La reforma al sistema penal juvenil 
7-2-2011 Por Alberto Paredes Urquiza (FpV-La Rioja) 
He leído en estos días numerosos comentarios realizados por mis comprovincianos respecto de la implementación de un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil. Casi todos ellos con-centrados en un solo aspecto de la temática, que por cierto no es para nada el más importante: la edad a partir de la cual se le puede imputar a una persona responsabilidad penal. En consecuencia, un enfoque tan limitado de un proyecto de reforma integral, desvía y yerra notablemente sus objetivos.
Estimo que es el desconocimiento de la mayoría de la población sobre los alcances que se pretende dar a esa reforma, lo que lleva a una opinión tan distorsionada; los medios de comunicación también parecen reducir la discusión a ese punto, por lo que, a pesar de ser públicamente conocida mi posición, me parece oportuno reiterarla, a la vez que informar sobre las diferentes aristas de la sistemática que se pretende implementar.
Por el diputado Alberto Paredes Urquiza (FpV-La Rioja)
Se dice, por ejemplo, que toda iniciativa tendiente a establecer un régimen jurídico-penal para los menores que incursionan en el delito implica la intencionalidad de recluirlos en cárceles o institutos reformatorios que sólo habrán de contribuir a un agravamiento de su conducta. Que los menores, especialmente en ciertas franjas etarias, "no tienen conciencia" de lo que hacen, por lo que resulta arbitrario considerarlos responsables por sus actos.
Que tanto la Constitución nacional como los tratados internacionales que la integran prohíben este tipo de regulaciones, o que las mismas no constituyen una solución definitiva al problema. Argumentos de tal falacia o banalidad que en otras sociedades, que ya han adoptado medidas concretas en la temática, ya no tendrían asidero ni audiencia, pero que en nuestro medio son comunes de escuchar, incluso por conspicuos políticos, devenidos en especialistas en la materia.
Lejos de pretender por mi parte una especialidad, pero apelando al mero sentido común, estudiando las legislaciones comparadas de países de Latinoamérica y de Europa y escuchando a los profesionales y técnicos que en diversas instancias trabajan de cerca con la problemática de los menores, me atrevo a refutar severamente aquellas manifestaciones, cuyo sostenimiento, a veces, parecen implicar, más que un serio desconocimiento del tema, una decisión de negar la problemática, o minimizarla, o postergar su tratamiento.
En todos los proyectos presentados en el Parlamento nacional, jamás se procura armar mecanismos represivos hacia el menor; poniéndose especial celo en el carácter socio-educativo de las medidas a adoptar como consecuencia de la conducta que exhibe. Se hace especial hincapié en las características de los lugares que habrán de destinarse para el tratamiento cuando se haya dispuesto una privación de libertad, que siempre lo será por un tiempo determinado, y como un recurso de última instancia, frente a una situación conductiva grave, o de graves consecuencias, y en todos los casos, cuando detallados informes técnicos así lo aconsejen y justifiquen. Se prohíbe terminantemente, además, la detención en lugares de dependencia de las fuerzas de seguridad, como la participación de las mismas en el tratamiento de rehabilitación, debiendo hacerse cargo el Estado, con personal y lugares especialmente capacitados para la tarea a desarrollar. Lejos se está entonces de establecer un régimen represivo.
Debe entenderse que cuando observamos la realidad acuciante del crecimiento del delito cometido por menores, la reacción estatal no puede hacerse esperar, y que no se trata de castigar sino de encarar el problema, gestionando a través de la actuación conjunta de los órganos judiciales y administrativos competentes, una recomposición al orden alterado; reconociendo que el joven que comete el delito tiene en sí un grave problema, que por sí solo, o ni siquiera en su ámbito habitual, difícilmente pueda solucionar sin la intervención del Estado; asumiendo que existe una víctima cuyos derechos han sido violentados, generando en ella, cuando no una situación de miedo, un ánimo de "justicia por mano propia" al ver que nadie acude en su protección. Resulta inadmisible escuchar, en repetidas ocasiones, a los gobernantes o algunos miembros del sistema judicial, que consideran que el problema es mínimo, o pasajero; que no advierten las consecuencias nocivas de la permisibilidad, o del "garantismo", que sólo han garantizado la continuidad del menor en el delito, pero que jamás han contribuido para una reconversión de su conducta.
Es común asimismo escuchar que la situación que se atraviesa es producto de una pobreza estructural, de la falta de oportunidades, la escasez de trabajo que agobia a nuestros jóvenes, la deficiencia de la educación, etc. Y que la reversión de la situación se logrará cuando las condiciones del país cambien, obviamente, y vivamos en una situación óptima de desarrollo material y espiritual. Dejarse convencer por la utopía de un paraíso terrenal en donde no haya lugar para el delito, y que debemos esperar a conseguirla y mientras tanto no actuar, resulta verdaderamente patético. Como lo es asociar la pobreza a la delincuencia juvenil, y querer "justificarla", asumiendo actitudes "comprensivas" y resignadas. Todos estos argumentos, que implican una posición filosófica y política frente al tema, sólo han servido, en los últimos años, para acrecentar la inacción estatal, la estadística delictiva, la pérdida progresiva de valores, la sensación de inseguridad, y, por parte de muchos de los que se benefician con este cuadro, la certeza de que en nuestro país hay caldo de cultivo para montar verdaderas redes delictivas, aprovechándose, justamente, de aquellos a quienes se cree que se "protege", es decir, los menores.
La reforma que se propone, tiende decididamente a establecer un marco jurídico, pero a la vez una política de actuación frente al tema, que implique un tratamiento realista, moderno, y con asiento en criterios profesionales especializados. Que cita expresamente y declara de aplicación inexcusable a la más moderna legislación internacional sobre los derechos (y deberes) de los menores de edad. Que prevé y exige de todos aquellos que habrán de intervenir, una responsabilidad concreta, con criterios de actuación bien definidos.
