La reducción y prevención de la violencia no es una tarea exclusiva de la intervención jurídico penal y requiere a otros profesionales, como los psicólogos, para una participación especializada en campos como la evaluación de la peligrosidad y el control de la reincidencia violenta. Los últimos avances en la prevención de la violencia han propuesto sustituir la evaluación de la peligrosidad por la valoración del riesgo de violencia.
Esta tecnología tiene una mayor capacidad predictiva del comportamiento violento futuro. En este trabajo se presentan los fundamentos de las técnicas de valoración del riesgo de violencia y los instrumentos adaptados al español para su aplicación en la psicología clínica, forense y penitenciaria. Se describen brevemente la escala VRAG, la PCL-R, el HCR-20, el SVR-20, la SARA, el EPV y el SAVRY, así como sus aplicaciones específicas.
Violence
risk assessment: Available tools and instructions for use. Violence management
and prevention exceed the exclusive
court intervention and require other
professionals, such as psychologists, who
can help in specialized tasks like dangerousness assessment and violence
recidivism control. The latest
improvements in the prevention of violence have proposed the replacement
of dangerousness assessment for the
violence risk assessment. This new technology is more effi cient to predict the
future violent behavior. In this study, we present the basis of these
techniques for the violence risk assessment, as well as the Spanish adapted tools and instruments
for its application in clinical, forensic and correctional psychology. These
are, briefl y described, the VRAG scale, the PCL-R, the HCR-20, the SCR-20, the SARA test, the EPV and the SAVRY, as well as
their specific functions and applications.
La
prevención de la violencia ha incorporado recientemente técnicas de predicción
de la violencia como una nueva función
complementaria a los tradicionales tratamientos de agresores y víctimas. Estas técnicas constituyen
procedimientos que tienen como objetivo
la estimación de la probabilidad de ocurrencia del comportamiento violento en el futuro que se
pueden aplicar en numerosos contextos
jurídico-penales y asistenciales. Así, servirán para que el juez tome las
decisiones adecuadas (por ejemplo,
suspensión condicional de la pena y sinónimo a un tratamiento reeducativo) teniendo en cuenta el riesgo
estimado de reincidencia futura del agresor. En el ámbito penitenciario pueden
facilitar la toma de decisiones en
cuanto a la urgencia y necesidad de un
tratamiento, la concesión de los permisos penitenciarios, el cambio de
régimen o el acceso a la libertad condicional. La utilidad de la valoración del riesgo está directamente
relacionada con la importancia de la gestión
de la violencia en el ámbito profesional
correspondiente. Naturalmente, es una tecnología imprescindible en la prevención de la violencia y de la
protección de las víctimas (Echeburúa y
Fernández-Montalvo, 2009; Echeburúa, Sarasua,
Zubizarreta y Corral, 2009).
En
los últimos 20 años se han desarrollado nuevas técnicas para predecir la conducta violenta, todas ellas
derivadas de un mejor conocimiento de la naturaleza y de los procesos asociados
a la violencia. Asimismo hemos asistido
a la sustitución del término peligrosidad por
el de riesgo de violencia junto con el desarrollo de instrumentos para
la valoración del riesgo de violencia
(Andrés-Pueyo y Redondo, 2007).
La
multiplicidad de causas y la infrecuencia de la conducta violenta grave hacen de su predicción una
tarea difícil, pero, sin embargo,
técnicamente factible. La práctica profesional de la predicción de la violencia
en nuestro país no utiliza habitualmente herramientas de evaluación fi ables y
válidas como son los protocolos de valoración
del riesgo de violencia. El objetivo de este trabajo es describir distintos instrumentos de
predicción del riesgo que tienen una contrastada capacidad predictiva y que
están disponibles en español. Entre éstos figuran algunos apropiados para la predicción
de la violencia interpersonal grave, como el HCR-20 y la PCL-R (Arbach y
Andrés-Pueyo, 2007) o bien para contextos concretos, como son la SARA y la EPV
en el caso de la violencia contra la pareja (Andrés-Pueyo, López y Álvarez,
2008; Echeburúa, Fernández-Montalvo y Corral, 2008); el SVR-20, en el caso de
la violencia sexual (Redondo, Pérez y Martínez, 2007); o el SAVRY, en el caso
de la violencia juvenil (Borum, Bartel y Forth, 2003).
