La multicausalidad del comportamiento antisocial durante la adolescencia parece no sólo obedecer a la combinación de múltiples factores de riesgo ubicados en diferentes niveles del desarrollo humano, sino también a procesos históricos, sociales y culturales que afectan de manera diferenciada a varias generaciones de jóvenes desde su temprana infancia. Este artículo revisa las principales teorías explicativas del comportamiento antisocial durante la adolescencia, enfatizando en la teoría neuropsicológica de la Taxonomía del desarrollo de la conducta antisocial propuesta por Terrie E. Moffitt. Asimismo, se mencionan algunos estudios realizados que confirman la validez transcultural del modelo teórico de Moffitt y sus contribuciones para el diseño de programas de prevención del comportamiento antisocial entre población adolescente y juvenil en América Latina.
ABSTRACT
Several causes of the antisocial behavior during the adolescence seems to respond not only to the combination of many risk located along the different levels of human development, but also to cultural and historical, social processes affecting, in many ways, to specific generations during their early childhood. This paper revises the main explicative theories about antisocial behavior during the adolescence and tries to reflect them, emphasizing on the theory of the Neuropsychological Taxonomy of the antisocial behavior proposed by Terrie E. Moffitt. Moreover, some studies are mentioned due to the fact that they confirm the cross-cultural validity of Moffitt's theoretical model and its contributions to the design of prevention programs against antisocial behavior for youngsters and adolescents in Latin America.
Keywords: Adolescence, Antisocial behavior, Development, Prevention.
La violencia adolescente y juvenil daña profundamente no sólo a las víctimas, sino también a sus familias, amigos y comunidad (Lynam, Caspi, Moffitt, Wikstrom, Loeber, & Novak, 2000 y OMS, 2003). Sus efectos pueden apreciarse no sólo en los casos de muerte, enfermedad y discapacidad de sus víctimas directas, sino también en la calidad de vida de los habitantes de una comunidad (víctimas indirectas) y el crecimiento económico de una nación (OMS, 2003). La violencia que afecta a los adolescentes y jóvenes y los hace delincuentes, incrementa enormemente los costos de los servicios de salud y asistencia social, reduce la productividad, disminuye el valor de la propiedad, desorganiza una serie de servicios esenciales y en general, deteriora la estructura de una sociedad (Pattishall, 1994).
La participación de un elevado porcentaje de adolescentes varones en actos delictivos representa una importante amenaza para el desarrollo humano y el crecimiento económico de una nación (Organización Mundial de la Salud: OMS, 2003). Por otro lado, la mayoría de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal bajo tutela Judicial atraviesa sin éxito por los procesos de educación formal. Esto ocurre especialmente entre aquellos que provienen de hogares desestructurados, incompletos y disfuncionales. En aquellos contextos familiares, los adolescentes presentan desventajas individuales y cuidados negligentes a lo largo de su desarrollo; debido a ello, se involucran en actividades marginales y de alto riesgo psicosocial (Wright, Caspi, Moffitt, & Silva, 1999a; Wright, Caspi, Moffitt, & Silva, 1999b y Wright, Caspi, Moffitt, & Silva, 2001).
Sin embargo, es importante precisar que no todos los adolescentes que han cometido alguna infracción a la Ley persisten en este comportamiento a lo largo de su vida; ello ocurre pese al riesgo de los efectos de sus entornos criminógenos (Farrington, Jollife, Loeber, Stouthamer-Loeber, & Kalb, 2001; Seydlitz & Jenkins, 1998). Aunque ciertamente, existirá un pequeño grupo de adolescentes cuya conducta antisocial persistente los expone a desarrollar el Trastorno Antisocial de la Personalidad (APA, 1994).
Con fines preventivos y de rehabilitación, la identificación temprana de aquellas características individuales y sociales que discriminan entre adolescentes que persisten y no persisten en el comportamiento antisocial delictivo durante el curso de su vida, constituye una estrategia importante para el diseño de políticas eficaces en el ámbito de la prevención de la violencia juvenil (Lerner & Galambos, 1998; Kazdin & Buela-Casal, 2001). En los últimos 30 años, el estudio científico del comportamiento antisocial adolescente ha cobrado especial relevancia en la implementación de políticas públicas de prevención de la violencia juvenil a nivel mundial.
La prevención y rehabilitación de comportamientos antisociales como la delincuencia entre adolescentes y jóvenes ha sido favorable cuando se han realizado intervenciones basadas en evidencia; pero aún es necesario contrastar empíricamente estos resultados en contextos socioculturales distintos (Herrera & Morales, 2005 y Morales, 2006a) como América Latina.
Epidemiología de la Delincuencia Juvenil
La delincuencia adolescente y juvenil, como forma de violencia criminal, es una de las formas de violencia más visible en una sociedad (Erikson, 1980; Garrido, 1997). Permanentemente, los medios de comunicación masiva informan sobre la actuación de las pandillas en las escuelas y en las calles (Seydlitz & Jenkins, 1998). Estadísticas provenientes de los cinco continentes (ver Figura 1) advierten que tanto adolescentes como jóvenes son las principales víctimas y perpetradores de este tipo de violencia (Farrington, 1983; OMS, 2003). Como puede verse, América Latina posee la más alta tasa de homicidios (un indicador bastante robusto para medir los niveles de violencia en las sociedades) perpetrados por población adolescente y juvenil, y contra el mismo grupo poblacional. Aunque África posee la misma tasa de homicidios (más de 12 homicidios por cada 100,000 habitantes), éstos se producen centralmente por efectos del conflicto armado (violencia armada), antes que por violencia interpersonal como ocurre en América Latina.
