jueves, 23 de marzo de 2017

DELINCUENCIA JUVENIL. Carmen Defez Cerezo. http://iugm.es/uploads/tx_iugm/TRABAJO_CURSO_IUGM.pdf

1.- INTRODUCCIÓN 

Las últimas cifras presentadas por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Congreso de los Diputados, en el 2006, revelan que los Cuerpos de seguridad contabilizaron 2.267.723 de delitos y faltas. De esta forma, la tasa de criminalidad se traduce en 50,7 infracciones por cada mil habitantes, 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. El número de detención de jóvenes menores de 18 años por un delito o una falta penal, descendió un 4,4 por ciento sobre el año anterior, que asimismo, había disminuido un 5,2 por ciento en 2004. 

La delincuencia siempre ha existido y siempre existirá. También la juvenil. Aunque, a tenor de los datos arriba indicados, no se ha percibido un aumento de los casos sí se ha experimentado un cambio cualitativo y cuantitativo de las conductas violentas y delictivas de los jóvenes. El patrón tradicional de la delincuencia en esta franja de edad se centraba en delitos y faltas contra la propiedad. Pero, de unos años a esta parte, se han incrementado los episodios delictivos de jóvenes (cada vez más jóvenes) destinados a infligir daño (cada vez más grave) de forma voluntaria tanto a bienes materiales como a personas. 

También hay que distinguir lo que es un hecho aislado que con la edad desaparecerá y lo que puede ser el inicio de una prolífica carrera delictiva. Un menor que comete un hurto puede hacerlo movido por otras motivaciones que no son el ánimo de lucro en sí: demostración de valor o rebeldía, como respuesta a un alto control familiar, como imitación de su entorno social, un trastorno de comportamiento, etc.
Alrededor del 50% de la delincuencia juvenil es ocasional y se cometen delitos graves. El otro 50% es delincuencia de transición que se inicia sobre los 12 años, con delitos de apoderamiento, se mantiene en la adolescencia y suele reincidir a los 20 años, según datos recogidos por Enrique Orts (Coord.) 

El primer expediente judicial de los delincuentes varones suele ser por robo con fuerza en las cosas, mientras que en las chicas, que delinquen mucho menos, se aprecia una mayor agresividad. El perfil de estos jóvenes señala problemas de adicción a las toxicomanías, con fracaso escolar, con grupos de amigos  “conflictivos” y con un elevado nivel de permisividad en su educación, en muchos de los casos, con familias desestructuradas.
Entre los delitos más comunes de delincuencia juvenil destacan el hurto (de bienes de consumo, de vehículos, etc.), el tráfico y los delitos contra la propiedad. Sin embargo, los que han experimentado mayor porcentaje de crecimiento son los de robo con violencia e intimidación, extorsión, allanamiento de morada, coacciones y violación, vandalismo y daños en las cosas sin sentido ni objeto (cabinas telefónicas, incendios diversos sobre todo de contenedores de basura, grafittis, etc.). A estos vienen a sumarse otros delitos de “nueva cuña”. La introducción de las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida pero también el delito se sirve de ellas. Internet es un poderoso medio de difusión y propagación y garantiza el anonimato, lo que permite a ciertos sujetos actuar con impunidad.
La criminalidad relacionada con las drogas se encuentra entre las formas de manifestación de la criminalidad juvenil. Lo mismo sucede con el alcoholismo que, aunque no se encuentra definido como una causa de la criminalidad, sí se toman en cuenta los daños vinculados al exceso de consumo, que pueden ocasionar graves consecuencias. Hay una característica común en este tipo de delincuencia: generalmente, el delito no se comete de forma individual sino en grupo.  

2.- MENORES, ADOLESCENTES Y JÓVENES COMO AGRESORES Y AUTORES DE INFRACCIONES PENALES: VARIABLES. 

La delincuencia juvenil, al igual que la adulta, es fruto de diversas variables que interactúan entre sí. No se puede atribuir a una causa concreta ni se puede analizar de forma aislada. Por tanto, es un problema multidisciplinar y debe explicarse desde muchos puntos de vista: el criminológico, el sociológico, el psicológico, el educativo y el penal, entre otros muchos.

2.1. Aspecto Criminológico: ¿Qué entendemos por delincuencia juvenil? El autor Hans Joachim Schneider propone que “la delincuencia infantil y juvenil es un comportamiento que se denominaría delito en el sentido jurídico-penal, si hubiera sido cometido por un adulto”. Cito a este autor, en primer término porque, a diferencia de otros, hace una distinción explícita entre delincuencia juvenil y criminalidad juvenil. Para Schneider, el hecho de que en la infancia o la juventud se cometan actos delictivos no significa necesariamente el inicio de una futura carrera delictiva. Mantiene la esperanza de que estos comportamientos puedan ser temporales y episódicos. 

