1. TRATAMIENTOS GENERALES EN DELINCUENCIA
Según las revisiones efectuadas por distintos autores (Andrews y Bonta, 2003; Andrews, Zinger, Hoge, et al., 1990a; Garrido, Stangeland y Redondo, 2001; Gendreau y Ross, 1979; Lipsey, 1992a; McGuire, 1992; Redondo, 1994, 1995; Redondo, Garrido y Sánchez-Meca, 1997; Redondo, Sánchez-Meca y Garrido, 1999b), los principales modelos y técnicas de tratamiento utilizadas en este campo han sido los siguientes:
1.1. Terapias psicológicas no conductuales
Tiene una larga tradición en el ámbito clínico en general, y en el tratamiento de los delincuentes en particular, la creencia de que los delincuentes experimentan una serie de problemas emocionales profundos y que sus comportamientos delictivos constituyen una mera manifestación externa de esos trastornos (síntoma), Según tal concepción, el tratamiento debería dirigirse a tratar los problemas psicológicos y emocionales subyacentes más que al comportamiento delictivo en sí. Como resultado del éxito obtenido con la terapia psicológica, la conducta delictiva debería reducirse o desaparecer.
Este modelo incluye un heterogéneo grupo de técnicas, tales como las basadas en el modelo psicodinámico, en una concepción médica o patológica del delito, o en la terapia centrada en el cliente (Cullen, 1987; Day, 1988; Dünkel, 1982). Como elementos comunes a todos ellos aparecen los siguientes: (1) se efectúa un diagnóstico de la problemática psicológica de los individuos, que se supone en la base del comportamiento delictivo; (2) la esencia de la intervención consiste en sesiones individuales o de grupo, que se realizan a lo largo de períodos prolongados, dirigidos a esclarecer las eventuales problemáticas personales subyacentes en los sujetos; (3) fi nalmente, se valora la posible recuperación de los «delincuentespacientes ». En estas técnicas «especializadas» se requiere que los operadores sean terapeutas expertos.
En España, bajo una orientación psicológica de corte prioritariamente psicodinámico, se llevaron a cabo dos proyectos destinados a grupos selecciona dos de internos. Uno, denominado «Unidad experimental de jóvenes» de Alcalá y desarrollado entre 1980-84, se describió como la «intervención personalizada y global» sobre una población media de 15-20 internos jóve nes con buen pronóstico, con quienes se realizaba un pro yecto individualizado de tratamiento y reinserción (Corrochano, 1985). Otro, iniciado en 1982 en la prisión de mujeres de Valencia, tuvo como fundamento el tratamiento de un grupo de penadas en la propia comunidad. Desgraciadamente, ni uno ni otro fueron evaluados de forma sistemática.
1.2. Intervenciones educativas
Muchos delincuentes jóvenes, especialmente los procedentes de ambientes marginales, no completaron sus estudios básicos (graduado escolar, etc.) y, por consiguiente, tienen un gran défi cit cultural y educativo que los inhabilita para un adecuado desempeño en diversos ámbitos de la vida social (obtención y mantenimiento de un empleo, relaciones de pareja y familiares, vecinales, etc.). Una derivación inmediata de ello es que para ayudarles de modo eficaz una de las principales tareas que hay que realizar es incrementar su nivel educativo a través de programas intensivos de escolarización.
1.3. Intervenciones conductuales
Las teorías del aprendizaje consideran que la conducta delictiva es fundamentalmente aprendida (Akers, 1997; Bandura y Walters, 1983; Burguess y Akers, 1966). El objetivo de los programas conductuales es emplear los mismos mecanismos del aprendizaje –que sirvieron para aprender a delinquir- para invertir el proceso, de modo que los sujetos puedan aprender a inhibir su conducta delictiva y puedan poner en práctica nuevos comportamientos socialmente admisibles. Dos aplicaciones paradigmáticas de estos modelos son los programas de economía de fi chas y los programas ambientales de contingencias. La economía de fi chas es una técnica bien conocida en la intervención terapéutica en general –ya comentada- y también en el tratamiento de delincuentes (Morris y Braukman, 1987; Kazdin, 1988; Kazdin y Buela-Casal, 1999).
De acuerdo con esta perspectiva se diseño y aplicó el denominado «programa de fases progresivas», iniciado en la prisión de Jóvenes de Barcelona en 1984 (Redondo, Portero y Roca, 1985) y extendido posteriormente a diversas prisiones y centros de justicia juvenil españoles y latinoamericanos (Redondo, Roca, Pérez, Sánchez y Deumal, 1991; Programa de Seguridad Ciudadana –Uruguay-, 2001). Se trata de un programa de modifi cación de conducta basado en los modelos de condicionamiento operante e imitativo (Redondo, 1993). En consonancia con estos modelos psicológicos, el funcionamiento de estos centros fue estructurado en una serie de «unidades de vida» o «fases progresivas». Estas fases establecen un gradiente de exigencia a los internos de paulatinas mejoras en ciertos objetivos conductuales, relacionados con su participación académica, en programas deportivos y ocupacionales, autocuidado e higiene, y reducción de sus comportamientos violentos y autolesivos. Las fases se diferencian también en una disponibilidad creciente de refuerzos, tales como ciertas ventajas institucionales, mayor disponibilidad del propio dinero, mayor frecuencia de visitas ínti mas con su pareja, disponibilidad de un trabajo mejor retribuido, tiempo fuera de las celdas y movilidad dentro de la prisión. Los internos son reclasificados periódicamente en estas unidades o fases contingentemente con su comportamiento en los diferentes objetivos antes mencionados. De este modo, acceden a un incremento en el disfrute de estas ventajas como consecuencia de sus estables mejoras en los objetivos establecidos, o perdiéndolas a resultas de sus empeoramientos.