Asimismo, los homicidios, así como los delitos bajo la forma de agresiones (lesiones) no mortales que involucran a adolescentes y jóvenes, incrementan enormemente la carga mundial de muertes prematuras entre población general y población económicamente activa principalmente, años de vida no productivos, lesiones y discapacidad (OMS, 2003). Las tendencias de las magnitudes de la violencia perpetrada por adolescentes y jóvenes van en aumento en muchas partes del mundo. Este aumento va acompañado del uso de armas de fuego, del involucramiento de adolescentes y jóvenes varones en el crimen organizado y en conflictos armados, y de políticas represivas y criminalizadoras de justicia juvenil, antes que por políticas de promoción del desarrollo juvenil (servicios de salud diferenciados para adolescentes, educación de calidad e inserción social y laboral apropiada y con equidad para los jóvenes) en general, y prevención efectiva y oportuna del comportamiento antisocial adolescente en particular. A continuación se presentan algunas estadísticas al respecto (ver Figuras 2 y 3).
Aunque no es un propósito central del presente artículo, es importante mencionar los aspectos sociales (exosistema) y de políticas públicas involucradas en el fenómeno de la violencia juvenil en la región latinoamericana y del Caribe. Como se muestra en la siguiente tabla (ver Tabla 1), la edad promedio regional de admisión al empleo adolescente que los Estados de la región reconocen como legal (y de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño) son los 14 años de edad. Del mismo modo, la edad promedio para el término de la educación básica obligatoria es de 14 años de edad. Ambos promedios coinciden en los años cronológicos indicados, que además parecen corresponderse en términos de una condición previa y necesaria para la incursión en el mundo laboral por parte de los adolescentes: que al menos terminen la escuela básica. Aunque en América Latina, esta edad de término de la escolarización pueda estar subestimada debido a factores como la repitencia y la extraedad (con lo cual hablaríamos de un promedio mayor al reconocido oficialmente), aceptaremos que se trata en todo caso de la edad promedio esperada para la educación obligatoria. Los motivos que impiden que la edad de admisión al empleo sea menor, se justifican en el valor que representa el término de la educación básica para los adolescentes en todas partes del mundo, así como la postura de las Naciones Unidas (UNICEF, OIT) acerca de la erradicación progresiva del trabajo infantil por ser contraindicada con el desarrollo humano saludable de los adolescentes. Sin embargo, existe una abierta contradicción cuando frente a estos mismos argumentos se tolera en la región, una admisión muy temprana al Sistema de Justicia Penal Juvenil. El promedio de la edad de responsabilidad penal adolescente en la región es de 12 años de edad, 2 años menos que la edad de admisión al empleo y la edad de egreso de la educación básica obligatoria.
Una postura represiva de la justicia esgrimida sobre una base arbitraria de la edad cronológica (sin reconocer la evidencia de la investigación psicológica existente al respecto) no es efectiva para prevenir ni disuadir el comportamiento antisocial adolescente. La responsabilidad de los Estados para orientar sus políticas de justicia juvenil sobre la evidencia y los derechos es impostergable.
Etiología de la Delincuencia Juvenil I: Los Factores Asociados
Angenent y De Mann (1996) definen la conducta antisocial de tipo delincuencial en jóvenes como aquellas actividades que en términos de las normas y costumbres se consideran indeseables o incluso inaceptables. Las formas más graves se llaman transtornos de conducta, por lo que los autores concluyen que la delincuencia juvenil es un transtorno del comportamiento penado por la ley.
En lo concerniente a factores externos asociados al comportamiento antisocial entre adolescentes, se ha aludido con frecuencia a las propiedades psicológicas de entornos como la comunidad al nivel del mesosistema (Bronfenbrenner, 1999). De este modo, el tipo de vecindario en que viven los adolescentes desde su temprana infancia y el estrato socioeconómico de procedencia son buenos predictores del comportamiento antisocial (Frías-Armenta et al., 2003). Entre los factores interpersonales o mesosistemas debemos mencionar tres agencias de socialización especialmente importantes: familia, escuela y grupos de pares.
Con respecto a la familia, se han identificado factores estructurales como el tamaño de la familia, el trabajo de las madres, el orden de nacimiento de los hijos y la ausencia de uno de los progenitores (especialmente la figura paterna). Posteriormente se prestó mayor atención a factores dinámicos tales como el clima familiar, la calidad de las relaciones vinculares, el apego del adolescente hacia sus padres, la comunicación intrafamiliar, los estilos de crianza y la disciplina del hogar.
La supervisión y el monitoreo de los padres parece ser un factor muy significativo, especialmente en el caso de los adolescentes varones (Angenent & De Mann, 1996). Así mismo, Farrington et al. (2001) encuentran que una alta concentración de delincuentes en las familias, por ejemplo, el arresto de un familiar, particularmente del padre o de alguno de la misma generación, incrementa la probabilidad de que algún miembro de la familia de la siguiente generación (hijos, sobrinos, nietos) sea delincuente.
Acerca de la escuela, las experiencias de fracaso escolar constituyen con frecuencia un factor de riesgo mientras que el logro escolar representa un factor protector. También resulta importante la actitud del adolescente hacia la escuela -es decir, si la considera un espacio placentero y útil para su desarrollo personal- y el compromiso con las metas de aprendizaje. En cuanto al grupo de pares, frecuentar amigos que son delincuentes, portan armas (blancas o de fuego) o consumen drogas, constituyen un buen predictor de la delincuencia juvenil (Seydlitz & Jenkins, 1998). Al respecto, Killias y Ribeaud (1999), en un estudio realizado en 12 países de Europa y Estados Unidos, encuentran una alta relación entre el consumo de drogas y los delitos contra la propiedad y el tráfico de drogas, aunque esto por sí solo no predice la delincuencia entre adolescentes.
Con respecto a los factores internos o intrapersonales, además de la edad, el género y las experiencias normativas de vida, se encuentran los aspectos biológicos, cognitivos y afectivos. Los factores biológicos incluyen la herencia, especialmente en los casos en que existe algún trastorno de personalidad asociado. También ha sido estudiado el efecto de las hormonas -principalmente los efectos de la testosterona- durante las etapas pre natal y puberal, así como los efectos de los bajos niveles de serotonina en el cerebro.