Cabe diferenciar entre la conducta antisocial y la delincuencia juvenil. Un acto incívico o delictivo puntual no significa que el joven sea delincuente o vaya a serlo. Sin embargo, hay que estar atento para percibir el límite: dependerá de la acumulación de muchas de esas conductas y de su gravedad. Ahí radicará el límite. En la mayoría de casos, estas acciones no precisaran de intervención judicial. Y si la precisan, puede ser una única vez. Esas conductas pueden ir desapareciendo. No así en otros casos: algunos autores establecen que la edad del primer delito es un índice claro de probabilidad de cometer posteriores delitos.

2.2. Aspecto Sociológico: No hay un retrato-robot del joven que comete acciones delictivas: su edad, su procedencia social, su modelo educativo son bien diversos, no responden a una pauta preestablecida. Las directrices de las Naciones Unidas para la  prevención de la delincuencia juvenil (1990), acuñan un nuevo término: jóvenes en situación de riesgo social. Hay unos factores de riesgo que pueden darnos pistas sobre los jóvenes más susceptibles de caer en actuaciones delictivas. Puede darse la circunstancia de que algunos jóvenes delincuentes hayan sobrepasado la mayoría de edad penal y, sin embargo, no hayan alcanzado un desarrollo completo en su grado de madurez. Por eso, se suelen considerar delincuentes juveniles todas aquellas personas menores de 25 años. Sin embargo, sólo se aplicará la Ley del Menor a aquellos que estén por debajo de los 18 años.

2.3. Aspecto Psicológico: Los jóvenes y adolescentes se encuentran aún en una fase de maduración. Han dejado de ser niños pero aún no se les considera adultos. Este hecho conlleva un sentimiento de inseguridad respecto a su posición en la sociedad que se traduce en un intento de ser “como los mayores”. Al no conseguirlo, se derivan conductas caprichosas, egoístas, impulsivas, exageradas, egocéntricas, etc. Cuando la situación evoluciona en negativo, el menor, el adolescente, el joven, pueden convertirse en agresores, en autores de infracciones penales o pueden desarrollar comportamientos incívicos o indisciplinados.

2.4. Aspecto Educativo: El menor, adolescente o joven se forma atendiendo a los “imputs” que recibe, tanto de su entorno familiar, en la escuela, por sus amigos y por otros aspectos ambientales y hábitos. Muchos de estas circunstancias pueden convertirse en los factores de riesgo antes mencionados.

 - La familia: las normas de disciplina y la relación con los padres juegan un papel vital en el comportamiento social (en este caso, antisocial) del menor. Tan perjudicial puede ser una actitud demasiado laxa y falta de interés de los progenitores como una actitud autoritaria que merme la comunicación.  
- La escuela: el bajo rendimiento y el fracaso escolar favorecen la delincuencia. La colaboración entre el centro y los progenitores es básica. 
- Las amistades: el contacto con “malas influencias” aumenta el riesgo, aunque el menor proceda de un ambiente socializado. Los jóvenes tienden a imitar las conductas más cercanas. 
- Factores ambientales y hábitos: sus formas de ocio (TV, videojuegos, Internet) pueden fomentar la violencia y la agresividad, la incomunicación y la pérdida de relaciones sociales. El consumismo o la diversión van desplazando al esfuerzo. 

2.5. Aspecto Penal: No todas las acciones delictivas acaban en un juzgado. Pero si implican medidas, hay que distinguir entre dos de ellas: penales o administrativas. Las penales implican la naturaleza penal de la norma infringida (Código Penal). Pueden dar lugar al enjuiciamiento y a la imposición de sanciones de naturaleza penal. En el caso de los menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos y faltas se les aplica la LRRPM y las sanciones que se imponen son “medidas”, no “penas” como en el caso de los adultos. Pueden ser privativas de libertad o no, pero todas ellas comportaran un contenido educativo 

Además, el artículo 61.3 de la mencionada Ley establece que la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados por los menores alcanza solidariamente a los padres, y tutores legales del menor. En cuanto a las infracciones administrativas, se refieren al incumplimiento de normas administrativas (conducir un coche sin la correspondiente licencia) y que dará lugar a una sanción administrativa que, en ningún caso, puede ser privativa de libertad. Al no haber en Derecho Administrativo una previsión expresa de la imputabilidad de los menores para cumplir sanciones administrativas, se aplican subsidiariamente las normas penales de la LORPM. Por ello, se permite imponer sanciones administrativas (multas) a los menores a partir de los 14 años y se extiende la responsabilidad civil subsidiaria a los representantes legales.  

03.- TIPOLOGÍA Y PERFILES DE LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO 

DELINCUENCIA JUVENIL. Carmen Defez Cerezo. http://iugm.es/uploads/tx_iugm/TRABAJO_CURSO_IUGM.pdf

1.- INTRODUCCIÓN 

Las últimas cifras presentadas por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Congreso de los Diputados, en el 2006, revelan que los Cuerpos de seguridad contabilizaron 2.267.723 de delitos y faltas. De esta forma, la tasa de criminalidad se traduce en 50,7 infracciones por cada mil habitantes, 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. El número de detención de jóvenes menores de 18 años por un delito o una falta penal, descendió un 4,4 por ciento sobre el año anterior, que asimismo, había disminuido un 5,2 por ciento en 2004. 

