La polémica se disparó cuando el jueves 6 el diario “El País” publicó que un joven de 17 años que había sido detenido por el crimen de un repartidor de cigarros tres días antes —y apodado “El Pelón”— había asesinado a dos personas meses antes (uno en junio y otro en octubre), pero continuaba libre.
En el primer crimen, el juez de la Ciudad de la Costa Juvenal Javier no entendió que debía ser internado y lo remitió a un régimen de “semilibertad”. Cuatro meses después, cuando el joven volvió a ser detenido por un homicidio, Javier no tomó la decisión dentro del plazo de 60 días que exige el Código de la Niñez y la Adolescencia, y “El Pelón” quedó libre.
Al ser consultado para el artículo publicado por “El País” el viernes 7, el juez de Ciudad de la Costa intentó responsabilizar su colega de otro turno asegurando que no había sido él quien había dejado vencer el plazo. Sin embargo, el fiscal del caso, Gilberto Rodríguez Olivar, aseguró que el juez había sido Javier.
Ese viernes, el ministro de feria de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, se comunicó con el juez Javier y luego declaró públicamente que consideró “satisfactorias” sus explicaciones. Javier le transmitió que no había fallado debido a que esperaba un informe del INAU que no llegó.
Fuentes del INAU dijeron que el juez “conocía” al menor, ya que además de los tres casos de 2010 el adolescente ingresó al juzgado en 2009 “dos veces” por otros delitos. Los informantes agregaron que en cada caso Javier resolvió que el menor debía ingresar a “medidas curativas” en una dependencia para el “tratamiento de sus adicciones”.
Lo ocurrido aumentó el debate por la baja de la edad de imputabilidad —iniciativa para la que recoge firmas la agrupación colorada Vamos Uruguay—, la construcción de un Instituto de Rehabilitación Juvenil que funcione como “cárcel de menores”, y generó un debate acerca de la pertinencia de un régimen especial de tratamiento de los menores infractores.
Unos 25. En la actualidad, el sistema de atención a adolescentes infractores comprende 15 centros, ocho de los cuales están en la Colonia Berro (Canelones) y el resto en Montevideo. En esos 15 centros hay “aproximadamente” 380 adolescentes con medidas no privativas de libertad y 330 privados de libertad. Estos adolescentes son atendidos por 675 funcionarios, de los cuales 472 son educadores o instructores. El resto cumple distintas funciones: 29 directores; 24 enfermeros, 19 maestras, 16 médicos (de ellos cuatro psiquiatras), 16 asistentes sociales y psicólogos, 15 profesores de Educación Secundaria, siete odontólogos, así como 49 personas que cumplen funciones de cocina, limpieza y auxiliares de mantenimiento.
Según datos del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji), de los cerca de 300 jóvenes privados de libertad, entre 7% y 8% (unos 25) fueron condenados por homicidio. Fuentes del INAU señalaron que aunque no cuentan con estadísticas de reincidencia, “muy pocos” de los que están tienen dos homicidios en su haber y “solo ‘El Pelón” cuenta con tres.
Del “Estudio de procedimientos infraccionales concluidos en los juzgados letrados de adolescentes” del Departamento de Estadísticas del Poder Judicial, surge que de los 781 procesos terminados en 2009 en Montevideo, 33 fueron por homicidio (4,2%). La mayoría, 76,2%, fueron por rapiña —robo con violencia—, delito que registró ese año una variación positiva de 10,6% respecto de 2008.
De los jóvenes sentenciados por homicidio, 29 fueron internados, uno fue puesto en régimen de libertad asistida y otro incorporado a un programa socioeducativo.
En el total de las medidas tomadas por jueces de menores de Montevideo, en 442 casos (57,7%) se resolvió la internación, en 224 (29,2%) la libertad asistida, en 44 (5,7%) libertad vigilada y 37 (4,8%) la prestación de servicios a la comunidad.
En el interior, de 778 procesos concluidos, 425 (54,6%) fueron por hurto, 133 por rapiña (17,1%) y 20 (2,6%) por homicidio.
De estos últimos, 16 fueron sentenciados a internación, uno a libertad vigilada, otro a medidas socioeducativas no privativas de libertad y de los otros dos no se tienen datos.
En el documento también se releva la duración de los procesos de menores concluidos en 2009. El promedio de ese año en Montevideo fue 2,6 meses, mientras el máximo alcanzó los 24,5 meses. Esto supone un aumento en la duración de los procesos, ya que el promedio de 2008 fue 2,1.
En el interior el promedio fue de 3,5 meses y la máxima duración de un proceso en 2009 alcanzó 27,5 meses.
“Nada frecuente”. El presidente del INAU, Javier Salsamendi, dijo que “no es para nada frecuente” la participación de adolescentes en homicidios” y que “tampoco es común la reincidencia” por este delito.
Sin embargo añadió que hay “aspectos procesales” del Código de la Niñez y la Adolescencia que “necesariamente hay que revisar”.
“Me consta que muchos jueces y fiscales plantean esta problemática en cuanto a ajustar el tema de los tiempos”, informó.
Sobre el caso de “El Pelón”, Salsamendi dijo que están “revisando los informes” que hizo el organismo del caso. El jerarca dijo que este caso no es adjudicable al INAU. “Cuando tenemos responsabilidad la asumimos, pero este no parece ser el caso”, agregó.
Además Salsamendi indicó que están esperando para comenzar a trabajar con el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para “crear una base estadística fiable para todos y que usemos los mismos criterios”.
El abogado y responsable del Observatorio Judicial, Javier Palummo, sostuvo que “no es para nada usual y es bastante raro que demoren más de 60 días para conseguir la prueba”.
Palummo dijo que el número de homicidios cometidos por menores de edad “no es estadísticamente representativo”.
“Estamos hablando de un 3% del total de casos”, dijo.
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