Resumen:
El objetivo de este estudio consiste en caracterizar a los menores que están en
centros de internamiento de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en cuanto a sus características
delictivas y, al mismo, tiempo validar un instrumento conocido como IGI-J
(Inventario para la Gestión e Intervención con Jóvenes) [YLS/CMI (Youth Level
of Service/Case Management Inventory)] que permite evaluar factores de riesgo
estáticos y dinámicos para explicar la conducta delictiva y desarrollar objetivos
de intervención educativo-terapéuticos. Para ello, se ha contado con 208
menores con una edad media de 17 años. Los resultados muestran que la media
de delitos por sujeto es de 1.86 siendo los más frecuentes los delitos contra la
propiedad. En cuanto a las medidas judiciales impuestas por los delitos
cometidos, la media fue de 1.44 y el promedio de la duración de las medidas fue
de 8,47 meses.
Refiriéndonos al IGI-J, este instrumento ha mostrado unos importantes
indicadores de fiabilidad (alfa de Cronbach 0.88) y validez predictiva. Las distintas escalas discriminaron de forma adecuada entre reincidentes y no
reincidentes, violentos y no violentos. Se analizan los datos en relación a la
planificación de los programas de intervención a desarrollar con este tipo de
población.
PALABRAS CLAVE: Menores Infractores, Reincidentes, Violentos, IGI-J.
Abstract
The goal of this study is to characterize minors interned in centers of the
Agency of the Community of Madrid for the Reeducation and Reinsertion of
Transgressing Minors with regard to their delinquent characteristics and to
validate an instrument known as the YLS/CMI (Youth Level of Service/Case
Management Inventory), which allows us to assess the static and dynamic risk
factors that explain delinquent behavior and to develop educational-therapeutic
intervention goals. Participants were 208 minors, mean age 17 years old. The
results show that the average number of criminal acts per subject is 1.86, with
offenses against property being the most frequent. The mean judicial measure
imposed for the offenses was 1.44, and the mean duration of the measures was
8.47 months.
With regard to the IGI-J, this instrument has shown satisfactory reliability
indicators (Cronbach’s alpha .88) and predictive validity. The diverse scales
adequately discriminated between recidivists and nonrecidivists, violent and
nonviolent minors. The data are analyzed with a view to planning intervention
programs to be developed with this kind o f population.
KEY WORDS: minors, transgressors, recividists, violent youths, IGI-J.
Introducción
La conclusión que se deriva de los dictámenes de la literatura
especializada sobre los programas que logran mejores porcentajes en la
reducción de la reincidencia indica que los jóvenes que cumplen medidas
judiciales precisan, sobre todo, nuevas formas de pensar la realidad y de actuar
en ella. Estos programas ayudan a que el sujeto desarrolle estrategias más
hábiles de solución de problemas; que disponga de autocontrol para no
responder con violencia frente a provocaciones, reales o imaginarias y que sea
capaz de relacionarse en los contextos escolares, laborales y sociales donde
pueda forjar unos hábitos que le permitan adaptarse de forma adecuada al
entorno sociocultural en que viva.
En la actualidad, un sistema de justicia juvenil moderno ha de implicarse
profundamente en la generación de prácticas eficaces, basadas en la mejor
evidencia científica disponible (lo que se conoce ahora en la literatura científica
como “política penal basada en la evidencia” —evidence based policy). El
paradigma asistencial ha dejado paso (o al menos queremos creerlo así) al paradigma de la búsqueda de resultados mediante esfuerzos bien diseñados y
ejecutados (paradigma de la competencia, intervencionista o criminológico).
Así pues, parece que es algo necesario disponer de herramientas con las
que poder evaluar cuáles son los factores de riesgo específicos del joven, qué
necesidades personales y de su ambiente pueden ser atendidas durante el
cumplimiento de la medida con objeto de acortar lo más posible su carrera
delictiva. Uno de los instrumentos ampliamente utilizado con delincuentes
adultos es el Inventario de Nivel de Servicio Revisado (Level of Service
Inventory Revised) de Andrews y Bonta (1995) del que se ha desarrollado una
versión para jóvenes delincuentes, el Inventario de Gestión e Intervención para
Jóvenes - IGI-J— (Youth Level of Service/Case Management Inventory) de
Hoge y Andrews, 2003. El marco teórico en el que se sustenta el IGI-J es el
modelo integrado de la conducta delictiva de Andrews y Bonta (1994, 2003).
Partiendo de las principales variables causales extraídas de la
investigación psicológica (actitudes, relaciones interpersonales, historia
conductual y personalidad antisocial), este modelo sostiene que la persona no
puede ser considerada como algo aislado, sino que vive, crece y se desarrolla
dentro de un contexto interactivo y dinámico. De ahí que la escuela, la familia, el
grupo de iguales y la comunidad deban tenerse en cuenta como unidades que
conforman el proceso de socialización pues la persona, su ambiente y su
conducta interaccionan en un proceso de influencia recíproca, motivo por el cual
los factores situacionales (ambientales y sociales) deben ser considerados, junto
con los personales, si queremos mejorar nuestra habilidad para predecir
conductas. Por tanto, es este reforzamiento personal, interpersonal y comunitario
el que explica la génesis de la conducta delictiva.
El IGI-J consta de 42 ítems agrupados en 8 factores de riesgo: 1) delitos y
medidas judiciales pasadas y actuales; 2) pautas educativas; 3) educación formal
y empleo; 4) relación con el grupo de iguales; 5) consumo de sustancias; 6)
ocio/diversión; 7) personalidad/conducta; 8) actitudes, valores y creencias. Cada
uno de estos factores está subdividido en varios ítems –entre 3 y 7- que se
describen en términos operativos y definidos previamente y cuya información ha
de obtenerse fundamentalmente a partir de la observación, del conocimiento
directo del chico/a y su entorno, de la entrevista semiestructurada ya establecida
para ello y de la documentación que se tiene del menor. Además, la existencia en
cada una de las áreas del riesgo de un elemento denominado “factor protector”
pone de relieve el esfuerzo de esta prueba (y de la teoría que la sustenta) por
definir aspectos susceptibles de ser tenidos en cuenta en la planificación de los
programas de tratamiento.
Los factores de riesgo se dividen en factores estáticos y dinámicos.
Los
primeros no pueden formar parte de los objetivos de intervención, ya que por su
propia naturaleza no pueden modificarse, caso por ejemplo del historial delictivo. Los segundos, cambiables a través de las experiencias vividas y de
programas desarrollados con un propósito terapéutico o educativo, son los
prioritarios para nosotros. A tales factores de riesgo dinámicos, en la medida en
que los juzgamos adecuados para ser objeto de un programa de tratamiento, los
llamamos necesidades criminógenas.
Una de las grandes ventajas del IGI-J es que fundamentalmente toma en
consideración cuáles son los factores de riesgo dinámicos o necesidades
criminógenas que podrían ser objeto posterior de intervención.