De acuerdo con los modelos operante e imitativo, mediante este programa se espera producir dos tipos de procesos psicológicos: (1) los cambios de fase de los internos en un sentido ascendente funcionarán como «reforzamiento» de su comportamiento apropiado y aumenta rán éste en futuras ocasiones; mientras que los descensos de fase actuarán como «castigo» de las conductas inapropiadas y las reducirán; y (2) los comportamientos apropiados de los internos que sean reforzados por los ascensos de fase funcionarán como «modelos positivos» para otros internos, y facilitarán el aprendizaje por éstos de conductas semejantes; mientras que las conductas inapropiadas que sean castigadas mediante un descenso de fase facilitarán la inhibición de tales conductas en otros internos observadores.
Si estos procesos entraran realmente en funcionamiento, se debería producir una mejora gradual del clima general del centro, a partir del incremento de la conducta prosocial y de participación de los sujetos en los objetivos propuestos y, también, de la reducción de los comportamientos violentos.
Una evaluación de cinco años de funcionamiento de este programa en el Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona (Redondo et al., 1991) mostró la potencia del mismo para lograr una elevada participación académica de los sujetos (de más del 66%) y una importante mejora en sus comportamientos de higiene (de hasta el 100%). Asimismo, se redujeron sustancialmente los conflictos individuales manifestados en informes negativos del personal (desde 12 conflictos/interno y año, durante la línea base, a 4 confl ictos/interno y año con el programa de fases funcionando), los confl ictos instituciona les, y las autolesiones (desde una proporción de 1,4 autolesiones/interno y año, durante la línea base, a 0,4 autolesiones/interno y año). También se realizó un seguimiento, tras su liberación, de una muestra de internos que habían pasado por este programa. El reingreso en prisión de los mismos fue del 22% durante el primer año, de 41% durante el segundo y del 47% durante el tercero, en porcentajes acumulados. Resulta sorprendente el hecho de que, a semejantes períodos de estancia en prisión, reincidieron en menor grado aquellos internos que habían experimentado cuatro o más cambios de fase (y, por tanto, con más experiencias de aprendizaje, por el reforzamiento/castigo de su comportamiento) que quienes no habían experimentado ningún cambio de fase (que, teóricamente, habían sido menos afectados por este programa) (Redondo et al., 1989).
1.4. Intervenciones cognitivo-conductuales
Se fundamentan en el modelo cognitivo-conductual o de aprendizaje cognitivo. Estas técnicas realzan la necesidad de enseñar a los delincuentes todas aquellas habilidades (resolución cognitiva de problemas interpersonales, habilidades sociales, etc.) necesarias para la interacción apropiada y no violenta con otras personas, en la familia, en el trabajo o en cualquier otro contexto social. Uno de los programas cognitivo-conductuales más completo de los aplicados con delincuentes es el que sigue el modelo de «razonamiento y rehabilitación» o programa de competencia psicosocial (McGuire y Priestley, 1995; Ross y Fabiano, 1985; Ross y Ross, 1995), cuyos elementos fundamentales serían los siguientes: (1) se evalúan los défi cit cognitivos y de habilidades de interacción de los sujetos; (2) se trabaja con grupos reducidos (8-12 sujetos), en sesiones de 1-2 horas, de 1-5 veces por semana; y (3) en general, se aplican las siguientes técnicas estructuradas: Solución de problemas, cuyo objetivo es enseñar a los sujetos a reconocer situaciones problemáticas y generar soluciones a las mismas; entrenamiento en habilidades sociales útiles para la interacción más exitosa de los individuos con su entorno social (para ello se emplean técnicas de modelado, role-play, «feedback» y práctica estructurada); control emocional de la cólera, aprendiendo a anticipar situaciones y utilizar ciertas habilidades cognitivas para evitarlas; razonamiento crítico, mediante el que se enseña a los sujetos a pensar refl exiva y críticamente sobre su propia conducta y la de los otros; desarrollo de valores, técnica en la cual, mediante el trabajo sobre «dilemas morales», se enseña a los individuos a tomar una perspectiva social, poniéndose en el papel de los otros; habilidades de negociación, en donde se enseña a negociar como estrategia alternativa a la confrontación; y pensamiento creativo, programa en el que se procura desarrollar el «pensamiento lateral» o alternativo, frente a las más habituales soluciones estereotipadas, frecuentemente violentas, con que muchos delincuentes suelen abordar sus problemas. Son operadores corrientes de los programas cognitivo-conductuales terapeutas expertos o educadores y para-profesionales entrenados en estas técnicas.
Dentro de las terapias cognitivo-conductuales se inscribe el mayor número de programas aplicados con los delincuentes, tanto en Europa como en Norteamérica (Andrews et al., 1990; Garrido et al., 1989; González y Gutiérrez, 1989; Hollin et al., 1986; Hollin y Courtney, 1983; Hopkins, 1991; Latimer, 2001; Lipsey, 1999a, 1999b; McDougall et al., 1987; McGuire y Priestley, 1995; McMurran, 1990; Sánchez-Meca y Redondo, 2002).
La primera aplicación de un programa integrado de carácter cognitivo-conductual con delincuentes se realizó en España en el centro penitenciario de Jóvenes de Barcelona en 1987 (Garrido, Redondo y Pérez, 1989) e incluyó las siguientes técnicas o ingredientes:
• Terapia de Aprendizaje Estructurado (Goldstein, 1982). El fundamento del entrenamiento en habilidades sociales es que los problemas de conducta son el resultado de la carencia de habilidades sociales básicas. El programa de entrenamiento emplea un conjunto de estrategias: instrucciones, modelado, role-playing y feedback. Un grupo pequeño de sujetos observa la conducta que se quiere enseñar (modelado), y posteriormente es ayudado por dos educadores a ensayar la habilidad modelada (role-playing). La ejecución de cada sujeto es seguida por el feedback de todo el grupo, pero siempre en un sentido positivo.
