Entrevistas OIJJ - Sra. Liz Ryan. Presidenta y directora ejecutiva de la Campaña por la Justicia Juvenil. Estados Unidos.

La Sra. Ryan nos ofrece un análisis de la situación de los derechos del menor en Estados Unidos junto con una descripción de las principales actividades y objetivos de la Campaña por la Justicia Juvenil. En este sentido, Liz Ryan destaca que Estados Unidos debería ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados sobre los derechos humanos, y además, apoya que se realicen recomendaciones a los legisladores federales, estatales y locales sobre asuntos como el desarrollo de estrategias parar evitar la afluencia de jóvenes en el sistema penal de adultos.

 Liz aporta más de dos décadas de experiencia a la Campaña por la Justicia Juvenil (CPJJ), organización que ella misma fundó con el fin de acabar con la práctica común de enjuiciar, sentenciar y recluir a jóvenes menores de 18 años en el sistema judicial penal. Actualmente, Liz trabaja en el Comité de Dirección de la Justicia Juvenil Nacional y en la Coalición de Prevención de la Delincuencia de la CPJJ. Antes de comenzar con la Campaña por la Justicia Juvenil, Ryan trabajó durante cinco años como directora de la defensa de la unidad principal del Centro de Derecho Juvenil para la Iniciativa de la Juventud, proyecto nacido para reducir el número de encarcelamientos abusivos y el trato desigual a niños de color en el sistema judicial juvenil. De igual manera, Ryan fue subdirectora de personal y directora legislativa del senador Thomas R. Carper durante su época como gobernador de Delaware y como miembro de la Cámara de Representantes de los EE.UU. También trabajó como cabildera de la Fundación en Defensa de los Niños y fue voluntaria en VISTA. Ryan se licenció en el Dickinson College (Carlisle, Pensilvania) y realizó un máster en la Universidad George Washington (Washington, D.C.).

¿Podría darnos una breve descripción de las actividades y los objetivos principales de la Campaña por la Justicia Juvenil? ¿Cuáles fueron algunas de las razones principales para su creación?

La Campaña por la Justicia Juvenil (CFYJ por sus siglas en inglés) fue lanzada en 2005 para poner fin al procesamiento, condena y encarcelamiento de jóvenes menores de 18 años por el sistema de justicia penal de adultos. Los objetivos estratégicos de CFYJ son la reducción del número total de jóvenes procesados ​​por el sistema de justicia penal de adultos y la disminución del impacto tan perjudicial que tiene sobre la juventud el hecho de ser procesados en un tribunal de adultos, especialmente su detención en cárceles y prisiones para adultos.

  

Perseguimos la realización de reformas en los 50 Estados. Nuestro principal objetivoconsisteen reducir sustancialmente el número de jóvenes procesados ​​por un tribunal penal de adultos, para que así los niños sólo puedan ser procesados en un tribunal de adultos en circunstancias excepcionales y después de que una audiencia y un juez así lo decidan. Esto supondría menos del 1% de los 2,2 millones de niños detenidos cada año. También estamos trabajando para acabar con la detención de niños en cárceles y prisiones para adultos en todo el país y estamos poniendo en marcha un plan de supervisión, responsabilidad y control en los 50 Estados.

Con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos, CFYJ utiliza una "campaña" modelo para lograr un cambio en determinados Estados mediante la orientación oportunidades de cambio en los Estados que buscan acelerar las reformas. Estos esfuerzos incluyen el lanzamiento de campañas nacionales utilizando las siguientes estrategias: aprovechar los puntos fuertes de las organizaciones estatales y los aliados; aumentar la capacidad de campaña para lanzar los esfuerzos de reforma a nivel estatal; promover la investigación sobre el impacto negativo de las políticas estatales; concienciar a los principales políticos encargados de la toma de decisiones; involucrar a los jóvenes, los padres y las familias más directamente afectadas; apoyo educativo y legislativo; apoyar a los medios de comunicación; apoyar las políticas y la creación de coalición, organización y difusión. CFYJ juega un papel vital en el apoyo de esfuerzos en cada uno de sus países socios, y sirve como un centro de información y estrategias clave y un punto de encuentro para los diferentes grupos. Además, utilizamos una "campaña" modelo para lograr un cambio a corto plazo, con objetivos específicos a nivel nacional para impulsar la reforma a nivel estatal.

