Este
artículo se sitúa desde la Psicología Social Comunitaria, abordando los procesos
de alteridad sobre la relación que se establece en Chile entre infancia y
delincuencia. Enmarco esta discusión desde la noción de dispositivo, en el
contexto de las políticas públicas. Los apartados desarrollan la relación entre
infancia, delincuencia y alteridad desde distintas perspectivas (Políticas
Públicas, Investigación Social, Dispositivo Foucaultiano, Historiografía e Intervención
Social), desarrollando una crítica a los procesos de criminalización de la
infancia y proponiendo la noción de Alter-
Infancia como posibilidad de comprensión crítica.
Palabras
Clave: Psicología Social Comunitaria, Infancia, Delincuencia, Alteridad,
Dispositivo, Políticas Públicas
Abstract
This article is based on communitarian social
psychology perspective. It will analyse the process of otherness in the
relationship between childhood and delinquency. It will discuss in the context
of social policies using the notion of device (dispositif). The following
sections will develop the relationship between childhood, delinquency and
otherness using several approaches: social policies, research in social
sciences, the notion of device (Foucault) and historiography, developing a
critical over the criminalization process to childhood, and proposing the idea
of Alter- Childhood as critical compehension.
Keywords: Social Communitarian Psychology, Childhood,
Delinquency, Otherness, Device, Social Policies
La
relación entre políticas públicas, infancia y delincuencia en Chile se inscribe
en un ámbito de acción y estudio que se encuentra saturado de supuestos indiferenciados,
reproduciéndose certezas estigmatizantes antes que posiciones críticas. El
propósito de este artículo es problematizar, desde la perspectiva de la
Psicología Social Comunitaria, la relación entre infancia, delincuencia y
alteridad, sobre cuatro objetivos: 1) la política pública y la subjetivación
diferencial de infancias; 2) las relaciones entre infancia, delincuencia y
alteridad; 3) la noción de dispositivo como productor de alteridad en infancia;
4) procesos sociohistóricos que subjetivan infancias desde la alteridad.
A
este respecto, la Psicología Social Comunitaria (Alfaro, 2009; 2013; Montero,
2010; 2011) contribuye desarrollar perspectivas desnaturalizadoras de los procesos
sociales, históricos y culturales contenidos en estos ejes reflexivos, desde dimensiones
conceptuales, ético- políticas y disciplinares. En lo conceptual, posibilita la
comprensión intersubjetiva de la relación entre infancia y delincuencia, desde
una perspectiva crítica de las relaciones sociales (Montero, 2011; Piper,
2002), desmitificando su carácter de manifestación objetiva (Montero y
Montenegro, 2006; Montero, 2010). A nivel ético- político, facilita la visibilización
de las tensiones entre la perspectiva garantista y proteccional hacia las
infancias, aportando al debate sobre los procesos de criminalización en la intervención
(Sepúlveda, 2011) y cuestionando las perspectivas estigmatizadoras (Llobet, 2010;
Olmos, 2012). A nivel disciplinar, permite definir la intervención desde un
carácter situado (Montenegro y Pujol, 2003), aportando a la complementariedad entre
la formulación, diseño e implementación de la intervención social, al
considerar las tensiones entre los agentes disciplinares, los formuladores y
sujetos intervenidos (Alfaro, 2013), en una lectura compleja de los procesos de
intervención (Alfaro, 2009; Piper, 2002). Estas ideas- fuerza serán empleadas
para reflexionar acerca de las implicancias de cada uno de los apartados,
decantando en la noción de Alter-
Infancia, en tanto proceso de subjetivación de Alteridad (Gnecco, 2008).
Políticas
Públicas e Infancias: entre el garantismo y la criminalización.
Las políticas públicas en Chile articulan visiones sobre las infancias, erigiéndose un discurso dominante desde la Doctrina de la Protección Integral (Galvis, 2009; Quiroz, 2011), sustentado normativamente en la Convención de Derechos de la Infancia (UNICEF, 1989). pretendiendo marcar un hito de tránsito entre la doctrina basada en la noción de menor en situación de vulnerabilidad a otra que concibe a la infancia en tanto sujetos de derechos.
Las políticas públicas en Chile articulan visiones sobre las infancias, erigiéndose un discurso dominante desde la Doctrina de la Protección Integral (Galvis, 2009; Quiroz, 2011), sustentado normativamente en la Convención de Derechos de la Infancia (UNICEF, 1989). pretendiendo marcar un hito de tránsito entre la doctrina basada en la noción de menor en situación de vulnerabilidad a otra que concibe a la infancia en tanto sujetos de derechos.