Hechas todas estas aclaraciones, para conocimiento de todos y para tranquilidad de los que genuinamente reaccionaron con preocupación frente a la escasa información de que se dispone, vale citar este enfoque, que es la base sobre lo cual debe entenderse el tema de la edad de la imputabilidad: lo que se pretende no es reprimir al menor, sino establecer un sistema de protección a su situación, que cuanto antes se establezca en su vida, más posibilidades tiene de ser exitoso, y sacarlo de la delincuencia, antes que dejarlo hacer, hasta un momento en que ya su problema será muy profundo, casi irreversible. Antes de que se convierta en un verdadero delincuente.
Veamos: casi no hay país en el mundo que mantenga a los 16 años la edad de responsabilidad penal (en toda América, sólo Haití y Argentina), más aún, los países más avanzados (en todo, absolutamente todo sentido) tienden a bajarla más todavía. ¿Porqué? ¿Acaso porque son sociedades represoras, abusivas, autoritarias? Claro que no, sino que han comprendido que es la mejor manera de poder articular un conjunto de medidas preventivas, protectoras y disuasivas que con el régimen legal de hoy no han sido posibles de lograr. Y por supuesto que hay que decirlo, tampoco el Estado ha tomado medidas y dedicado el presupuesto suficiente para acudir a solucionar el problema.
En síntesis, la ley es necesaria, con todos los puntos que se proponen (incluso el de la participación simultánea de los padres en el juicio, asumiendo su responsabilidad civil y ética por la conducta de sus hijos). Y junto con la ley tendrá que venir una política de seguridad en materia juvenil que abarque el área administrativa y el área judicial con definiciones muy precisas, con responsabilidades bien marcadas para todos sus actores, con una previsión presupuestaria suficiente y un nivel de información adecuado para que la sociedad sepa qué es lo que se está haciendo. Es un deber de todos.
Asamblea por los Derechos de la Niñez repudia pedido de baja de la edad de imputabilidad
El organismo no gubernamental de esta ciudad dijo que el reclamo está "promovido por sectores pudientes y fogoneado por los medios de comunicación" y agregó que "bajar la edad de imputabilidad aumentará la impunidad de los sectores políticos, judiciales y policiales que no cumplen con su deber". Este es el texto del documento:¿De que inseguridad estamos hablando? O mejor dicho, ¿de la inseguridad de quien estamos hablando? De la de Cristian Azcona (ejecutado por el “buen vecino” Inchoust?, la de Chami Fernández? (quemado en Comisaria Cuarta) La de Matias Ramos? (ejecutado por la policía de Eduardo Castex), la del joven Berot? (quemado en la comisaría de Gral. Acha), la de Cristian el adolescente baleado en la cabeza en Santa Rosa?, la de los cientos de jóvenes que son perseguidos, golpeados, detenidos arbitrariamente por la policía amparada en la ley orgánica policial?LA EDAD DE IMPUTABILIDAD EN LA ARGENTINA. La Dictadura , en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad , creado en 1980 (Decreto Ley 22.278).En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años.Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país.Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS QUE COMETEN DELITOS GRAVES ES ÍNFIMA: Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes.Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero (http://www.unicef.org/ argentina/ spanish/Adolesce ntes_en_el_ sistema_penal. pdf) sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes.Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años.la Fundación de Julio Grassi, luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias.La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, casi cinco años después de ser sancionada.la Dra. Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta siete años para la franja de 14 y 15 años, y de quince años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría al régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica).Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.
NINGUN PIBE NACE CHORRO !!LA BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD !!
APDN - Gral. Pico LA PAMPA
Lunes, 07 de febrero de 2011La sociedad se interroga con dramatismo sobre el porqué de estos gravísimos delitos cometidos a edades tan cortas
IN MEMORIAM Maria Esther
Y... Sandra Palo, Maores, Marta del Castillo, Cristina Martín...Merecen nuestra admiración los padres de María Esther. El hecho de que estas pobres personas, humildes y sin glamour mediático, todavía con el doloroso estupor en la cara de haberles sido asesinada su única hija, hayan pedido que no se culpe a la familia del menor detenido como presunto culpable, les convierte en héroes a su pesar. Arriate ya tiene dos familias destrozadas.
LA OPINION Malaga, 5-FEB-2011
EDITORIAL GRUPO JOLY
MALAGA HOY, domingo 06.02.2011
Un chico de 17 años ha sido recluido por orden del juez de menores como presunto autor del asesinato de una niña de 13, María Esther Jiménez, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 20 de enero en la caseta de la depuradora de Arriate, en la provincia de Málaga. La Guardia Civil le atribuye el crimen por los restos de su ADN encontrados en la piedra que causó la muerte de la chica y en el pomo de la puerta del recinto donde fue hallada, aunque el detenido no ha reconocido la autoría, ni ante la Guardia Civil ni ante la Fiscalía de Menores. Al mismo tiempo se está celebrando en Sevilla el juicio contra El Cuco, otro menor de edad, por su presunta participación en la violación, asesinato y desaparición de la joven Marta del Castillo, un crimen que ha conmocionado a España entera. Los dos casos tienen algunas características comunes. La principal, que tanto las víctimas como los supuestos culpables no han alcanzado la mayoría de edad cuando se produjeron los hechos. Esta circunstancia provoca un impacto en la sociedad, completamente entendible, que se interroga con dramatismo sobre el porqué de estos gravísimos delitos cometidos a edades tan cortas y se plantea qué está haciendo mal para que un sector de la adolescencia pueda desviarse por esta pendiente. Cuestiones como el papel de los padres en la formación de sus hijos, las carencias del sistema educativo, la crisis de valores o el entorno social en que se producen estas conductas vuelven al debate público en búsqueda de una respuesta convincente que, hay que reconocerlo, hasta ahora no se ha encontrado. También regresa la discusión sobre la legislación penal que se aplica a los menores, en la que muchos creen ver una lenidad contraproducente, mientras que otros insisten en que la delincuencia juvenil debe ser afrontada con más énfasis en la vertiente de la reinserción de las penas a imponer que en su carácter punitivo. Es un debate irresuelto, que se acompaña de otras consideraciones reveladoras de que existe un problema social de fondo que, lejos de amainar, tiende a agravarse. La frialdad con que reaccionan los adolescentes criminales, el tipo de relaciones de alto riesgo que se establecen en algunas pandillas, el aislamiento en que viven padres e hijos, la aparición de conductas determinadas por la búsqueda de la fama efímera de la televisión... elementos que confluyen para distorsionar una edad de por sí complicada y confusa.
