lunes, 1 de mayo de 2017

Evaluación del riesgo de reincidencia en menores infractores: herramientas para la mejora de estrategias reeducativas en España. ÁNGELA CARBONELL MARQUÉZ, ELENA MARGAIX CECILIA, ALEJANDRO GIL-SALMERÓN. Universidad de Valencia.

Resumen: El presente estudio trata de conocer las herramientas que actualmente se utilizan en el ámbito judicial en menores para evaluar el riesgo de reincidencia en España. Para abordar el trabajo se ha realizado una revisión de la literatura existente y se ha llevado a cabo un análisis comparativo de los instrumentos con mayor ascendencia, que permiten identificar dicho riesgo. Tras el análisis, y desde la perspectiva del Trabajo Social, se destaca la herramienta SAVRY puesto que es una herramienta que abarca una gran cantidad de factores y permite el desarrollo de actuaciones efectivas potenciando conductas prosociales que reduzcan el riesgo de delincuencia futura.  El conocimiento de estas herramientas permite la toma de decisiones y la implementación de estrategias de intervención con menores y jóvenes para los/as profesionales del Trabajo Social, desde un criterio objetivo y estructurado. Palabras clave: Delincuencia, reincidencia, menores infractores, riesgo, conducta antisocial, Trabajo Social.

Abstract: This study aims to understand the tools that are currently used in “child and youth justice” to assess the risk of recidivism. To tackle the work, a review of existing literature has been conducted, and has carried out a comparative anlysis of instruments with greater ancestry that identify this risk. After analysis, and from the perspective of Social Work, SAVRY is a very important tool because it includes a lot of factors, and enables the development of effective actions promoting prosocial behaviors that reduce the risk of future crime. The knowledge of these tools allows decision-making and implementation of intervention strategies with children to Social Work professionals, from an objective and structured approach. Keywords: Crime, recidivism, juvenile offenders, risk, antisocial behaviour, Social Work.


APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA REALIDAD SOCIAL DE LOS MENORES INFRACTORES

La socialización se basa en la agrupación interaccionada de mecanismos donde un sujeto pasa a formar parte de un grupo, asumiendo los códigos, normas y pautas de comportamiento establecidas (Funes, 2009). Este proceso, según Bueno y Moya (1998), destaca de manera positiva cuando las condiciones desenvueltas por el individuo durante su infancia y adolescencia se convierten en herramientas de actuación válidas en la sociedad. La teoría de la socialización diferencial desarrolla que los agentes socializadores influyen en las personas adquiriendo identidades de género diferenciadas, que conllevan sistemas de valores, estilos cognitivos, actitudes y conductas que se asignan según el género (Walker y Barton, 1983).

Los/as autores defienden que existe un fracaso en el proceso de socialización cuando existe un deterioro en algunos de los agentes socializadores (familia, escuela, grupo de iguales) o bien por la existencia de faltas y objeciones en los mecanismos de socialización que emplean cada uno de los agentes, dando paso al desarrollo de una conducta antisocial (Bueno y Moya, 1998). Ésta es considerada como aquel comportamiento que transgrede las pautas establecidas por la sociedad, llegando a ser perjudicial para el individuo y su contexto (Bringas y otros, 2006).

La delincuencia juvenil

La delincuencia según Káiser (1988) significa cometer un delito, es decir, infringir el ordenamiento jurídico establecido. A día de hoy la definición del concepto de delincuencia juvenil ha sido objeto de estudio de diferentes investigaciones, por lo que resulta difícil esclarecer dicho término. La delincuencia juvenil es un fenómeno social formado por las conductas disruptivas contra las normas sociales establecidas, realizadas en un lugar y tiempo concreto (Herrero, 1997).

Hablar de delincuencia juvenil no es lo mismo que hablar de menores infractores. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en España, define como menores infractores a aquellos mayores de 14 años y menores de 18 que hayan cometido al menos una infracción de las tipificadas en el Código Penal y, en consecuencia de ello, se les haya impuesto una medida judicial o extrajudicial. Por otro lado, Uceda (2011) opta por el término de adolescentes en conflicto con la ley dado que en este concepto se plasma el sujeto social, mientras que menores infractores es únicamente una catalogación jurídica.