Como Presidente y Director Ejecutivo de la Campaña por la Justicia de Menores, ¿podría explicar los principales riesgos que suponen para los jóvenes estar recluidos en prisiones para adultos?

Se estima que 250.000 jóvenes son procesados ​​por el sistema de justicia penal de adultos en los EE.UU. Cada año, alrededor de 10.000 jóvenes, acusados o condenados como adultos, languidecen en cárceles para adultos, donde corren el riesgo de sufrir agresiones y abusos que les conducen al suicidio. Estos jóvenes sufren las consecuencias a largo plazo. Cargan con el estigma de una condena penal y como resultado, pueden tener dificultades para encontrar un empleo u obtener un título universitario que les ayude a cambiar sus vidas. Las consecuencias que sufren los jóvenes tras una condena son graves, duraderas, comprometen la vida y en algunos casos resultan mortales.

Las investigaciones demuestran que estas políticas no contribuyen a la seguridad pública. No existe ningún estudio que demuestre que procesar a los jóvenes en un tribunal de adultos aumente la seguridad pública o disminuya la delincuencia. De hecho, procesar a los menores como adultos tiene un impacto negativo tanto en los jóvenes juzgados como en la seguridad pública.

El pueblo apoya la reforma. Una nueva encuesta nacional, realizada por GBA Strategies en octubre de 2011, revela que los estadounidenses están a favor de la reforma de nuestro sistema de justicia juvenil, mediante la cual proponemos la rehabilitación en lugar de la encarcelación y luchamos para poner fin al juicio de menores en los tribunales de adultos y su encarcelación en prisiones de adultos.

Las principales conclusiones de la encuesta muestran que los estadounidenses:

 • Están totalmente a favor de la rehabilitación y el tratamiento de los menores mediante, la educación, la terapia, la indemnización a las víctimas y la prestación de servicios a la comunidad (89%).

• Rechazan la detención de jóvenes en cárceles para adultos (69%).

• Están a favor de involucrar a las familias de los jóvenes en su tratamiento (86%), mantener a los jóvenes cerca del hogar (77%) y asegurar la relación con sus familias (86%).

Están totalmente a favor de que sean los jueces del tribunal del sistema de justicia de menores quienes dictaminen en función de cada caso en lugar de que los menores sean juzgados directamente en un tribunal de adultos (76%).

• Apoyan la solicitud de disminución de las desigualdades raciales en el sistema de justicia juvenil (66%).

En lo que a nosotros respecta, la Campaña por la Justicia Juvenil pide más inversión para tratar a los jóvenes mediante rehabilitación. ¿Qué tipo de programas serían más apropiados? ¿Qué deben hacer los Estados para obtener más beneficios a largo plazo?

El actual sistema de justicia de menores es una alternativa mucho más viable que el sistema de justicia penal de adultos en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley. En lugar de seguir gastando dinero público en el sistema penal de adultos, las autoridades federales, estatales y locales deben reorientar las inversiones públicas en el sistema de justicia de menores para tratar de manera más efectiva a los jóvenes que actualmente se encuentran en el sistema judicial para adultos.

Una nueva investigación muestra que los programas, incluidos los que tratan a los infractores graves, crónicos y violentos en el sistema de justicia juvenil, reducen la delincuencia juvenil. Esto se puede comprobar en el informe titulado Devolverlos al Tribunal de Menores, disponible en el siguiente enlace, redactado por Ted Rubin, antiguo legislador estatal y juez del tribunal de menores:

http://www.campaignforyouthjustice.org/documents/ReturnThem.pdf

El juez Rubin da ejemplos de varios programas que han funcionado con eficacia en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley y que defienden que los jóvenes deben ser tratados en el tribunal de menores y no en el de adultos.

