Muchos de los fallecidos en la tragedia de la cárcel de San Miguel eran delincuentes primerizos, jóvenes que apenas superaban la mayoría de edad, con problemas de drogas, falta de atención o malas juntas.Esto nos lleva a plantearnos un primer grupo de interrogantes respecto a cuándo aparecen las conductas antisociales que pueden llevar a nuestros jóvenes a caer tempranamente a la cárcel y desde cuándo requieren ser abordadas dichas conductas.
Parte de la respuesta puede encontrarse en la experiencia de vida personal, familiar y social de estos jóvenes durante su segunda infancia (entre los 6 y 10 años de edad). En este sentido, y tomando ventaja de las altas tasas de asistencia escolar de nuestros niños y niñas, durante la educación básica, se sugiere “aprovechar” a la escuela como un espacio de intervención psicosocial para el desarrollo de habilidades prosociales .
Muchas escuelas de nuestro pa í s se encuentran enfrentando múltiples dificultades de orden psicosocial, dadas por los propios entornos, ampliamente vulnerables, en que se emplazan. De esta forma, directivos, docentes y paradocentes deben responder a problemáticas como: deserción escolar, bulling, embarazo adolescente, relaciones tensionantes con los padres o tutores, dificultades conductuales graves, consumo de drogas, por nombrar algunos.
Particularmente, respecto a las tensiones en la relación Familia – Escuela en situación de vulnerabilidad, se identifican: la ausencia de los padres como actores fundamentales en la formación de sus hijos, dificultades familiares diversas que influyen en la condición de salud biopsicosocial de los niños, recursos socioculturales escasos y/o ausencia de conciencia de la relevancia de la educación para sus hijos, entre otros.
De esta forma, el abordaje de las necesidades de los niños y niñas en la segunda infancia (o lo que se denomina el ciclo inicial de la educación básica) desde intervenciones promocionales y preventivas tendr í an un mayor impacto en la instalación de competencias relativas a aprender a vivir con otros y de autocuidado personal (hábitos saludables y relaciones armoniosas con sus pares y autoridades), fortaleciendo los factores protectores para los niños y niñas y sus familias; potenciando así el desarrollo de habilidades para comunicarse de manera asertiva, resolver los conflictos de manera pacífica, tomar decisiones de manera autónoma, como diría mi amiga y destacada trabajadora social, Alejandra Santana. Este tipo de estrategias inciden directamente en la disminución de costos sociales asociados, tales como embarazos adolescentes, violencia escolar, problemas delictivos en que se ven involucrados niños y jóvenes, por señalar los más inmediatos. En este último sentido, por ejemplo la aparición temprana de conductas antisociales se constituiría en un primer predictor de la delincuencia adulta.
En este contexto, surge un segundo grupo de interrogantes relacionadas con los sistemas de protección dirigidos a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país como mecanismos de prevención primaria y atención a las múltiples problemáticas sociales y familiares con las cuales interactúan: violencia intrafamiliar y social, abuso sexual y maltrato, consumo y tráfico de drogas y alcohol, limitadas oportunidades sociales y económicas, por nombrar algunas. El Servicio Nacional de Menores, especialmente a través de las OPD (Oficina de Protección de Derechos), articulado con Mideplan tiene una serie de desafíos en la tarea de proteger a nuestros niños y niñas.
De esta forma, adquiere relevancia un segundo grupo de interrogantes acerca de q ué estamos haciendo mal como país para que tengamos bajos puntajes en las pruebas internacionales de educación y al mismo tiempo una de las tasas más altas de presos por habitantes: 318 presos por cada 100 mil habitantes?; ¿Ha sido la respuesta estatal la más adecuada para prevenir este tipo de situaciones?; ¿Será posible mejorar la calidad de la educación, con la más revolucionaria de las reformas, sin hacernos cargo de la “mochila” de problemas familiares y sociales que los niños y niñas llevan a la escuela?
Respecto a la oferta del estado, a ctualmente, los niños y niñas cuentan con las atenciones de promoción y prevención primaria provenientes del Sistema Chile Crece Contigo hasta los 5 años de edad. Si bien se reconocen los importantes impactos de los programas de intervención temprana sobre aspectos como la inversión y el retorno social, el desarrollo de habilidades y la participación escolar, se reconoce la necesidad de ampliar la cobertura de atención a niños y niñas de la segunda infancia, 8 años de edad, así como a preadolescente para asegurar la eficacia de estas políticas.
Junto con los antecedentes aportados por el escenario nacional, es relevante destacar que la literatura explicita el bajo impacto que pueden tener intervenciones de corto plazo y desarticuladas de los niveles educativos de continuidad (educación parvularia, básica y media) y de otras esferas relacionales relevantes para los niños (sus familias y la comunidad en un sentido amplio). En este contexto, según el premio Nobel en economía Heckman, los retornos de políticas de primera infancia (hasta la edad preescolar ) pueden ser aún mayores cuando estas se encuentran potenciadas o contextualizadas con políticas de intervención en la segunda infancia en el ciclo escolar básico.
En este contexto, el diseño y validación de un Modelo de Intervención Bipsicosocial como extensión del sistema Chile Crece Contigo daría continuidad a la estrategia de largo plazo centrada en la generación de políticas integrales y universales para la Educación Básica, aprovechando a la escuela como puerta de entrada al sistema de protección social a la infancia . Esto adquiere especial relevancia si se considera que lo qué se haga o deje de hacer con los niños y niñas en edad escolar básica, especialmente hasta los 8 años de edad, tendrá impactos en el comportamiento en la edad adulta. Son esperables avances reales en esta línea, de manera de desarrollar programas sociales y educacionales de protección, promoción y prevención dirigido a estos niños y niñas.
El desafío,reitero, es poder poner en diálogo al sistema educativo (la escuela) con el sistema de protección social de la infancia (representado especialmente por Sename y la oferta Mideplan) , logrando articular una oferta programática cercana a las personas, oportuna y pertinente de manera de promover conductas prosociales en los niños y niñas de hoy y evitar conductas antisociales en los jóvenes y adultos del futuro.
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