La reincidencia en menores infractores

La reincidencia es un término complejo que no cuenta con una definición exacta. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el artículo 22 de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, define la reincidencia cuando al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. La reincidencia tiene lugar cuando se comete un nuevo delito o falta una vez finalizada la medida judicial anteriormente impuesta, es decir, llevar a cabo un nuevo delito cuando ya se ha cometido otro con anterioridad (Blanch, Cañamares y Domínguez, 2012). Se puede definir este término a partir de diferentes niveles o tipologías descriptivas y puede diferenciarse según la fuente que informa, dictamina o instruye el delito cometido (Navarro, 2014; Luque, Ferrer y Capdevila, 2005).

La reincidencia, en parte, debe de ser entendida como un fracaso de las instituciones de justicia responsables de la intervención con los/as menores infractores, así como de los organismos socioeducativos destinados a prevenir la delincuencia juvenil (Thornberry, 2004).

La predicción del riesgo de reincidencia

La predicción del riesgo de reincidencia es una cuestión importantísima en el ámbito penal del/la menor, por ello se estudian los factores que motivan a llevar a cabo el delito, el riesgo de reincidencia, y las intervenciones profesionales dirigidas a gestionar dicho riesgo (Botija, 2009). Andrews, Bonta y Wormith (2006) diferencian cuatro etapas en la historia de la evaluación del riesgo de reincidencia. En la primera etapa, esta evaluación del riesgo será subjetiva y a razón profesional; en la segunda etapa se utilizan escalas de medición estáticas, que no tienen una fundamentación teórica y se basan en factores históricos de la vida del individuo; la tercera estará establecida por la escala LSI-R Level of Service Inventory-Revised de Andrews y Bonta (1995) mediante la que se identifican y se miden sistemática y objetivamente las necesidades del/la menor, determinando el riesgo de reincidencia; y la última etapa, se reivindica la necesidad de intervención tras la evaluación del riesgo.

Actualmente, existen diversas técnicas para la predicción del riesgo de violencia que pretenden evaluar, predecir y/o estimar su posibilidad futura de reincidencia (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010), con la intención de mejorar su pronóstico y evitar su continuidad o cronicidad (Andrés-Pueyo y Redondo, 2007). La mayoría de los instrumentos utilizados de valoración del riesgo de reincidencia en menores infractores son adaptaciones de otros utilizados con adultos. Según Andrews y Bonta (2003) esto se debe a la necesidad de realizar una aproximación para evaluar a menores, especificando sus propias características. Estas herramientas se utilizan en contextos jurídico-penales y/o asistenciales para la gestión del riesgo, y facilitan la toma de decisiones reglamentarias al juez (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010).

Factores de riesgo y factores de protección

Los factores de riesgo son entendidos como las características o circunstancias de la vida de los/as jóvenes que hacen más probable la implicación en actividades delictivas. Botija (2009:36) define estos factores como aquellos que muestran predisposición a asociarse con el comportamiento antisocial y violento, asimismo, la autora define como factores de protección a los elementos asociados a la ausencia de dicho comportamiento.  


Redondo, Martínez y Andrés (2012) definen los factores de protección como aquellos elementos que disminuyen la probabilidad de implicación en actividades delictivas. Los factores de riesgo y de protección se relacionan con lo que Moffit (1993) definió con el término carrera delictiva.

Dentro de la tipología de factores de riesgo y de protección, que recoge la literatura científica, cabe destacar:

– Los factores estáticos son inherentes al sujeto y a su historia de vida. Por ello, es difícil o imposible la intervención en dichos factores dado que son relativos a características profundas del sujeto (sexo, historial delictivo, etc.), por lo que no son modificables o lo son en mínimo grado (Redondo, Martínez y Andrés, 2012).

– Los factores dinámicos incluirían aspectos como hábitos, cogniciones, valores o actitudes delictivas, que sí que son susceptibles de cambiar a partir de la aplicación de una intervención educativa y tratamientos adecuados. Estos factores son todas aquellas circunstancias que concurren en la vida del joven que tiene que ver o están asociadas con su estilo de vida antisocial (Cuervo y otros, 2008:61), tales como consumo de estupefacientes, falta de modelos positivos, desajuste emocional, etc. (Botija, 2009).