• Solución de problemas interpersonales (Programa T.I.P.S., Platt y Doume, 1984). Una característica fundamental de este programa es su énfasis en los proceso de pensamiento adaptativos como requisitos básicos del ajuste psicológico. La enseñanza de estos procesos se dirige a que los delincuentes aprendan alternativas amplias (estrategias generales) de actuación con las que enfrentarse positivamente a un gran variedad de situaciones difíciles. El programa T.I.P.S., en concreto, persigue el desarrollo de las siguientes habilidades cognitivas: sensibilidad para el reconocimiento de los problemas interpersonales; mejora de la tendencia y capacidad para unir causa y efecto espontáneamente (pensamiento causal), capacidad para ver las consecuencias posibles de las acciones (pensamiento consecuente), habilidad para generar soluciones alternativas (pensamiento alternativo u opcional) y habilidad para conceptuar medios paso a paso para¿ alcanzar metas concretas (pensamiento medios-fines).
• Entrenamiento en Inoculación de Stress (Meichenbaum, 1984). Fundamentándose en los trabajos de Meichenbaum sobre auto-instrucciones, este programa pretende mejorar la capacidad de los sujetos para enfrentarse a situaciones provocadoras de tensión emocional y de ira. Se pone un énfasis especial en el entrenamiento cognitivo mediante auto-instrucciones, imaginación y ensayo, además de la práctica en relajación. El entrenamiento se realiza en dos fases; en la primera fase, se proporciona al paciente una estructura conceptual con objeto de que comprenda la naturaleza de la tensión, enseñándole el papel que juegan las cogniciones en las reacciones de tensión. En la fase dos, se le enseñan diversas habilidades de afrotamientos cognitivas y conductuales.
• Pensamiento lateral (Programa C.O.R.T.). De Bono (1981) desarrolló un conjunto de técnicas de entrenamiento para el desarrollo de lo que él denomina el «pensamiento lateral», que describe como un pensamiento generativo o creativo ante la cotemplación de una situación problemática o una tarea intelectual. Este pensamiento lateral tiene utilidad para resolver problemas, ya que permite generar nuevas ideas en oposición al pensamiento más convencional, que tiende a inhibir la producción de ideas y perspectivas innovadoras debido a su dependencia de patrones conceptuales fijos. Su base para la aplicación con delincuentes radica en el hecho de que muchos de ellos presentan en general un pensmiento rígido, incapaz de conceptuar soluciones alternativas a los problemas interpersonales.
• Educación Ética o Moral. Los programas de educación se fundamentan en la obra de Kohlberg y otros teóricos del desarrollo moral, quienes habían sugerido que muchos delincuentes tienden a juzgar los hechos de la vida cotidiana con criterios éticos básicamente egocéntricos, sin tomar en consideración los principios de reciprocidad y justicia que son imprescindibles para las relaciones interpersonales adecuadas. Aquí se adoptó el programa desarrollado por Galbraith y Jones (1976) que, a través de la discusión de «dilemas morales» (o situaciones en las que entran en conflicto de intereses diversas personas o grupos), busca conseguir un paulatino desarrollo del nivel de razonamiento ético del sujeto, así como una mejora de su capacidad de empatía o role-taking.
Este conjunto de técnicas abarcan un amplio rango de aspectos conductuales (habilidades sociales, inoculación de estrés), cognitivos (solución de problemas sociales, inoculación de estrés, pensamiento lateral, educación moral) y emocionales (inoculación de estrés), aunque cada una de las técnicas se solapa, en mayor o menor medida, en estas tres áreas.
1.5. Comunidades terapéuticas
La principal afi rmación teórica del modelo de comunidad terapéutica es que un contexto participativo y saludable en los centros favorecerá un mayor equilibrio psicológico en los internos y reducirá su comportamiento violento, tanto durante su estancia en las instituciones de custodia como en su futura vida en sociedad. Para ello se suprimen los sistemas rígidos de sanción y control de las instituciones cerradas, y el control de la conducta de los internos se hace recaer en la propia «comunidad», integrada por el personal y los internos, que celebra asambleas periódicas para debatir los problemas planteados.
Las comunidades terapéuticas pretenden abarcar toda la vida diaria de los sujetos; las relaciones internados-personal son defi nidas como semejantes a las que deberían existir entre pacientes-enfermeros en un contexto terapéutico. Como operadores de una comunidad terapéutica suele mencionarse a todo el personal de la institución. Corresponden a esta modalidad interventiva diversos programas desarrollados en prisiones europeas, especialmente con encarcelados toxicómanos (por ejemplo Petterson et al. -1986-, Robertson y Gunn -1987-, Cooke -1989-, Sánchez y Polo -1990-, y Berggren y Svärd -1990-).
Esta modalidad de tratamiento ha sido ampliamente utilizada tanto con toxicómanos como en unidades de delincuentes violentos condenados a sentencias de larga duración.
La primera experiencia española en tal sentido se llevó a cabo entre 1980-86 en una nueva prisión -Ocaña II- con capacidad para 300 jóvenes penados entre 21-25 años, que tuvieran buen pronóstico (García García, 1987). Los internos eran clasifi cados por el tipo de problemática que les era diagnosticada (reincidentes, toxicómanos, etc.), y se empleaban sesiones de grupo y atención individualizada para motivarlos a un «cambio de sus actitudes criminógenas» y para participar en actividades formativas. También se realizaban «salidas al exterior» de pequeños grupos y «asambleas» periódicas de internos, directivos y personal, para debatir los problemas del centro. Aunque sus directivos informaron de que el programa había logrado mejorar los niveles de convivencia y confianza mutua entre internos y personal no existe evaluación sistemática del mismo.
