martes, 20 de marzo de 2018

Delincuencia, Infancia y Alteridad: una propuesta de inteligibilidad. Boris Valdenegro Egozcue. Universidad de Playa Ancha, Escuela de Psicología. Valparaiso. Chile

Resumen
Este artículo se sitúa desde la Psicología Social Comunitaria, abordando los procesos de alteridad sobre la relación que se establece en Chile entre infancia y delincuencia. Enmarco esta discusión desde la noción de dispositivo, en el contexto de las políticas públicas. Los apartados desarrollan la relación entre infancia, delincuencia y alteridad desde distintas perspectivas (Políticas Públicas, Investigación Social, Dispositivo Foucaultiano, Historiografía e Intervención Social), desarrollando una crítica a los procesos de criminalización de la infancia y proponiendo la noción de Alter- Infancia como posibilidad de comprensión crítica.
Palabras Clave: Psicología Social Comunitaria, Infancia, Delincuencia, Alteridad, Dispositivo, Políticas Públicas
Abstract
This article is based on communitarian social psychology perspective. It will analyse the process of otherness in the relationship between childhood and delinquency. It will discuss in the context of social policies using the notion of device (dispositif). The following sections will develop the relationship between childhood, delinquency and otherness using several approaches: social policies, research in social sciences, the notion of device (Foucault) and historiography, developing a critical over the criminalization process to childhood, and proposing the idea of Alter- Childhood as critical compehension.
Keywords: Social Communitarian Psychology, Childhood, Delinquency, Otherness, Device, Social Policies

