencias sociales también se ha reconocido que es importante poner el conocimiento empírico y teórico al servicio de los objetivos de la sociedad de paliar o resolver problemas sociales. Por tanto, es razonable preguntar lo  útil que puede resultar una teoría criminológica a la hora de proporcionar pautas, comprensión o directrices para los concretos programas y políticas. ¿Proporciona la teoría principios que puedan utilizarse en la política, los procedimientos, el tratamiento, la terapia, la corrección o la reforma por parte de organizaciones o entidades públicas, gubernamentales o privadas? ¿Qué directrices pueden obtenerse de la teoría  para controlar, prevenir o modificar la conducta delictiva? Estas preguntas pueden formularse respecto a las acciones que se llevan a cabo en los sistemas de control social formal (justicia criminal y juvenil). Estas mismas preguntas pueden también formularse respecto al control social informal que puede ser acometido por los padres, los colegios, las iglesias, los compañeros y los grupos y organizaciones de vecinos/comunitarios para aumentar la conformidad y prevenir, modificar o controlar la conducta delictiva y desviada. Enseñar actitudes positivas y prosociales a los niños, supervisarlos correctamente, realizar un seguimiento de su conducta y sus amigos y aplicar una disciplina firme pero coherente en caso de mala conducta son consejos prácticos y de sentido común que pueden darse a los padres y cuidadores. Tales prácticas, junto a  los programas que proporcionan recursos comunitarios a los padres para asistir a clases y sesiones de asesoramiento que mejoren sus técnicas para educar a sus hijos, poseen una justificación teórica no sólo en el aprendizaje social, sino en la vinculación social que plantean otras teorías (Hawkins et al., 1999; Reid et al., 2002; Brown et al., 2005). 

Todos los esfuerzos, ya sean de carácter formal o informal, que tratan de prevenir, disuadir, disminuir o «hacer alguna otra cosa» sobre la delincuencia, el delito, el abuso de las drogas, la violencia y otras formas de conducta antisocial y desviada se refieren de algún modo, reconocido o no, a las teorías sobre las causas, factores o procesos que producen tal conducta. 

Las principales teorías criminológicas tienen implicaciones respecto a la política y la práctica de la justicia criminal, y desde luego han sido utilizadas en éstas. Todas las terapias, programas de tratamiento, regímenes carcelarios, políticas policiales o prácticas de justicia criminal están basados, ya sea explícita o implícitamente, en alguna explicación de naturaleza humana en general o de conducta delictiva en particular (Akers y Sellers, 2004: 11). 

Una buena teoría es aquella que se ha probado que es empíricamente válida. De modo similar, una buena práctica es aquella que se ha probado que es empíricamente efectiva. Una teoría empíricamente válida puede proporcionar directrices significativas para el desarrollo de programas de acción  con sentido y eficaces, y éstos a su vez pueden facilitar una comprensión teórica, así como sugerir modificaciones de la propia teoría en virtud de lo que funcione o no  en la práctica. Pero las teorías no pueden probarse directamente en virtud del éxito que tengan las políticas y los programas. Esto se debe en parte al hecho de que un programa o una política están basados no sólo en consideraciones objetivas e instrumentales, sino también en consideraciones políticas y filosóficas expresivas, subjetivas y cargadas de valoraciones (o en, como lo denomina Braithwaite, 2002, «teoría normativa»). Por  supuesto, los programas con un fuerte contenido moral o normativo (como los programas basados en la justicia restaurativa y en la fe, Braithwaite, 2002; Cullen et al., 2001), cuyo objetivo es modificar la conducta, también están basados en una o más teorías acerca de dicha conducta. 

Sin embargo, creo que la aplicación de una gran cantidad de programas tiene una conexión poco precisa y no articulada con una teoría con sentido. Por supuesto, no se pretende ni puede esperarse que los programas aplicados sean teóricamente puros. No le conceden mucha importancia al hecho de adherirse a los principios de una única teoría. 
Con buen sentido, los programas aplicados tratan de descubrir qué funciona, y para tal fin se apoyan en las aportaciones de una mezcla de diferentes teorías y de conocimientos y presentimientos basados en el sentido común. Por tanto, suele ser difícil determinar cuál es exactamente la teoría o teorías en que se basa un programa o decidir qué conclusiones pueden alcanzarse sobre una teoría en particular en caso de apreciarse que un programa sea un éxito o un fracaso. 