1.6. Programas de derivación
La teoría del etiquetado (labeling approach) establece que uno de los factores que mantiene la conducta criminal es la estigmatización del sujeto por el propio sistema de justicia criminal. El proceso penal y el encarcelamiento por sí mismos determinan, según esta perspectiva, una devaluación psicológica de la identidad de la persona y esto puede promocionar la carrera criminal de los delincuentes. La implicación práctica de esta posición teórica, consiste en la derivación (o diversion) de los delincuentes juveniles, desde el sistema de justicia –especialmente desde la institucionalización-, a programas alternativos de libertad condicional, mediación, reparación del daño, supervisión en la comunidad y
trabajo social.
2. UN ÁMBITO PARADIGMÁTICO: EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LOS AGRESORES SEXUALES.
La aplicación de tratamientos a los delincuentes sexuales es una estrategia relativamente reciente (iniciada, en sus parámetros actuales, en Canadá y EEUU en los años 70) y limitada a unos pocos países desarrollados y, dentro de ellos, a unos cuantos programas que se aplican en algunas prisiones, no en todas, y a veces en la propia comunidad. Ello significa que la proporción de delincuentes sexuales que recibe tratamiento es muy pequeña en contraste con la generalidad que tiene la aplicación de penas de prisión. Pese a todo, los poderes públicos, y también muchos ciudadanos, son cada vez más conscientes de la necesidad de aplicar tratamientos especializados a los delincuentes sexuales. Por ello, en los países norteamericanos y europeos paulatinamente se van introduciendo nuevos programas de tratamiento. Tales programas suelen tener las siguientes características generales:
• Suelen ser programas intensivos de larga duración; generalmente las técnicas de tratamiento se aplican varias horas por semana durante uno o más años.
• Incluyen técnicas dirigidas específi camente a las tres áreas problemáticas: comportamiento sexual desviado, distorsiones cognitivas y funcionamiento social del sujeto.
• A veces se utilizan, como una medida más dentro del conjunto del programa, agentes químicos inhibidores del impulso sexual (fundamentalmente Acetato de Ciproterona o Medroxiprogesterona, sustancias inhibidoras de la secreción de la hormona sexual masculina testosterona y, consiguientemente, reductoras del impulso sexual).
• En la aplicación suelen intervenir diversos terapeutas (con frecuencia hombre y mujer) que entrenan a los agresores sexuales en habilidades sociales específicas con un doble propósito: 1) que aprendan a inhibir las conductas delictivas, y 2) que aprendan las habilidades de comunicación necesarias para establecer relaciones sexuales adultas y consentidas.
• En general, el tratamiento suele tener un carácter voluntario, aunque en la mayoría de los casos la participación del sujeto en un tratamiento suele ser recompensada con beneficios penales y penitenciarios, tales como la concesión de permisos de salida al exterior, un mejor régimen de vida en prisión, o la concesión de la libertad bajo palabra.
2.1. Técnicas de tratamiento de la agresión sexual
En la actualidad los tratamientos más utilizados y efectivos con los delincuentes en general y con los delincuentes sexuales, en particular, son los de orientación cognitivo-conductual. Sin embargo, existen también otra serie de modelos y técnicas de tratamiento que a veces se aplican, o se han aplicado, ya sea aisladamente o en combinaciones diversas.
Se presentan ahora brevemente tales técnicas (Berlin, 2000; Redondo, Sánchez-Meca y
Garrido, 2002a, 2003b; Rösler y Witztum, 2000; Stone et al., 2000; Wood, Grossman y
Fichtner, 2000).
2.1.1. Psicoterapia
La psicoterapia más clásica, generalmente de orientación psicoanalítica, interpreta la desviación sexual como un síntoma de otras problemáticas subyacentes y de las cuales el individuo no tiene plena conciencia. Como resultado de ello, el propósito de la psicoterapia es facilitar que el sujeto se haga consciente de estas patologías y, de ese modo, sea más fácil que pueda controlar su comportamiento inaceptable. Existe escasísima evidencia empírica sobre la capacidad que la psicoterapia puede tener de manera aislada para controlar el comportamiento sexual desviado (Berlin, 2000). Algo más prometedor puede resultar este enfoque terapéutico cuando se aplica en formato de grupo, ya que entonces el grupo puede ayudar al sujeto a confrontar y replantear sus creencias erróneas sobre sus delitos y su estilo de vida.
2.1.2. Terapia de conducta clásica
Las teorías psicológicas del aprendizaje consideran que los delincuentes sexuales han aprendido, a partir de sus particulares experiencias (p. ej., al haber sido víctimas de abuso en la infancia), a sentir determinadas emociones y deseos sexuales (p. ej., hacia los niños), y a conducirse de determinada manera (mediante el abuso o la agresión). Estas orientaciones afectivas y de la conducta se mantienen debido a sucesivos procesos de condicionamiento estimular, de recompensa de ciertos comportamientos y de imitación de modelos (véanse capítulos 1 y 9). La terapia de conducta intenta revertir tales condicionamientos y establecer, mediante los mismos mecanismos del aprendizaje, otros nuevos que impliquen afectos y conductas sexuales legalmente permitidos. Entre los procedimientos conductuales más clásicos se encuentran (véase Wood et al., 2000) las terapias aversivas, en las cuales, con la fi nalidad de recondicionar la excitación sexual Intervenció intensiva amb interns autors de delictes violents i contra la llibertat sexual Santiago Redondo Illescas) del sujeto, sus fantasías sexuales desviadas (e imágenes que promueven tales fantasías) y sus estados de excitación, tales situaciones y estímulos se aparean a (condicionamiento clásico) o son seguidos de (condicionamiento operante) estímulos aversivos, tales como pequeñas descargas eléctricas u olores desagradables. También se han empleado técnicas de saciación verbal (el sujeto debe verbalizar sus fantasías desviadas durante un tiempo prolongado de manera que, como resultado de la repetición forzada, acaben resultando incómodas y cargantes), recondicionamiento masturbatorio que incluye recondicionamiento orgásmico (hasta que el individuo logra excitación y orgasmo, mediente la masturbación, utilizando fantasías no desviadas) y saciación masturbatoria (a partir de la intensiva imaginación de fantasías desviadas y práctica de la masturbación durante el periodo refractario, de 30-60 minutos, que sigue al orgasmo, lo que hace que las fantasías y el proceso masturbatorio asociado a ellas resulten fatigantes y sexualmente improductivos), desensibilización sistemática por aproximaciones sucesivas (para reducir la ansiedad social del sujeto y facilitar, de este modo, sus contactos sexuales normalizados; o bien con la finalidad de, apareando en la imaginación estímulos sexuales desviados con relajación, reducir el poder excitatorio de tales estímulos), y sensibilización encubierta (en que se asocian, en la imaginación, los pensamientos y fantasías desviados con consecuencias que al sujeto le resultan muy desagradables).
