Lento y doloroso. 11 de julio, 2010. Esta semana se expusieron, una vez más, algunos de los repugnantes aspectos del régimen islámico iraní: la lapidación de mujeres, acusadas de adulterio y la ejecución de personas culpadas de crímenes cometidos cuando eran menores.
La historia, que capturó los titulares esta semana, fue la de Sakineh Mohammadie Ashtiani, madre, de 43 años, que enfrenta la muerte por lapidación. Los términos de la sentencia que, bajo la ley iraní llaman a Ashtiani, consiste en ser enterrado hasta su pecho y luego apuntada con piedras de tamaño mediano hasta la muerte- lenta y dolorosa.
Ashtiani ya fue castigada con 99 latigazos por tener una “relación ilícita” y, luego, imputada, por el mismo delito grave, de adulterio, que conlleva a la sentencia de muerte en Irán. Un vocero de la Campaña Internacional de Derechos Humanos en Irán (ICHRI) dijo que “si Ashtiani es lapidada brutalmente, en especial por esas circunstancias, eso confirmará la visión que, el sistema judicial iraní, está funcionando, por completo, fuera de los standards de derechos humanos internacionales y la decencia humana.
Intentos de rescate.
Organizaciones de derechos humanos comenzaron una campaña mundial para salvar a Ashtiani, dirigiéndose al poder judicial iraní con un pedido de cancelación de su sentencia, así como al Parlamento iraní (Majlis) para que revoque la sentencia de muerte por lapidación, de manera completa e inmediata. Mina Ahadi, presidente del Comité Internacional contra la Lapidación y la Pena de Muerte dijo que solo una presión internacional sustancial podría, tal vez, evitar la ejecución de Ashtiani.
El 6 de julio, Amnistía hizo un nuevo llamado al gobierno iraní para detener, de inmediato, las ejecuciones y conmutar las sentencias de muerte. El grupo registró 126 ejecuciones desde el comienzo de este año hasta el 6 de junio.
Mientras que, la historia de Ashtiani, recibió extensa cobertura mediática mundial, incluyendo en CNN, activistas de derechos humanos informan que, otras dos mujeres iraníes, Azar Bagheri (19) y Marian Ghorbanzadeh (25) enfrentan la muerte por lapidación. Mina Ahadi, quien también ayudó a los hijos de Ashtiani a lanzar su campaña internacional, dijo: “Cuando Azar fue arrestada solo tenía 15 años. No podían acusarla antes que llegara a los 18, de acuerdo a la ley, de manera que esperaron hasta ahora. Quieren lapidarla hasta la muerte”. Ya sufrió un simulacro de lapidación, dijo Ahadi, completado con el entierro parcial en la tierra- “Están preparándola para la lapidación real”.
La Muerte de la “Prisionera de Colores”
El hecho que Azar Bagheri tuviera solo 15 años cuando cometió el delito, revela otro fenómeno espeluznante en Irán; la ejecución de personas acusadas de crímenes cometidos cuando aun eran menores de edad. Actualmente en la agenda está la ejecución de Mohammad Reza Haddadi, que enfrenta la sentencia de muerte por un crimen que cometió cuando tenía 15 años. La ejecución fue pospuesta pocas veces, pero ahora es inminente. Amnistía Internacional llamó, una y otra vez a las autoridades iraníes a tomar medidas, poniendo fin al uso de la pena de muerte para delincuentes menores. Uno de los casos más famosos de ejecución juvenil fue Delara Darabi, cuya labor artística le valió el apodo “La Prisionera de Colores”.
“Oh, Madre, veo la soga del verdugo frente a mí. Van a ejecutarme. Por favor, sálvame”.
Esta fue la última conversación de Darabi con sus padres desde la prisión central de Rasht. Un guardia le arrebató el teléfono y colgó con un insulto: “Vamos a ejecutar a tu hija y no hay nada que puedas hacer”. Poco después fue ahorcada.
La ejecución de Darabi marcó el triste final a una campaña internacional que incluyó la presión diplomática de otros países, así como de organizaciones de derechos humanos, sitios en Internet y servicios de redes sociales. Todas intentaron y fracasaron en salvar a Delara Darabi. Esa es la consecuencia usual; el régimen iraní continúa con su política de ejecuciones a pesar de la presión internacional por parte de organizaciones de derechos humanos.
Fue producido un film que documenta la vida y muerte de Darabi, “La Prisionera de Colores”, luego de su ejecución.
El único país que ejecuta a menores
La ejecución de Darabi, y el destino similar que le espera a Azar Bagheri (lapidación) reintrodujo, en la agenda internacional, el hecho que Irán es el único país que ejecuta a delincuentes juveniles, a pesar de ser un estado parte de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el cual prohíbe la muerte de menores de 18 años cuando comenten el delito. Actualmente, hay más de 100 jóvenes en Irán que enfrentan la sentencia de muerte; el menor es Ahmad Norouzi, sentenciado a muerte a los 13.
Durante 2008, al menos ocho delincuentes juveniles fueron ejecutados, según se informa, pero las organizaciones de derechos humanos creen que las cifras son mayores, dado que muchos casos no fueron informados. Los informes indican que desde 1990, 27 jóvenes fueron matados en Irán, 11 menores de 18 al momento de la ejecución; otros son prisioneros hasta que cumplan los 18, y entonces ejecutados. Otros países donde fueron informadas las ejecuciones juveniles son Pakistán, China y Sudán; sin embargo, entre 2007 y 2009 Irán fue el único en el mundo que ejecuta a menores.
Mayoría de Edad en Irán: 9 para niñas y 15 para varones
El Artículo 49 del código penal iraní exime a los niños del castigo. Su rehabilitación es responsabilidad de sus padres o de una instalación correccional de gobierno (mediante un decreto de la corte). La definición de un niño en Irán es “aquel que no alcanzó la Mayoría de Edad de acuerdo con la ley islámica”; la Mayoría de Edad en Irán es de 9 años para niñas y 15 para niños. Eso significa que, de acuerdo con la ley iraní, esos niños - con esas edades - pueden ser ejecutados.
Varios ministros iraníes, así como algunas figuras del poder judicial, apoyan cambiar esta ley, basada en la Sharia islámica. Pero, el progreso es lento y, hasta ahora, no hubo cambios. Un proyecto de ley, propuesto en 2001, allanará el camino hacia una revocación total de las ejecuciones juveniles, pero está aun bajo la consideración del Majlis que discutieron la propuesta sin alcanzar una decisión; permitiendo la actual política de ejecución. A fines de 2008, el titular del poder judicial reglamentó que las sentencias de muerte, para delincuentes juveniles, deberían ser evitadas pero, esta reglamentación, no tiene un status legal formal.
En algunos casos, los activistas de derechos humanos lograron evitar la ejecución a través de negociaciones con las familias de las víctimas, que - según la ley islámica- tienen el derecho de reponer una vida de un asesino a cambio de dinero manchado de sangre (diya) de su familia. Sin embargo, el criminal enfrenta una sentencia a prisión.
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