La delincuencia siempre ha existido y siempre existirá. También la juvenil. Aunque, a tenor de los datos arriba indicados, no se ha percibido un aumento de los casos sí se ha experimentado un cambio cualitativo y cuantitativo de las conductas violentas y delictivas de los jóvenes. El patrón tradicional de la delincuencia en esta franja de edad se centraba en delitos y faltas contra la propiedad. Pero, de unos años a esta parte, se han incrementado los episodios delictivos de jóvenes (cada vez más jóvenes) destinados a infligir daño (cada vez más grave) de forma voluntaria tanto a bienes materiales como a personas. 

También hay que distinguir lo que es un hecho aislado que con la edad desaparecerá y lo que puede ser el inicio de una prolífica carrera delictiva. Un menor que comete un hurto puede hacerlo movido por otras motivaciones que no son el ánimo de lucro en sí: demostración de valor o rebeldía, como respuesta a un alto control familiar, como imitación de su entorno social, un trastorno de comportamiento, etc.
Alrededor del 50% de la delincuencia juvenil es ocasional y se cometen delitos graves. El otro 50% es delincuencia de transición que se inicia sobre los 12 años, con delitos de apoderamiento, se mantiene en la adolescencia y suele reincidir a los 20 años, según datos recogidos por Enrique Orts (Coord.) 

El primer expediente judicial de los delincuentes varones suele ser por robo con fuerza en las cosas, mientras que en las chicas, que delinquen mucho menos, se aprecia una mayor agresividad. El perfil de estos jóvenes señala problemas de adicción a las toxicomanías, con fracaso escolar, con grupos de amigos  “conflictivos” y con un elevado nivel de permisividad en su educación, en muchos de los casos, con familias desestructuradas.
Entre los delitos más comunes de delincuencia juvenil destacan el hurto (de bienes de consumo, de vehículos, etc.), el tráfico y los delitos contra la propiedad. Sin embargo, los que han experimentado mayor porcentaje de crecimiento son los de robo con violencia e intimidación, extorsión, allanamiento de morada, coacciones y violación, vandalismo y daños en las cosas sin sentido ni objeto (cabinas telefónicas, incendios diversos sobre todo de contenedores de basura, grafittis, etc.). A estos vienen a sumarse otros delitos de “nueva cuña”. La introducción de las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida pero también el delito se sirve de ellas. Internet es un poderoso medio de difusión y propagación y garantiza el anonimato, lo que permite a ciertos sujetos actuar con impunidad.
La criminalidad relacionada con las drogas se encuentra entre las formas de manifestación de la criminalidad juvenil. Lo mismo sucede con el alcoholismo que, aunque no se encuentra definido como una causa de la criminalidad, sí se toman en cuenta los daños vinculados al exceso de consumo, que pueden ocasionar graves consecuencias. Hay una característica común en este tipo de delincuencia: generalmente, el delito no se comete de forma individual sino en grupo.  

2.- MENORES, ADOLESCENTES Y JÓVENES COMO AGRESORES Y AUTORES DE INFRACCIONES PENALES: VARIABLES. 

La delincuencia juvenil, al igual que la adulta, es fruto de diversas variables que interactúan entre sí. No se puede atribuir a una causa concreta ni se puede analizar de forma aislada. Por tanto, es un problema multidisciplinar y debe explicarse desde muchos puntos de vista: el criminológico, el sociológico, el psicológico, el educativo y el penal, entre otros muchos.

2.1. Aspecto Criminológico: ¿Qué entendemos por delincuencia juvenil? El autor Hans Joachim Schneider propone que “la delincuencia infantil y juvenil es un comportamiento que se denominaría delito en el sentido jurídico-penal, si hubiera sido cometido por un adulto”. Cito a este autor, en primer término porque, a diferencia de otros, hace una distinción explícita entre delincuencia juvenil y criminalidad juvenil. Para Schneider, el hecho de que en la infancia o la juventud se cometan actos delictivos no significa necesariamente el inicio de una futura carrera delictiva. Mantiene la esperanza de que estos comportamientos puedan ser temporales y episódicos. 

Cabe diferenciar entre la conducta antisocial y la delincuencia juvenil. Un acto incívico o delictivo puntual no significa que el joven sea delincuente o vaya a serlo. Sin embargo, hay que estar atento para percibir el límite: dependerá de la acumulación de muchas de esas conductas y de su gravedad. Ahí radicará el límite. En la mayoría de casos, estas acciones no precisaran de intervención judicial. Y si la precisan, puede ser una única vez. Esas conductas pueden ir desapareciendo. No así en otros casos: algunos autores establecen que la edad del primer delito es un índice claro de probabilidad de cometer posteriores delitos.