2.1.3. Cirugía
El impulso sexual de los varones guarda una estrecha relación con las secreciones de testosterona. Es evidente que el impulso sexual de los varones no es «per se» el causante de que algunos de ellos utilicen para satisfacerlo la agresión o el abuso sexual. La inmensa mayoría de los varones, sexualmente motivados, emprenden comportamientos sexuales aceptables para satisfacer su impulso sexual. Por tanto, la explicación de la violación y el abuso es otra que el mero deseo sexual. Con todo, cuando un varón es violador o agresor
sexual de menores una alternativa para controlar su conducta puede consistir en reducir directamente su impulso sexual, disminuyendo para ello sus secreciones de testosterona. Ello puede hacerse o bien a través de la administración de cierta medicación, con un efecto temporal, o mediante la extirpación de los testículos, o castración, con un efecto definitivo e irreversible.
En la actualidad el uso de la cirugía con la fi nalidad de reducir el impulso sexual, incluso en el caso de delincuentes sexuales convictos y reincidentes, no está jurídicamente permitido en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, durante las pasadas décadas, en algunos países europeos y también en Norteamérica se utilizó este método con cientos de delincuentes. Los estudios de seguimiento de muchos de estos casos evidenciaron tasas de reincidencia muy bajas, de entre 1,3% y 7,3% (Freund, 1980, referenciado por Berlin, 2000). Sin embargo, la castración presenta graves efectos secundarios, tales como disminución generalizada del impulso y la actividad sexual (más allá de los propios delitos sexuales), cambios metabólicos, pérdidas proteicas, alteraciones glandulares, cambios en la distribución corporal de las grasas, descalcifi cación ósea, múltiples dolencias difusas y disminución de la pilosidad corporal (Stone et al., 2000). Ello puede implicar una transformación de la personalidad y del comportamiento de los delincuentes que trasciende con creces las fi nalidades del tratamiento de cualquier conducta delictiva y choca frontalmente con pautas éticas y, en el caso del sistema jurídico español, también jurídicas.
En sociedades civilizadas y democráticas del siglo XXI ni la amputación de las manos a los ladrones puede ser la solución de los robos ni tampoco la castración puede serlo de las agresiones sexuales. Frente a ello, en ámbitos como el que nos ocupa se requiere para encarar satisfactoriamente los problemas mucha más imaginación y prudencia.
2.1.4. Medicación reductora del impulso sexual
Un modo no irreversible de reducir el impulso sexual es la administración periódica (generalmente semanal) de medicación antiandrogénica, que o bien directamente reduce la secreción de testosterona o bien bloquea su acción en el nivel de los receptores nerviosos. Con tales finalidades se han utilizado dos sustancias principales, el acetato de ciproterona (CPA) (principalmente en algunos países europeos) y el acetato de medroxiprogesterona –Progevera— (MPA) (sobre todo en Norteamérica). Aunque estas sustancias presentan algunas contraindicaciones, tales como aumento de peso e hipertensión, su administración a pedófi los ha logrado tasas de reincidencia inferiores al 10%. Recientemente se ha desarrollado y comenzado a utilizar un antiandrógeno más potente y de efecto prolongado, el agonista análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), que se inyecta una vez cada 1-3 meses, elimina completamente –aunque de modo reversible- la secreción de testosterona y, además, presenta mínimos efectos secundarios. Rösler y Witzhum (2000) consideran que esta medicación resulta efectiva para controlar específicas parafilias (logrando reducir tanto las fantasías sexuales desviadas como el nivel de impulso y las propias conductas) y constituye, por ello, una terapéutica prometedora para el futuro tratamiento de los delincuentes sexuales. Con frecuencia estas sustancias no se administran de manera aislada, como único sistema de tratamiento, sino que suelen constituir un complemento de otros tratamientos de cambio del comportamiento sexual. Pueden ayudar a los pacientes a mejorar temporalmente su capacidad de control de la conducta de agresión o abuso.
2.1.5. El tratamiento cognitivo-conductual
Las primeras aproximaciones conductuales, o de orientación conductual, al tratamiento de los delincuentes sexuales se remontan a fi nales del siglo XIX y han reaparecido intermitentemente en la bibliografía científi ca hasta fi nales de los años 60 y principios de los 70, en que surgieron las modernas modalidades de este tipo de tratamientos (Marshall, Anderson y Fernandez, 1999). Pese a todo, los programas utilizados en los sesenta y principios de los setenta tenían una concepción muy limitada y se dirigían en esencia, según se ha comentado, a intentar normalizar las preferencias sexuales de los sujetos.