Henry y Moffitt (1992), utilizando técnicas de neuroimagen, encontraron correlatos neurológicos de deficiencias ejecutivas en muestras de adolescentes delincuentes precoces. Estas incluyeron déficits en habilidades neuropsicológicas como comprensión verbal, atención, concentración, formación de conceptos, abstracción, anticipación y planificación. Del mismo modo, un bajo nivel intelectual parece contribuir al riesgo de cometer delitos.
En lo que respecta a los factores afectivos, se ha estudiado de manera especial la relación existente entre psicopatología y delito. La asociación más evidente tiene que ver con el trastorno antisocial de la personalidad y sus precursores en la infancia: trastorno de déficit de atención por hiperactividad, trastorno oposicionista y trastorno de conducta (Lahey & Loeber, 1992). Así mismo, han sido identificados algunos rasgos de personalidad frecuentes entre infractores como son la impulsividad, dificultad para postergar la gratificación, autoconcepto disminuido, falta de habilidades sociales, bajo nivel de empatía y poca capacidad para sentir culpa (Blackburn, 1995).
De acuerdo con la clasificación de Lykken (2000), en el espectro del delito perpetrado por adolescentes, un grupo de adolescentes infractores y delincuentes juveniles delinquen como consecuencia de tres factores predisponentes que pueden constituirse progresivamente en un patrón de comportamiento antisocial: i)intensificación de las transformaciones psicológicas propias del periodo evolutivo adolescente, ii)exposición temprana a una socialización deficiente como consecuencia de una práctica familiar negligente y composición familiar insuficiente, lo cual daría origen a la sociopatía, y iii) presencia de rasgos temperamentales elevados como la búsqueda de sensaciones, la impulsividad y la ausencia de miedo, que desencadenarían la Psicopatía.
Como se ha podido revisar hasta el momento, las características individuales y del entorno resultan importantes predictores de la delincuencia juvenil. Sin embargo, pese a existir consenso respecto a una participación simultanea entre variables externas e internas, son estas últimas las que generan mayor controversia. Al respecto, Quay (1987) indica que en casi la mayor parte de los casos, los delitos violentos y el crimen se asocian más con factores internos y con una mayor perturbación psicológica en comparación con delitos cometidos por adolescentes que constituyen faltas menores hacia la autoridad parental y no parental.
En todo caso, un patrón persistente de episodios de delitos perpetrados antes y durante la adolescencia constituye el mejor criterio predictivo para clasificar entre grupos de adolescentes en riesgo de convertirse en futuros delincuentes adultos, y adolescentes que experimentan una intensificación de algunas de las características de su personalidad durante este periodo evolutivo.
Al respecto, es importante indicar que, en ambos grupos de adolescentes, aquello que llamamos "delito" representa un espectro de comportamientos antisociales que están tipificados penalmente por la legislación judicial penal de un país (Tiffer, 2003). En ese sentido, existen formas de violencia ejercidas por adolescentes y jóvenes que no están tipificadas como delitos (Howe, 1997). Del mismo modo, existen determinados tipos de delitos que no son violentos en su perpetración (como sustraer dinero o tarjetas bancarias de otras personas sin que éstas lo sepan), pese a que podríamos decir que todo delito "en sí mismo", es un tipo de violencia contra las personas (Quay, 1987).
A continuación, se presenta la adaptación de un modelo empírico para los problemas de conducta durante la adolescencia propuesto por Dodge y Pettit (2003), que resume de manera esquemática las vías explicativas causales, moderadoras y mediadoras del comportamiento de infracción a la Ley Penal en esta población (ver figura 4). En este modelo, el comportamiento antisocial adolescente o llamado comúnmente comportamiento de infracción a la Ley Penal es una función de la interacción (directa) de variables socioculturales y biológicas que se encuentran moderadas por variables del mesosistema (estilo parental y grupos de pares) y del microsistema (procesos mentales de la persona en desarrollo).
Por otro lado, no podemos considerar el problema de la violencia adolescente y juvenil como un fenómeno aislado de otros comportamientos problemáticos y de otros factores de riesgo psicosocial (Caspi, Henry, McGee, Moffitt, & Silva, 1995; Henry, Caspi, Moffitt, Harrington, & Silva, 1999; Henry, Feehan, McGee, Stanton, Moffitt, & Silva, 1993; Killias & Ribeaud, 1999; Moffitt, 1993a; OMS, 2003).
Al respecto, la investigación ha demostrado que no todos los adolescentes y jóvenes violentos son iguales. Existen adolescentes y jóvenes violentos que pese a su funcionamiento psicológico violento, no comenten delitos a pesar de estar expuestos al riesgo de perpetrarlos (Lykken, 2000). Contrariamente, existen adolescentes y jóvenes que han cometido delitos, sin que necesariamente presenten algún tipo de perturbación psicológica (Iza, 2002; Moffitt, 1993a, 1993b).
Los adolescentes y jóvenes violentos tienden a cometer una variedad de delitos, además de presentar adicionalmente, una variedad de problemas conductuales asociados a su comportamiento delictivo; entre ellos se encuentran un alto ausentismo o deserción escolar, abuso de sustancias psicoactivas (especialmente alcohol), características personales tales como impulsividad y oposicionismo intensificadas, perseveración al decir mentiras y cinismo, ausencia de sentimientos de culpa hacia el mal comportamiento, así como altas tasas de enfermedades de transmisión sexual (Caspi, Moffitt, Silva, Stouthamer-Loeber, Schmutte, & Krueger, 1994; Jaffee, Moffitt, Caspi, Taylor, & Arseneault, 2002; Koenen, Moffitt, Caspi, Taylor, & Purcell, 2003; Krueger, Schmutte, Caspi, Moffitt, Campbell, & Silva, 1994).
