martes, 1 de marzo de 2011

INFANCIA Y ADOLESCENCIA: CONDENADAS A PERPETUA. María Laura Böhm (CEPOC) Abogada, criminóloga, doctora en ciencias sociales.Göttingen, 2011

Los niños y adolescentes son recordados sólo parcialmente por el sistema penal. El sistema se acuerda de ellos cuando llaman la atención porque hurtan, roban, golpean o matan. El sistema les dedica toda su atención: ya sea para advertir que no viven en un medio adecuado y enviarlos a centros de custodia, hogares sustitutos, o similares; o para cargarles plenamente la responsabilidad del hecho cometido, y condenarlos. Es decir, el sistema los tiene muy presentes cuando ya no los ve como niños o adolescentes, sino como delincuentes y criminales.
La etiqueta cambia. Los derechos que al menos en el papel se le reconocían, dejan de reconocerse. Ya ni en el papel. Con la nueva etiqueta hasta los adultos que suelen jactarse de una cierta sensibilidad (porque ellos mismos son padres y pretenden entender las necesidades de los chicos) se irritan cuando a uno de esos otros, de los que fueron invisiblemente chicos, y ahora son visiblemente criminales, no se los trata “como se merecen” desde el sistema penal. Los adultos reclaman penas, cada vez más y más largas penas, para más chicos, cada vez más y desde más chicos. El sistema los ve cuando son ofensores. Y actúa como con cualquier ofensor, o busca los medios para poder hacerlo. Dos ejemplos: En Argentina se quiere ver la solución en la baja de la edad de la punibilidad... desde más chicos deben ser atrapados por el sistema penal. ¿El argumento que algunos dan?:De esa manera se ven acogidos por el sistema de garantías que el sistema tutorial extra-penal no ofrece.
El artilugio argumentativo resulta casi caricaturesco si se piensa que el encierro en uno u otro caso es encierro, y que el sistema penal siempre, absolutamente siempre, es selectivo y violento. Un ejemplo, puntual y bien actual, en Estados Unidos se está procesando a un niño, Jordan Brown, a quien se lo quiere condenar a cadena perpetua sin posibilidad alguna de que alguna vez en su vida pueda solicitar la libertad condicional. Aunque diversos Tratados Internacionales lo prohíben (fundamentalmente el Art. 37 de la Convención sobre los derechos del Niño, de la cual no es parte EEUU), se pretende juzgar al niño – que al momento del homicidio que se le imputa tenía 11 años y hoy apenas uno más – como adulto, frente a la justicia de mayores y no a la juvenil, para poder imponer la cadena perpetua. También en Argentina ha habido condenas a cadena perpetua para adolescentes de 16 y 17 años que años después siguen sin lograr que el Estado argentino revierta la condena inconstitucional y violatoria de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino mediante la firma de Tratados, Pactos y Convenciones protectores de los derechos humanos en general, y que en particular contemplan la protección de los derechos de los menores de dieciocho años – la lucha por la reversión de la condena hoy sólo puede ser seguida por cinco de los adolescentes condenados, porque el sexto que aún cumplía condena, murió en el encierro en junio de 2005 –. En el caso actual de Estados Unidos (que como se ve, no es ninguna novedad) se pretende imponer la cadena perpetua y para ello la única solución es llevar el caso – en razón de su gravedad – a la justicia de mayores. En el caso de las condenas en Argentina, las condenas fueron impuestas dentro del sistema de la justicia penal juvenil. Es decir, esto fue aun más grave, dado que el sistema mismo que está destinado a juzgar a niños y adolescentes dio lugar a tales condenas, impartidas por el Tribunal Oral de Menores N° 1 de Capital Federal en 1999 y por la justicia de Mendoza en el año 2002.
Los niños como ofensores son bien visibles, y el Estado se jacta de llevarlos o de hacer todo lo posible para llevarlos ante “la justicia”, es decir, para condenarlos. Es la lucha de un titán (el Estado y su aparato punitivo) contra un niño. Un titán que muestra todo su poder y el largo alcance de los cuantiosos brazos de su poder.
