Con la finalidad de plantearle una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los parlamentarios UDI, senador Víctor Pérez, el diputado Giovanni Calderón junto a Adriana “Titi” Aguayo, víctima en su familia de la acción de violencia juvenil, sostuvieron una extensa y prolongada reunión con el Ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
En la ocasión, los parlamentarios UDI le expresaron al Secretario de Estado, que el objetivo del proyecto es que, junto con el respeto por los derechos de los menores – al que nuestro país se encuentra obligado luego de suscribir la Convención Internacional Sobre Derechos del Niño, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sea debidamente equilibrada con la necesidad de cooperar en el desarrollo de la conciencia de lo que es delito en los menores, así como con los requerimientos de seguridad de las personas que integran la sociedad acatando las normas que la regulan. El diputado Calderón Bassi, fue categórico en señalar “mañana se cumplen tres años de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que como se sabe hubo que postergarla porque en su momento no existía la infraestructura necesaria para implementarla. Este proyecto tiene por objeto, repastando los derechos de los niños y los objetivos de la rehabilitación, equilibrar la filosofía garantista que inspiró a la Concertación durante los últimos veinte años”. Agregó que “la seguridad de las personas frente a los delitos está en el ADN de la Coalición por el Cambio. El proyecto también busca hacer responsables a los menores de sus actos y que tengan consciencia de que lo que están haciendo es un delito. No se trata de endurecer las penas sino de equilibrar dos filosofías distintas”. En tanto que, el Senador Víctor Pérez, puntualizó que “quisimos entregar una propuesta al Ministro, para enfrentar a la delincuencia juvenil, para poderle dar cada día mayor seguridad a las personas y para generar un equilibrio entre el combate a la delincuencia juvenil como también a la rehabilitación de los jóvenes que caen en el delito, creo que es una propuesta legislativa completa”. Por su parte el Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, se mostró complacido de los aportes realizados y prometió estudiarlos a fin de ver la posibilidad de convertirlo en un proyecto de reforma a la Ley Penal Juvenil, como un aporte a evitar la acción de verdadera protección en que se encuentran los jóvenes al momento de delinquir. “A tres años de la instalación de la Reforma Penal Adolescentes, es evidente que esta reforma se ha implementado con problemas. Es clave mejorar los programas, la oferta de rehabilitación respecto de los menores adolescentes infractores de ley, y en eso hay falencias, de las cuales este Gobierno pretende hacerse cargo”, indicó el Secretario de Estado. PROPUESTAS: Entre las principales modificaciones que sugieren los parlamentarios, Pérez y Calderón, destaca que la edad mínima para que un menor de edad sea considerado penalmente responsable se reduce de 14 a 12 años. Consecuente con ello, se crea un régimen diferenciado para los infractores de entre 12 y 14 años, y los mayores de edad y menores de 18. Otro aspecto es que la prescripción de las infracciones quede sometida a las normas penales comunes que contemplan plazos más largos que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Mantener el sistema general de sanciones, pero que se introducen algunas modificaciones a su regulación, entre ellas, que el juez tendrá la obligación de imponer un tratamiento de rehabilitación cuando se establezca que el menor padece de adicción al alcohol o a substancias psicotrópicas o estupefacientes; se elimine la necesidad del consentimiento previo del condenado para la aplicación de ciertas sanciones (reparación del daño y servicios en beneficio de la comunidad). Asimismo, eliminar otras facultades del juez, tales como aplicar libertad asistida especial o servicio a la comunidad en delitos de cierta gravedad; conceder permiso para salir durante el día al menor sujeto a una medida de internación provisoria (libertad provisional); modificar la sanción impuesta en el fallo durante su cumplimiento, sustituyéndola por una menos grave, suspendiendo condicionalmente las medidas privativas de libertad o remitiendo el cumplimiento del saldo de la condena. Entre otros aportes, es establecer la obligación del Servicio Nacional de Menores de contar con programas preliminares de actividades, que contemplen ciertas acciones básicas mientras se aprueba el plan personalizado definitivo; eliminar las restricciones al registro de procesos y condenas de menores infractores de ley, de manera que todos los ciudadanos puedan conocer de su situación prontuarial, y que se permita a Gendarmería de Chile la mantención de una guardia armada dentro de los centros de internación provisoria y de internación en régimen cerrado, para la conservación del orden y seguridad.
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