Los factores de riesgo son elementos clave para incentivar la conducta antisocial y delictiva en menores (Andrews y Bonta, 2003). Según Navarro (2014), la literatura recoge una serie de factores de riesgo de violencia entre los/as jóvenes:

– Factores históricos: Son elementos que se refieren a la violencia previa, violencia prematura, violencia intrafamiliar, delincuencia de los progenitores, divorcio de los padres, etc. Estos factores son considerados factores estáticos puesto que ya no son modificables.

– Factores clínicos y/o individuales: Dichos componentes se refieren a aquellas características propias del sujeto como el consumo de tóxicos, psicopatía, impulsividad, falta de autocontrol, etc.

– Factores contextuales: Dichos factores inciden en las relaciones negativas entre iguales, falta de relaciones familiares, escasez de apoyo social, pautas de ocio disruptivas, entorno violento y delictivo, etc.

Tanto los factores individuales como los factores contextuales forman parte de los llamados factores dinámicos, puesto que pueden ser modificados, aunque pueden convertirse en estáticos según su estabilidad en el tiempo (Cuervo y otros, 2008).

El Trabajo Social con menores infractores

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, determina la existencia de equipos técnicos de menores, formados por educadores/as, trabajadores/as sociales y psicólogos/as, que son los encargados de asesorar a través de sus intervenciones y valoraciones (Curbelo, 2003).

La función del Trabajo Social con menores infractores debe garantizar los principios de reeducación y flexibilidad en la adopción y ejecución de medidas, teniendo en cuenta las características personales, familiares y sociales de cada uno. Díaz, López, Barahona y Sundheim (1997) defienden que los/as trabajadores/as sociales deben, dentro de una intervención interdisciplinar, actuar como agentes de cambio y aportar su valoración sobre la evolución del/la menor para obtener una visión integral de cada caso. Además, los profesionales del Trabajo Social deben llevar a cabo una intervención familiar, para constatar un seguimiento de la realidad del sujeto, y se ha de actuar como puerta de acceso a otros recursos, coordinarse con los mismos, etc. para la futura inserción de estos/as menores en la comunidad.

Es por ello que, el objetivo del presente estudio es analizar los instrumentos y herramientas utilizadas en España actualmente para evaluar el riesgo de delincuencia y reincidencia en menores infractores.

METODOLOGÍA

La investigación se llevó a cabo a través de fuentes secundarias mediante la técnica del análisis documental de estudios que han validado y/o hecho uso de instrumentos para medir la reincidencia en el delito: SAVRY, IGI-J, PCL-YV y APSD. Las fuentes de la información  recolectada fueron las bases de datos Dialnet, Scielo, Scopus y Trobes.

La información encontrada sobre las diferentes herramientas hasta la fecha, fue consignada en fichas y, posteriormente, se realizó un análisis comparativo de estas herramientas, destacando las características de cada uno de ellos y contrastando los puntos en común y las diferencias de los mismos.

A través de la búsqueda bibliográfica se extrajeron las siguientes variables que se utilizaban en diferentes estudios para elaborar las fichas:

– Tipo de factores que inciden estas conductas (factores de riesgo, protección, dinámicos, estáticos, individuales y contextuales).
– La validez del instrumento.
– Rangos de edad en los que se utilizan los instrumentos.
– La presencia o ausencia de la diferenciación de género.
– Los contextos de aplicación de cada una de las herramientas.
– Adaptación de dichas herramientas y número de ítems.
– Socialización diferencial.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de los principales instrumentos de valoración del riesgo de reincidencia de menores infractores

SAVRY

En el ámbito forense o judicial, para la valoración del riesgo de violencia física, sexual y de amenazas graves en pacientes mentales y delincuentes jóvenes (12-18 años), se utiliza como herramienta de predicción el instrumento SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) creado por Borum, Bartel y Forth (2003) y adaptado al castellano por Hilterman y Vallés (2007). Por ejemplo, en diferentes Comunidades Autónomas, como Cataluña, esta herramienta se utiliza para asesoramiento técnico, en Equipos de Medio Abierto, Centros Educativos, informes forenses, etc.