Ahora bien, esto sólo vale para la situación del “niño ofensor”. ¿Dónde queda toda esa valentía estatal cuando los niños son las víctimas? ¿Hasta dónde llegan esos brazos cuando los Estados deben proveer salud, educación, alimento, recreación, seguridad? ¿Dónde está ese titán cuando el niño lo necesita? Estas preguntas casi no tienen respuesta, o sí, pero tan viejas y gastadas e inútiles que hasta parece anodino plantearlas. Sin embargo quiero hacerlo, y llevarlas y dirigirlas a un campo específico, en que el sistema punitivo, o al menos algun sistema de contralor debería estar bien presente, y no lo está. Es el ámbito de los crímenes cometidos también por grandes estructuras contra los niños. Hay muchos casos, en Argentina  y en todo el mundo. Un ejemplo actual es el caso de los niños trabajadores semi-esclavos traídos de Santiago del Estero que no podían disfrutar de su derecho a la educación, porque estaban forzados a trabajar, ni de su derecho a la salud, porque vivían en containers sin agua y con servicio sanitario infrahigiénico, ni de su derecho a la recreación, porque el trabajo era duro y a la par de los otros adultos igualmente reclutados para el trabajo semi-forzoso. Recién mucho tiempo después de iniciarse esta situación se hicieron visibles esos niños-víctima. Lo mismo sucedió y sucede con niños de distintos países latinoamericanos, niños que están obligados a vivir en un medio ambiente complementamente contaminado (ríos – fuente de su obtención de agua - contaminados, suelo contaminado, aire contaminado) o a trasladarse forzosamente de sus lugares originarios por emprendimientos empresariales con el consiguiente desarraigo natural y cultural, o niños que son perseguidos y detenidos como “terroristas” por protestar por los derechos de su pueblo mapuche que están siendo violados por empresas intrusivas... Estos niños-víctima se ven afectados por la acción de empresas extranjeras que extraen recursos naturales dejando desechos diseminados, secando fuentes de alimentación e impidiendo la regeneración ambiental natural, empresas que desvían ríos e inundan pueblos, empresas que además recurren a la protección estatal y/o paramilitar para acallar protestas locales. Texaco en la zona de Esmeraldas (Ecuador), British Petroleum en el Departamento de Casanare (Colombia), Endesa en la región del Bío Bío (Chile) son sólo unos de muchísimos ejemplos, en que no sólo los adultos, sino en particular los niños – precisamente en etapa de crecimiento – son víctimas directas de las violentas irregularidades en que participan grandes empresas. Invisibles. Los crímenes parecen invisibles, así como las víctimas. Perpetuamente condenadas – extrajudicialmente – y sin derecho a apelación. El sistema penal no se acuerda de ellos. Los acuerdos entre titanes dejan a los niños fuera de toda consideración.
Como ofensores se los encierra tempranamente o se los condena activamente a cadena perpetua – y recordemos lo que dijera el pensador francés Michel Foucault sobre la prisión, que es en realidad una condena a muerte... no necesariamente física, pero social, psicológica, de personalidad –. Como víctimas también se los condena perpetuamente... por omisión. La indiferencia del titán que debería intervenir, exigir la cesación a las violaciones de sus derechos y generar el ejercicio de esos derechos, los condena.
Tanto como ofensores, que desde chicos se ven arrojados a la oscuridad y las vejaciones del encierro inventado en el mundo de los adultos, como cuando son víctimas, dejadas a su suerte en medio de tareas que truncan su niñez, o permanentemente desplazados, u obligados a vivir en ambientes que pudren sus pulmones y que los exponen a deformaciones cancerígenas. Estos niños condenados a perpetua están siendo condenados a una temprana muerte. Los adultos, su titán y su sistema punitivo no saben darles la vida y la niñez que se merecen. Quitárselas, en cambio, parece ser mucho más fácil.


María Laura Böhm (CEPOC)
Abogada, criminóloga, doctora en ciencias sociales
mlaurabohm@hotmail.com
Göttingen, 18 de enero de 2011

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