MH
Castigar y educar
JUSTO NAVARRO
EL PAIS, 06/02/2011
Arriate queda, desde Málaga, después de pasar el puerto del Viento si no recuerdo mal, a pocos kilómetros de Ronda, en la serranía. En ese pueblo de 4.000 habitantes la Guardia Civil cree haber encontrado pruebas suficientes para acusar a un muchacho de 17 años del asesinato de una niña de 13. Estos casos despiertan especial estupor y ruido, porque la figura del menor criminal es difícil de comprender. Al menor se le supone inocencia o, por lo menos, inexperiencia o incompetencia, incluso para hacer daño. Así que la información sobre el crimen de Arriate ha enriquecido el habitual espectáculo de la violencia escandalosa. Leo en el periódico malagueño Sur que los niños del pueblo intentaban vender imágenes del presunto asesino, su amigo o conocido, a las cadenas de televisión. En la propia televisión y en la vida real han aprendido que todo se vende y que ganar lo máximo posible es el principal deber del individuo.
Pero hay otro motivo de incomodidad ante estos casos: ser menor de edad ofrece una vía de escape, algún tipo de impunidad. La ley establece la mayoría de edad penal a los 18 años. El castigo de privación de libertad para los menores delincuentes no quiere ser sólo castigo, sino fundamentalmente educación, para que el adolescente pueda seguir desarrollándose una vez cumplido un periodo de internamiento no demasiado largo. Los menores de 14 años ni siquiera tienen responsabilidad penal, porque, según la ley, sus infracciones son irrelevantes, y las pueden remediar la familia y los colegios, "sin necesidad de la intervención del aparato judicial del Estado".
No creo que los niños estén menos dotados para el mal que los mayores, pero sí tienen menos experiencia, menos capacidad de acción, menos conocimientos, menos posibilidades, y, sobre todo, son más propensos a mejorar, a corregirse, a aprender algo nuevo, nuevos comportamientos. Los niños de ahora tienen fama de maleducados, pero son niños con teléfono propio desde la infancia, abiertos al mundo a través del ordenador. Algunos adultos ven peligrosa esta ventaja inmensa: consideran la pantalla un grifo de juegos electrónicos y películas sangrientamente crueles que, sin embargo, provocan la carcajada. No creo que estos entretenimientos o evasiones influyan sobre el mundo y los niños del mundo: es el mundo, tal como es, el que influye en los niños y en la industria de la diversión y el espectáculo.
La alarma espantada ante los jóvenes criminales no es una novedad. Empezó en los años cincuenta y sesenta cuando abundaba el dinero y los niños se convirtieron en una especie de miniadultos ociosos, y en general dependientes de sus mayores, que gastaban en ropa, discos y motos, aunque no todavía en teléfono móvil. Aquel momento quedó en el cine y la literatura: el asesino de La naranja mecánica tenía 15 años. Entonces, como ahora, los partidarios de los valores tradicionales vieron en el fenómeno un efecto de la quiebra de la familia patriarcal. Pero el presunto infanticida de Arriate pertenece a una familia buena y trabajadora, "de Arriate de toda la vida", según el alcalde del pueblo. Es un muchacho normal que, como tantos de su edad, había dejado el instituto para trabajar en una obra; un niño que, como dice un vecino, "siempre daba los buenos días".
La moral dominante es vengativa y exige una justicia vengativa: pertenece al mismo universo moral que los videojuegos y el cine de extrema violencia. Así que la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores volverá a ser modificada. Es del año 2000, de cuando gobernaba el PP, pero ya ha sido retocada varias veces, por el PSOE, por ejemplo, en 2006, para endurecer siempre las penas. La idea de educar al menor delincuente va siendo sustituida poco a poco por la voluntad de castigarlo. La sociedad ya no se cree capaz de educar a sus jóvenes.
PA
"Tienen gran dureza mental y pueden mentir años"
Expertos subrayan que endurecer la Ley de Menores no va a terminar con la violencia
Ángel Recio / Málaga | 06.02.2011 - MALAGA HOY
"Son chicos con una dureza mental absoluta y pueden mentir a la Policía durante años. Pueden ser así por sus padres, por el entorno, por su propia psicología interior, por muchas cosas. Hay que rascar más allá y es entonces cuando se empieza a entender su comportamiento". No lo dice cualquiera, sino una de las personas que más ha estudiado el comportamiento de jóvenes violentos en España. Es Javier Urra, ha estado 30 años trabajando como psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid, ha escrito varios libros especializados y fue el primer Defensor del Menor en la comunidad madrileña entre 1996 y 2001, entre otros muchos cargos.
Urra ha seguido como espectador el caso de la joven María Esther fallecida en Arriate, una muerte que se puede asemejar a las de Marta del Castillo en Sevilla, la de Iria y Raquel en Cádiz y otras o la de unas amigas que mataron a otra en Illescas. Urra comenta a este diario que no hay un incremento de la violencia juvenil "porque siempre la ha habido, pero ahora se transmite más en los medios de comunicación", aunque sí subraya que en este momento "hay una violencia exagerada" provocada, entre otros aspectos, por un "machismo profundo". En su opinión, hay numerosos jóvenes que tienen "una incapacidad manifiesta para aceptar un no y la frustración que eso conlleva. Es como si hubiera jóvenes que se han quedado en una etapa infantil en la que se quiere todo aquí y ahora y porque lo digo yo. Hay personas que piensan que hay que hacer las cosas siempre como uno las diga y cuando quiera".