Esta herramienta se organiza en 30 ítems; 24 factores divididos en factores del pasado del sujeto, factores sociales/contextuales y factores individuales. Cada factor tiene las mismas tres categorías de respuesta: bajo, moderado, alto. Además, existen ítems protectores con respuestas dicotómicas (presente/ausente). A partir de la reflexión y análisis de ítems cuantificables y factores de riesgo dinámicos, generadores de cambio, el profesional cautelosamente realiza una evaluación final del riesgo (Botija, 2009).

El Youth Level Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) de Hoge y Andrews (2002) es un instrumento creado con el objetivo de predecir la reincidencia de los/as menores infractores, teniendo en cuenta los factores de riesgo y de protección que presenta cada uno de ellos. Esta herramienta ha sido adaptada y validada, en España, experimentalmente por Garrido y otros (2006), siendo denominada por éste como el Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes (IGI-J), el cual se sustenta en el modelo integrado de la conducta delictiva de Andrews y Bonta (1995). Por tanto, el IGI-J es una herramienta de evaluación estructurada como un cuestionario dirigido a menores de entre 12 y 18 años, dividido en ocho áreas o factores que los/as autores/as han reconocido como los que mejor predicen la delincuencia juvenil.

Estas áreas están compuestas de 42 ítems, donde el/la profesional evalúa cuales son los ítems de riesgo y los factores de protección que reprimen, de algún modo, los factores de riesgo con la conducta-problema (Cuervo, y otros, 2008).

PCL-YV

El Psychopathy Checklist: Youth Version de Forth, Brown, Hart y Hare (1996) es un instrumento adaptado directamente del Psychopathy Checklist-Revised creado por Hare (1991), adaptado y traducido por Moltó y otros (1996) que permite medir una serie de características relacionadas con la psicopatía clásica en jóvenes de entre 12 y 18 años. Según Silva (2009) los/as menores que cuentan con un alto grado de psicopatía son propensos a cometer nuevos delitos, por lo que se considera este instrumento como un predictor de reincidencia.

El PCL-R es una herramienta que se recoge en forma de entrevista semiestructurada, formada por 18 ítems divididos en cuatro áreas, donde se recogen factores interpersonales, afectivos, conductuales y antisociales. Para la adaptación del PCL-YV se omitieron dos ítems (estilo de vida parásito y relaciones maritales breves), puesto que se considera que los/as jóvenes han tenido poco tiempo para experimentar ciertos historiales de comportamiento. Cabe decir que para su realización e interpretación, requiere de especial formación por parte de la persona que ejecuta la entrevista (Halty y Prieto-Ursúa, 2015).

APSD

La Antisocial Process Screening Device de Frick y Hare (2001) o también denominada como la Escala de Cribado del Comportamiento Antisocial adaptada al castellano por Muñoz y Frick (2007) surge, al igual que el PCL-YV, del PCL-R, pero a la hora de ser adaptada a menores, los autores interpretaron las dimensiones de manera distinta, constituyendo de manera diferente los ítems a evaluar. La Escala de Comportamiento Antisocial tiene como objetivo evaluar los rasgos precursores de la psicopatía.

La APSD es una herramienta orientada a menores de entre 6 y 13 años, siendo cumplimentada por adultos del entorno del/la menor (padre, madre, profesor/a educador/a), aunque existe también una versión adaptada para los/as mismos/as (Vinet, 2010). Esta técnica está formada por 20 ítems similares a los del PCL-R, divididos en tres dimensiones conductuales: rasgos de insensibilidad emocional, narcisismo e impulsividad.

Análisis comparativo de los cuestionarios

Para realizar la comparación de las herramientas seleccionadas, es necesario incidir en los aspectos que éstos recogen para evaluar el riesgo de reincidencia de los/as menores infractores.

Adaptación de los instrumentos analizados

En primer lugar, cabe destacar que todos los instrumentos que se han analizado han sido adaptados de otras herramientas destinadas a valorar la conducta antisocial en personas adultas.