De
la evaluación de la peligrosidad a la valoración del riesgo de violencia
Lo
que identifi ca a la conducta violenta es la intención del agresor (deseo de
causar daño) y los efectos sobre la víctima (lesiones, daños, sufrimiento,
etc.). La atribución causal de la conducta violenta al agresor le ha conferido
a éste una condición (la peligrosidad) que se considera inherente a su forma de
ser o a su estado psicopatológico. Así, el concepto de peligrosidad, aun siendo
objeto de importantes críticas (Carrasco y Maza, 2005), es de uso muy frecuente
en el entorno forense y penitenciario y constituye la base para la aplicación
de las medidas de seguridad.
La
peligrosidad, defi nida como la propensión de una persona a cometer actos
violentos (Scott y Resnick, 2006), ha estado ligada a la enfermedad mental
grave, a la historia criminal del sujeto y a su nivel de adaptación social. La
peligrosidad es una categoría legal que delimita el riesgo de cometer delitos
graves por parte de un delincuente (peligrosidad criminal) o por parte de un
sujeto aún sin un historial delictivo (peligrosidad social). Así, la
peligrosidad, independientemente de que derive de una enfermedad mental
(tradición clínica) o de una historia criminal (tradición jurídica), se
considera como el mejor predictor de la violencia futura.
La
atribución de peligrosidad a un sujeto se suele determinar por medio de la
técnica clínico-forense o de la clasificación tipológica realizada por medio de
los perfiles delictivos. En el primer caso la valoración forense tiene como
objetivo evaluar la capacidad criminal,
asociada a diversos rasgos de personalidad (agresividad, indiferencia afectiva,
egocentrismo y labilidad afectiva), así como la inadaptación social. Esta
valoración forense está fundamentada en la entrevista con el paciente y en
informaciones complementarias, como los expedientes judiciales o de los
servicios sociales (Gisbert-Calabuig, 2004).
En
el caso de los perfi les delictivos, se trata de clasifi car a un sujeto en un
determinado perfil (agresor contra la pareja, agresor sexual, acosador escolar o
laboral, etc.) en función de una serie de características psicológicas,
sociales y biográficas. La estrategia de recurrir a perfiles-tipo para identificar
la peligrosidad de un sujeto es muy popular, pero su popularidad contrasta con
una baja precisión predictiva (Quinsey, Harris, Rice y Cormier, 1998).
Considerar
la peligrosidad como la causa de la conducta violenta implica una capacidad de
predicción limitada y origina dos tipos de errores. En el caso de los falsos
negativos los sujetos son valorados como no-peligrosos y, sin embargo, cometen
una conducta violenta grave, con las repercusiones que ello conlleva para las
víctimas. Y en el caso de los falsos positivos se identifica al sujeto como
peligroso y, sin embargo, no cometerá conductas violentas futuras, con las
consecuencias negativas que tiene para el sujeto (reclusión en régimen cerrado,
ausencia de permisos penitenciarios, etc.). Los aciertos o los errores en la
predicción de la violencia basados en el diagnóstico de la peligrosidad,
dependen en buena medida de la experiencia de los profesionales, de la
disponibilidad de técnicas de identificación y de la claridad con la que se
puede descubrir el atributo de peligrosidad (Andrés-Pueyo y Redondo, 2007).