No obstante, es importante destacar que no todos los adolescentes y jóvenes con la totalidad o alguno de los problemas conductuales mencionados serán necesariamente violentos o delincuentes; asimismo, no todos los adolescentes y jóvenes delincuentes presentan consistentemente estos problemas (Broidy, Nagin, Tremblay, Brame, Dodge, Fergusson, Horwood, Loeber, Laird, Lynam, & Moffitt, 2003; Iza, 2002; Morales, 2005).
Sin embargo, aquellos adolescentes y jóvenes que desde la niñez y la pubertad han sido expuestos a una serie de desventajas a lo largo de su desarrollo tales como cuidados negligentes, pobre estimulación temprana (Henry, Moffitt, Robins, Earls, & Silva, 1993), aprovisionamiento insuficiente; y que además reúnen una serie de déficits neuropsicológicos verbales y ejecutivos, acompañados de desórdenes severos del desarrollo, como déficit atencional e hiperactividad (Henry, Caspi, Moffitt, & Silva, 1996); tienen mayor probabilidad de desarrollar un patrón de conducta antisocial persistente a lo largo del ciclo de vida (Baltes, Lindenberger, & Staudinger, 1997; Caspi, McClay, Moffitt, Mill, Martin, Craig, Taylor, & Poulton, 2002 Caspi & Roberts, 2001; Lahey & Loeber, 1992; OMS, 2003).
Al respecto, debe señalarse que no ocurre lo mismo con sus pares adolescentes, que de modo casi independiente de los entornos criminógenos en que se hayan desarrollado (Bronfenbrenner, 1999; Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Bronfenbrenner & Morris 1997), no presentan las mismas características de desventaja personal, y no presentan por tanto, el mismo patrón de conducta (Moffitt, 1993a, 1996).
Si este último grupo de adolescentes cometiera algún tipo de delito, su conducta antisocial tendría que ser explicada directa y principalmente por los efectos de los entornos ambientales en los que interactúan (Frías-Armenta, López-Escobar, & Díaz-Méndez, 2003) y por los procesos de socialización negligentes sobre los que se han desarrollado (Blunt, Bugental, & Goodnow, 1997). No necesariamente por variables individuales; ello permite indicar que dicho comportamiento antisocial-delictivo se presenta de manera limitada al periodo de la adolescencia (Moffitt, 1993b, 2001, 2002).
Entre los factores de vulnerabilidad identificados más importantes, la investigación ha demostrado que los adolescentes de género masculino tienen una mayor probabilidad de pertenecer al grupo de adolescentes que muestra comportamiento antisocial persistente a lo largo de la vida, en comparación con sus respectivos pares femeninos (Magdol, Moffitt, Caspi, Newman, Fagan, & Silva, 1997; Moffitt, Caspi, Rutter, & Silva, 2001).
Otro importante grupo de factores de riesgo identificados en esta población, lo constituye su asociación con otros tipos de violencia. Presenciar actos violentos en el hogar o sufrir abuso físico o sexual puede condicionar a los niños y adolescentes a considerar la agresión como un medio aceptable para resolver problemas o interactuar con los demás (Jaffee, Moffitt, Caspi, Taylor, & Arseneault, 2002; Koenen, Moffitt, Caspi, Taylor, & Purcell, 2003; OMS, 2003).
Del mismo modo, la exposición prolongada a conflictos armados como el terrorismo, también puede contribuir a sostener una cultura del terror que haga más fácil la aparición de adolescentes y jóvenes violentos (Bandura, 1977). En ese sentido, la comprensión de los factores que incrementan el riesgo de que los adolescentes y jóvenes se conviertan en víctimas y perpetradores de actos violentos, como delitos y crímenes, es esencial para formular políticas y programas eficaces de prevención de la violencia adolescente y juvenil (Peñaherrera, 1998; OMS, 2003).
Cabe mencionar que el delito no es un constructo psicológico sino una categoría jurídico-legal bajo la cual no es posible agrupar a todos los delincuentes existentes, pues éstos son muy diferentes entre sí, y el único elemento común a todos ellos es la conducta o el acto mismo de delinquir. Este acto reúne un conjunto de variables psicológicas organizadas consistentemente, configurando un patrón de conducta al cual los psicólogos denominan comportamiento antisocial (Farrington, 1983; en Iza, 2002).
En este sentido, es preciso indicar que las correspondencias entre los dominios del delito y del comportamiento antisocial son unidireccionales, es decir, todo delito representa un tipo de comportamiento antisocial (Blackburn, 1995), pero no todo comportamiento antisocial constituye un delito, en tanto no haya sido tipificado como tal en la legislación penal de una Nación (Iza, 2002). Por lo que debe señalarse que en la legislación penal peruana, los adolescentes que delinquen no son llamados delincuentes, sino infractores. La razón obedece a que la trasgresión a la Ley Penal por parte de un adolescente en el Perú, es considerada una infracción a la Ley.
Etiología de la Delincuencia Juvenil II: Las trayectorias del desarrollo
En el campo de la violencia y la criminalidad, el término trayectoria se ha utilizado para referirse a la evolución o curso de un comportamiento cuando no se recibe tratamiento o intervención alguna. En la salud pública se emplea el término "historia natural de una enfermedad" para referirse a esta idea.
Estudiar la violencia criminal como la posibilidad de una trayectoria en el comportamiento delincuencial es un paso muy importante para el entendimiento del problema y el diseño de políticas públicas de prevención de la violencia criminal focalizada especialmente en población joven. Implica que se está considerando que la violencia y el crimen no son sólo producto de las circunstancias del momento: como la falta de vigilancia, un conflicto interpersonal, el consumo abusivo de alcohol, o la tenencia de armas, sino también producto de una historia personal del neurodesarrollo social. Por qué y cuándo se inicia, cuáles son los signos tempranos y cómo evoluciona, son elementos indispensables para pensar en prevenir o interrumpir esta historia.