 La relación entre políticas públicas, infancia y delincuencia en Chile se inscribe en un ámbito de acción y estudio que se encuentra saturado de supuestos indiferenciados, reproduciéndose certezas estigmatizantes antes que posiciones críticas. El propósito de este artículo es problematizar, desde la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria, la relación entre infancia, delincuencia y alteridad, sobre cuatro objetivos: 1) la política pública y la subjetivación diferencial de infancias; 2) las relaciones entre infancia, delincuencia y alteridad; 3) la noción de dispositivo como productor de alteridad en infancia; 4) procesos sociohistóricos que subjetivan infancias desde la alteridad.
A este respecto, la Psicología Social Comunitaria (Alfaro, 2009; 2013; Montero, 2010; 2011) contribuye desarrollar perspectivas desnaturalizadoras de los procesos sociales, históricos y culturales contenidos en estos ejes reflexivos, desde dimensiones conceptuales, ético- políticas y disciplinares. En lo conceptual, posibilita la comprensión intersubjetiva de la relación entre infancia y delincuencia, desde una perspectiva crítica de las relaciones sociales (Montero, 2011; Piper, 2002), desmitificando su carácter de manifestación objetiva (Montero y Montenegro, 2006; Montero, 2010). A nivel ético- político, facilita la visibilización de las tensiones entre la perspectiva garantista y proteccional hacia las infancias, aportando al debate sobre los procesos de criminalización en la intervención (Sepúlveda, 2011) y cuestionando las perspectivas estigmatizadoras (Llobet, 2010; Olmos, 2012). A nivel disciplinar, permite definir la intervención desde un carácter situado (Montenegro y Pujol, 2003), aportando a la complementariedad entre la formulación, diseño e implementación de la intervención social, al considerar las tensiones entre los agentes disciplinares, los formuladores y sujetos intervenidos (Alfaro, 2013), en una lectura compleja de los procesos de intervención (Alfaro, 2009; Piper, 2002). Estas ideas- fuerza serán empleadas para reflexionar acerca de las implicancias de cada uno de los apartados, decantando en la noción de Alter- Infancia, en tanto proceso de subjetivación de Alteridad (Gnecco, 2008).
Políticas Públicas e Infancias: entre el garantismo y la criminalización.
Las políticas públicas en Chile articulan visiones sobre las infancias, erigiéndose un discurso dominante desde la Doctrina de la Protección Integral (Galvis, 2009; Quiroz, 2011), sustentado normativamente en la Convención de Derechos de la Infancia (UNICEF, 1989). pretendiendo marcar un hito de tránsito entre la doctrina basada en la noción de menor en situación de vulnerabilidad a otra que concibe a la infancia en tanto sujetos de derechos.
A nivel del diseño de políticas públicas, el accionar del Ministerio de Justicia a través del Servicio Nacional de Menores ha desarrollado la concepción de separación de vías (Werth, 2010) como una expresión de una supuesta diferencia entre la aproximación hacia los denominados adolescentes infractores de ley y los niños y niñas sujetos de promoción de derechos. El devenir de esta perspectiva es cuestionable, siendo muchos de sus efectos y prácticas vulneradoras de derechos humanos (UNICEF, 2008; INDH, 2013).
La política pública orientada hacia los “infractores de ley se encuentra culturalmente construida desde la noción del miedo al otro (PNUD, 1998), cimentando la cohesión social en la identificación de éstos como íconos de la peligrosidad e inseguridad (Vergara, 2007), sustentando procesos de criminalización (Sepúlveda, 2011). Es esta radical mirada sobre la infancia criminalizada la que permite reflexionar en torno de la intervención social desde la alteridad.
Si realizamos un análisis a nivel internacional de los programas que intervienen sobre la infancia criminalizada, se destacan las estrategias preventivas centradas en la relación costo- beneficio (Greenwood, 2008), las que privilegian la intervención sobre la infancia para disminuír la conducta criminal en la etapa adulta, bajo el supuesto de una mayor permeabilidad de los factores asociados (Mann y Reynolds, 2006; White, Temple y Reynolds, 2010; Jenson, 2010).
En esta perspectiva, Trentacosta y Shaw (2009) realizan un estudio longitudinal sobre la relación entre la autorregulación emocional y el rechazo de pares, observándose una asociación positiva entre éste y el comportamiento antisocial, debiéndose trabajar la autorregulación adaptativa tempranamente. Hawkins, Kosterman, Catalano, Hill, y Abbot (2008) presentan los efectos de una estrategia de intervención multidimensional en el espacio escolar, reportándose efectos significativos en la reducción de la delincuencia adulta. Mann y Reynolds (2006) realizaron un estudio longitudinal sobre la intervención educativa temprana en la delincuencia juvenil, relacionando los factores de intervención y escolarización temprana con la reducción de la delincuencia. Asimismo, Reynolds, Ou y Topitzes (2004) investigaron longitudinalmente los efectos de la participación de preescolares de clase baja en los Centros de Padres e Hijos, evidenciándose mayores logros educativos y menores tasas de arrestos juveniles. Asimismo, Crooks, Scott, Ellis y Wolfe (2011) analizaron un programa de prevención de la violencia escolar, determinándose un efecto amortiguador de éste respecto de la comisión de delitos violentos.
Más allá del ámbito escolar, la revisión internacional da cuenta de programas de intervención hacia la infancia que apuntan de modo general a la disminución de riesgos futuros, en donde la delincuencia es uno de los factores de riesgo. Geenwood (2008) plantea la importancia de focalizar los esfuerzos en la denominada práctica basada en la evidencia, lo cual implica centrarse en indicadores que delineen buenas prácticas, más allá de la perspectiva conceptual a la base. Cole, Mills, Jenkins, y Dale (2005), realiza una comparación entre programas de intervención temprana sobre la delincuencia, incorporando a la medición medidas que denomina de desarrollo social, como la satisfacción escolar, la soledad y depresión, concluyendo que  no hay diferencias en los resultados entre programas. En ambas experiencias, la intervención temprana es una estrategia consensuada, en la lógica de la posibilidad de incidencia sobre factores asociados (White, Temple y Reynolds, 2010).
A nivel nacional, se representa el ámbito escolar como factor protector de diversas manifestaciones disfuncionales, definidas dentro de un campo semejante de problemas sociales: consumo de drogas ilícitas, rendimiento escolar, deserción, conductas de riesgo en general y delincuencia, siendo SENDA (2013) el encargado de articular los esfuerzos entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Fuera del ámbito escolar, los programas se sitúan en la óptica de cumplimiento de penas, en una perspectiva de responsabilización y control de la conducta delictiva (Ministerio de Justicia, 2005).