Además
la atribución de peligrosidad a una persona concentra la estrategia de
contención del riesgo en dos tipos de intervenciones: control situacional
(internamiento) y tratamiento terapéutico del sujeto peligroso, pero no ofrece
nuevos recursos de gestión del riesgo. De ahí que se haya sustituido la
identificación de la peligrosidad por la valoración del riesgo. A diferencia de
la peligrosidad, que lleva a decisiones del tipo todo/nada en el pronóstico, el
riesgo de violencia es variable y específico y permite tomar decisiones
graduadas y re-evaluables respecto al pronóstico futuro de violencia. Si bien
es cierto que todos los tipos de violencia cuentan con elementos en común, no
lo es menos que cada tipo de violencia (juvenil, de pareja, sexual, etc.) tiene
sus propias claves, que hacen de cada predicción un reto distinto. Así, la
violencia ejercida en el pasado es un factor de riesgo común en todo tipo de
violencia; sin embargo, las parafilias son un factor de riesgo para la violencia
sexual, pero no para la violencia contra la pareja (Andrés-Pueyo y Redondo,
2007; Hart, 2001; Quinsey et al., 1998; Webster y Cox, 1997).
En
resumen, actualmente es preferible valorar el riesgo a diagnosticar
peligrosidad. La predicción del riesgo está en función de la peligrosidad del
agresor y de la vulnerabilidad de las víctimas, ambas en el marco de un
contexto situacional específi co. Para valorar el riesgo no necesitamos
averiguar las causas de la violencia, sino los factores de riesgo asociados a
ella. El paso siguiente es gestionar el riesgo que refi ere a la adopción de
medidas de seguridad y de protección a la víctima en función de la valoración
del riesgo (Andrés-Pueyo, 2009; Douglas, Ogloff y Hart, 2003).
Valoración
del riesgo de violencia: procedimientos clínicos y procedimientos actuariales
La
valoración del riesgo se basa en conocimientos empíricos y no sólo en intuiciones
clínicas. El punto débil de éstas es que, por la variedad y simultaneidad con
que se dan los factores de riesgo, son muy inestables y pueden inducir a error
al clínico. La recogida de datos para la valoración del riesgo incluye
entrevistas personales, evaluación psicológica y/o médica estandarizada,
revisión de expedientes sociosanitarios y judiciales y obtención de información
colateral (Webster, Douglas, Eaves y Hart, 1997).
Este
proceso de recogida de información y las decisiones sobre la predicción del
riesgo se pueden realizar por medio de procedimientos clínicos, procedimientos
actuariales y procedimientos mixtos, que tienen en común tomar una decisión
pronóstica a partir de la información relevante (factores de riesgo y
protección) de cada comportamiento a predecir (violencia física, sexual, contra
la pareja, etc.) (Hart, 2001).
Valoración
clínica no-estructurada
En
este procedimiento, basado en la historia clínica o en la entrevista y los test
y fundamentado mayoritariamente en diagnósticos psiquiátricos, se toma una
decisión (juicio clínico o predicción) con arreglo a la información obtenida
por el evaluador siguiendo el procedimiento propio de la clínica. Este
procedimiento, aun siendo el más frecuente, no sigue normas fi jas o estables: las
decisiones se ponderan a juicio discrecional del evaluador. Por ello, la
estrategia clínica en este contexto es muy subjetiva. De hecho, presenta una
fiabilidad interjueces baja y una fundamentación teórica débil. Se presupone
—con mucha frecuencia erróneamente— que todas las carreras violentas son
estáticas, no modificables, y que las personas violentas están destinadas a
comportarse de ese modo. Y, en cualquier caso, con este procedimiento es muy
difícil reconstruir el proceso de toma de decisiones, en el caso de que se
desee revisarlo (Elbogen, Calkins, Scalora y Tomkins, 2002; Maden, 2007).
Valoración
actuarial
Se
trata de un procedimiento que emplea instrumentos objetivos ad hoc que permiten
cuantificar el riesgo de violencia por medio de un registro detallado de los
datos relevantes de la historia personal del sujeto. El evaluador obtiene la
información requerida, bien entrevistando al sujeto o a otras personas
relevantes, bien buscando en expedientes o ficheros (Harris y Rice, 2007). Los
procedimientos actuariales implican también una ponderación adecuada de la
importancia de cada información por medio de reglas matemáticas empíricamente
sustentadas. Estas reglas permiten obtener una puntuación de probabilidad
determinada que refleja el riesgo de que suceda aquello que queremos predecir.