2.2. Aspecto Sociológico: No hay un retrato-robot del joven que comete acciones delictivas: su edad, su procedencia social, su modelo educativo son bien diversos, no responden a una pauta preestablecida. Las directrices de las Naciones Unidas para la  prevención de la delincuencia juvenil (1990), acuñan un nuevo término: jóvenes en situación de riesgo social. Hay unos factores de riesgo que pueden darnos pistas sobre los jóvenes más susceptibles de caer en actuaciones delictivas. Puede darse la circunstancia de que algunos jóvenes delincuentes hayan sobrepasado la mayoría de edad penal y, sin embargo, no hayan alcanzado un desarrollo completo en su grado de madurez. Por eso, se suelen considerar delincuentes juveniles todas aquellas personas menores de 25 años. Sin embargo, sólo se aplicará la Ley del Menor a aquellos que estén por debajo de los 18 años.

2.3. Aspecto Psicológico: Los jóvenes y adolescentes se encuentran aún en una fase de maduración. Han dejado de ser niños pero aún no se les considera adultos. Este hecho conlleva un sentimiento de inseguridad respecto a su posición en la sociedad que se traduce en un intento de ser “como los mayores”. Al no conseguirlo, se derivan conductas caprichosas, egoístas, impulsivas, exageradas, egocéntricas, etc. Cuando la situación evoluciona en negativo, el menor, el adolescente, el joven, pueden convertirse en agresores, en autores de infracciones penales o pueden desarrollar comportamientos incívicos o indisciplinados.

2.4. Aspecto Educativo: El menor, adolescente o joven se forma atendiendo a los “imputs” que recibe, tanto de su entorno familiar, en la escuela, por sus amigos y por otros aspectos ambientales y hábitos. Muchos de estas circunstancias pueden convertirse en los factores de riesgo antes mencionados.

 - La familia: las normas de disciplina y la relación con los padres juegan un papel vital en el comportamiento social (en este caso, antisocial) del menor. Tan perjudicial puede ser una actitud demasiado laxa y falta de interés de los progenitores como una actitud autoritaria que merme la comunicación.  
- La escuela: el bajo rendimiento y el fracaso escolar favorecen la delincuencia. La colaboración entre el centro y los progenitores es básica. 
- Las amistades: el contacto con “malas influencias” aumenta el riesgo, aunque el menor proceda de un ambiente socializado. Los jóvenes tienden a imitar las conductas más cercanas. 
- Factores ambientales y hábitos: sus formas de ocio (TV, videojuegos, Internet) pueden fomentar la violencia y la agresividad, la incomunicación y la pérdida de relaciones sociales. El consumismo o la diversión van desplazando al esfuerzo. 

2.5. Aspecto Penal: No todas las acciones delictivas acaban en un juzgado. Pero si implican medidas, hay que distinguir entre dos de ellas: penales o administrativas. Las penales implican la naturaleza penal de la norma infringida (Código Penal). Pueden dar lugar al enjuiciamiento y a la imposición de sanciones de naturaleza penal. En el caso de los menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos y faltas se les aplica la LRRPM y las sanciones que se imponen son “medidas”, no “penas” como en el caso de los adultos. Pueden ser privativas de libertad o no, pero todas ellas comportaran un contenido educativo 

Además, el artículo 61.3 de la mencionada Ley establece que la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados por los menores alcanza solidariamente a los padres, y tutores legales del menor. En cuanto a las infracciones administrativas, se refieren al incumplimiento de normas administrativas (conducir un coche sin la correspondiente licencia) y que dará lugar a una sanción administrativa que, en ningún caso, puede ser privativa de libertad. Al no haber en Derecho Administrativo una previsión expresa de la imputabilidad de los menores para cumplir sanciones administrativas, se aplican subsidiariamente las normas penales de la LORPM. Por ello, se permite imponer sanciones administrativas (multas) a los menores a partir de los 14 años y se extiende la responsabilidad civil subsidiaria a los representantes legales.  

03.- TIPOLOGÍA Y PERFILES DE LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO 

miércoles, 8 de marzo de 2017

PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL SEGÚN LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO SOCIAL .Carlos Vásquez González Doctor en Derecho. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España.


Resumen

Las teorías del desarrollo social mantienen que el comportamiento de los jóvenes se encuentra muy influenciado por los vínculos que desarrollan con los grupos sociales más importantes en sus vidas (familia, escuela, grupo de amigos y comunidad), dependiendo de estos vínculos su futuro comportamiento (prosocial o antisocial). Este modelo teórico pretende averiguar cómo los factores de riesgo y los factores protectores interactúan e influyen en las diferentes etapas del proceso evolutivo de los jóvenes, para alcanzar un desarrollo social o antisocial. Una pronta intervención que reduzca los factores de riesgo e incremente los factores protectores con los niños y su entorno reducirá no sólo comportamientos y conductas antisociales asociadas a la delincuencia, sino también la propia delincuencia juvenil.

CRIMINOLOGÍA, DELINCUENCIA JUVENIL, PREVENCIÓN.