Asimismo, es importante saber si existe más de una trayectoria, pues ello podría implicar la existencia de diferentes tipos del problema con distintas causas, cursos y pronósticos; y consecuentemente, diferentes formas de prevenir o de tratar. Muchas de las teorías predominantes al interior de la Criminología moderna tienden a englobar la población de violentos o de infractores como si fuera una población homogénea, explicando las diferencias en la edad de aparición, persistencia, o severidad del crimen como distintos niveles del mismo problema (Bandura, 1973; Gottfredson & Hirschi, 1990; Sutherland & Cressey, 1999). A continuación revisaremos algunas de las más importantes contribuciones al respecto.
Según el Tipo de Delito: Especialización vs. Versatilidad
Una forma frecuente de clasificar a los delincuentes es por el tipo de delito. La evidencia empírica sobre la tendencia a cometer un sólo tipo de delito (especialización) versus la versatilidad en la actividad delincuencial es controversial. Por un lado, algunos investigadores han encontrado que sí existe esta tendencia (Farrington, Zinder, & Finnegan, 1988), en especial para aquellos que continúan delinquiendo en la edad adulta y durante más tiempo (Blumstein, Cohen, Das, & Moitra, 1988), aquellos involucrados en delitos de "cuello blanco" (Benson & Moore, 1992), y los que inician actividades delincuenciales luego de tener problemas de adicción a drogas (Farabee, Joshi, & Anglin, 2001). Incluso, sobre la base de estudios de gemelos y estudios de adopción, Mednick y Kandel (1998) piensan que posiblemente, existen factores genéticos que predisponen hacia los delitos contra la propiedad mientras que factores perinatales parecen ser importantes para los delitos contra las personas. No obstante la evidencia anterior, luego de una revisión exhaustiva de la literatura sobre el tema cubriendo los años de 1966 a 1995, Simon (1997) concluyó que si bien existen algunos delincuentes especializados en algunos tipos de delitos, la mayoría, en especial los más persistentes, no tienden a especializarse. Investigaciones posteriores a esta revisión brindan adicional soporte a esta conclusión (Piquero, 2000; Piquero & Buka, 2002).
Estudios sobre las trayectorias del comportamiento criminal por tipo de delito, muestran diferencias en la frecuencia de la actividad delincuencial con picos alrededor de los 16 años de edad, sin importar el tipo de delito (Brame, Mulvey, & Piquero, 2001). Igualmente, para aquellos que son persistentes en su conducta antisocial, los dos grupos (especializados y no especializados) no parecen diferir en sus antecedentes familiares o personales (Farrington, 1989).
En 1998, Rolf Loeber y su grupo de investigación en la Universidad de Pittsburg propusieron, basándose en un seguimiento longitudinal durante 14 años a una cohorte de niños (n = 517), tres trayectorias para el desarrollo del comportamiento criminal (Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber, Moffitt, & Caspi, 1998). En las tres trayectorias, los comportamientos más serios son precedidos por otros menos graves. Un primer camino, denominado abierto o público, se inicia con una agresión menor (molestar o amedrentar a otros), seguido por participar en peleas con enfrentamientos físicos y verbales, terminando en delitos violentos.
Un segundo camino es denominado vía encubierta, y se inicia con comportamientos encubiertos menores como decir mentiras, robar pertenencias de otros u objetos en venta de las tiendas, progresa a daños a la propiedad, y termina en delitos menores a serios como fraude, robo y asalto. El tercer camino se inicia a través del comportamiento desafiante y oposicionista, progresa a desobediencia y termina en desacatamiento de normas de funcionamiento familiar y social, como escaparse de la casa o la escuela, o permanecer fuera del hogar por muchas horas y hasta tarde.
Soporte empírico adicional para este modelo surge de los análisis de los datos de la National Youth Survey (una encuesta nacional tomada a una muestra aleatoria de jóvenes de ambos sexos entre 12 y 17 años de edad en los EE.UU.) y del Chicago Youth Development Study (un estudio de seguimiento de niños de quinto y séptimo grado de escuelas públicas en la ciudad de Chicago). En esta prueba del modelo, el 84% de los delincuentes cumplieron los pasos o caminos propuestos por Loeber et al. (Tolan & Gorman-Smith, 1998). Este porcentaje fue mayor cuando se limitó el análisis al subgrupo de delincuentes más serios o violentos. A continuación se presenta una adaptación del modelo propuesto por Loeber et al. en la Figura 5.
Según el Patrón de Agresión: Agresión Reactiva vs. Proactiva
Dodge (1991) ha propuesto la existencia de dos tipos de conductas agresivas: una agresión reactiva y otra proactiva, aunque es frecuente observar los dos tipos en un mismo individuo. La primera es un tipo de agresión que se produce en reacción a la provocación, de allí el nombre de reactiva. Teóricamente, estas personas no iniciarían peleas pero serían muy sensibles a cierto tipo de estímulos (cuestionamientos a su identidad o poder, ofensas a la autoestima) y reaccionan con ira en forma descontrolada y desproporcionada. En cambio, la agresión proactiva se utiliza para obtener algún bien o beneficio (objetos o dominación de otro, por lo que tiene un carácter eminentemente instrumental) y suele carecer de manifestaciones de afecto (se trata de una acción fría y calculada).
Los dos tipos de agresión corresponden a diferentes estructuras, conexiones, circuitos y sistemas de neurotransmisión a nivel cerebral (según lo observado en modelos animales), diferentes procesos cognoscitivos, y probablemente diferentes etiologías. Dodge (1991) propuso, a manera de hipótesis, que la agresión reactiva podría ser el resultado de experiencias en la infancia y la niñez que disminuyen la sensación de seguridad y elevan los niveles de estrés; como por ejemplo, la pérdida de un ser querido y las amenazas crónicas (el maltrato y el abuso durante la niñez o el ser testigo de violencia), especialmente cuando son impredecibles. En cambio, la agresión proactiva podría ser el resultado de una alta exposición y valoración de respuestas agresivas (en la familia, la comunidad o la televisión) y una falta de exposición a comportamientos prosociales (modelos de conducta socialmente adecuados).