En este enfoque no hay ningún modelo teórico que explique el porqué de las
conductas violentas, lo único relevante es la probabilidad estimada de que
puedan ocurrir en el futuro (Hart, 1997; Quinsey et al., 1998).
Los
protocolos actuariales se han diseñado con la fi nalidad de predecir el riesgo
de comportamientos violentos específicos, en un período temporal concreto, para
una población determinada y en un contexto sociocultural específico. Estos
procedimientos aplican las reglas descubiertas en estudios grupales a los
individuos. El riesgo de error es tanto mayor cuanto mayor sea la
heterogeneidad de los individuos dentro de un grupo, lo que suele ocurrir, por
ejemplo, en el caso de los agresores sexuales o de los maltratadores
domésticos. Ésta es la limitación más importante de este procedimiento, que, no
obstante, es de gran utilidad.
Valoración
basada en el juicio clínico estructurado
Se
trata de un procedimiento mixto «clínico-actuarial» del que forman parte
aspectos propios de la valoración clínica (evaluación clínica estructurada y
toma de decisión fi nal) y de la actuarial (recogida e inclusión de datos
predictores empíricamente verifi cados). Este tipo de evaluación se realiza con
la ayuda de las guías de valoración del riesgo, basadas en la investigación
clínica y en los estudios epidemiológicos. El procedimiento es completo, pero
requiere protocolizar el proceso de evaluación y adiestrar adecuadamente a los
profesionales (Andrés-Pueyo y Redondo, 2007).
Lo
más significativo es analizar los factores de riesgo asociados empíricamente a
la violencia y contrastados clínicamente en un protocolo a modo de guía de
valoración del riesgo. Ello facilita la toma de decisiones del profesional al
disponer éste de una fuente de información relevante y necesaria. Las guías de
valoración del riesgo son muy variadas y se ajustan a los diversos tipos de
violencia (sexual, de género, etc.). Todas ellas presentan algunos aspectos
comunes:
a)
están diseñadas para predecir un resultado concreto;
b) están elaboradas para un intervalo temporal, una población determinada y un contexto sociocultural específi co; y
c) están encaminadas a la gestión del riesgo (Hilton, Harris et al., 2006).
b) están elaboradas para un intervalo temporal, una población determinada y un contexto sociocultural específi co; y
c) están encaminadas a la gestión del riesgo (Hilton, Harris et al., 2006).
La
valoración del riesgo por medio del juicio clínico estructurado supone algo más
que predecir la violencia futura. Así, al valorar la presencia e intensidad de
los factores de riesgo estáticos y dinámicos (Andrews y Bonta, 2003), se pueden
tomar diversos tipos de decisiones: a) proponer procedimientos de gestión del
riesgo individualizados y apropiados al momento de la evaluación; b) iniciar la
prevención de la violencia futura; c) desarrollar la protección de las víctimas
por medio de la elaboración de planes específicos para el riesgo existente; y d)
diseñar programas de tratamiento concretos en función de las características de
los agresores. Todo ello constituye la
gestión del riesgo.
Instrumentos
de valoración del riesgo de violencia
Entre
las guías de valoración del riesgo actuales fi guran algunas más genéricas, que
están orientadas a la violencia física grave
en pacientes psiquiátricos y reclusos, como la Assessing Risk for
Violence (HCR-20) (Webster et al., 1997), la Psychopathy Checklist-Revised
(PCL-R) (Hare, 1991) o, en un plano estrictamente actuarial, la Violent Risk
Appraisal Guide (VRAG) (Harris, Rice y Quinsey, 1993, 2008; Quinsey et al.,
1998).
Han
surgido también otras guías referidas a tipos de violencia más específcos, que
permiten, por ello, afinar la predicción y la gestión del riesgo de violencia.
Así, por ejemplo, se han desarrollado escalas relacionadas con la violencia
contra la pareja, como la Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA) (Kropp,
Hart, Webster y Eaves, 1995) o, en nuestro contexto y más recientemente, la
Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja (EPV)
(Echeburúa, Fernández-Montalvo, Corral y LópezGoñi, 2009). También hay otras
referidas a la violencia sexual, como la Guide for Assessment of Sexual Risk
Violence (SVR-20) (Boer, Hart, Kropp y Webster, 1997), o a la violencia
juvenil, como la Structured Assessment
of Violence Risk in Youth (SAVRY) (Borum et al., 2003).