A nivel del diseño de políticas públicas, el accionar del
Ministerio de Justicia a través del Servicio Nacional de Menores ha desarrollado
la concepción de separación de
vías (Werth, 2010) como una expresión de una supuesta diferencia entre la
aproximación hacia los denominados adolescentes
infractores de ley y los niños y niñas sujetos de promoción de derechos. El devenir de
esta perspectiva es cuestionable, siendo muchos de sus efectos y prácticas
vulneradoras de derechos humanos (UNICEF, 2008; INDH, 2013).
La
política pública orientada hacia los “infractores de ley” se encuentra culturalmente construida desde la noción del miedo al otro (PNUD, 1998), cimentando
la cohesión social en la identificación de éstos como íconos de la peligrosidad
e inseguridad (Vergara, 2007), sustentando procesos
de criminalización (Sepúlveda, 2011). Es esta radical mirada sobre la
infancia criminalizada la que permite reflexionar en torno de la intervención
social desde la alteridad.
Si
realizamos un análisis a nivel internacional de los programas que intervienen
sobre la infancia criminalizada, se destacan las estrategias preventivas centradas
en la relación costo- beneficio (Greenwood, 2008), las que privilegian la
intervención sobre la infancia para disminuír la conducta criminal en la etapa adulta, bajo el supuesto de una mayor
permeabilidad de los factores asociados (Mann y Reynolds, 2006; White, Temple y
Reynolds, 2010; Jenson, 2010).
En
esta perspectiva, Trentacosta y Shaw (2009) realizan un estudio longitudinal
sobre la relación entre la autorregulación emocional y el rechazo de pares, observándose
una asociación positiva entre éste y el comportamiento antisocial, debiéndose
trabajar la autorregulación adaptativa tempranamente. Hawkins, Kosterman,
Catalano, Hill, y Abbot
(2008) presentan los efectos de una estrategia de intervención multidimensional
en el espacio escolar, reportándose efectos significativos en la reducción de
la delincuencia adulta. Mann y Reynolds (2006) realizaron un estudio
longitudinal sobre la intervención educativa temprana en la delincuencia
juvenil, relacionando los factores de intervención y escolarización temprana con
la reducción de la delincuencia. Asimismo, Reynolds, Ou y Topitzes (2004)
investigaron longitudinalmente los efectos de la participación de preescolares
de clase baja en los Centros de Padres e Hijos, evidenciándose mayores logros
educativos y menores tasas de arrestos juveniles. Asimismo, Crooks, Scott,
Ellis y Wolfe (2011)
analizaron un programa de prevención de la violencia escolar, determinándose un
efecto amortiguador de éste respecto de la comisión de delitos violentos.
Más
allá del ámbito escolar, la revisión internacional da cuenta de programas de
intervención hacia la infancia que apuntan de modo general a la disminución de
riesgos futuros, en donde la delincuencia es uno de los factores de riesgo.
Geenwood (2008) plantea la importancia de focalizar los esfuerzos en la
denominada práctica basada en la
evidencia, lo cual implica centrarse en indicadores que delineen buenas
prácticas, más allá de la perspectiva conceptual a la base. Cole, Mills,
Jenkins, y Dale
(2005),
realiza una comparación entre programas de intervención temprana sobre la
delincuencia, incorporando a la medición medidas que denomina de desarrollo
social, como la satisfacción escolar, la soledad y depresión, concluyendo
que no hay diferencias en los resultados
entre programas. En ambas experiencias, la intervención temprana es una
estrategia consensuada, en la lógica de la posibilidad de incidencia sobre
factores asociados (White, Temple y Reynolds, 2010).
A
nivel nacional, se representa el ámbito escolar como factor protector de
diversas manifestaciones disfuncionales, definidas dentro de un campo semejante
de problemas sociales: consumo de drogas ilícitas, rendimiento escolar,
deserción, conductas de riesgo en general y delincuencia, siendo SENDA (2013)
el encargado de articular los esfuerzos entre el Ministerio de Educación y el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Fuera del ámbito escolar, los
programas se sitúan en la óptica de cumplimiento de penas, en una perspectiva
de responsabilización y control de la conducta delictiva (Ministerio de
Justicia, 2005).