Factores presentes en los instrumentos analizados

En la Tabla VII se reflejan los factores que recoge cada instrumento examinado. En ella se puede observar que los cuatro cuestionarios analizados recogen factores individuales que pueden incidir de manera positiva o negativa en la conducta del/la menor, mientras que únicamente el SAVRY y el IGI-J contemplan factores contextuales, es decir, aquellos relacionados con el entorno (familiar, educativo, social, etc.) del individuo. Las cuatro herramientas de evaluación seleccionadas para el estudio tienen en cuenta variables dinámicas, es decir, aquellas que pueden corregir la conducta delictiva del/la menor. Por el contrario, las variables estáticas (aquellas que vinculadas al pasado del/la menor y que ya no son modificables) solo se encuentran en el IGI-J y en el cuestionario SAVRY.

Con respecto a los factores de riesgo, todas las herramientas analizadas recogen ítems que predisponen al/la menor a tener un comportamiento antisocial y violento. Sin embargo, solo el SAVRY contempla de manera directa una serie de factores de protección inherentes en los sujetos que pueden ayudar a prevenir la reincidencia a lo largo del proceso de intervención. Los factores pueden considerarse de riesgo o de protección dependiendo de la presencia o ausencia de éstos, por ello, todos los instrumentos examinados contienen, de manera indirecta, factores de protección.

El Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes plantea en cada una de las áreas de riesgo, la posibilidad de destacar un factor protector que servirá como punto de referencia para desarrollar un plan de intervención social con el/la menor (Cuervo y otros, 2009).

Edad de los/as menores en los instrumentos analizados

La mayoría de las herramientas analizadas utilizan rangos de edad de entre 12-18 años, excepto el APSD que abarca edades de entre 6 y 13 años, debido a que trata rasgos precursores de la psicopatía, dada la reconocida importancia de la medición de la psicopatía y su relación con la reincidencia, particularmente, con la de tipo violento (Graña, Garrido y González, 2008).

Validez de los instrumentos analizados

El PCL-YV y el IGI-J son instrumentos con capacidad de predecir la prolongación de la carrera delictiva. Los estudios acerca de la validez de estas herramientas con jóvenes señalan una mayor capacidad de predicción del PCL-YV, dado que esta herramienta incluye la psicopatía en su definición. Por su parte, el IGI-J también contiene un área de personalidad y otra de actitudes, pero de menor profundidad que la que proporciona el PCL-YV. Asimismo, ambas pruebas tienen una capacidad similar de predicción en la reincidencia o delincuencia en general dado que evalúan factores de riesgo conductuales (Graña, Garrido y González, 2008).

A pesar de que algunos autores defienden que estos tres instrumentos cuentan con una validez similar, Wels y otros autores (2008) sostienen que el cuestionario SAVRY y el PCL-YV tienen un mayor valor predictivo que el IGI-J. El APSD, sin embargo, no ha sido un instrumento muy utilizado en menores infractores, puesto que no cuenta con mucha investigación al respecto y tiene como objetivo estudiar los rasgos que preceden a la psicopatía y al comportamiento antisocial. No obstante, la validez predictiva de estas herramientas es difícil de demostrar, dada la escasez de investigaciones en las que se realice un seguimiento de menores que llevan a cabo conductas disruptivas (Botija, 2009).

Uso de los instrumentos analizados

El IGI-J y el SAVRY son herramientas diseñadas tanto para el pronóstico de la reincidencia futura como para fundamentar objetivos y decisiones en el proceso de intervención, dado que las escalas de riesgo permiten examinar todas las áreas relevantes, ya sean elementos de riesgo estáticos como dinámicos, siendo estos últimos esenciales en el ámbito de la justicia juvenil, facilitando la toma de decisiones en la evaluación de intervención futura, lo cual posibilite un cambio prosocial en la conducta del/la menor.