La investigación empírica sobre estos dos patrones conductuales de agresión es limitada. Sin embargo, se ha encontrado que la agresión reactiva se asocia más frecuentemente con antecedentes de maltrato y estrategias disciplinarias severas y aparece a más temprana edad (alrededor de los 4 años de edad). Los niños con este patrón de agresión manifiestan hipersensibilidad y tendencia a malinterpretar signos sociales, generan rechazo entre sus pares y maestros (Dodge, Lockman, Harnish, Bates, & Pettit, 1997), y tienen mayor riesgo de agredir a su pareja (Brengden, Vitaro, Tremblay, & Lavoie, 2001).
Por el contrario, la agresión proactiva aparece alrededor de los 6 años de edad (Dodge et al., 1997) y predice conductas delincuenciales durante la adolescencia (Brengden et al., 2001; y Vitaro, Gendreau, Tremblay, & Oligny, 1998), explicadas especialmente por los efectos del aprendizaje social durante la socialización infantil.
Establecer las diferencias entre estos dos tipos de agresión y sus factores determinantes tiene importantes implicancias para la prevención y el control de la violencia y la criminalidad. Primero, porque es muy probable que ciertos programas tengan mejores resultados con algún tipo de agresión que con otro. En segundo lugar, porque conociendo los factores determinantes de cada tipo de agresión, es posible diseñar programas de prevención primaria. Por ejemplo, ciertos factores como el alcohol y el estrés podrían ser más importantes para los reactivos que para los proactivos. La evolución de cada tipo de agresión nos podría también orientar sobre los momentos apropiados de la intervención.
Según la Edad de Iniciación y Persistencia: Precoces vs. Tardíos
En una publicación de 1989, Patterson, DeBaryshe y Ramsey plantearon la existencia de al menos dos caminos a la delincuencia o criminalidad: una de iniciación en la edad escolar y otra, de inicio en la adolescencia. Según estos autores, unas prácticas de crianza inapropiadas serían el factor que conduciría a la aparición del problema en ambos casos. En este mismo sentido, Moffitt (1993a) también propuso la existencia de dos grupos de adolescentes antisociales: (1) limitados a la adolescencia (adolescence-limited) y (2) persistentes a través de la vida (life-course-persistent).
Según sus investigaciones, estos últimos, correspondientes a la minoría dentro de la población de delincuentes, se caracterizan por la aparición temprana (incluso desde la edad preescolar) y persistente de un conjunto de problemas de comportamiento que irían escalando en frecuencia y severidad; y si bien cambian en sus manifestaciones según la edad, correspondía al mismo tipo de problema (continuidad heterotípica). Por ejemplo, la agresión en la edad preescolar podría manifestarse como rabietas, en la edad escolar como destructividad y agresión hacia otros en la adolescencia.
Por el contrario, Moffitt (1993a) postula que los autolimitados a la adolescencia corresponden a la gran mayoría de jóvenes que alguna vez se han involucrado en actividades delincuenciales y se distinguen porque carecen de problemas de conducta notorios durante su niñez. La confluencia de estos dos grupos explicaría por qué se observan tasas de participación en delincuencia y violencia especialmente altas durante la adolescencia. La desaparición del grupo de autolimitados explicaría el descenso que se observa en estas tasas luego de la adolescencia.
El soporte empírico para esta taxonomía es aún incipiente pero persuasivo (Bartusch, Lynam, Moffitt, & Silva, 1997; Chung, Hill, Hawkins, Gilchrist, & Nagin, 2002; Moffitt, 1993a; Moffitt & Caspi, 2001; Moffitt, Caspi, Harrington, & Milne, 2002; Nagin, Farrington, & Moffitt, 1995; Simons, Wu, Conger, & Lorenz, 1994; Tolan & Thomas, 1995; Vitelli, 1997).
Los estudios mencionados incluyen poblaciones de Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, Suecia y EEUU. También existen estudios colombianos demostrando la existencia de estos dos grupos aunque aún restringidos a población de delincuentes adultos (Klevens & Roca, 1999; Klevens, Restrepo, Roca, & Martinez, 2000). Estos dos caminos parecen ser similares entre hombres y mujeres (Moffitt & Caspi, 2001), aunque algunos estudios son consistentes en señalar un mejor ajuste del modelo a muestras de adolescentes varones.
Además de la diferencia en la edad de inicio del comportamiento antisocial, se encuentran diferencias en sus factores determinantes. Los factores asociados al camino precoz y persistente son múltiples e incluyen: problemas neurocognitivos (hiperactividad, problemas de atención, impulsividad, bajo nivel de habilidades verbales), rasgos de personalidad (temperamento difícil, reactividad emocional negativa, tendencia a ser temerario y a buscar lo novedoso), prácticas de crianza inapropiadas (estrategias disciplinarias agresivas e inconsistentes, carencia de interacción interpersonal positiva, falta de supervisión) y conflicto familiar (Bartusch et al., 1997; Klevens, Restrepo, Roca, & Martínez, 2000; Moffitt et al., 2001; Moffitt, Caspi, Harrington, & Milne, 2002; Simons et al., 1994). En contraste, el grupo de inicio tardío tiene pocos factores de riesgo, es decir, es bastante parecido a la población de jóvenes que no se involucra en hechos delictivos excepto por dos características: mayor frecuencia de interrupciones en la supervisión adulta y mayor tiempo de exposición a pares antisociales (Bartusch et al., 1997; Klevens et al., 2000; Patterson & Yoerger, 1997; Simons et al., 1994).
Los dos grupos difieren también en su pronóstico. Para los precoces y persistentes, el pronóstico es bastante reservado. Además de los riesgos de criminalidad y violencia, tienen mayores probabilidades de fracaso y deserción escolar, consumo temprano y excesivo de alcohol y drogas, precocidad y promiscuidad sexual, infracción de normas de tránsito, inestabilidad laboral y afectiva, y violencia doméstica (Farrington, 1995; Klevens et al., 2000). Por el contrario, el grupo tardío tiende a involucrarse en delitos de menor gravedad (delitos contra la propiedad, los de "cuello blanco", y los relacionados con el narcotráfico; Loeber, 1990). Sin embargo, aún se carece de suficiente evidencia sobre su eventual desistencia, y aún cuando desisten, parecen tener otros problemas como beber más, usar drogas con mas frecuencia e involucrarse en peleas (Nagin, Farrington, & Moffitt, 1995).