¿Cómo se puede solucionar eso? Urra explica que "podemos endurecer las leyes en los casos más graves, pero el reto está en educar a los niños en el sentimiento, en el respeto al otro, en la compasión. Eso no se está haciendo en España y nos estamos encontrando chicos psicopáticos que pasan muy rápido del pensamiento al acto". Según este experto, la difusión masiva de los sucesos por parte de los medios tampoco ayuda porque "puede pasar que se banalicen los hechos".
No obstante, Urra cree que la sensación de cierta impunidad que se transmite a la sociedad no es real. Argumenta que "España es el país con más presos de Europa y los centros de internamiento de menores están llenos, multiplicando por ocho su capacidad".
¿Habría, entonces, que endurecer la Ley del Menor? Urra no lo descarta pero deja claro que "no va a cambiar la violencia juvenil por cambiar la ley". Este experto indica que "un joven, cuando mata a otro, no piensa en si va a estar 8 ó 14 años en un centro de internamiento y lo que está claro es que si no se consigue reintegrar a un joven a la sociedad tras ocho años de reclusión no se va a conseguir nunca". Urra entiende que los padres de las víctimas pidan las máximas condenas -"yo también lo haría como padre", señala- "pero hay que entender que aunque se endurezca la ley va a seguir todo igual", a la vez que apunta que la legislación española está en la media europea, es decir, no es ni más ni menos restrictiva que en el resto de países.
La asociación Jueces para la Democracia tuvo una reunión en Málaga el pasado viernes y también se pronunció al respecto. El portavoz de la asociación, José Luis Ramírez, afirmó que "se ha demostrado estadísticamente que incrementar las penas a menores no sirve para nada, sino solo para frustrar proyectos de vida personal". En su lugar, Jueces para la Democracia aboga por un cambio educativo o la prevención de delitos. En cualquier caso, afirman que el 99% de los delitos de menores son de índole menor, como hurtos o robos, por lo que "no hay un problema social de menores que vayan por ahí asesinando a la gente".
MH
Una pandilla de Arriate
Jóvenes del pueblo confesaron su participación en un robo de ordenadores para justificar sus restos biológicos en la caseta, que utilizaban para escarceos sexuales y fumar porros
Javier Flores / Arriate | 06.02.2011 - MALAGA HOY
Esther Jiménez, la joven de 13 años encontrada muerta el pasado 20 de enero en Arriate, y el menor de 17 años detenido por su presunta implicación en su muerte formaban parte de la misma pandilla. Los jóvenes que conforman el grupo se han convertido estos últimos 15 días en estrellas mediáticas, entrevistados por los numerosos medios de comunicación desplazados a Arriate para contar cómo era la joven, su actitud y un sinfín de detalles sobre su vida y comportamientos antes de aparecer asesinada.
La tragedia ha golpeado doblemente a una pandilla que se reunía cada día en la ya famosa parada del autobús, situada a la entrada del pueblo y frente a un salón de juegos recreativos muy frecuentado por los adolescentes arriateños. Aunque parece que el drama no ha sido tanto para algunos de ellos, que no han dudado en aprovechar la situación para hacer caja y sacarle su beneficio a un suceso de esta magnitud que ha arrastrado hasta las calles del pueblo una auténtica avalancha de medios ávidos por conseguir algún detalle llamativo. Aquí hubo negocio para algunos aprovechados. Buena parte de las imágenes que han aparecido en las televisiones con el cartel de exclusiva no han salido gratis, pagándose cantidades que han oscilado entre los 100 y los 600 euros, según comentan los propios vecinos de la localidad. Incluso, alguno de ellos habría alardeado de los ingresos conseguidos en los bares, donde decía poder invitar esa noche, una vez cerrado el trato.
De forma involuntaria, la muerte de Esther Jiménez también puede dejar en muy mal lugar a alguno de esos jóvenes a los que ella consideraba sus amigos por un asunto que nada tiene que ver con su asesinato, pero que sí esta relacionado con el lugar donde fue encontrado su cuerpo sin vida. La caseta de depuración de una piscina privada prácticamente en desuso que solían frecuentar algunos de los integrantes de la pandilla, así como sus alrededores, donde se reunían para hacer botellón en un lugar.
La caseta era un lugar conocido entre los adolescentes, y era utilizada con diferentes fines. Gracias a lo apartado del lugar y a la falta de luz encontraban dos aliados perfectos para mantener relaciones sexuales o consumir algún que otro "porrillo" fuera del alcance de la mirada de los vecinos del pueblo, como reconocían varios jóvenes.
Pero no sólo para sexo y drogas. Fuentes próximas a la investigación confirmaron que se habría utilizado la caseta para esconder unos ordenadores del plan Guadalinfo de la Junta que fueron robados de un centro escolar de Arriate, lo que habría obligado a algunos de los participantes en este hecho a reconocer su participación en el robo, para así poder tener una coartada creíble que pudiese justificar la posible presencia de sus huellas o de algún resto biológico en la mencionada caseta.
El golpe ha sido duro en Arriate, ahora convertida en una localidad triste, donde muchos de sus vecinos lamentan este involuntario salto a la fama por culpa de esta muerte violenta que mancha, a juicio de muchos vecinos, la historia de una localidad tranquila donde nunca se han producido hechos de relevancia. "Somos una localidad acogedora, aquí hay musulmanes, rumanos y hasta chinos, y ninguno de ellos ha tenido problemas", dice Paco, un vecino que espera que fuera se sepa comprender que se ha tratado de un hecho muy concreto y que nada tiene que ver con que la joven fallecida y su familia no fuesen naturales de Arriate.
Ese era otro efecto temido, que hubiera implicados de la localidad. Las llamadas a la calma por parte de los padres de la víctima que han querido desvincular a la familia del detenido aportan sosiego, pero está por ver la incidencia para la familia del menor de tener que cargar ahora con este insoportable lastre.
La Guardia Civil procedió ayer a levantar el dispositivo especial de seguridad que se desplegó el pasado viernes, en prevención de alguna señal hostil hacia la familia del detenido. Son gente apreciada y asentados en Arriate desde hace varias generaciones. Nunca se les ha conocido problemas con nadie. Estos días han decidido marcharse fuera del pueblo, con destino hacia algún lugar de la Costa donde digerir el mal trago que están pasando.