Otros enfoques prometedores para la promoción de la seguridad pública y la asistencia a los jóvenes incluyen:

• Las pruebas y prácticas basadas en la teoría y en los programas establecidos fuera de una institución correccional, disponibles en Blueprints for Violence Prevention, publicado por el Centro para el Estudio de la Prevención de la Violencia en Denver, Colorado. La información puede consultarse en: http://www.colorado.edu/cspv/blueprints/

• La Fundación Annie E. Casey para la iniciativa de medidas alternativas a la detención de menores, (The Annie E. Casey Foundation’s Juvenile Detention Alternative Initiative JDAI), cuya información se encuentra disponible en:

 http://www.aecf.org/MajorInitiatives/JuvenileDetentionAlternativesInitiative.aspx

• El modelo de enfoque para la corrección de menores del Missouri Youth Services disponible en:

http://www.aecf.org/MajorInitiatives/~/media/Pubs/Initiatives/Juvenile%20Detention%20Alternatives%20Initiative/MOModel/MO_Fullreport_webfinal.pdf]

¿De qué manera específica ayuda su organización a los jóvenes que han entrado en el sistema de justicia penal para adultos? ¿Cuál es el papel de la familia y la comunidad y dónde encajan en este contexto?

La CFYJ está trabajando activamente para involucrar a los jóvenes, los padres y las familias que se ven más afectados por las políticas que permiten el procesamiento de jóvenes en el tribunal penal de adultos y la detención de éstos en prisiones para adultos.

Se estableció la Alianza por la Justicia Juvenil (AYJ por sus siglas en inglés), en la que actualmente participan más de 500 familias en 40 estados. El objetivo general de la Alianza por la Justicia de Menores es ampliar el número de padres y familias para poner en marcha campañas que cambien las políticas del Estado con respecto al enjuiciamiento de jóvenes en tribunales de adultos y su detención en prisiones para adultos. Las personas por las que realizamos este proyecto son los padres y las familias de los jóvenes que se ven directamente afectadas por el enjuiciamiento de éstos en el sistema de justicia penal de adultos. Estos jóvenes y sus familias se encuentran en situación de pobreza y discriminación. Éste no es un distrito organizado, y la Alianza por la Justicia Juvenil supone un centro nacional de apoyo a los nuevos esfuerzos de organización.

 Además, proporcionamos formación continua y apoyo a un grupo de padres y familias que están interesadas en dirigir propuestas legales en sus estados. Hemos recogido testimonios de jóvenes procesados ​​ en el tribunal penal de adultos y hemos documentado el impacto que supone para padres y familias, como parte del Proyecto de Estudio de Perfiles. Esta información se publica en la página web, en nuestro blog, a través de Facebook y otras redes sociales, y en los informes y documentos elaborados por CFYJ.

También llevamos a cabo un proyecto de correspondencia con jóvenes encarcelados actualmente y aquellos que fueron juzgados ​​en el tribunal penal de adultos, incluyendo postales, tarjetas de San Valentín y tarjetas de cumpleaños. Además, cada año, enviamos cartas a las madres, hermanas, hijas y familiares de los jóvenes que actualmente se encuentran en prisión y, desde que la campaña comenzó, hemos conseguido que aquellos jóvenes juzgados en un tribunal de adultos reciban un regalo cada año.

Desde una perspectiva más amplia, ¿cuál es el enfoque de la organización hacia las bajas tasas de ratificación en EE.UU. de los principales acuerdos por los derechos de los niños, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño?

El sistema estadounidense de justicia penal es único en el mundo, ya que permite a cientos de miles de niños (menores de 18 años) ser juzgados, condenados y encarcelados como adultos, siendo el líder mundial en detención de menores. Estados Unidos viola las disposiciones principales de las convenciones internacionales de derechos humanos.

Por ejemplo, el artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (un tratado internacional que los EE.UU. no ha adoptado) afirma inequívocamente que los niños que son detenidos deben estar separados de los adultos y que no deben ser objeto de "tortura" u otras formas inhumanas de castigo. Sin embargo, las leyes en la mayoría de los estados permiten que los niños sean juzgados como adultos y detenidos en cárceles junto a personas adultas. Menos de la mitad de los estados proporcionan garantías de que los niños sean detenidos en cárceles separadas.