En
la tabla 1 figuran los principales instrumentos, adaptados a la población española o elaborados en nuestro
entorno, de predicción del riesgo de
violencia con sus características más específicas.(1) No es una lista exhaustiva
sino una presentación de aquellas escalas o
guías que están respaldadas por estudios hechos en nuestro país y que pueden ser de utilidad para los
profesionales de nuestro entorno. Una información más detallada de su manejo o
de sus características pueden encontrarse en las referencias bibliográficas
citadas.
Violencia
interpersonal inespecífica
El
HCR-20 (Wesbter et al., 1997; traducción y adaptación de Hilterman y
Andrés-Pueyo, 2005) es una guía para predecir el riesgo de violencia física en
pacientes mentales y reclusos violentos.
Su principal objetivo es identificar a pacientes con riesgo de violencia
y funciona como una guía con la cual se alcanzan juicios probabilísticos sobre el riesgo de ocurrencia
de violencia en el futuro. Incluye 20 factores de riesgo, a modo de ítems que
el evaluador tiene que calificar, organizados en tres subescalas, que agrupan factores de riesgo pasados, presentes y
futuros. Se incluyen factores de riesgo estáticos y dinámicos que permiten
hacer evaluaciones repetidas en función de los cambios en las circunstancias
personales o contextuales del evaluado. Se pueden establecer tres niveles de
riesgo, sin referencia inicial a tablas, baremos o puntos de corte explícitos:
bajo, moderado o alto (e inminente).
Desde
su adaptación al español se han realizado numerosas aplicaciones profesionales
y estudios que avalan su capacidad predictiva, que, en poblaciones
psiquiátricas, alcanza una AUC de 0,73(2) (Arbach y Andrés-Pueyo, 2007).
La
VRAG (Harris et al., 1993) es una escala actuarial para la valoración del
riesgo de reincidencia violenta en pacientes mentales y en delincuentes en
prisión o en cumplimiento de otras medidas penales. Su utilidad está
circunscrita mayoritariamente al ámbito penitenciario. Consiste en un listado
de 12 ítems (entre los que se incluye la valoración total de la PCL-R)
relacionados con los aspectos biográficos y clínicos del evaluado. Estos ítems
tienen una ponderación propia para cada uno de ellos y la suma total es la
variable predictora de reincidencia violenta futura. La puntuación global
oscila entre un mínimo de -28 y un máximo de +33 y ofrece resultados en
percentiles, siendo su AUC de 0,76. Un estudio empírico demostró la utilidad de
la VRAG en población penitenciaria española (Ballesteros, Graña y Andreu,
2006).
La
PCL-R (Hare, 1991) es el instrumento de referencia en el contexto profesional y
científico para la valoración de la peligrosidad y del riesgo de violencia en
delincuentes. Es una escala específicamente diseñada para poder evaluar la
presencia de psicopatía por medio de informaciones procedentes de archivos
penitenciarios y clínico-biográficos, de una entrevista semiestructurada y de la
aplicación de los 20 ítems de la escala. Los ítems se corresponden en parte con
los principales síntomas de este grave trastorno de personalidad, que tanta
relevancia tiene en la estimación de los problemas antisociales y violentos.
Se
trata de una escala actuarial que incluye ítems relacionados con la vida
afectiva, las relaciones interpersonales y los hábitos antisociales, así como
con algunos aspectos de la biografía personal y delictiva del evaluado. Sus
niveles de fi abilidad y validez están muy contrastados, así como su capacidad
predictiva de la conducta violenta, que se puede establecer en torno a un valor
de AUC de 0,80.
Su
empleo es muy extenso y ha dado lugar a una serie de versiones relacionadas
para tareas como el cribado (PCL-SV) o la valoración de la psicopatía en
jóvenes (PCL-YV y APSD). Existe incluso una versión reciente en formato de
auto-informe (PCL-Self).