SANTIAGO.- El diputado UDI Giovanni Calderón aseguró que hechos como el que vinculan al menor de 13 años de iniciales E.A.E.C., como presunto autor del homicidio del conductor de una camioneta repartidora de gas, Hernaldo Isaías González Martínez (23), "confirman que es necesario revisar el tema de la imputabilidad de los menores de edad", el cual presentó mediante proyecto de ley hace algunas semanas.El parlamentario -integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana- sostuvo que la iniciativa nació a partir de la experiencia práctica, acaecida en julio de 2009 con el asesinato de Sergio Aguayo, hermano de la modelo Adriana Aguayo, quien fue apuñalado en la cabeza por el menor el menor J.T.N.V.. Producto de lo anterior, el menor fue condenado a un año de libertad vigilada y dos años de internación en un centro semicerrado.Al respecto, comentó que el hecho sentó un precedente e "hicimos una revisión completa de la ley de responsabilidad penal juvenil, la cual requiere un régimen escalonado de responsabilidad, de bajar la imputabilidad a los 12 años".Asimismo, explicó que sucesos como el acaecido en Cerro Navia "dan una señal que los menores de 14 años y mayores de 12, ya son responsables y van a tener que enfrentar una medida", por lo tanto es necesario "una revisión completa de la legislación, ya que quedó demostrado que la actual ley de responsabilidad penal juvenil no ha funcionado"."A este niño de 13 años no se le va a aplicar ninguna pena, porque no es totalmente responsable y a lo más va a tener algún tipo de medida de resguardo por parte de la jurisdicción de menores, lo que demuestra la necesidad de revisar este tema", recalcó.Finalmente, sostuvo que los menores deben aprender que "el hecho de cometer un delito es contrario a la convivencia y requiere aprender a asumir su responsabilidad", lo que también requiere "la obligación del Estado de darle ese sentido en este proceso de rehabilitación
Derechos de niños y adolescentes. Jose Zalaquett
Asamblea por los Derechos de la Niñez repudia pedido de baja de la edad de imputabilidad | |||||||
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Lunes, 07 de febrero de 2011
| IN MEMORIAM Maria Esther Y... Sandra Palo, Maores, Marta del Castillo, Cristina Martín... |
| Merecen nuestra admiración los padres de María Esther. El hecho de que estas pobres personas, humildes y sin glamour mediático, todavía con el doloroso estupor en la cara de haberles sido asesinada su única hija, hayan pedido que no se culpe a la familia del menor detenido como presunto culpable, les convierte en héroes a su pesar. Arriate ya tiene dos familias destrozadas. LA OPINION Malaga, 5-FEB-2011 |
MALAGA HOY, domingo 06.02.2011
Un chico de 17 años ha sido recluido por orden del juez de menores como presunto autor del asesinato de una niña de 13, María Esther Jiménez, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 20 de enero en la caseta de la depuradora de Arriate, en la provincia de Málaga. La Guardia Civil le atribuye el crimen por los restos de su ADN encontrados en la piedra que causó la muerte de la chica y en el pomo de la puerta del recinto donde fue hallada, aunque el detenido no ha reconocido la autoría, ni ante la Guardia Civil ni ante la Fiscalía de Menores. Al mismo tiempo se está celebrando en Sevilla el juicio contra El Cuco, otro menor de edad, por su presunta participación en la violación, asesinato y desaparición de la joven Marta del Castillo, un crimen que ha conmocionado a España entera. Los dos casos tienen algunas características comunes. La principal, que tanto las víctimas como los supuestos culpables no han alcanzado la mayoría de edad cuando se produjeron los hechos. Esta circunstancia provoca un impacto en la sociedad, completamente entendible, que se interroga con dramatismo sobre el porqué de estos gravísimos delitos cometidos a edades tan cortas y se plantea qué está haciendo mal para que un sector de la adolescencia pueda desviarse por esta pendiente. Cuestiones como el papel de los padres en la formación de sus hijos, las carencias del sistema educativo, la crisis de valores o el entorno social en que se producen estas conductas vuelven al debate público en búsqueda de una respuesta convincente que, hay que reconocerlo, hasta ahora no se ha encontrado. También regresa la discusión sobre la legislación penal que se aplica a los menores, en la que muchos creen ver una lenidad contraproducente, mientras que otros insisten en que la delincuencia juvenil debe ser afrontada con más énfasis en la vertiente de la reinserción de las penas a imponer que en su carácter punitivo. Es un debate irresuelto, que se acompaña de otras consideraciones reveladoras de que existe un problema social de fondo que, lejos de amainar, tiende a agravarse. La frialdad con que reaccionan los adolescentes criminales, el tipo de relaciones de alto riesgo que se establecen en algunas pandillas, el aislamiento en que viven padres e hijos, la aparición de conductas determinadas por la búsqueda de la fama efímera de la televisión... elementos que confluyen para distorsionar una edad de por sí complicada y confusa.
MH
Castigar y educar
JUSTO NAVARRO
EL PAIS, 06/02/2011
Arriate queda, desde Málaga, después de pasar el puerto del Viento si no recuerdo mal, a pocos kilómetros de Ronda, en la serranía. En ese pueblo de 4.000 habitantes la Guardia Civil cree haber encontrado pruebas suficientes para acusar a un muchacho de 17 años del asesinato de una niña de 13. Estos casos despiertan especial estupor y ruido, porque la figura del menor criminal es difícil de comprender. Al menor se le supone inocencia o, por lo menos, inexperiencia o incompetencia, incluso para hacer daño. Así que la información sobre el crimen de Arriate ha enriquecido el habitual espectáculo de la violencia escandalosa. Leo en el periódico malagueño Sur que los niños del pueblo intentaban vender imágenes del presunto asesino, su amigo o conocido, a las cadenas de televisión. En la propia televisión y en la vida real han aprendido que todo se vende y que ganar lo máximo posible es el principal deber del individuo.