Sin embargo, la “separación" no es una solución real ya que muchos funcionarios penitenciarios aíslan a los niños para que no entren en contacto con los adultos. La detención de niños o adultos en régimen de aislamiento es perjudicial para la salud mental, puede conducir al suicidio y se considera una forma de "tortura" por algunos. En un informe publicado en octubre de 2012 titulado "Crecer encerrados", la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles junto con el Observatorio de Derechos Humanos documentó casos atroces de jóvenes recluidos en régimen de aislamiento en centros penitenciarios para adultos.

En el artículo 40, la Convención sobre los Derechos del Niño estipula que "las penas de prisión sólo deben imponerse si un niño es declarado culpable de un delito muy grave.” En la mayoría de los estados, los niños son juzgados, condenados y encarcelados como adultos por delitos que no se consideran de gravedad extrema.

El Artículo 37 también establece que deben tener acceso a servicios que satisfagan sus necesidades. Sabemos, por ejemplo, que los jóvenes tienen un acceso muy limitado a la educación mientras se encuentran detenidos en cárceles para adultos. Según la Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento de Justicia de EE.UU., el 40% de las cárceles para adultos no ofrecen ningún servicio educativo y sólo el 11% de las cárceles de adultos proporcionan servicios de educación especial.

Estados Unidos debería ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados de derechos humanos. Mientras tanto, trabajaremos para cambiar las leyes, políticas y prácticas de los estados para conseguir que a nivel federal se actúe según las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados.

El 25 de junio 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que las condenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional son un "castigo desproporcionado" para los jóvenes, ¿cuál es su opinión sobre esta decisión? ¿Cómo contribuye esto a que la Campaña por la Justicia Juvenil logre sus objetivos?

Esta decisión es un paso hacia adelante. Se pone énfasis en el tratamiento de niños como niños y alienta a tomar decisiones de manera individualizada, en lugar de dictaminar sentencias de por vida, que es en lo que se basaba el tribunal de menores.

De acuerdo con su investigación, los jóvenes de color se ven afectados de manera desproporcional por el sistema de justicia para adultos. Concretamente, usted asegura que "la tasa promedio de nuevos acuerdos para la prisión estatal de adultos es 1,84 veces mayor para la juventud indígena que para los jóvenes blancos." ¿Cuál es la explicación a esta situación y, de acuerdo con su experiencia y conocimiento sobre este asunto, ¿cómo se puede combatir esta discriminación?

Los jóvenes de color se ven  afectados por políticas que permiten que los niños sean juzgados en tribunales penales para adultos.

Por ejemplo:

Los jóvenes afroamericanos reciben un trato mucho más severo que los jóvenes blancos en la mayoría de las etapas del procesamiento de los casos. Los jóvenes afroamericanos representan el 30% de los detenidos, mientras que sólo representan el 17% de la población juvenil en general. En el otro extremo del sistema, los jóvenes afroamericanos representan el 62% de los jóvenes juzgados ​​en el sistema penal de adultos y tienen nueve veces más probabilidades que los blancos de recibir una condena de prisión.

En comparación con los jóvenes blancos, los jóvenes latinos tienen un 4% más de probabilidades de ser demandados, un 16% más de probabilidades de recibir una sentencia de delincuente, un 28% más probabilidades de ser detenidos y un 41% más de probabilidades de cumplir condena fuera del hogar. Las desigualdades más graves se producen cuando los jóvenes latinos son juzgados en el sistema de adultos. Los niños latinos tienen un 43% más de probabilidades de ser condenados en este sistema y un 40% más de probabilidades de ser enviados a una prisión de adultos.

Los jóvenes nativos americanos tienen más probabilidades de recibir los dos castigos más severos que existen en los sistemas de justicia juvenil: detención fuera del hogar (es decir, en una institución correccional del Estado) y por el sistema judicial de adultos. En comparación con los jóvenes blancos, los jóvenes nativos americanos tienen 1,5 veces más probabilidades de recibir dichos castigos. A nivel nacional, la tasa media de nuevos compromisos a la prisión estatal de adultos para los jóvenes nativos es 1,84 veces mayor que los jóvenes blancos.

Estamos trabajando para desmantelar las leyes, políticas y prácticas que tienen un impacto desproporcionado en los jóvenes de color, esforzándonos especialmente para reducir el número de jóvenes juzgados en el tribunal penal de adultos.

