lunes, 14 de junio de 2010

Las luces y las sombras de una nueva institucionalidad. El Divisadero. Aysen


La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, vigente desde hace exactamente tres años, tiene como de sus postulados más emblemáticos, el haber rebajado la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que ha significado que una parte importante de menores que antes no enfrentaban la justicia penal, hoy sí estén siendo responsabilizados por sus delitos.
Sin embargo, siempre habrá casos que quedarán fuera de la justicia penal, porque en Chile, como en el resto del mundo, se ha considerado que existen conductas infanto-juveniles que deben ser abordadas por otros medios, quizás desde una mirada más social y familiar, que judicial.Lamentablemente sigue pendiente la promulgación de una ley de protección de los derechos de la infancia, que regule mejor la situación de los menores inimputables que cometen actos delictuales, y cuya tramitación en el Congreso simplemente no ha registrado avances recientes.
Además, nos recuerda que la respuesta penal por sí sola es incapaz de hacerse cargo de la totalidad del problema criminal que involucra a adolescentes y jóvenes, ya que por prolija que ella sea, siempre habrá casos en que la intervención debe seguir otra vía.
Existen metodologías de prevención validadas que intervienen sobre los factores protectores y de riesgo, y que logran interrumpir el desarrollo de una trayectoria criminal, que pueden activarse cuando el niño entra en conflicto con la justicia. Adicionalmente, la prevención social dirigida a los niños más vulnerables, sus familias y los barrios que habitan resulta pertinente.
Para los jóvenes de entre 14 y 17 años rige el nuevo sistema de justicia juvenil, cuya implementación ha significado al país una millonaria inversión y que contempla sanciones diversas, desde la amonestación hasta la privación total de libertad.
Y transcurridos 36 meses desde la puesta en marcha de esta nueva institucionalidad, es pertinente que la ciudadanía conozca los resultados (problemas y beneficios) que esta normativa ha generado, pensando para ello que sería muy oportuna una acción pública donde se informara sobre esta materia, donde se desmitificarán muchas cosas que se dicen en torno a la delincuencia juvenil, y se detallara la realidad que hoy enfrentan los adolescentes y jóvenes que están siendo juzgados con esta nueva ley.
Y así como Chile cuenta con una ley ad hoc, también hay quienes insisten en hacer también un llamado a la familia a adoptar un rol más protagónico en la crianza y formación de sus hijos, ya que no basta una normativa legal, por buena, regular o mala que sea, para poder resolver problemas que por lo general se gestan precisamente en el seno familiar, en el entorno habitacional de los menores, y que a veces debe ser enfrentado exclusivamente por las instituciones, generando una sensación de crisis familiar o dicho de otra forma, la sensación de que las familias simplemente no se responsabilizan de la misión propia y exclusiva que recae sobre sus hombros y que a nadie más pueden endosar.


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