Estos primeros acercamientos partían de la idea de que la motivación sexual era el origen básico de estos delitos, y que las preferencias sexuales del delincuente se circunscribían exclusivamente a aquellos actos desviados que llevaba a cabo de manera persistente. Marshall (1971) cuestionó este planteamiento simplista y sugirió que si deseamos que los delincuentes sexuales cambien de comportamiento, y orienten sus preferencias hacia interacciones sexuales con adultos que consienten en la relación, lo mejor que podemos hacer es entrenarles en aquellas habilidades que son necesarias para que puedan lograr tal objetivo. En consecuencia, Marshall sugirió que el tratamiento debía incluir la enseñanza a los sujetos de habilidades sociales y de interacción. Desde finales de los setenta, los programas de tratamiento para delincuentes sexuales se han ido ampliando para incluir no sólo cambios en sus preferencias sexuales y la mejora de sus habilidades interpersonales, sino también la erradicación de sus «distorsiones cognitivas». Estas distorsiones hacen referencia a las tendencias de los sujetos a malinterpretar las señales sociales (p. ej., un individuo que abusa de menores puede percibir a los niños como si en realidad estuvieran interesados en el contacto sexual), a negar que causen daño a las víctimas, a minimizar la importancia de su agresión o de la gravedad y frecuencia del delito, a atribuir la responsabilidad a otras personas o a factores que se hallan fuera de su propio control, y a aceptar, en definitiva, un patrón de actitudes y creencias favorecedoras del delito (p. ej., todas las mujeres realmente desean ser violadas, o es adecuado ser agresivo). En consecuencia, los programas conductuales acabaron incorporando amplios contenidos cognitivos. A principios de los ochenta estos programas «cognitivo-conductuales» comenzaron a asimilar conceptos de prevención de recaída que habían sido introducidos en el campo de las adicciones por Alan Marlatt y sus colaboradores (Marlatt y Gordon, 1985). En el transcurso de los últimos quince años tales programas se han continuado ampliando hasta incorporar en sus pretensiones la mejora de la autoestima, el incremento de las habilidades para entablar relaciones de intimidad, la mejora de la empatía de los sujetos, y la enseñanza de mejores habilidades de afrontamiento de las situaciones problemáticas.
A continuación se describe el formato estándar aplicado por Marshall y su equipo, fundamento originario de la mayoría de los programas aplicados en el mundo (véase también Marshall y Fernandez, 1997; Marshall, 2001; Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000).
Los programas cognitivo-conductuales típicamente funcionan en un formato de grupo. Uno o dos terapeutas trabajan con un grupo de 8-10 sujetos. Se evalúa a los delincuentes para delimitar sus necesidades de tratamiento y su riesgo de reincidencia futura, y, como consecuencia de ello, son incluidos en uno de tres posibles programas: necesidades y riesgo altos; necesidades y riesgo moderados, y necesidades y riesgo bajos. Los sujetos con necesidades y riego elevados reciben un tratamiento más amplio e intenso que los restantes grupos (Marshall, Eccles y Barbaree, 1993). Ello permite optimizar los recursos disponibles, en función de las necesidades de cada sujeto, con el objetivo de aumentar la seguridad pública.
Los terapeutas intentan crear un estilo de trabajo que haga compatible el rechazo de las distorsiones de los delincuentes con ofrecerles, paralelamente, el apoyo que necesitan (Marshall, 1996). Existe evidencia científi ca (Beech y Fordham, 1997) de que este tipo de acercamiento es el más efectivo para el tratamiento de los delincuentes sexuales. Se insta a los sujetos a participar en las sesiones de tratamiento no sólo cuando cada uno de ellos es protagonista de la intervención sino también cuando lo son los demás miembros del grupo.
2.1.5.1. Programa estándar Incluye las siguientes técnicas específicas:
2.1.5.1.1. Autoestima
Para comenzar, se intenta crear un clima que apoye y motive a los sujetos para creer que tienen la capacidad de cambiar. Además, se pretende que los delincuentes sexuales mejoren su nivel educativo y sus habilidades laborales, la amplitud de sus actividades sociales, y su propia apariencia externa. También se les anima a detectar sus características personales positivas (p. ej., es un buen trabajador, un amigo leal, es generoso) que deben escribir en una cartulina para poder repasarlas con frecuencia durante el día. Hemos comprobado (Marshall, Champagne, Sturgeon y Bryce, 1997) que estos procedimientos mejoran la autoestima, lo que a su vez aumenta las posibilidades de cambio en los restantes componentes del programa.
2.1.5.1.2. Distorsiones cognitivas
Aquí existen dos etapas sucesivas. En la primera, cada sujeto describe el delito desde su propia perspectiva y se cuestionan los detalles que va dando en esta descripción. Para ello se cuenta con la información sobre el delito procedente del testimonio de la víctima y de los informes policiales, lo que permite una confrontación con la versión aportada por sujeto. En una segunda etapa, se cuestionan las actitudes y creencias favorables al delito que van emergiendo en distintos momentos del proceso del tratamiento. Existe alguna evidencia científica, aunque todavía limitada, sobre le efectividad que tiene este modo de operar para la erradicación de las distorsiones cognitivas (Marshall, 1994).
2.1.5.1.3. Empatía
Se conoce que los delincuentes sexuales no carecen de empatía hacia otras personas en términos generales, sino que más bien carecen de ella por lo que concierne a sus propias víctimas; Fernandez, Marshall, Lightbody y O’Sullivan, 1999). Ello parece deberse a su incapacidad para reconocer el daño que han causado, por lo que el primer objetivo en este punto del programa es sensibilizarlos sobre el dolor que experimentan las víctimas. Para ello el grupo elabora una lista de posibles consecuencias de la agresión sexual y posteriormente se pide a cada sujeto que considere tales consecuencias en su propia víctima. Entonces, cada participante en el programa debe escribir una carta, que hipotéticamente le dirige su víctima, y, después, una respuesta suya a la anterior. En la primera (la que supuestamente le envía la víctima) el sujeto debe manifestar el odio y la rabia que probablemente la víctima siente hacia él, los sentimientos que se le han generado de desconfianza hacia los hombres y de inseguridad, su sentimiento de culpabilidad, y otros problemas emocionales o de comportamiento que una víctima podría manifestar. En la carta de respuesta, el delincuente debe reconocer su responsabilidad por el delito, aceptar la legitimidad de los sentimientos de la víctima, y comentarle que está realizando esfuerzos para disminuir el riesgo de volver a delinquir. Se ha comprobado (Marshall, O’Sullivan y Fernandez, 1996) que este procedimiento realmente mejora la empatía con la víctima.