I. INTRODUCCIÓN

En la infancia y adolescencia, resulta habitual que comportamientos antisociales e incluso delictivos se correspondan con una conducta normal del niño y adolescente, formando parte del proceso de crecimiento, aprendizaje y desarrollo social de los mismos. La mayor parte de esta delincuencia es de carácter leve, episódica y no suele dejar posteriores efectos negativos (Huizinga, Loeber, Thornberry y Cothern, 2000; Vázquez, 2003). Ahora bien, una minoría de esos niños y adolescentes, generalmente autores de delitos más graves y frecuentes, tienen más posibilidades de convertirse en delincuentes habituales que los que comienzan a edades más tardías (Farrington, 1997; Howell, 1997; Wasserman, Miller y Cothern, 2000; Loeber y Farrington, 2000; Burns, Howell et al., 2003). Tras observarse en varias investigaciones (1) que la mayoría de los delincuentes crónicos, de carrera o multirreincidentes empezaron su actividad criminal a edades tempranas (la infancia y adolescencia), se ha prestado una mayor atención a los déficits del desarrollo de la personalidad y a los vínculos sociales formados durante la infancia, como precursores de una posterior conducta antisocial y delictiva.

Esta es a grandes rasgos la premisa de la que parten las teorías del desarrollo social (social development theories) para implantar estrategias preventivas de la delincuencia.
Por otro lado, la falta de efectos positivos de las intervenciones preventivas realizadas con delincuentes adultos justifica los intentos de prevenir comportamientos delictivos llevados a cabo con niños, antes de que se conviertan en delincuentes, sobre todo si tenemos en cuenta que en esa etapa ofrecen una mayor facilidad para modificar sus comportamientos y unos efectos a más largo plazo que las intervenciones llevadas a cabo con adultos y jóvenes (Tremblay y Craig, 1995; Burns, Howell et al., 2003).

II. MARCO TEÓRICO

Este modelo de prevención se sustenta principalmente bajo las premisas de la denominada Development Criminology, (2) quizás el modelo teórico más apropiado para estudiar la delincuencia juvenil y la criminalidad adulta (Howell, 1997), ya que en primer lugar hace hincapié en el proceso de desarrollo social y psicológico en la infancia y adolescencia (según los postulados de la psicología evolutiva), (3) para explicar a continuación la evolución de la delincuencia juvenil hacia la criminalidad adulta.

Según los partidarios de estas teorías, el comportamiento delictivo se genera, se nutre y se mantiene dentro de las relaciones sociales (Dishion, French y Patterson, 1995). (4) Lo que significa que el comportamiento de los jóvenes se encuentra muy influenciado por los vínculos que desarrollan con los grupos sociales más importantes en sus vidas (familia, amigos, escuela), siendo estos vínculos sumamente determinantes en su futuro comportamiento (Elliot, Huizinga y Agenton, 1985; Catalano y Hawkins, 1996; Eddy y Swanson, 1998; Bartollas, 2000).

Al ser el eje central sobre el que giran estas teorías los vínculos creados durante la infancia, serán aquellas teorías que sitúan estos vínculos sociales como epicentro de las mismas (teorías del control social, o teorías del aprendizaje) las que hayan sustentado, en mayor o menor medida, estos programas de prevención de la delincuencia. Así, Tremblay y Craig (1995) mencionan dos propuestas teóricas que se adaptan a estos parámetros: la Teoría General del Crimen de Gottfredson y Hirschi (1990) y el modelo de acumulación de riesgos (cumulative risk model) de Yoshikawa (1994).

La teoría general del crimen de Gottfredson y Hirschi propone el concepto de autocontrol (self-control), (5) que se adquiere durante la infancia, como el elemento más influyente sobre los comportamientos convencionales o antisociales. Por tanto, aumentando al autocontrol de los niños se evitarán futuros comportamientos delictivos (Gottfredson y Hirschi, 1990; Hirschi y Gottfredson, 1994). Por su parte, el modelo de acumulación de riesgos de Yoshikawa sugiere unas complejas interacciones entre tempranos factores de riesgo, entre posteriores desórdenes y entre factores de riesgo y desórdenes (Tremblay y Craig, 1995, p. 161).

En la actualidad, las teorías que más importancia han adquirido, al ser algunas de las que han alcanzado un mayor grado de desarrollo experimental (mediante estudios transversales y/o longitudinales), son las teorías elaboradas por Farrington, Loeber y Catalano y Hawkins.
La teoría integradora propuesta por Farrington para explicar los resultados del Estudio de Cambridge viene motivada por encontrar una explicación comprensiva de la delincuencia –que distinga explícitamente entre el desarrollo de tendencias antisociales y el acontecimiento del acto antisocial (Farrington, 1997, p. 396)–, integrando los elementos de otras teorías: la teoría de la subcultura delincuente de Cohen (1955), la teoría de la oportunidad de Cloward y Ohlin (1960), la teoría del aprendizaje social de Trasler (1962), la teoría del control de Hirschi (1969) y la teoría de la asociación diferencial de Sutherland y Cressey (1974) (Farrington, Ohlin y Wilson, 1986, pp. 58-59; Farrington, 1992, p. 140). (6)
Para Farrington (1992), la delincuencia se produce mediante un proceso de interacción (dividido en cinco etapas) entre el individuo y el ambiente, (7) llegando a la conclusión, tras contrastar su teoría con los resultados obtenidos por el London Longitudinal Project, que los jóvenes pertenecientes a familias de clase baja tendrán una mayor propensión a la delincuencia, ante su imposibilidad de alcanzar legalmente sus metas y objetivos. Los niños maltratados tendrán más probabilidades de delinquir al no haber adquirido controles internos sobre comportamientos desaprobados socialmente, y los niños con amigos y/o familia delincuente tenderán a desarrollar y a justificar actitudes antisociales (Farrington, Ohlin y Wilson, 1986; Farrington, 1992).

