Las cifras sobre delitos cometidos por menores corroboran un aumento dramático en materia de rapiñas. Pero los operadores del sistema insisten en que los protagonistas constituyen un universo acotado pero confiado en la impunidad. Una legislación indulgente con la delincuencia juvenil y un sistema de reclusión que favorece las fugas, han generado en los últimos años una serie de fenómenos que rompen moldes tradicionales en Uruguay: el progresivo sentimiento de "impunidad" entre los infractores; una creciente frustración en la policía y en los fiscales especializados y una avalancha de iniciativas legislativas que intentan hacer frente al problema.
Los fenómenos se enmarcan en una creciente "sensación térmica" de inseguridad. De ese clima es responsable un número de menores infractores que no sobrepasa los 300 en Montevideo. "Son unos 300 que entran y salen de los hogares del INAU", según el fiscal de 1er Turno, Leonel Franzoni Etcheverry. El INAU, en cambio, menciona que son 1.000.
El año pasado, las rapiñas cometidas por menores crecieron un 81,8% en relación con 2008, según informó el ministerio respondiendo a un reciente pedido del diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky.Las cifras oficiales del Ministerio del Interior y del Poder Judicial dan razón a esa preocupación de la gente.
El anuario estadístico del Poder Judicial también exhibe una tendencia similar, aunque no tan acusada, ya que no todos los casos llegan a los juzgados: en 2009 el número de expedientes iniciados en las sedes de Adolescentes de Montevideo subió un 16,5%, mientras que en 2008 ese indicador ya había experimentado un aumento de 17%. El número de procesos abiertos fue un 26,7% superior al del año 2008, período en el cual se había registrado una suba del 24,6% con relación a 2007.
POR TELÉFONO. Las rapiñas (76,2%), el hurto (10%) y el homicidio (4,2%) constituyen la inmensa mayoría de los delitos que llegan a las sedes judiciales.
Tanto la tentativa de hurto como la complicidad no son pasibles de pena a partir de la aplicación del Código de la Niñez (2005).
"Si un menor es detenido in fraganti tras arrebatarle el bolso en la calle a una señora, o incluso en el interior de una vivienda a la que ingresó a robar, la policía lo notifica por teléfono al juez y no se inicia expediente; el magistrado le comunica que lo entregue a sus responsables", explica el Zubía.
Esas resoluciones judiciales se tramitan por teléfono. En 2009 se comunicaron por esa vía 6.396 resoluciones; no todas, pero sí "un buen porcentaje", afirma Zubía, refieren a tentativas de hurto o complicidad.
"La tentativa de hurto es una papa para cualquier menor: si se consuma, bien; si no se consuma porque el menor es atrapado, no pasa nada porque la Policía tiene que dejarlo en libertad", afirma Zubía. Para el fiscal "la legislación actual conlleva un mensaje implícito que alienta a los menores al hurto, y puede disponer a adultos a estimular esa conducta en los menores".
El perito forense Guido Berro recordaba una anécdota de un delincuente juvenil al que le preguntaron en el juzgado por qué rapiñaba. El joven respondió: "Porque es un bollo, en el barrio todos lo hacen y si te agarran no pasa nada".
Invulnerables. Las cifras oficiales, a secas, no dan cuenta de ciertos rasgos nuevos que la policía, los magistrados y la población advierten en los menores infractores: su creciente peligrosidad y una sensación de impunidad.
"Llegan a los juzgados sintiéndose cada vez más invulnerables. Provocan a los fiscales, insultan a los defensores de oficio y en alguna ocasión han llegado a atacar a una jueza amenazándola con clavarle una birome en el cuello", dice un operador judicial.
Junto a esa sensación de impunidad y a la legislación que algunos operadores consideran benigna se suman fallos que despiertan reacciones adversas en la población:
Por disposición de la Sra. Juez de Adolescentes de 2do. Turno, se inició procedimiento a la menor V. C. S. D., oriental, de 14 años, por "AUTORA DE UNA INFRACCIÓN GRAVÍSIMA DE RAPIÑA", con medida cautelar de prohibición de concurrir a bailes por el lapso de sesenta días, siendo entregada sus responsables. (Parte policial del 11 de enero de 2010).
Un repaso a los partes policiales del año permite constatar algunos datos de interés: menores detenidos que registran decenas de anotaciones previas (en un caso hasta 24); son numerosos los hurtos y rapiñas en las que participan jóvenes de 18 años que "no registran antecedentes" (los que se borran al cumplir la mayoría de edad); y, por último, abundan los partes que acaban con la frase: "El magistrado dispuso que el menor sea entregado a sus responsables" o a prisión domiciliaria.