2.1.5.1.4. Relaciones personales/aislamiento
Marshall y sus colaboradores desarrollaron una estrategia específi ca para incrementar las habilidades para las relaciones personales y reducir el aislamiento, y se ha comprobado que tal estrategia es efectiva (Marshall, Bryce, Hudson, Ward y Moth, 1996). En ella se abordan una variedad de objetivos: comunicación, compatilidad, celos, sexualidad, y miedo a no tener pareja. Como en los restantes componentes del programa, se pide a cada participante que compruebe si los problemas mencionados aparecen en su experiencia pasada. Se espera que cada sujeto hable de sus relaciones personales pasadas con el objetivo de ayudarle a identifi car estrategias de relación inapropiadas y estilos de apego afectivo pobres y superfi ciales, y a partir de ello estructurar caminos más efectivos para sus relaciones personales.
2.1.5.1.5. Actitudes y preferencias sexuales
Record (1977) puso de relieve que los delincuentes sexuales son inexpertos en cuestiones sexuales y que ello contribuye, junto a otros problemas, a que sus relaciones sexuales normales con adultos no resulten satisfactorias. Además, suelen enfrentarse a los problemas recurriendo al sexo, tanto no delictivo como delictivo (Cortoni y Marshall, 2000). Por estas razones este programa ofrece a los agresores una cierta educación sexual y les ayuda a hacerse conscientes de que suelen utilizar el sexo como estrategia de afrontamiento. Paralelamente se les enseñan estrategias más efectivas para enfrentarse a sus problemas.
Cuando los sujetos presentan fuertes preferencias sexuales de carácter desviado y una alta frecuencia de fantasías desviadas, se aplican procedimientos específi camente encaminados a reducir tales preferencias y fantasías. Técnicas conductuales del tipo del recondicionamiento masturbatorio (Laws y Marshall, 1991) parecen obtener ciertos resultados positivos aunque de carácter limitado. Por ejemplo, la terapia de saturación (Marshall, 1979) logra reducir los intereses desviados de los sujetos, y la masturbación dirigida (Maletzky, 1984) parece mejorar sus intereses normativos. Sin embargo, estos procedimientos no siempre obtienen los resultados esperados, y en tales casos se emplea o bien un antiandrógeno o algún inhibidor de la serotonina (Greenberg y Bradford, 1997).
2.1.5.1.6. Prevención de la recaída
Se pide a cada delincuente sexual participante en el programa que identifi que la secuencia de elementos sucesivos que le llevan a la comisión del delito (es decir, la concatenación de eslabones de la cadena delictiva), los factores fundamentales que le ponen en situación de riesgo, y, también, las estrategias más adecuadas para evitar los riesgos futuros. El interés de ello reside en lograr que el sujeto adquiera consciencia de la aparición de los primeros eslabones de su cadena delictiva, con la fi nalidad de que pueda interrumpir la ascensión en la cadena en estos primeros peldaños, en los que resulta más fácil detenerse. También se pretenderlo que comprenda qué factores le sitúan en riesgo como, por ejemplo, el tener acceso a potenciales víctimas, o sentirse deprimido, aislado, o furioso, o hallarse estresado, tener problemas en sus relaciones o, simplemente, utilizar estrategias inefectivas para afrontar sus problemas. Como resultado de la identifi cación de estos factores de riesgo y de la cadena de conducta delictiva, el sujeto debe elaborar un conjunto de estrategias para enfrentarse a las situaciones de riesgo imprevistas y para reducir las oportunidades de que éstas aparezcan.
2.2. La situación en España
2.2.1. Posibilidades legales para el tratamiento y el control de los delincuentes sexuales peligrosos
Tanto la legislación española como las normas internacionales permiten e instan a la Administración penitenciaria a aplicar programas con delincuentes violentos y sexuales, y a tomar las medidas de control necesarias para facilitar su reintegración social y evitar su reincidencia. Sin pretensión de exhaustividad, algunos de los referentes normativos más específi cos sobre esta materia son los siguientes:
Aparte de las referencias genéricas (tanto de las Reglas Penitenciarias Europeas como de las leyes positivas españolas –Constitución española, Ley penitenciaria, Código penal y Reglamento penitenciario-) sobre la necesidad de orientar la actividad penitenciaria, mediante el tratamiento, hacia la reeducación y reinserción social de los internos, el artículo 116.4 del Reglamento penitenciario de 1996 establece de manera concreta lo siguiente: «La Administración penitenciaria podrá realizar programas específi cos de tratamiento para
internos condenados por delitos contra la libertad sexual, de acuerdo con su diagnóstico previo (...). El seguimiento de estos programas será siempre voluntario...»
Como para el resto de actividades y tratamientos penitenciarios, la legislación española garantiza la voluntariedad, es decir la imposibilidad de forzar a nadie a hacer aquello que no desea hacer. Sin embargo, se comprueba que existe una correlación elevada y positiva entre la variedad y cualidad de los programas que se ofrecen a los internos y la motivación de éstos para participar en tales programas.
Las Reglas Penitenciarias Europeas –Recomendación n. R(87) 3- establecieron en su artículo 87 lo siguiente: «En relación con los internos condenados a penas de más larga duración [como es el caso de muchos de los delincuentes sexuales], conviene asegurarles un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este objetivo se podrá conseguir, en particular, gracias a un programa de preparación para la puesta en libertad, organizado en el mismo establecimiento o en otro establecimiento adecuado, o gracias a una puesta en libertad condicional bajo control con una asistencia social eficaz.»