Ambos instrumentos son importantes y se utilizan para medir y/o crear intervenciones socioeducativas de prevención de la delincuencia juvenil y nuevas actividades ilícitas (Botija, 2009; Navarro, 2014). Sin embargo, el PCL-YV y la APSD, al ser instrumentos que evalúan la psicopatía, se utilizan en el contexto profesional, especialmente en psicología y psiquiatría, y en el contexto científico.

La herramienta SAVRY está diseñada como una guía para que el/la profesional pueda realizar una valoración o para mejorar la eficacia de la intervención (Borum, Bartel y Forth, 2003). Además, se ha utilizado para las valoraciones de asesoramiento en el sistema judicial y como mecanismo para la concesión de permisos (Mancho, 2011). Navarro y Pastor (2016) destacan que este instrumento permite conformar el protocolo de atención individualizada que se solicitan en los Juzgados de Menores y trabajar por procesos de intervención a lo largo del proceso de reforma del/la menor.

Socialización diferencial

En ninguna de las herramientas empleadas en la muestra se contempla el análisis diferencial de los/as menores en cuanto a lo que perspectiva de género se refiere. Estos instrumentos no hacen distinción en función del género, a pesar de que la literatura científica hace referencia a procesos de socialización diferencial, del desarrollo del ciclo vital del ser humano, en función del género.

CONCLUSIONES

Históricamente la evaluación del riesgo de reincidencia de menores se realizaba a través de la valoración subjetiva del/la profesional. Con la visibilización de la delincuencia y reincidencia juvenil en la sociedad surgió la necesidad de crear un lenguaje común y objetivo entre los/as profesionales de este ámbito. 

Por ello, las cuatro herramientas seleccionadas han sido adaptadas de otras escalas dirigidas a población adulta, con el objetivo de evaluar las características propias de los y las menores. Una de las principales limitaciones del estudio ha sido no encontrar herramientas que, desde su origen, fueron dirigidas a evaluar el riesgo de reincidencia en menores infractores. La validez de las escalas utilizadas es difícil de comprobar, y el uso indistinto de las mismas geográficamente en nuestro país no permite la creación de un marco común. 

Sin embargo, por ambas razones, se consideró oportuno desarrollar este trabajo, dada la necesidad de investigar, desde un enfoque holístico, los factores que intervienen en la comisión de un delito y su reincidencia en el ámbito judicial del menor, para la posterior creación de una herramienta que unifique los esfuerzos de los investigadores y profesionales que trabajan en este campo y que, además, incluya un análisis diferencial de género. En la intervención social y el Trabajo Social no se debe olvidar la historia individual, social y familiar que llevan consigo las personas.

Actualmente, las herramientas de evaluación utilizadas en el ámbito judicial del menor, analizan prioritariamente aquellas características individuales del sujeto en las que sí que se pueden intervenir, ya que se entienden que son las posibilitadoras del cambio. Sin embargo, no se puede obviar la historia personal ni el contexto en el que se encuentra el sujeto. En la misma línea, se ha detectado que las herramientas analizadas se centran en evaluar los factores de riesgo, sin hacer hincapié en los factores protectores del/la menor. Esto puede llevar a intervenciones dirigidas sólo a trabajar las características que se detectan como problemas, sin potenciar los beneficios de los factores de protección. El conocimiento de estas herramientas sirve a los y las profesionales para emitir un objetivo y estructurado juicio profesional, facilitando la toma de decisiones en el proceso de intervención.

En nuestro análisis y desde la perspectiva del Trabajo Social, destacamos la herramienta SAVRY, puesto que tiene en cuenta todos los factores desarrollados a lo largo de la presente investigación, permitiendo el desarrollo de actuaciones efectivas potenciando conductas prosociales que reduzcan el riesgo de delincuencia futura, y permitan la reeducación de los/as menores.

Para concluir, el uso de estas herramientas solo es útil si los/as profesionales están comprometidos en el proceso de cambio de los y las menores y basan sus intervenciones en crear actuaciones que se adapten a las necesidades específicas de cada uno/a.

Asimismo, consideramos que sería necesario investigar más acerca de estas herramientas, con el fin de comprobar la validez de las mismas, fomentando las ventajas de cada una de ellas, y cubriendo las carencias, favoreciendo así el uso de un marco común entre todos/as los/as profesionales.

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