En
España se han adaptado las versiones PCL-R (Moltó, Poy y Torrubia, 2000),
PCL-SV, PCL-YV y APSD principalmente por los grupos dirigidos por los
profesores Torrubia y Moltó y por el profesor Garrido. Se ha publicado recientemente
la PCL-R baremada en España por TEA.
Violencia
interpersonal específica
Violencia
contra la pareja
La SARA
(Kropp et al., 1995; traducción y adaptación de Andrés-Pueyo y López,
2005) tiene como objetivo facilitar a los profesionales un instrumento de
valoración de eficacia contrastada (AUC de 0,82) para valorar el riesgo de
violencia grave (esencialmente física y sexual) contra la pareja o ex pareja.
Esta guía se puede aplicar en diversos contextos: demandas civiles que
enfrentan a las parejas o ex parejas, litigios por la custodia de los hijos,
denuncias penales por malos tratos, valoración del riesgo de reincidencia,
estimación del riesgo de violencia física inminente, etc.
Esta
guía se ajusta adecuadamente a las exigencias que la actual Ley Integral de
Violencia de Género (1/2004) requiere. La guía se presenta con el formato de un
pequeño libro que
se
adjunta al protocolo de valoración, tal como se ha hecho también con otros
instrumentos similares como el HCR-20 o el SVR-20 (véase Andrés-Pueyo y
Redondo, 2007). Se ha comprobado su utilidad en España en contextos
penitenciarios y forenses. Este instrumento consta de 20 ítems, divididos en
varias categorías y relacionados con factores de riesgo de criminalidad y
específicos de violencia contra la pareja. Asimismo dispone de un procedimiento
especial de valoración cualitativa de riesgo para situaciones especiales y de
gran valor pronóstico. No dispone de tablas de valoración cuantitativa y, al
igual que el HCR-20 y el SVR-20, sus juicios de pronóstico fi nal son bajo,
moderado o alto (inminente), pero añade a la valoración la indicación de si ese
riesgo es exclusivamente en relación a su pareja o a otros miembros de la
familia.
La
EPV (Echeburúa et al., 2009) es un instrumento de valoración del riesgo de
violencia grave contra la pareja o ex pareja diseñado en un contexto español.
El ámbito de aplicación es el entorno policial, judicial y forense. Esta escala
se centra en la predicción del riesgo de homicidio o de violencia grave (no
meramente de violencia), no se limita al riesgo de agresión a la esposa (sino a
la pareja), establece unos puntos de corte que permiten cuantificar el riesgo
(bajo, moderado y alto) e intenta ser un reflejo de la situación sociocultural
existente en España (en donde, por ejemplo, el uso de armas o el contexto de la
familia son diferentes que en Norteamérica).
Los
ítems están agrupados en cinco categorías: datos personales; situación de la
relación de pareja; tipo de violencia; perfi l del agresor; y vulnerabilidad de
la víctima. Al margen de que una puntuación global superior a 10 en esta escala
denota un nivel de riesgo alto de violencia grave contra la pareja, hay ciertos
ítems que tienen una mayor capacidad discriminativa. Esta escala se utiliza
actualmente por parte de la Ertzaintza para gestionar el riesgo y adoptar
medidas de protección individualizadas a las víctimas de violencia de pareja.
Violencia
sexual
El
SVR-20 (Boer et al., 1997; traducción y adaptación para población penitenciaria
española de Martínez, Hilterman y AndrésPueyo, 2005). Se trata de un protocolo
para la evaluación del riesgo de violencia sexual de delincuentes adultos a
partir de 20 ítems, relativos a factores de riesgo tanto estáticos como
dinámicos. Estos factores de riesgo se agrupan en tres subescalas (factores
históricos, clínicos y de riesgo futuro) que se valoran conjuntamente.