Por su parte, la legislación española dispone de diversas figuras legales (salidas programadas de los internos al exterior, permisos de salida, régimen abierto y libertad condicional), cuyo objetivo es, precisamente, acercar a los delincuentes a la comunidad de una manera progresiva y con suficiente supervisión y control. Además de constituir beneficios penitenciarios para reforzar los esfuerzos que efectúan los encarcelados para mejorar sus posibilidades futuras, la f nalidad principal de todas estas medidas es la de servir como instrumentos de prueba y de control del comportamiento de los sujetos, con antelación a su liberación defnitiva.
2.2.2. Lo hecho hasta ahora
En España el análisis específi co de los delincuentes sexuales y la aplicación de programas con ellos se inició en Cataluña. Con el apoyo del Departamento de Justicia, desde 1992 hasta ahora se han realizado diversas investigaciones sobre delitos y delincuentes sexuales con el objetivo de desarrollar, aplicar y evaluar un programa de intervención homologable a los de otros países más avanzados en esta materia. La primera investigación (Garrido, Redondo, Gil, Torres, Soler, y Beneyto, 1995) estudió una muestra de 29 violadores, autores de 226 delitos de diversas tipologías. La segunda (Garrido, Beneyto, y Gil, 1996) analizó a 33 delincuentes sexuales que habían abusado de menores y eran autores de 116 delitos.
Una tercera investigación (Garrido, Gil, Forcadell, Martínez, y Vinuesa, 1998a) estudió una muestra de delincuentes sexuales menores de edad con la fi nalidad de adaptar un programa específico para jóvenes. Una cuarta investigación (Garrido, Beneyto, Català, Aguilar, Balfagón, Sauri, y Navarro, 1998b) evaluó la aplicación en dos prisiones del programa de tratamiento que previamente se había diseñado para los delincuentes sexuales adultos.
A partir de la primera investigación mencionada se creó el primer programa específico para delincuentes sexuales adaptado al contexto español (Garrido y Beneyto, 1996, 1997). La primera aplicación de este programa se llevó a cabo paralelamente en dos centros penitenciarios de la provincia de Barcelona: Quatre Camins y Brians. En cada uno de estos centros completaron el tratamiento, de una duración aproximada de un año y más de 500 horas de aplicación, 7 personas. Además del grupo de sujetos tratados, la evaluación del programa de Quatre Camins contó con un grupo de comparación, integrado por internos que estaban en listas de espera para formar parte del programa.
El contenido del programa de tratamiento incluyó la modifi cación del pensamiento favorable a la agresión sexual, la enseñanza de habilidades para la mejora del funcionamiento social y un subprograma específi co para entrenar a los sujetos en la prevención de la recaída (es decir, de la reincidencia) (véase Roca y Montero, 2000). Como es lógico, el problema de la delincuencia sexual preocupa en toda España, y la
Administración penitenciaria del Estado también ha iniciado la aplicación de programas con delincuentes sexuales. Para ello inicialmente se seleccionaron 8 centros penitenciarios repartidos por todo el territorio nacional y en 1998 tuvo lugar un curso de capacitación en Madrid destinado a técnicos de instituciones penitenciarias.
Recientemente se ha llevado a cabo una investigación evaluativa sobre la efi cacia del programa de tratamiento de agresores sexuales en la prisión de Brians. Para ello se seleccionaron dos grupos equivalentes: un grupo de tratamiento integrado por 49 sujetos, que habían recibido el programa de tratamiento completo, y un grupo de control compuesto por 74 individuos, que no habían sido tratados. Los dos grupos fueron seleccionados tomando en cuenta su similitud en un conjunto de variables demográficas, criminales y de riesgo que debían ser controladas a los efectos de garantizar su comparabilidad. Los principales resultados de este estudio avalan la gran eficacia del programa de tratamiento aplicado, ya que se obtuvo una diferencia de tasa de reincidencia entre el grupo control y el grupo de tratamiento del 14%. Este resultado no sólo apunta en la dirección de la mayor eficacia de los programas cognitivo-conductuales de tratamiento de agresores sino que incluso supera la eficacia promedio obtenida por dichos programas en las revisiones meta-analíticas hasta ahora realizadas.
Las experiencias que se han llevado a cabo hasta ahora en España en el tratamiento de los
¿ delincuentes sexuales son positivas y prometedoras, pero apenas constituyen un primer paso en esta materia. En un futuro deberían dedicarse más recursos y esfuerzos para profundizar en estos programas. Dos medidas que parecen convenientes para ello son:
• Crear unidades penitenciarias especializadas en el tratamiento de los delincuentes sexuales y violentos. Ello permitiría la concentración de esfuerzos en estas tipologías de delincuentes que son, en defi nitiva, los que suscitan una mayor preocupación y temor ciudadanos. Estas unidades especializadas podrían llevar a cabo la evaluación, el tratamiento y el seguimiento en el centro penitenciario de estos internos, con las consiguientes mejoras en la disminución de su riesgo delictivo.
• Crear equipos especializados en el seguimiento y desarrollo de programas fuera de las prisiones para delincuentes sexuales y violentos, tal y como se ha hecho en algunos casos, por ejemplo, para poner en práctica las nuevas medidas alternativas a la privación de libertad como los trabajos en beneficio de la comunidad.
La creación (ya sea mediante la dotación de nuevos recursos de personal especializado o a través de la reconversión de algunos de los existentes) de equipos específi cos para el tratamiento de los delincuentes violentos y sexuales constituiría un avance muy importante en España en esta materia. Tanto las actuales legislaciones penales como las penitenciarias regulan suficientemente la posibilidad de aplicar programas de tratamiento y de establecer normas de conducta y de control (incluso en la comunidad, durante los periodos de libertad condicional). Lo más importante es, en consecuencia, hacer efectivas estas posibilidades legales y destinar recursos concretos a ponerlas en práctica, diseñando y aplicando los programas técnicos necesarios.
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