Otros investigadores han encontrado más de dos caminos: precoces y persistentes de alta actividad versus precoces y persistentes con baja actividad sin diferencias en sus factores determinantes (Nagin et al., 1995). En otro estudio, se describe un grupo de precoces que, excepto por la edad de iniciación, se parecen a los tardíos, es decir, se involucran en delitos de menos seriedad y desisten al llegar a la edad adulta (Chung et al., 2002). El factor que diferencia a este grupo de los precoces y persistentes es que viven en barrios donde la exposición a pares antisociales y la disponibilidad de drogas son menores.
Una de las limitaciones de las dos clasificaciones anteriores es que mezclan violencia con otros comportamientos antisociales o criminales como fugarse de la casa, robo y consumo de drogas. Tremblay et al. (1999) en Montreal, han realizado varios estudios documentando la historia natural de la agresión física. Primero, basándose en observaciones de niños y reportes de sus madres, obtuvieron evidencia de que el comportamiento agresivo aparece en algunos niños desde los 7 meses de edad. Incrementa el porcentaje de niños mostrando ese comportamiento en la medida en que ganan movilidad, de manera que antes de los dos años de edad, la mayoría de los niños han sido alguna vez físicamente agresivos con otros (Tremblay et al., 1999).
Esto parece ser el pico para el comportamiento agresivo, porque según los datos de un estudio transversal en una muestra representativa de niños canadienses, el porcentaje de niños con comportamientos agresivos disminuye progresivamente a partir de los dos años de edad (Morales, 2006a). En otro estudio con una cohorte de niños seguidos desde los 6 hasta los 15 años de edad, Nagin y Tremblay (1999) encontraron que alrededor de 5% de su cohorte mostraban comportamiento agresivo persistente; mientras que 20% a 30% de los niños tenían altos niveles de agresión a los 6 años, y otro 50% tenía niveles moderados de agresión pero desistían con el tiempo. Alrededor de la mitad del grupo con agresión persistente manifestaban también comportamiento oposicionista.
Finalmente se constató, que este grupo de agresores persistentes fue el que se involucró con mayor frecuencia en delitos violentos durante su adolescencia. Este grupo de agresores persistentes parece corresponder al grupo que hemos llamado precoces y persistentes, y aunque Nagin y Tremblay rechazan la idea de un grupo de aparición tardío, en otra publicación describen trayectorias de niños que no manifiestan comportamientos agresivos a los seis años pero muestran comportamientos violentos de manera transitoria o con baja frecuencia (Brame, Nagin, & Tremblay, 2001), lo cual concuerda con la descripción de tardíos propuestos por Moffitt (1993a).
Conclusiones y Recomendaciones
Existe consenso respecto a la estrategia para prevenir la violencia juvenil; se considera que, junto a otros comportamientos de riesgo, el fortalecimiento de políticas públicas eficaces y sostenidas, representa la mejor alternativa para promover la calidad de vida, el desarrollo y la inserción social de los adolescentes y jóvenes (Cortázar, Francke, & La Rosa, 1998; Francke, 1998; La Rosa, 1998). Por lo tanto, es necesario replantear y reformular las estrategias actuales para atender y prevenir el comportamiento antisocial durante la adolescencia, a la luz de las evidencias provenientes de la investigación.
La existencia de una trayectoria de iniciación precoz de comportamientos antisociales, con altos niveles de persistencia y múltiples consecuencias negativas en la edad adulta tiene importantes implicancias para el desarrollo de políticas públicas de prevención del crimen juvenil, así como el tratamiento jurídico y psicológico por parte de los sistemas de administración de Justicia Penal Juvenil en la región (Morales, 2006b).
Aunque el grupo de adolescentes precoces y persistentes corresponde a la minoría dentro de la población de delincuentes, pareciera generar aproximadamente el 50% de la totalidad de los delitos denunciados y no denunciados en el mundo (Farrington, 1995; y Tracy, Wolfgang, & Figlio, 1990). Con excepción de Colombia y Perú donde se han realizado estudios sobre las trayectorias del comportamiento antisocial adolescente (Klevens et al., 2000; Morales, 2006a), en la región no existen estudios que asocien los perfiles de riesgo del comportamiento antisocial adolescente y sus correlatos criminales en record policiales; debido a ello, no es posible afirmar que existe la presencia de infractores juveniles persistentes o no persistentes involucrados en tasas altas o bajas de incidentes violentos.
Existen algunos esfuerzos de investigación que tienen el propósito de identificar la existencia de este patrón entre la población de adolescentes en conflicto con la Ley Penal atendidos por la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial peruano. De comprobarse la presencia de perfiles de riesgo de comportamiento antisocial persistente y no persistente, se tendría evidencia para implementar un sistema de atención y prevención del comportamiento antisocial entre esta población; podría considerarse para ello, intervenciones focalizadas y especializadas de acuerdo a cada perfil de riesgo. Una lógica de intervenciones en esta línea, representa una adecuada alternativa para los servicios públicos de atención y prevención de la violencia juvenil por múltiples razones.
En primer término, porque cualquier tipo de intervención psicológica debe estar basada en algún tipo de evidencia sobre su eficacia, de manera que pueda prestarse un servicio de atención apropiado que garantice los resultados esperados. En segundo término, porque los recursos para el financiamiento de los servicios de atención a esta población no son abundantes, y por lo tanto existe una responsabilidad técnica y moral, de destinar los fondos disponibles sobre aquellos programas de intervención que han demostrado algún nivel significativo de resultados, o que se diseñan sobre la base de algún fundamento teórico pertinente, y a la vez permiten medir los resultados preestablecidos.