La relación entre la teoría y la práctica también está afectada por el hecho de que determinadas prácticas y programas, aunque pueda mostrarse que en teoría tienen sentido y existe una elevada posibilidad de que sean eficaces a la hora de combatir el delito y la delincuencia, no deberían y no pueden llevarse a la práctica porque violan valores y creencias básicas de imparcialidad, justicia y derechos humanos. Deben preocuparnos al máximo las dimensiones éticas de la intervención en las vidas de las personas para modificar su conducta cuando no se les haya adjudicado legalmente haber hecho algo malo. En este sentido, el movimiento de identificación y prevención temprana incluye fundamentalmente los intentos de intervenir en las vidas de las personas antes de que cometan actos ilegales, o al menos con carácter previo, antes de que se detecten dichos actos por el sistema de justicia criminal. Por esta razón, desde un punto de vista ético se prefieren programas «universales» que proporcionen servicios u oportunidades a personas, familias, vecindarios, colegios o comunidades (con o sin una evaluación del riesgo general o específico de desviación en dicha población) sin identificar a personas específicas que se crea que hayan cometido algún delito o se considere que se encuentran en una situación de riesgo. Los programas y políticas aplicados hacen frente a los problemas políticos, económicos, éticos, morales y prácticos de la implantación, participación y recopilación de información. Así, pueden tener éxito o fracasar por razones que no tengan nada que ver con lo buena que sea la teoría con la que los diseñadores puedan haber identificado el programa. Sin embargo, al igual que la teoría puede proporcionarnos algunas directrices respecto a los programas aplicados, tales programas pueden a su vez informarnos sobre los puntos fuertes y débiles de la teoría, indicar en qué puntos la teoría puede precisar modificación y proporcionarnos una mayor o menor confianza en la verdad de una teoría y en lo útil que puede resultar. (Para un comentario más detallado sobre estas cuestiones, véase Akers, 2005). 

No voy a tratar de realizar una revisión global de las aplicaciones de la teoría y de la efectividad de los programas aplicados, ni de todos los modos posibles y existentes en que la teoría del aprendizaje social puede ser de ayuda para los programas aplicados. Más bien voy a concentrarme en describir algunas aplicaciones de los principios cognitivos/conductivos de la teoría del  aprendizaje social a los programas de tratamiento/prevención de la delincuencia que han sido llevados a cabo por dos organizaciones conocidas en Estados Unidos. No quiero decir que únicamente en Estados Unidos se encuentren teorías con sentido sobre el delito y la desviación o bien buenos programas aplicados relacionados con dichas teorías. Existen diferencias sociales y culturales obvias entre las sociedades, relacionadas tanto con la teoría como con la práctica. Sin embargo, deberían aplicarse interculturalmente, al menos en cierta medida, unos principios teóricos con sentido y unos buenos programas de intervención. 

Así, la investigación muestra que la teoría del aprendizaje social tiene validez empírica (aunque quizá moderada en alguna medida por el contexto social) en diferentes países (Kandel y Adler, 1982; Otero López et  al., 1989; Junger-Tas, 1992; Bruinsma, 1992; Zhang y Messner, 1995; Kim y Koto 2000; Hwang y Akers, 2003; Wang y Jensen, 2003). Parece ser que las teorías criminológicas generales tienen una cierta relevancia en España (véase Serrano Maíllo, 2006), al igual que sucede en Estados Unidos. En España, la relación entre drogas y delincuencia y las variables que se ha descubierto que las predicen parece ser similar a la existente en Estados Unidos (véase Otero López, 1997). Por otra parte, las cuestiones del entorno, contexto y recursos a la hora de implantar los programas de prevención/educación y otros programas aplicados son similares ya se trate de España, Estados Unidos o de otros lugares (véase Valderrama et al., 2006). Reconozco las diferencias interculturales y las dificultades de explicación relacionadas con dichas diferencias, pero creo que las lecciones que hemos aprendido de la experiencia estadounidense pueden tener una cierta significación para los esfuerzos por explicar y combatir el delito y la desviación en otras sociedades. 

3. Breve perspectiva general de los principios del aprendizaje social 

El aprendizaje social es una teoría  general socio-psicológica que ofrece una explicación sobre la adquisición, el mantenimiento y la modificación de la conducta delictiva y desviada. La misma adopta factores sociales, no sociales y culturales que intervienen tanto para motivar y controlar la conducta delictiva, como para fomentar y socavar la conformidad. Los principios de aprendizaje social de la teoría no se limitan a explicar la conducta novedosa, «...sino que  constituyen principios fundamentales de actuación [que explican]... la adquisición, el mantenimiento y la modificación de la conducta humana» (Andrews y Bonta, 1998: 150). Responden tanto a la pregunta de por qué las personas violan las normas como  a la pregunta de por qué no las violan, incorporando tanto los factores y variables que facilitan el delito y la delincuencia como los que lo contrarrestan o previenen. Su proposición básica consiste en que un mismo proceso de aprendizaje produce tanto una  conducta conforme como una conducta desviada. La probabilidad de una conducta delictiva o conforme es una función del balance de estas influencias de riesgo y protectoras sobre la conducta, y no sólo las operativas en una historia individual de aprendizaje, sino también las que funcionan en un determinado momento, en una situación dada, y las que prevén una conducta futura en el contexto de la estructura social,  la interacción y la oportunidad. La diferencia reside en la dirección del proceso en que funcionan los mecanismos y variables de aprendizaje. En muy escasas ocasiones se trata de un proceso disyuntivo. Más bien se trata de un balance de las influencias ejercidas sobre la conducta. Dicho balance suele dar muestras de una determinada estabilidad a lo largo del tiempo, pero puede volverse inestable y cambiar con el tiempo o las circunstancias (Akers, 1998).