Pero hay otro motivo de incomodidad ante estos casos: ser menor de edad ofrece una vía de escape, algún tipo de impunidad. La ley establece la mayoría de edad penal a los 18 años. El castigo de privación de libertad para los menores delincuentes no quiere ser sólo castigo, sino fundamentalmente educación, para que el adolescente pueda seguir desarrollándose una vez cumplido un periodo de internamiento no demasiado largo. Los menores de 14 años ni siquiera tienen responsabilidad penal, porque, según la ley, sus infracciones son irrelevantes, y las pueden remediar la familia y los colegios, "sin necesidad de la intervención del aparato judicial del Estado".
No creo que los niños estén menos dotados para el mal que los mayores, pero sí tienen menos experiencia, menos capacidad de acción, menos conocimientos, menos posibilidades, y, sobre todo, son más propensos a mejorar, a corregirse, a aprender algo nuevo, nuevos comportamientos. Los niños de ahora tienen fama de maleducados, pero son niños con teléfono propio desde la infancia, abiertos al mundo a través del ordenador. Algunos adultos ven peligrosa esta ventaja inmensa: consideran la pantalla un grifo de juegos electrónicos y películas sangrientamente crueles que, sin embargo, provocan la carcajada. No creo que estos entretenimientos o evasiones influyan sobre el mundo y los niños del mundo: es el mundo, tal como es, el que influye en los niños y en la industria de la diversión y el espectáculo.
La alarma espantada ante los jóvenes criminales no es una novedad. Empezó en los años cincuenta y sesenta cuando abundaba el dinero y los niños se convirtieron en una especie de miniadultos ociosos, y en general dependientes de sus mayores, que gastaban en ropa, discos y motos, aunque no todavía en teléfono móvil. Aquel momento quedó en el cine y la literatura: el asesino de La naranja mecánica tenía 15 años. Entonces, como ahora, los partidarios de los valores tradicionales vieron en el fenómeno un efecto de la quiebra de la familia patriarcal. Pero el presunto infanticida de Arriate pertenece a una familia buena y trabajadora, "de Arriate de toda la vida", según el alcalde del pueblo. Es un muchacho normal que, como tantos de su edad, había dejado el instituto para trabajar en una obra; un niño que, como dice un vecino, "siempre daba los buenos días".La moral dominante es vengativa y exige una justicia vengativa: pertenece al mismo universo moral que los videojuegos y el cine de extrema violencia. Así que la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores volverá a ser modificada. Es del año 2000, de cuando gobernaba el PP, pero ya ha sido retocada varias veces, por el PSOE, por ejemplo, en 2006, para endurecer siempre las penas. La idea de educar al menor delincuente va siendo sustituida poco a poco por la voluntad de castigarlo. La sociedad ya no se cree capaz de educar a sus jóvenes.
PA
"Tienen gran dureza mental y pueden mentir años"
Expertos subrayan que endurecer la Ley de Menores no va a terminar con la violencia
Ángel Recio / Málaga | 06.02.2011 - MALAGA HOY
"Son chicos con una dureza mental absoluta y pueden mentir a la Policía durante años. Pueden ser así por sus padres, por el entorno, por su propia psicología interior, por muchas cosas. Hay que rascar más allá y es entonces cuando se empieza a entender su comportamiento". No lo dice cualquiera, sino una de las personas que más ha estudiado el comportamiento de jóvenes violentos en España. Es Javier Urra, ha estado 30 años trabajando como psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid, ha escrito varios libros especializados y fue el primer Defensor del Menor en la comunidad madrileña entre 1996 y 2001, entre otros muchos cargos.
Urra ha seguido como espectador el caso de la joven María Esther fallecida en Arriate, una muerte que se puede asemejar a las de Marta del Castillo en Sevilla, la de Iria y Raquel en Cádiz y otras o la de unas amigas que mataron a otra en Illescas. Urra comenta a este diario que no hay un incremento de la violencia juvenil "porque siempre la ha habido, pero ahora se transmite más en los medios de comunicación", aunque sí subraya que en este momento "hay una violencia exagerada" provocada, entre otros aspectos, por un "machismo profundo". En su opinión, hay numerosos jóvenes que tienen "una incapacidad manifiesta para aceptar un no y la frustración que eso conlleva. Es como si hubiera jóvenes que se han quedado en una etapa infantil en la que se quiere todo aquí y ahora y porque lo digo yo. Hay personas que piensan que hay que hacer las cosas siempre como uno las diga y cuando quiera".
¿Cómo se puede solucionar eso? Urra explica que "podemos endurecer las leyes en los casos más graves, pero el reto está en educar a los niños en el sentimiento, en el respeto al otro, en la compasión. Eso no se está haciendo en España y nos estamos encontrando chicos psicopáticos que pasan muy rápido del pensamiento al acto". Según este experto, la difusión masiva de los sucesos por parte de los medios tampoco ayuda porque "puede pasar que se banalicen los hechos".No obstante, Urra cree que la sensación de cierta impunidad que se transmite a la sociedad no es real. Argumenta que "España es el país con más presos de Europa y los centros de internamiento de menores están llenos, multiplicando por ocho su capacidad".
¿Habría, entonces, que endurecer la Ley del Menor? Urra no lo descarta pero deja claro que "no va a cambiar la violencia juvenil por cambiar la ley". Este experto indica que "un joven, cuando mata a otro, no piensa en si va a estar 8 ó 14 años en un centro de internamiento y lo que está claro es que si no se consigue reintegrar a un joven a la sociedad tras ocho años de reclusión no se va a conseguir nunca". Urra entiende que los padres de las víctimas pidan las máximas condenas -"yo también lo haría como padre", señala- "pero hay que entender que aunque se endurezca la ley va a seguir todo igual", a la vez que apunta que la legislación española está en la media europea, es decir, no es ni más ni menos restrictiva que en el resto de países.