¿Cuáles son las tres recomendaciones más importantes que usted daría a los legisladores federales, estatales y locales? ¿Cuáles son las reformas básicas legislativas que considera inadecuadas y que deben ser modificadas cuanto antes?

Los estados han llevado a cabo numerosas reformas para sacar a los jóvenes del sistema de justicia penal de adultos y de las cárceles para adultos. La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL en inglés) publicó un informe en agosto de 2012: Juvenile Justice Trends in State Legislation 2001-2011, que muestra las tendencias en la legislación estatal en materia de justicia de menores durante la última década, consistentes en reducir el procesamiento de menores en tribunales penales para adultos, mediante las cuales los legisladores hicieron uso de investigaciones sobre el desarrollo del adolescente y respondieron a esto cambiando políticas estatales, como la ampliación de la jurisdicción de los tribunales de menores mediante el aumento de la edad máxima de jurisdicción.

Nosotros estamos a favor de las siguientes recomendaciones, las cuales dirigimos a las autoridades federales, estatales y locales:

Estrategias para detener el flujo de jóvenes hacia el sistema penal de adultos

• Elevar la edad de jurisdicción original del tribunal de menores en los estados en los que la jurisdicción termina a la edad de 16 o 17 años en lugar de a la edad de 18.

• Elevar la edad mínima de jurisdicción de adultos jóvenes de los 21 a los 25 años para disminuir la transferencia de jóvenes al sistema penal de adultos.

• Volver a cláusulas judiciales discrecionales para todos los jóvenes mediante la eliminación de mecanismos automáticos que directamente archivan los expedientes de los jóvenes en los tribunales de adultos.

• Eliminar o modificar los estatutos de exención de presuntos judiciales para asegurar que los jóvenes tengan una oportunidad justa de permanecer en el sistema de justicia juvenil.

• Elevar la edad mínima de las disposiciones de traslado automático.

• Eliminar ciertas infracciones del estatuto de renuncia automática (por ejemplo, ciertos delitos como asalto y robo).

• Rechazar disposiciones de traslado automático en situaciones de responsabilidad por complicidad u omisión 

• Limitar la aplicación de la ley de homicidio preterintencional en los menores.

• Rechazar disposiciones de traslado automático de jóvenes que cometen una infracción por primera vez.

• Promulgar una disposición sobre la revocación de la renuncia. Se debe tener en cuenta la fecha de revocación de la renuncia y cómo ésta influenciará el proceso de negociación de la pena.

• Garantizar que los jóvenes son aptos para ser juzgados en un tribunal de adultos, abordando el estatuto de la competencia (por ejemplo, garantizando que los estándares de competencia son apropiados para los jóvenes juzgados como adultos).

• Abordar los problemas de los jóvenes enfermos mentales condenados en el sistema de adultos mediante el aumento de medidas alternativas y/o la modificación de leyes de compromiso cívico.

• Garantizar que los jóvenes reciban una defensa adecuada y de calidad que les represente durante el juicio (por ejemplo, impedir que los jóvenes renuncien a un abogado, mejorar  el sistema de defensores públicos o requerir cualificaciones especiales para  la representación de jóvenes acusados ​​de los delitos más graves).

Medidas para la mejora de las condiciones de reclusión de los jóvenes que ya se encuentran en el sistema penal de adultos

• Prohibir la detención de jóvenes en celdas para adultos.

• Prohibir la detención de jóvenes en centros penitenciarios para adultos.

• Mejorar las condiciones de reclusión de los jóvenes en centros para adultos (por ejemplo, vigilantes independientes, inspecciones periódicas de las instalaciones, aclarar en el estatuto los servicios específicos que les corresponden, mejorar el contacto con la familia/comunidad para los jóvenes en las instalaciones, garantizando visitas y/o  recluyéndolos en centros cuya localización no les prive de ese contacto).

• Desarrollar medidas alternativas a la encarcelación basadas en la comunidad, incluyendo la resolución de las barreras legales para la liberación anticipada de jóvenes de las instalaciones de reclusión. Cambiar los estatutos para que los jóvenes salgan y estén bajo la supervisión de la comunidad en lugar de la detención obligatoria.