A
diferencia del HCR-20, las valoraciones de los ítems del SVR-20 son
cualitativas y hacen referencia a la presencia/ausencia y evolución reciente de
los factores de riesgo específi cos para la violencia sexual. El resumen de la
evaluación es una valoración global del riesgo como bajo, moderado o alto
(inminente). Los estudios realizados en poblaciones españolas de delincuentes
sexuales han ofrecido una capacidad predictiva de una AUC de 0,88
(Pérez,Redondo, Martínez et al., 2008; Pérez, Martínez y Redondo, 2009).
Violencia
juvenil
El
SAVRY (Borum et al., 2003) es la guía para la valoración del riesgo de
violencia en jóvenes y ha sido recientemente adaptada al español y el catalán por Hilterman y Vallés
(2007). Se trata de la única guía existente que valora el riesgo de violencia futura
(física y sexual) en el ámbito juvenil.
Este
instrumento sigue las directrices de las anteriores guías descritas de
valoración clínico-profesional, de las cuales es deudora. Se organiza en 30
factores de riesgo agrupados en cuatro categorías, entre las cuales destacan
los 10 factores protectores, que sirven para modular los pronósticos de los
otros 20 factores y, sobre todo, para gestionar el riesgo de violencia futura
en jóvenes.
Es
aplicable a partir de los 12-14 años y sirve adecuadamente hasta los 18 años.
Sus primeras aplicaciones en España están llevándose a cabo en la actualidad en
jóvenes delincuentes en Cataluña y su funcionamiento parece muy adecuado
(Hilterman, comunicación personal).
Conclusiones
Entre
las estrategias más útiles para reducir la violencia se sitúa la prevención y,
a la cabeza de esta labor, las técnicas de predicción son el primer paso para
tratar la violencia a nivel del caso individual y evitar su continuidad o
cronicidad (Andrés-Pueyo, 2007).
Cualquier
procedimiento de valoración del riesgo comporta una serie de decisiones previas a la elección de
un instrumento concreto. Entre estas decisiones se incluyen, al menos, tres:
delimitar el tipo y características de
la violencia a predecir; precisar el plazo temporal de predicción; y señalar la
población particular donde se va a realizar la predicción. Imaginemos que
queremos predecir el riesgo de que suceda un acto propio de violencia de
género. Habrá que especificar si se trata
de violencia física, psicológica, sexual o de acoso, si la predicción se
realiza para la semana siguiente o en un plazo de tres meses, si el agresor y
la víctima son o han sido pareja o se trata de personas sin una relación
afectiva. Las siguientes decisiones a tomar —aquí sí con la ayuda de las guías
de valoración— son determinar la posible existencia de factores de riesgo y
protección en la historia de violencia reciente, analizar ese resultado y
predecir los diferentes niveles de riesgo (presencia/ausencia de riesgo
inminente, niveles de gravedad del riesgo, etc.). Finalmente, se trata de
gestionar el riesgo para eliminarlo o, al menos, reducirlo.
En
general, el juicio clínico estructurado, basado en las guías de valoración del
riesgo, es la técnica idónea para predecir y gestionar el riesgo de violencia.
De este modo se evitan ciertos errores del evaluador, tales como olvidos (por
ejemplo, no tomar en consideración algún factor o factores de riesgo
relevantes) o sesgos (por ejemplo, fi arse de intuiciones o concentrarse solo en
un determinado indicio). En cualquier caso, las guías de valoración del riesgo
son herramientas útiles al servicio de los profesionales y no pueden en modo
alguno sustituir a éstos en la toma de decisiones (AndrésPueyo y Redondo,
2007).
Por
ello, se puede concluir que las predicciones de riesgo de violencia, realizadas
según un juicio clínico estructurado con la ayuda de guías como las expuestas,
mejoran los pronósticos de violencia en, al menos, poblaciones penitenciarias,
enfermos mentales, agresores de pareja y violadores, y son tan válidas como los
pronósticos obtenidos en otras áreas profesionales, como, por ejemplo, la
meteorología. Estos procedimientos facilitan la toma de decisiones para la
gestión del riesgo y se basan en criterios operativos ligados a la buena
práctica, lo que facilita la claridad y transparencia de los juicios de
expertos, tan importantes en los contextos profesionales jurídico-forenses.