La asociación Jueces para la Democracia tuvo una reunión en Málaga el pasado viernes y también se pronunció al respecto. El portavoz de la asociación, José Luis Ramírez, afirmó que "se ha demostrado estadísticamente que incrementar las penas a menores no sirve para nada, sino solo para frustrar proyectos de vida personal". En su lugar, Jueces para la Democracia aboga por un cambio educativo o la prevención de delitos. En cualquier caso, afirman que el 99% de los delitos de menores son de índole menor, como hurtos o robos, por lo que "no hay un problema social de menores que vayan por ahí asesinando a la gente".
MH
Una pandilla de Arriate
Jóvenes del pueblo confesaron su participación en un robo de ordenadores para justificar sus restos biológicos en la caseta, que utilizaban para escarceos sexuales y fumar porros
Javier Flores / Arriate | 06.02.2011 - MALAGA HOY
Esther Jiménez, la joven de 13 años encontrada muerta el pasado 20 de enero en Arriate, y el menor de 17 años detenido por su presunta implicación en su muerte formaban parte de la misma pandilla. Los jóvenes que conforman el grupo se han convertido estos últimos 15 días en estrellas mediáticas, entrevistados por los numerosos medios de comunicación desplazados a Arriate para contar cómo era la joven, su actitud y un sinfín de detalles sobre su vida y comportamientos antes de aparecer asesinada.
La tragedia ha golpeado doblemente a una pandilla que se reunía cada día en la ya famosa parada del autobús, situada a la entrada del pueblo y frente a un salón de juegos recreativos muy frecuentado por los adolescentes arriateños. Aunque parece que el drama no ha sido tanto para algunos de ellos, que no han dudado en aprovechar la situación para hacer caja y sacarle su beneficio a un suceso de esta magnitud que ha arrastrado hasta las calles del pueblo una auténtica avalancha de medios ávidos por conseguir algún detalle llamativo. Aquí hubo negocio para algunos aprovechados. Buena parte de las imágenes que han aparecido en las televisiones con el cartel de exclusiva no han salido gratis, pagándose cantidades que han oscilado entre los 100 y los 600 euros, según comentan los propios vecinos de la localidad. Incluso, alguno de ellos habría alardeado de los ingresos conseguidos en los bares, donde decía poder invitar esa noche, una vez cerrado el trato.
De forma involuntaria, la muerte de Esther Jiménez también puede dejar en muy mal lugar a alguno de esos jóvenes a los que ella consideraba sus amigos por un asunto que nada tiene que ver con su asesinato, pero que sí esta relacionado con el lugar donde fue encontrado su cuerpo sin vida. La caseta de depuración de una piscina privada prácticamente en desuso que solían frecuentar algunos de los integrantes de la pandilla, así como sus alrededores, donde se reunían para hacer botellón en un lugar.
La caseta era un lugar conocido entre los adolescentes, y era utilizada con diferentes fines. Gracias a lo apartado del lugar y a la falta de luz encontraban dos aliados perfectos para mantener relaciones sexuales o consumir algún que otro "porrillo" fuera del alcance de la mirada de los vecinos del pueblo, como reconocían varios jóvenes.
Pero no sólo para sexo y drogas. Fuentes próximas a la investigación confirmaron que se habría utilizado la caseta para esconder unos ordenadores del plan Guadalinfo de la Junta que fueron robados de un centro escolar de Arriate, lo que habría obligado a algunos de los participantes en este hecho a reconocer su participación en el robo, para así poder tener una coartada creíble que pudiese justificar la posible presencia de sus huellas o de algún resto biológico en la mencionada caseta.
El golpe ha sido duro en Arriate, ahora convertida en una localidad triste, donde muchos de sus vecinos lamentan este involuntario salto a la fama por culpa de esta muerte violenta que mancha, a juicio de muchos vecinos, la historia de una localidad tranquila donde nunca se han producido hechos de relevancia. "Somos una localidad acogedora, aquí hay musulmanes, rumanos y hasta chinos, y ninguno de ellos ha tenido problemas", dice Paco, un vecino que espera que fuera se sepa comprender que se ha tratado de un hecho muy concreto y que nada tiene que ver con que la joven fallecida y su familia no fuesen naturales de Arriate.
Ese era otro efecto temido, que hubiera implicados de la localidad. Las llamadas a la calma por parte de los padres de la víctima que han querido desvincular a la familia del detenido aportan sosiego, pero está por ver la incidencia para la familia del menor de tener que cargar ahora con este insoportable lastre.
La Guardia Civil procedió ayer a levantar el dispositivo especial de seguridad que se desplegó el pasado viernes, en prevención de alguna señal hostil hacia la familia del detenido. Son gente apreciada y asentados en Arriate desde hace varias generaciones. Nunca se les ha conocido problemas con nadie. Estos días han decidido marcharse fuera del pueblo, con destino hacia algún lugar de la Costa donde digerir el mal trago que están pasando.
SANTIAGO.- El diputado UDI Giovanni Calderón aseguró que hechos como el que vinculan al menor de 13 años de iniciales E.A.E.C., como presunto autor del homicidio del conductor de una camioneta repartidora de gas, Hernaldo Isaías González Martínez (23), "confirman que es necesario revisar el tema de la imputabilidad de los menores de edad", el cual presentó mediante proyecto de ley hace algunas semanas.
El parlamentario -integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana- sostuvo que la iniciativa nació a partir de la experiencia práctica, acaecida en julio de 2009 con el asesinato de Sergio Aguayo, hermano de la modelo Adriana Aguayo, quien fue apuñalado en la cabeza por el menor el menor J.T.N.V.. Producto de lo anterior, el menor fue condenado a un año de libertad vigilada y dos años de internación en un centro semicerrado.
Al respecto, comentó que el hecho sentó un precedente e "hicimos una revisión completa de la ley de responsabilidad penal juvenil, la cual requiere un régimen escalonado de responsabilidad, de bajar la imputabilidad a los 12 años".
Asimismo, explicó que sucesos como el acaecido en Cerro Navia "dan una señal que los menores de 14 años y mayores de 12, ya son responsables y van a tener que enfrentar una medida", por lo tanto es necesario "una revisión completa de la legislación, ya que quedó demostrado que la actual ley de responsabilidad penal juvenil no ha funcionado".