Medidas para ayudar a los jóvenes a reintegrarse con éxito en la comunidad

• Requerir que todas las condenas de los tribunales de adultos por delitos que no podrían haber sido originalmente juzgados en el sistema de adultos se consideren automáticamente adjudicaciones menores. Se trata de una renuncia inversa con opción de sentencia. En otras palabras, negar la jurisdicción penal sobre delitos menores para los jóvenes menores de 18 años en el momento de la infracción.

• Retirar todos los mínimos obligatorios con respecto a los jóvenes procesados ​​en el sistema de adultos.

• Eliminar las leyes que dictaminan “adulto una vez, adulto siempre”.

• Elaborar leyes automáticas de invalidación para los jóvenes (es decir, que los jóvenes puedan eliminar sus antecedentes penales de su expediente si no han cometido un delito durante un período de años).

• Establecer una junta de clemencia/libertad condicional.

• Desarrollar "estatutos de segunda revisión".

• Atender los requisitos de registro de abuso sexual para los jóvenes. 

¿Cuáles han sido los principales retos, progresos y desarrollos de la Ley 4 de Justicia Juvenil (ACT4JJ)?

Abogamos por políticas federales que apoyen a los Estados en sus esfuerzos por reducir sustancialmente el procesamiento de jóvenes en el tribunal penal de adultos y retirar a los niños de las cárceles y prisiones para adultos. Las oportunidades para avanzar en esta agenda incluyen la aplicación de las regulaciones de la Prison Rape Elimination Act (ley para la erradicación de las violaciones en prisión), la reautorización de la Juvenile Justice & Delinquency Prevention Act (JJDPA) [Ley de justicia juvenil y prevención de ladelincuencia] iniciativa de recopilación de datos iniciada por la Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento de Justicia de EE.UU.y otras iniciativas federales como el National Center for Youth in Custody (Centro nacional de la juventud en custodia), el Federal Coordinating Council on Juvenile Justice (Consejo federal de justicia juvenil), la iniciativa U.S. Attorney General´s Defending Childhood (iniciativa por la defensa de la infancia), el National Girls Institute y el National Institute of Corrections.

La CFYJ es una organización miembro de la Coalición Nacional de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (NJJDP), donde participan jóvenes y familiares, la justicia social, la aplicación de la ley, reformatorios y organizaciones basadas ​​en la fe, que trabajan para garantizar la salud de las familias, crear comunidades fuertes y mejorar la seguridad pública mediante la promoción de políticas justas y eficaces, prácticas y programas para los jóvenes involucrados o en riesgo de verse involucrados en los sistemas de justicia juvenil y penal. El personal de CFYJ forma parte del Comité de Dirección de la coalición. Además, los miembros de CFYJ co-presiden la campaña de la Ley 4 sobre Justicia Juvenil de la Coalición. La campaña de la Ley 4 sobre Justicia Juvenil busca volver a autorizar y proporcionar una financiación adecuada para la Ley de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (JJDPA).

Hasta la fecha, la campaña de la Ley 4 de Justicia Juvenil:

 • Ha conseguido llegar al sistema de justicia de menores para involucrar al electorado en la Ley de Justicia Juvenil.

• Ha organizado una amplia coalición de grupos de interés de justicia de menores.

• Ha desarrollado una plataforma política y  un programa sobre la reautorización de la Ley de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia.

• Ha creado varios recursos de información y un sitio web educativo (www.act4jj.org)

• Ha convencido a políticos a través de reuniones, sesiones de información y audiencias.

• Ha apoyado la designación de un administrador permanente en la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia.

Nuestros retos consisten en lograr la reautorización de la Ley de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia y conseguir financiación. Dicha ley ha sido introducida dos veces en los últimos seis años, pero no ha conseguido llegar al Congreso y la financiación para esta ley corre el riesgo de sufrir recortes adicionales por parte del Congreso.

Contamos con una amplia coalición de partes interesadas ​​que ha funcionado eficazmente durante muchos años y deseamos trabajar con nuestros aliados para avanzar en la reautorización de la Ley de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia y conseguir apoyo financiero durante el 113º Congreso.