Las
escalas de predicción permiten realizar valoraciones rápidas, en donde la toma
de decisiones es urgente, y son de utilidad para la policía, los jueces o el
personal que trabaja en un entorno forense, penitenciario o en las Ofi cinas de
Atención a las Víctimas.
No
es su objetivo sustituir a los dictámenes periciales (que suelen tener lugar en
un momento más tardío) de los psicólogos o psiquiatras forenses, en donde se
debe hacer un estudio psicopatológico de los agresores o del daño psicológico
en el caso de las víctimas.
En
cualquier caso, las escalas de valoración de riesgo están sujetas a diversas
limitaciones. La primera deriva de su modo de aplicación, ya que, al ser
heteroaplicadas, dependen de la calidad de la información que el evaluador
obtiene, pero también de sus decisiones a la hora de responder sobre la
presencia/ausencia del factor de riesgo que se está valorando. Por ello, no se
trata tan sólo de obtener una puntuación fi nal o de asignar mecánicamente a un
sujeto a un grupo de bajo, medio o alto riesgo.
Las
limitaciones se pueden subsanar, al menos parcialmente, si los evaluadores
están sufi cientemente adiestrados, si completan la información dos evaluadores
independientes, si se cuenta con información complementaria procedente de
diversas fuentes (víctimas y agresores, expediente judicial o policial, etc.)
y, lo que es más importante, si la valoración del riesgo se reevalúa
periódicamente en función de las nuevas circunstancias de la víctima o del
agresor. Es justamente este último aspecto lo que confiere un carácter dinámico
a la predicción y lo que permite gestionar el riesgo de una forma variable en
el tiempo según las distintas circunstancias cambiantes.
Notas
(1)Recientemente
el Ministerio del Interior, por medio del GESI, ha desarrollado un protocolo
para la valoración del riesgo de violencia contra la pareja (VPR), de uso
exclusivo para la Policía Nacional y la Guardia Civil. Asimismo, el Circuito de
Lucha de la Violencia contra las mujeres de Barcelona ha desarrollado otro
protocolo (RVD-BCN) para la atención de la mujer víctima de violencia (para más
detalles contactar con andrespueyo@gmail.com).
(2)El
índice AUC (Area Under Curve) se obtiene mediante el cálculo de la curva ROC y
es un indicador de la capacidad predictiva. Oscila entre 0,50 y 1: es tanto más
adecuado cuanto más cerca está de 1.
Agradecimientos
Este
trabajo ha sido desarrollado por el Grupo de Investigación en Psicología
Clínica de la Universidad del País Vasco (Código GIU08/16) y forma parte de los
trabajos fi nanciados por los proyectos de investigación
SEC2001-3821-C05-01/PSCE y SEJ2005-09170-C04-01/PSIC del Ministerio de
Educación y Ciencia al GEAV de la Universidad de Barcelona.
Tablas https://docs.google.com/viewer?url=http://www.ub.edu/geav/contenidos/vinculos/publicaciones/public1_6/publicac_pdf/1_1%20Andr%C3%A9s%20Pueyo,%20A%20y%20Echeburria,%20E%20(2010).pdf
Tablas https://docs.google.com/viewer?url=http://www.ub.edu/geav/contenidos/vinculos/publicaciones/public1_6/publicac_pdf/1_1%20Andr%C3%A9s%20Pueyo,%20A%20y%20Echeburria,%20E%20(2010).pdf
Referencias
Andrés-Pueyo,
A. (2007). La predicción de la violencia.
Papeles del Psicólogo, 28, 145-146.
Andrés-Pueyo,
A. (2009). La predicción de la violencia contra la pareja. En
E.
Echeburúa, J. Fernández-Montalvo y P. Corral (Eds.): Predicción del riesgo de
homicidio y de violencia grave en la relación de pareja (pp. 21-55). Valencia:
Centro Reina Sofía.
Andrés-Pueyo,
A., y López, S. (2005). SARA. Guía para
la valoración del riesgo de violencia contra la pareja. Barcelona: Servicio de
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