Un parte policial del 26 de junio de este año señala que, tras cometer hurtos en fincas de Montevideo, cuatro menores se tirotearon con la Policía antes de ser detenidos. Los cuatro fueron entregados a los familiares por la Justicia de Menores, señalan los partes.
Al día siguiente, 27 de junio, hubo otra decisión similar. Dos menores femeninas, de 15 y 16 años, cometieron una "gravísima rapiña" con un cuchillo a otra adolescente. A la adolescente de 15 años se le impuso un arresto domiciliario y a la otra la internación al INAU.
Asimismo, en los partes se reitera la indicación de que los menores involucrados en rapiñas y hurtos son fugados del INAU.
Según los partes policiales, otro menor cometió una rapiña en la esquina de Moltke y José Batlle y Ordóñez. Fue atrapado luego de una fuga por los techos de varias casas mientras cubría su huida a disparos. Estaba fugado del INAU, señalan los partes.
PLEBISCITO. Es en ese clima que han surgido varias iniciativas parlamentarias para atacar la problemática.
La última de ellas fue la del diputado de Vamos Uruguay Germán Cardoso.
Su proyecto pretende modificar el artículo 34 del Código Penal que establece que un ciudadano "no es imputable" (por la Justicia de adultos) antes de haber cumplido la edad de 18 años.
Cardoso procura que a partir de los 16 años las personas sean penalmente responsables ante la ley y que aquellos menores que cometan delitos gravísimos mantengan sus antecedentes al alcanzar la mayoría de edad.
"La tendencia internacional ha sido a rever la edad de imputabilidad penal reduciéndola a los 14 años en la mayoría de los casos", sostiene el legislador (ver nota en página 5).
El diputado colorado informa en la exposición de motivos de su proyecto que "en Uruguay, la Policía detiene a unos 2.000 menores por mes", muchas veces los mismos infractores que se fugan del INAU y vuelven a delinquir.
La semana pasada, Cardoso anunció una campaña de recolección de firmas para plebiscitar su aprobación en caso de que el tema no se discuta este año. Cardoso apoya su idea de plebiscitar el tema en informes que muestran que la sociedad, mayoritariamente, reclama medidas contra la delincuencia juvenil.
la gente. Una encuesta de la empresa Equipos Mori en noviembre de 2009 mostró que 7 de cada 10 uruguayos está de acuerdo con rebajar la edad de imputabilidad penal.
El 42% se mostró partidario de reducirla hasta los 14 años y un 28% hasta los 16 años. Menos de la cuarta parte (24%) cree, según esa encuesta, que hay que mantener la edad de imputabilidad en los 18 años.
El sondeo asimismo dejó en claro que entre los votantes del Frente Amplio también hay una mayoría amplia a favor de la reducción (58%).
"El 69% de los uruguayos cree que la mayoría de los delitos es cometido por menores de edad, cuando la realidad es diferente", explicaban los autores de la encuesta. "Lo cierto es que esta creencia tan fuerte avala la toma de posturas enfáticas en cuanto a la reducción de la edad de imputabilidad".
BLANCOS. Desde filas blancas, también se ha propuesto eliminar la disposición que obliga a destruir los antecedentes judiciales de los menores infractores, aunque el sector descartó el apoyo de la rebaja de la edad de imputabilidad.
Un documento, que recoge ideas presentadas por los diputados Luis Lacalle Pou y Gustavo Borsari así como del senador Carlos Moreira, propone entre otras medidas:
1. Penalizar la tentativa y la complicidad en el hurto, "que hoy no merecen ni siquiera la sanción más leve".
2. Extender a diez años el plazo de privación de libertad del menor condenado, siempre que éste tenga entre 16 y 18 años de edad.
3. Habilitar la utilización de antecedentes judiciales en caso de que el menor una vez adulto, cometa cualquier tipo de delito.
Por otra parte, el sector Alianza Nacional, de Jorge Larrañaga, propuso crear el Instituto Nacional de Rehabilitación del Adolescente Infractor (IRAI), como un servicio que se encargaría de la internación, custodia, formación y rehabilitación de los adolescentes infractores.
El instituto podrá colaborar con los padres o tutores en la recuperación del adolescente durante el año siguiente a que éste haya quedado en libertad. JOSÉ L. AGUIAR / PABLO MELÉNDREZ
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