El valor de utilizar el conocimiento psicológico para atender los problemas de conducta y prevenir episodios de mayor severidad resulta evidente, cuando además de observar los resultados de los análisis costo-beneficio de los programas basados en evidencia, se observa la reducción de otros problemas asociados (comorbidos), comúnmente consecuentes con la conducta delictiva, como el consumo abusivo de alcohol y drogas (Morales, 2006c).
Resulta indispensable destacar que la prevención del comportamiento antisocial adolescente no debería orientarse exclusivamente hacia la atención y la rehabilitación del daño una vez producido, es decir, destinar los esfuerzos de intervención, inclusive aquellos sumamente especializados y demostrados científicamente como eficaces; cuando la conducta antisocial o el problema de conducta (su precursor) se han originado y se manifiestan bajo múltiples formas de funcionamiento personal y en diversos entornos de desarrollo.
De acuerdo a lo anterior se deriva la necesidad de una intervención muy temprana, idealmente desde el embarazo, promoviendo los determinantes biopsicosociales de la salud del niño durante su desarrollo temprano. Estas intervenciones buscarían reducir complicaciones de embarazo y parto, y mejorar las estrategias de crianza, especialmente durante los primeros años de vida.
Las imágenes observadas documentando el impacto del maltrato y la deprivación psicoafectiva en las estructuras y fisiología cerebrales durante el periodo en que estas estructuras están aún en desarrollo (primeros tres años; Teicher, 2002) sugieren la urgencia de actuar en este sentido. Desafortunadamente, los programas de prevención existentes se inician en la edad escolar, cuando ya el problema de comportamiento es evidente, y aunque muestran impacto, son programas de muy alto costo (ver por ejemplo, Conduct Problems Research Group, 1999).
Existen programas de prevención de la violencia juvenil de éxito científicamente comprobado, como por ejemplo, el programa reportado por Berrueta-Clement, Schweinhart, Barnett, & Weikart en 1987. Este programa brindó cuidados y una educación preescolar de alta calidad, que redujo la incidencia de delincuencia juvenil a la cuarta parte y criminalidad adulta a la cuarta parte, además de logros muy positivos en escolaridad y empleo, con un balance muy favorable en términos de costo-beneficio (Karoly et al., 1998) que sin embargo, no ha sido implementado a gran escala.
En el caso de los adolescentes antisociales tardíos (limitados a la adolescencia), Moffitt (1993a) propone a manera de hipótesis, que éstos se involucran en actividades delincuenciales por satisfacer necesidades comunes a los adolescentes de la población general: aceptación del grupo, status, independencia, diversión, entre otras necesidades normativas de la edad. En muchos países de América Latina, particularmente en el Perú, la jornada escolar en la escuela pública es corta; y muchos adolescentes carecen de supervisión entre las horas de salida de la escuela y la llegada de los padres del trabajo, mientras las oportunidades para involucrarse en problemas con la Ley están siempre presentes.
Para el grupo de adolescentes en riesgo, se piensa que los programas de prevención deberían crear y mantener permanentemente actividades con supervisión adulta en donde los adolescentes tengan oportunidad para observar e interactuar con personas que les sirvan de ejemplo o modelamiento positivo.
Finalmente, aunque el último Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y promoción de la Justicia Penal celebrado en abril de 2005 en Bangkok (Tailandia), privilegió el tema del terrorismo transnacional, que no es menos importante para la seguridad de las naciones, recordemos que la delincuencia tiene una trayectoria de vida. Los delincuentes, todos los delincuentes, no se convierten en criminales cuando adultos, sino que existe una trayectoria de vida que expone a las personas a incursionar en el delito por múltiples factores causales, que pueden ser detenidos o remediables desde la Política Social oportuna.
La mejor política de prevención de la delincuencia juvenil, es la promoción de políticas públicas en favor de la juventud que sean de calidad, sostenidas y oportunas. Aún estamos a tiempo de hacer que la vida para los jóvenes sea mejor en esta parte del mundo, y que la mejor Justicia Juvenil no sea el consuelo o el remedio para el fracaso de la peor política social en favor de los jóvenes. Vigilar el cumplimiento de este compromiso es nuestro principal reto para prevenir la violencia juvenil en nuestro continente, pues significa resguardar el más importante capital que aún conserva la región: sus jóvenes.
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Hugo Morales. Maestría en Neurociencias (UNMSM), Licenciatura y Bachillerato en Educación Secundaria (UNMSM) y en Psicología Social (PUCP). Ha realizado estudios de especialización en Análisis de Trayectorias en Criminología en la University of Pennsylvania, en Derechos del Niño en la University of Ghent y en Desarrollo y Salud Integral del Adolescente en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente cursa estudios de Maestría en Políticas Educativas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha sido Coordinador Nacional para el Perú del Proyecto International Crime Victims Survey del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI). Es Coordinador de la Diplomatura en Desarrollo Integral y Prevención de la Violencia Juvenil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Profesor del Diploma de Especialización en Intervención Multidisciplinaria de las Defensorías del Niño y del Adolescente de la Especialidad de Trabajo Social de la PUCP. Ha sido Profesor visitante del Diploma de Post Título en Jóvenes Infractores de Ley: Programas de Prevención e Intervención, de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como Coordinador del Área de Responsabilidad Penal del Adolescente de la ONG COMETA y Consultor del Proyecto Regional Fomento del Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ). Sus áreas de especialización son medición psicológica, educación social; prevención, evaluación y tratamiento de la conducta antisocial adolescente y el consumo de drogas. Es autor de artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales, así como capítulos de libros en áreas de su especialidad.
Dirección: Diplomatura en Desarrollo Integral y Prevención de la Violencia Juvenil. Unidad de Post Grado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Av. Germán Amézaga s/n. Lima - Perú. E-mail: hmorales@pucp.edu.pe
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