Según las edades en que tienen lugar los diferentes hechos, la falta de recursos económicos, un bajo coeficiente intelectual y una crianza de poca calidad serán los factores de mayor riesgo para el comienzo de la delincuencia. Padres y hermanos antisociales, y amigos delincuentes, tendrán una gran influencia en la continuidad de esas actividades delictivas (Farrington, 1992, 1997).

Dos importantes conclusiones se pueden extraer del modelo teórico de Farrington. En primer lugar, ha demostrado fehacientemente la continuidad en la delincuencia y los comportamientos criminales, identificando y verificando, en segundo lugar, algunos de los factores predictores de la delincuencia a diferentes edades.

El modelo de múltiples trayectorias (Multiple Pathways Model) de Loeber, pese a señalar específicamente un bajo control de los impulsos como el mayor determinante de un comportamiento criminal, identifica, a su vez, tres tipos diferentes de comportamientos criminales, a los que se llegará según hayan sido los problemas sufridos durante la niñez.
Para este autor, The Pittsburgh Youth Study muestra en primer lugar que el desarrollo del comportamiento conflictivo y delincuencial de los niños generalmente sigue un mismo orden progresivo, en el que comportamientos poco problemáticos preceden a comportamientos problemáticos más serios o graves (Kelley, Loeber et al., 1997).

La secuencia aproximada de las diferentes manifestaciones de disruptive and antisocial behaviors en la infancia y la adolescencia seguiría el siguiente orden (Loeber, 1990): después de cumplir el primer año, se empiezan a notar los primeros problemas, generalmente asociados a un temperamento infantil difícil. Problemas de conducta observables como agresiones no se reconocen normalmente hasta la edad de 2 años o más, cuando la movilidad y fuerza física aumentan. Durante la edad preescolar, con el comienzo de las relaciones sociales aparecen problemas de retraimiento o pobres relaciones con amigos y/o adultos. Los problemas académicos raramente aparecen antes del primer o segundo grado escolar. Desde el comienzo de la escuela hasta la adolescencia comportamientos encubiertos u ocultos como “hacer novillos”, robar o consumir drogas se hacen más aparentes. Cuando superan la edad mínima de responsabilidad penal (12 años en muchos Estados de EE.UU., 14 años en España), sufren su primera detención, incrementándose, a continuación, la prevalencia de la delincuencia y la reincidencia (Kelley, Loeber et al., 1997, pp. 3-4, fig. 1).

En segundo lugar, en su investigación ha documentado tres caminos o trayectorias (pathways) que muestran la progresión hacia comportamientos problemáticos más serios: comportamientos conflictivos menos serios (Authority Conflict) preceden generalmente al inicio de comportamientos moderadamente serios (Covert Behavior), los cuales, sucesivamente, preceden el comienzo de actos muy serios (Overt Behavior). (Kelley, Loeber et al., 1997; ver también Howell, 1997; Kumpfer y Alvarado, 1998).

Authority Conflict es el primer camino, aplicándose a niños menores de 12 años. La trayectoria comienza con comportamientos tercos y testarudos en la infancia (1ª etapa), a los que pueden seguir conductas desafiantes (2ª etapa) como negación y desobediencia. Puede ser seguido, a su vez, por desobediencia a la autoridad (3ª etapa) como “hacer novillos” o escaparse de casa.

Covert Acts es el segundo camino. Tiende a empezar con pequeñas acciones encubiertas (1ª etapa) como mentiras y hurtos en comercios, que pueden venir seguidos de daños a la propiedad (2ª etapa) incluyendo vandalismo y piromanía, para acabar con delitos más graves contra la propiedad (3ª etapa) como robos en viviendas.

Overt Acts constituyen el tercer camino y suponen un incremento de la agresividad. Esta secuencia comienza con agresiones leves (1ª etapa) como fastidiar y molestar a sus compañeros (bullying), (8) puede continuar con agresiones físicas (2ª etapa) como peleas entre bandas, y termina con conductas violentas (3ª etapa) como violaciones o agresiones con armas (Kelley, Loeber et al., 1997, pp. 8-9, fig. 5).

El modelo de desarrollo social (social development model) ha sido elaborado por Catalano y Hawkins (1996), a partir de una integración de la teoría de la asociación diferencial (Cressey, 1953; Matsueda, 1988), la teoría del control social (Hirschi, 1969) y la del aprendizaje social (Bandura, 1977). (Howell, 1997; Battin-Pearson et al., 1998).