"A este niño de 13 años no se le va a aplicar ninguna pena, porque no es totalmente responsable y a lo más va a tener algún tipo de medida de resguardo por parte de la jurisdicción de menores, lo que demuestra la necesidad de revisar este tema", recalcó.
Finalmente, sostuvo que los menores deben aprender que "el hecho de cometer un delito es contrario a la convivencia y requiere aprender a asumir su responsabilidad", lo que también requiere "la obligación del Estado de darle ese sentido en este proceso de rehabilitación
Aug. 16 , 2010.
Dentro de dos semanas se cumplirán 20 años de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas.
Como se sabe, desde la segunda mitad del siglo pasado nos hallamos en una época de consagración internacional de derechos. Primero fue la proclamación de derechos humanos para toda persona. Más tarde, se establecieron derechos de ciertos colectivos a los que se debe protección o reconocimiento especiales. Muchos de estos últimos esfuerzos han sido lentos y dificultosos. Más aún, una vez obtenido el reconocimiento, por medio de convenciones o tratados, de los derechos de determinados colectivos, numerosos Estados se mantienen al margen del acuerdo o los aplican a su manera. Así ha sucedido con los derechos de la mujer, de poblaciones indígenas, de los trabajadores migrantes y, más recientemente, de los discapacitados. En lo que toca a los derechos de minorías sexuales, los avances se han logrado, gradualmente, mediante una interpretación amplia de la norma de no discriminación por sexo. En cuanto a las personas de la tercera edad, no hay todavía tratados (esto es, acuerdos obligatorios) de Naciones Unidas, sino sólo recomendaciones.
Con respecto a los niños (para la Convención, los menores de 18 años), la situación pareciera ser distinta. En todas las culturas se considera que la niñez tiene una vulnerabilidad transitoria, propia de su inacabado desarrollo. También se ve a los niños como objeto universal de afecto o como el germen de la humanidad futura y, en razón de ello, merecedores de especiales cuidados. Por lo mismo, hay una mayor disposición compartida a brindarles atención. De hecho, la Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que precedió a la Convención, fue una de las primeras de esta época de internacionalización de los derechos: data de 1959.
Sin embargo, la Convención que entró en vigencia en 1990, terminó por consagrar un cambio de mentalidad sobre los derechos del niño que un experto de UNICEF considera un giro "copernicano".
Con anterioridad a dicho cambio de paradigma, todavía acarreaba peso la doctrina de la "situación irregular". Es lo que me enseñaron en la Escuela de Derecho, largo tiempo atrás. Conforme a esta visión, los niños y adolescentes deben ser objeto de protección a partir de una definición negativa, basada en lo que no saben o no tienen, o en aquello de lo que no son capaces (por ejemplo, el niño desvalido, sin escolaridad adecuada, entregado a la vagancia o la explotación). A partir de la Convención, cuyo vigésimo aniversario pronto conmemoraremos, se impone la visión legal de que los niños y adolescentes tienen la calidad de portadores de derechos, como personas que son. Este reconocimiento ético de su dignidad y autonomía (sin perjuicio de las naturales limitaciones de esta última) es el fundamento de varias normas y principios, entre ellos: que no deben ser sujetos a discriminación, que tienen derecho a participación - dentro de los parámetros de su edad - y que se les debe protección integral, teniendo como norte su interés superior.
Como todo gran cambio de visión, esta nueva (o ya no tan nueva) concepción todavía debe difundirse, asimilarse y consolidarse. Sin embargo, lo más importante es verter dicha visión, progresivamente, en programas y políticas públicas dirigidas al desarrollo y protección plena de la infancia y adolescencia, sobre todo en materia de educación. Estas tareas recaen en el Estado, las familias y la sociedad civil. Desde el plano internacional, el apoyo puede venir de UNICEF, el organismo de Naciones Unidas especializado en la niñez, el cual ha contribuido significativamente a estos avances, incluido el impulso a la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, más que una fecha para celebrar, el aniversario de la Convención debería ser motivo de renovada determinación de avanzar de verdad en el cumplimiento de los más esenciales de nuestros deberes como sociedad: los que tenemos para con las nuevas generaciones.
050810. Presentan reforma para bajar de 14 a 12 años la imputabilidad adolescente.
Una reforma integral a la ley de responsabilidad penal adolescente, presentó el diputado UDI Giovanni Calderón Bassi con el apoyo de un grupo de parlamentarios de diversas bancadas, en el marco de las reformas propuestas esta semana por el Gobierno en su combate contra la delincuencia.
El parlamentario fue acompañado por la modelo Adriana Aguayo y la actriz Catalina Aguayo, hermanas de Sergio Aguayo asesinado en julio de 2009 por un adolescente, e indicó que “se trata de una iniciativa ciudadana que, sin duda, generará mucha discusión, ya que, entre otras medidas, propone bajar de 14 a 12 años la imputabilidad de los menores en un sistema escalonado de sanciones, elimina las restricciones al registro de procesos y condenas, de manera que todos los ciudadanos puedan conocer su prontuario y permite a Gendarmería mantener una guardia armada en los centros de internación provisoria”.
Calderón Bassi agregó que “la nueva ley creó todo un nuevo sistema cuyo principal objetivo era otorgar mejores condiciones para la rehabilitación de los menores, pero tras sólo tres años de su entrada en vigencia, el país ha sido testigo de cómo se ha incrementado, en número y en violencia, la delincuencia juvenil. Ya es hora de que los adolescentes tengan conciencia de que sus actos tienen consecuencias y hacerse cargo es lo que constituye la responsabilidad o, en otras palabras, el deber”.
La modelo Adriana “Titi” Aguayo señaló que “esta ley más que hacer más represivo el sistema, busca que los menores aprendan el sentido de la responsabilidad, esto es, asumir las consecuencias de sus actos. El autor del asesinato de mi hermano fue condenado a ser rehabilitado en un régimen semi cerrado, el que se hizo efectivo recién un mes después de dictada la sentencia. Hoy muchos adolescentes actúan sabiendo que sus actos son impunes”, concluyó.
Fuente: La Segunda Online