Propone como punto de partida la siguiente hipótesis: “la socialización sigue el mismo proceso tanto si produce comportamientos prosociales o comportamientos antisociales” (Battin-Pearson et al., 1998), sugiriendo que el desarrollo de comportamientos prosociales o antisociales viene influenciado por el grado de implicación e interacción con amigos prosociales o delincuentes (teoría de la asociación diferencial), la habilidad, los costos y recompensas que requiere esa interacción (teoría del aprendizaje social), y la mayor o menor vinculación que los jóvenes adquieran con individuos prosociales o antisociales (teoría del control social).

El modelo de desarrollo social pretende averiguar cómo los factores de riesgo y los factores protectores interactúan para alcanzar un desarrollo social o antisocial (Battin-Pearson et al., 1998). Consideran que los factores de riesgo de delincuencia y uso de drogas durante la infancia se pueden reducir aumentando los vínculos familiares y escolares. De este modo, promoviendo fuertes vínculos con la familia y la escuela, incrementando las oportunidades para interacciones prosociales, aumentando en los niños las habilidades en sus interacciones sociales e incrementando y reforzando comportamientos prosociales y su grado de implicación en la familia y en la escuela, se reducirán los comportamientos antisociales y delictivos, al estar los niños más motivados a realizar comportamientos prosociales. (Catalano y Hawkins, 1996).

miércoles, 1 de marzo de 2017

Postulados Jurídicos de la Responsabilidad Penal de los Menores Autor: (Extracto de Tesis Doctoral). José Neftalí Nicolás García .Universidad Católica de Murcia. 2016

Tesis Doctoral. Postulados jurídicos de la responsabilidad penal de los menores. José Neftalí Nicolás García. Departamento de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Empresa. Universidad Católica de Murcia.

OBJETIVOS CIENTÍFICOS.

1. Conceptualizar el término delincuencia juvenil.
2. Describir las características de la delincuencia juvenil, así como, los factores que influyen ella y la fenomenología de la misma.
3. Realizar un perfil de la delincuencia juvenil.
4. Analizar los antecedentes históricos de la regulación penal de los menores de edad.
5. Estudiar la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
6. Detallar los objetivos y principios de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
7. Enumerar las medidas aplicables a los menores, tanto las privativas de libertad, como las que no.
8. Especificar el proceso de conciliación entre el autor y la víctima.
9. Indagar en las recomendaciones internacionales en materia de menores.
10. Desarrollar la ejecución de las medidas aplicables a menores.
11. Precisar que se entiende por medida cautelar.
12. Estudiar las medidas cautelares en materia penal en menores de edad.
13. Distinguir los diferentes tipos de medidas cautelares.
14. Regular la detención en menores.
15. Reseñar las garantías constitucionales de los menores en la detención.
16. Indagar en la responsabilidad civil de los menores.
17. Interpretar la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respecto a la responsabilidad penal de los menores.
18. Señalar la diferencia entre la responsabilidad penal y la civil en los menores.
19. Comparar la legislación española con la de los menores con la de otros países.
20. Explicar los instrumentos universales de protección de los menores.

I. INTRODUCCIÓN.

Definir lo que constituye delincuencia juvenil resulta problemático, ya que en algunos países la delincuencia juvenil es una calificación que se obtiene de aplicar definiciones del Código Penal cuando esas infracciones son cometidas por menores de edad; en otros, sin embargo, la delincuencia juvenil incluye una gran variedad de actos, en adición a los que se encuentran enumerados en sus leyes de fondo.

El término delincuencia juvenil aparece por primera vez, como algo distinto de la delincuencia de adultos, en Inglaterra en el año 1815, como consecuencia de la condena a muerte de cinco niños. Posteriormente, en el año 1899 en EE.UU aparece en Chicago el primer Tribunal Tutelar de Menores.

Por lo tanto, podemos definir la delincuencia juvenil como un fenómeno delictivo de comportamiento desviado, determinado por la edad cronológica de los sujetos implicados, que varía desde los 14 a los 18 años, admitiéndose un margen para los umbrales superior e inferior.

En los últimos años, la doctrina especializada está haciendo hincapié en la importancia de los aspectos cognitivos interpersonales en la descripción del carácter del delincuente juvenil como una prometedora vía tanto para establecer eficaces programas de prevención, como para elaborar modelos educacionales que permitan una eficaz reeducación. Juntamente con ello, la mayoría de los estudios descriptivos de la carrera delictiva señalan una serie de factores individuales y biográficos que caracterizan al delincuente juvenil y que llevan a la conclusión de que este es una persona con un gran conjunto de deficiencias, y una de ellas es su proclividad a cometer delitos.

En el Derecho penal de menores prima, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten, el superior interés del menor. Interés que ha de ser valorado con criterios técnicos, y no formalistas, por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio, desde luego, de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia.

La regulación jurídica del menor no ha olvidado el interés propio del perjudicado, o víctima del hecho cometido por el menor, estableciendo un procedimiento singular, rápido y poco formalista para el resarcimiento -en su caso-, de daños y perjuicios, dotando de amplias facultades al Juez de Menores para la incorporación a los autos de documentos y testimonios relevantes de la causa principal. En este ámbito de atención a los intereses y necesidades de las víctimas, la Ley introduce el principio -en cierto modo revolucionario- de la responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus padres, tutores, acogedores o guardadores, permitiendo la moderación judicial de la misma.

Esta Tesis Doctoral se ocupa de analizar los postulados jurídicos de la responsabilidad penal del menor, partiendo del artículo 19 del vigente Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, donde se fija la mayoría de edad penal en los dieciocho años y se exige la regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores de dicha edad en una Ley independiente. Por ello, para responder a esa exigencia, se aprueba la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Con esta Ley se estableció el límite de los catorce años de edad para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal. En el ámbito de aplicación de dicha ley y en la graduación de las consecuencias por los hechos cometidos se diferencian dos tramos: de catorce a dieciséis y de diecisiete a dieciocho años, por presentar uno y otro grupo diferencias características que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de dieciséis años la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas.

El Derecho se ha de adaptar a la realidad social del tiempo en que se encuentre, pues de otro modo, este no tendría sentido alguno: no se trata de un conjunto de normas ancladas en el tiempo, inmutables y obsoletas, sino que, indudablemente, las normas se reforman y se derogan, publicándose otras nuevas,. La razón que subyace a esa mutabilidad no es sino la adaptación del Derecho a la sociedad; sociedad que evoluciona en el tiempo y que necesita de un cuerpo legal que regule los distintos aspectos de su convivencia en los distintos momentos.

La sociedad evoluciona en lo relativo a los modelos de convivencia, con lo que el legislador no puede ignorar estas necesidades de cambio. Por otro lado, el Derecho ha de ser objetivo y no ha de verse interferido ni por valores morales, ni por las situaciones privadas de cada uno, sino que ha de mostrarse neutral ante realidades como es la penitenciaria.

A tenor de lo establecido en esta Tesis Doctoral y teniendo en cuenta tanto la revisión bibliográfica y publicaciones realizadas en el campo de la regulación de la responsabilidad penal de los menores, se han establecido las siguientes premisas:

 El Derecho Penal debe estar limitado, sobre todo, por la idea de humanización y por el concepto de Derecho Penal mínimo, que frene las pretensiones ampliatorias de mecanismos preventivo-generales en los menores.
 Existen factores que influyen en la aparición de la delincuencia juvenil, distinguiéndose entre factores endógenos y los exógenos.
 La mayoría de los estudios descriptivos de la carrera delictiva señalan una serie de factores individuales y biográficos que caracterizan al delincuente juvenil y que llevan a la conclusión de que esta es una persona con un gran conjunto de deficiencias, siendo una de ellas la comisión de delitos.
 En el Derecho Penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten, el superior interés del menor. Dicho interés ha de ser valorado con criterios técnicos, y no formalistas, por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio, desde luego, de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia.
 La Ley 5/2000 arbitra un amplio derecho de participación a las víctimas, ofreciéndoles la oportunidad de intervenir en las actuaciones procesales proponiendo y practicando prueba, formulando conclusiones e interponiendo recursos. Sin embargo, esta participación se establece de un modo limitado, ya que respecto de los menores no cabe reconocer a los particulares el derecho a constituirse propiamente en parte acusadora con plenitud de derechos y cargas procesales. No existe aquí ni la acción particular de los perjudicados por el hecho criminal, ni la acción popular de los ciudadanos, ya que en estos casos el interés prioritario para la sociedad y para el Estado coincide con el interés del menor.
 Se ha descrito, conforme a las orientaciones declaradas por el Tribunal Constitucional, como se instaura un sistema de garantías adecuado a la pretensión procesal, asegurando que la imposición de la sanción se efectuará tras vencer la presunción de inocencia. Dicho sistema no debe obstaculizar los criterios educativos y de valoración del interés del menor que presiden este proceso, haciendo, al mismo tiempo, un uso flexible del principio de intervención mínima, en el sentido de dotar de relevancia a las posibilidades de no apertura del procedimiento o renuncia al mismo, al resarcimiento anticipado o a la conciliación entre el infractor y la víctima, así como a los supuestos de suspensión condicional de la medida impuesta o de sustitución de la misma durante su ejecución.
 La adopción de medidas cautelares sigue el modelo de solicitud de parte, en audiencia contradictoria, en la que debe valorarse especialmente, una vez más, el superior interés del menor.
 La reparación del daño causado y la conciliación con la víctima presentan el común denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infracción podrían llegar a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor terminaría con el conflicto jurídico iniciado por su causa. La conciliación tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción psicológica a cargo del menor infractor, quien ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto a disculparse.
 Se dan situaciones que requieren una respuesta específica, como los supuestos en los que el menor presente síntomas de enajenación mental o la concurrencia de otras circunstancias modificativas de su responsabilidad, debiendo promover el Ministerio Fiscal, tanto la adopción de las medidas más adecuadas al interés del menor que se encuentre en tales situaciones, como la constitución de los organismos tutelares previstos por las leyes.
 Los Jueces y Tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente, en sus resoluciones, las bases en que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución.