lunes, 15 de mayo de 2017

CONDUCTA ANTISOCIAL EN ADOLESCENTES: FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN. TESIS DOCTORAL. Mª Elena de la Peña Fernández. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. FACULTAD DE PSICOLOGÍA. 2005. (Extracto)

PRESENTACIÓN

Es bien sabido por todos que la denominada “conducta antisocial” constituye, desafortunadamente, un tema de relevancia social indiscutible en la actualidad, no sólo por las graves consecuencias que a nivel social, familiar, escolar o jurídicamente conlleva, sino también, por los efectos tan devastadores que acarrea al propio adolescente. La creciente implicación de los jóvenes en este tipo de conductas, junto con los costes personales, sociales y económicos que conllevan, han suscitado el consenso sobre la necesidad de buscar solución a estos problemas. Así, diferentes profesionales de la salud y de la educación, entidades oficiales y políticas entienden que el potencial más prometedor para resolver este problema reside en el desarrollo de programas de prevención. 

 Son muchos los problemas que hoy por hoy rodean la investigación y prevención de la conducta antisocial. Quizás, en parte, por los múltiples profesionales y enfoques teóricos interesados en su estudio, lo que, sin duda, dificulta sobremanera la elaboración de un modelo teórico que permita su explicación comprensiva. Si bien, tal y como han mostrado las múltiples investigaciones al respecto, su análisis debe ser llevado a cabo con el mayor encomio y dedicación por cuanto que sus resultados nos deberían guiar, cuanto menos, a distinguir diferentes adolescentes en mayor o menor riesgo de conducta antisocial y, consecuentemente, poder diseñar específicamente las diferentes líneas de prevención e intervención para cada uno de estos sub-grupos. 

Teniendo presente la ambigüedad conceptual del constructo “conducta antisocial” y sus complejas manifestaciones conductuales a lo largo de la infancia y la adolescencia, especialmente, con aquellas conductas agresivas, violentas y que infringen las normas sociales, además de sus relaciones determinantes con el consumo de sustancias, la presente investigación doctoral se ha centrado en los siguientes objetivos: 

a) Describir las distintas manifestaciones de la conducta antisocial (comportamientos antisociales graves y/o violentos, conductas agresivas y consumo de sustancias) en función tanto de la edad como del sexo de los adolescentes. 

 b) Comparar los diferentes patrones de consumo de sustancias y prevalencias de conductas agresivas en función del nivel de conducta antisocial mostrada por los adolescentes. 

 c) Determinar la forma en la que se asocian las diferentes sustancias de comercio legal e ilegal en los adolescentes (tabaco, alcohol, cannabis, fármacos antirreumáticos y tranquilizantes, derivados morfínicos, estimulantes, cocaína, heroína, inhalantes y drogas de síntesis). 

d) Determinar la capacidad predictiva de los factores bioevolutivos, escolares, familiares, del grupo de iguales y de personalidad, en el intento de establecer un perfil específico o un conjunto de factores especialmente asociados a un mayor riesgo de manifestación de comportamientos antisociales en los adolescentes.

e) Presentar distintos modelos de riesgo y protección en función de su valor predictivo, que sirvan como base para la posterior construcción y diseño de distintos modelos explicativos de la conducta antisocial en los adolescentes. 

f) Contrastar la validez de diferentes modelos explicativos en relación con los diversos factores de riesgo asociados a la conducta antisocial y el consumo de sustancias, que ayuden, por una parte, a la explicación de la conducta antisocial en adolescentes, y, por otra, que contribuyan a diseñar programas de intervención y prevención. 

g) Aclarar, finalmente, las complejas relaciones existentes entre la conducta antisocial y el consumo de sustancias de comercio legal e ilegal en los adolescentes, evidenciando que ambas conductas y, posiblemente, también otras conductas desviadas, puedan ser interpretadas como manifestaciones asociadas a un mismo síndrome de conducta problemática subyacente a una serie de factores de riesgo social.

ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL 

 1.1. Introducción 

La conducta antisocial es un problema que presenta serias consecuencias entre los niños y adolescentes. Los menores que manifiestan conductas antisociales se caracterizan, en general, por presentar conductas agresivas repetitivas, robos, provocación de incendios, vandalismo, y, en general, un quebrantamiento serio de las normas en el hogar y la escuela. Esos actos constituyen con frecuencia problemas de referencia para el tratamiento psicológico, jurídico y psiquiátrico. Aparte de las serias consecuencias inmediatas de las conductas antisociales, tanto para los propios agresores como para las otras personas con quienes interactúan, los resultados a largo plazo, a menudo, también son desoladores. Cuando los niños se convierten en adolescentes y adultos, sus problemas suelen continuar en forma de conducta criminal, alcoholismo, afectación psiquiátrica grave, dificultades de adaptación manifiestas en el trabajo y la familia y problemas interpersonales (Kazdin, 1988). 

La conducta antisocial hace referencia básicamente a una diversidad de actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás. No obstante, el término de conducta antisocial es bastante ambiguo, y, en no pocas ocasiones, se emplea haciendo referencia a un amplio conjunto de conductas claramente sin delimitar. El que una conducta se catalogue como antisocial, puede depender de juicios acerca de la severidad de los actos y de su alejamiento de las pautas normativas, en función de la edad del niño, el sexo, la clase social y otras consideraciones. No obstante, el punto de referencia para la conducta antisocial, siempre es el contexto sociocultural en que surge tal conducta; no habiendo criterios objetivos para determinar qué es antisocial y que estén libres de juicios subjetivos acerca de lo que es socialmente apropiado (Kazdin y Buela-Casal, 2002). 

 Estas conductas que infringen las normas sociales y de convivencia reflejan un grado de severidad que es tanto cuantitativa como cualitativamente diferente del tipo de conductas que aparecen en la vida cotidiana durante la infancia y adolescencia. Las conductas antisociales incluyen así una amplia gama de actividades tales como acciones agresivas, hurtos, vandalismo, piromanía, mentira, absentismo escolar y huidas de casa, entre otras. Aunque estas conductas son diferentes, suelen estar asociadas, pudiendo darse, por tanto, de forma conjunta. Eso sí, todas conllevan de base el infringir reglas y expectativas sociales y son conductas contra el entorno, incluyendo propiedades y personas (Kazdin y Buela-Casal, 2002). 

Desde una aproximación psicológica, se puede afirmar que las actividades o conductas anteriormente citadas, que se engloban dentro del término conducta antisocial se podrían entender como un continuo, que iría desde las menos graves, o también llamadas conductas problemáticas, a las de mayor gravedad, llegando incluso al homicidio y el asesinato. Loeber (1990), en este sentido, advierte que el término conducta antisocial se reservaría para aquellos actos más graves, tales como robos deliberados, vandalismo y agresión física. Lo cierto es que aunque toda esta serie de conductas son diferentes, se consideran juntas, ya que suelen aparecer asociadas, a la vez que se muestran de formas diferentes según la edad de inicio en el niño y/o adolescente. 

Uno de los principales problemas que surgen a la hora de abordar el estudio de la conducta antisocial desde cualquier aproximación, es sin lugar a dudas el de su propia conceptualización. Esta dificultad podría estar relacionada, entre otros factores, con el distinto enfoque teórico del que parten los autores en sus investigaciones a la hora de definir conceptos tan multidimensionales como los de delincuencia, crimen, conducta antisocial o trastornos de conducta (Otero, 1997). 

 Es evidente que la existencia de distintas interpretaciones que surgen desde los diferentes campos de estudio (sociológico, jurídico, psiquiátrico o psicológico), y que tratan de explicar la naturaleza y el significado de la conducta antisocial, generan orientaciones diversas y se acaban radicalizando en definiciones sociales, legales o clínicas (Otero, 1997). 

No obstante, se ha de tener presente que a lo largo de la historia de las diferentes disciplinas científicas que han estudiado la conducta antisocial, se han venido aplicando numerosos términos para referirse a este tipo de conductas que transgreden claramente las normas, tales como delincuencia, criminalidad, conductas desviadas, conductas problemáticas, trastornos o problemas de conducta. A pesar de que las conductas a las que se refieren son las mismas, existen ciertas diferencias que son necesarias resaltar. 

Para Loeber (1990), la llamada conducta problemática haría más bien referencia a pautas persistentes de conducta emocional negativa en niños, tales como un temperamento difícil, conductas oposicionistas o rabietas. Pero no hay que olvidar que muchas de estas conductas antisociales surgen de alguna manera durante el curso del desarrollo normal, siendo algo relativamente común y que, a su vez, van disminuyendo cuando el niño/a va madurando, variando en función de su edad y sexo. Típicamente, las conductas problemáticas persistentes en niños pueden provocar síntomas como impaciencia, enfado, o incluso respuestas de evitación en sus cuidadores o compañeros y amigos. Esta situación puede dar lugar a problemas de conducta, que refleja el término paralelo al diagnóstico psiquiátrico de “trastorno de conducta” y cuya sintomatología esencial consiste en un patrón persistente de conducta en el que se violan los derechos básicos de los demás y las normas sociales apropiadas a la edad (APA, 2002). 

Dicha nomenclatura nosológica se utiliza comúnmente para hacer referencia a los casos en que los niños o adolescentes manifiestan un patrón de conducta antisocial, pero debe suponer además un deterioro significativo en el funcionamiento diario, tanto en casa como en la escuela, o bien cuando las conductas son consideradas incontrolables por los familiares o amigos, caracterizándose éstas por la frecuencia, gravedad, cronicidad, repetición y diversidad. De esta forma, el trastorno de conducta quedaría reservado para aquellas conductas antisociales clínicamente significativas y que sobrepasan el ámbito del normal funcionamiento (Kazdin y Buela-Casal, 2002). 

Las características de la conducta antisocial (frecuencia, intensidad, gravedad, duración, significado, topografía y cronificación), que pueden llegar a requerir atención clínica, entroncan directamente con el mundo del derecho y la justicia. Y es aquí donde entran en juego los diferentes términos sociojurídicos de delincuencia, delito y/o criminalidad. 

La delincuencia implica como fenómeno social una designación legal basada normalmente en el contacto oficial con la justicia. Hay, no obstante, conductas específicas que se pueden denominar delictivas. Éstas incluyen delitos que son penales si los comete un adulto (robo, homicidio), además de una variedad de conductas que son ilegales por la edad de los jóvenes, tales como el consumo de alcohol, conducción de automóviles y otras conductas que no serían delitos si los jóvenes fueran adultos. En España, esta distinción es precisamente competencia de los Juzgados de Menores (antes Tribunales Tutelares de Menores), que tienen la función de conocer las acciones u omisiones de los menores que no hayan cumplido los 18 años (antes 16 años) y que el Código Penal u otras leyes codifiquen como delitos o faltas, ejerciendo una función correctora cuando sea necesario, si bien la facultad reformadora no tendría carácter represivo, sino educativo y tutelar (Lázaro, 2001). 

Los trastornos de conducta y la delincuencia coinciden parcialmente en distintos aspectos, pero no son en absoluto lo mismo. Como se ha mencionado con anterioridad, trastorno de conducta hace referencia a una conducta antisocial clínicamente grave en la que el funcionamiento diario del individuo está alterado. Pueden realizar o no conductas definidas como delictivas o tener o no contacto con la policía o la justicia. Así, los jóvenes con trastorno de conducta no tienen porqué ser considerados como delincuentes, ni a estos últimos que han sido juzgados en los tribunales se les debe considerar como poseedores de trastornos de conducta. Puede haber jóvenes que hayan cometido alguna vez un delito pero no ser considerados por eso como “patológicos”, trastornados emocionalmente o con un mal funcionamiento en el contexto de su vida cotidiana. Aunque se puede establecer una distinción, muchas de las conductas de los jóvenes delincuentes y con trastorno de conducta, coinciden parcialmente, pero todas entran dentro de la categoría general de conducta antisocial. 

Desde un punto de vista que resalta más lo sociológico de este fenómeno conductual, se habla comúnmente de desviación o conductas desviadas, definidas éstas como aquellas conductas, ideas o atributos que ofenden (disgustan, perturban) a los miembros de una sociedad, aunque no necesariamente a todos (Higgins y Buttler, 1982). Este término es un fenómeno subjetivamente problemático, es decir, un fenómeno complejo de creación social; de ahí que podamos decir que no hay ninguna conducta, idea o atributo inherentemente desviada y dicha relatividad variará su significado de un contexto a otro (Garrido, 1987; Goode, 1978). 

 Se podría conceptualizar la conducta delictiva dentro de este discurso como una forma de desviación; como un acto prohibido por las leyes penales de una sociedad. Es decir, tiene que existir una ley anterior a la comisión que prohíba dicha conducta y tiene que ser de carácter penal, que el responsable ha de ser sometido a la potestad de los Tribunales de Justicia. Pero de la misma forma que la desviación, el delito es igualmente relativo, tanto en tiempo como en espacio. Las leyes evolucionan, y lo que en el pasado era un delito, en la actualidad puede que no lo sea (consumo de drogas) o al contrario. El espacio geográfico limitaría igualmente la posibilidad de que una conducta pueda ser definida como delito o no (Garrido, 1987).

El delincuente juvenil, por tanto, es una construcción sociocultural, porque su definición y tratamiento legal responden a distintos factores en distintas naciones, reflejando una mezcla de conceptos psicológicos y legales. Técnicamente, un delincuente juvenil es aquella persona que no posee la mayoría de edad penal y que comete un hecho que está castigado por las leyes. La sociedad por este motivo no le impone un castigo, sino una medida de reforma, ya que le supone falto de capacidad de discernimiento ante los modos de actuar legales e ilegales. En España ha surgido actualmente una reforma de los antiguos Tribunales de Menores, así como de las leyes relativas a los delincuentes juveniles, la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal del menor. Tal reforma ha procurado conseguir una actuación judicial más acorde con los aspectos psicológicos del desarrollo madurativo del joven. 

Los términos delincuencia y crimen aparecen en numerosos textos como sinónimos de conducta antisocial, sin embargo ambos términos implican una condena o su posibilidad, sin embargo, todos los estudios han demostrado que la mayoría de los delitos no tienen como consecuencia que aparezca alguien ante los tribunales y que muchas personas que cometen actos por los cuales podrían ser procesados nunca figuren en las estadísticas criminales. Además, los niños por debajo de la edad de responsabilidad penal participan en una conducta antisocial por la que no pueden ser procesados. Para entender los orígenes de la delincuencia es crucial, por tanto, que se considere la conducta antisocial que está fuera del ámbito de la ley y también los actos ilegales que no tienen como consecuencia un procedimiento legal, además de los que sí la tienen. 

En este sentido, y para el propósito que guía la presente tesis doctoral, el término de conducta antisocial se empleará desde una aproximación conductual para poder así, hacer referencia fundamentalmente a cualquier tipo de conducta que conlleve el infringir las reglas o normas sociales y/o sea una acción contra los demás, independientemente de su gravedad o de las consecuencias que a nivel jurídico puedan acarrear. Consecuentemente, se prima el criterio social sobre el estrictamente jurídico. La intención no es otra que ampliar el campo de análisis de la simple violación de las normas jurídicas, a la violación de todas las normas que regulan la vida colectiva, comprendiendo las normas sociales y culturales. 

Tal y como señala Vázquez (2003), la inclusión de un criterio no solamente jurídico en la definición de la conducta antisocial presentaría la ventaja de centrar la atención en factores sociales o exógenos, y en factores personales o endógenos; cambiando el enfoque de la intervención y abordando directamente el problema real. Así, la conducta antisocial quedaría englobada en un contexto de riesgo social, posibilitando una prevención e intervención temprana en el problema que entroncaría directamente con los intereses de las distintas disciplinas de la psicología interesadas en este problema. 

1.2. Aproximaciones a la conceptualización de la conducta antisocial 

La dificultad para delimitar con precisión el concepto de la conducta antisocial es uno de los temas más ampliamente reconocidos por los estudiosos de la criminología. Cualquier examen de la literatura especializada de las últimas décadas sobre inadaptación social nos revela que tal dificultad se ha convertido en uno de los principales objetivos, siendo ya tradicional en las publicaciones sobre delincuencia hacer referencia a la ardua la tarea de establecer con claridad sus criterios definitorios y precisar sus límites conceptuales (Kazdin y Buela-Casal, 2002; Romero, Sobral y Luengo, 1999; Rutter, Giller y Hagell, 2000; 
Vázquez, 2003). 

Uno de los factores que ha podido contribuir a esta problemática conceptual ha sido, sin duda alguna, la naturaleza multidisciplinar que ha caracterizado el estudio de las conductas antinormativas (Blackburn, 1993; Shoemaker, 1990). El pensamiento filosófico, el derecho, la sociología, la antropología, la economía, la biología, la medicina o la psicología, en otras disciplinas, han prestado esencial atención al hecho delictivo, lo que, desde su amplia heterogeneidad han conferido su propio significado a un dominio conceptual que, en sí, es ya complejo y multidimensional. 

No obstante, la existencia de múltiples disciplinas ha contribuido, por otra parte, a enriquecer el estudio científico de los comportamientos antisociales y delictivos. Así, los esfuerzos que se han realizado desde las ciencias tradicionalmente consideradas “naturales” como desde las ciencias “sociales” sobre la conducta antisocial, han posibilitado el desarrollo de un gran cuerpo de conocimientos, innumerables vertientes teóricas y líneas de investigación sobre este campo de estudio. Sin embargo, la escasa coordinación con que se han efectuado tales esfuerzos, así como las rivalidades que han caracterizado a las diferentes disciplinas han dificultado ostensiblemente la unificación de criterios definitorios, alimentando la confusión conceptual y metodológica que hoy presenta el estudio de la conducta antisocial o delictiva (Jeffery, 1990; Romero et al., 1999; Stoff, Breiling y Maser, 1997; Vázquez, 2003).
 1.2.1. Aproximación sociológica 

Desde la sociología, el concepto de la conducta antisocial ha sido considerado tradicionalmente como parte integrante del concepto más general de desviación (Cohen, 1965; Pitch, 1980; Vázquez, 2003). Desde esta aproximación, la desviación se entendería como aquel tipo de conductas -o incluso, como señalan Higgins y Butler (1982) de ideas o atributos personales- que violan una norma social (Binder, 1988). 

La “norma” vendría a denotar, a su vez, dos campos semánticos relacionados entre sí. Por una parte, la norma sería indicativo de lo frecuente, lo usual o lo estadísticamente “normal” (Johnson, 1983). En este sentido, las normas podrían conceptualizarse como criterios esencialmente descriptivos que definen una rango de comportamientos mayoritarios y “típicos” dentro de un determinado sistema sociocultural. Lo desviado, sería, a su vez, lo “raro”, lo “distinto”, aquello que se aparta del “termino medio” dentro de unas coordenadas sociales dadas. No obstante, como pone de manifiesto Pitch (1980), esta forma de conceptuar norma y desviación parece claramente insuficiente para dar cuenta de lo que las teorías sociológicas han entendido clásicamente por comportamiento desviado. 

Por otra parte, la norma, además de describir lo “frecuente” presenta implícitamente un componente evaluativo y prescriptivo (Johnson, 1983). Así, la norma social define lo permisible, lo apropiado, lo “bueno”, conteniendo expectativas sobre cómo se debe pensar o actuar. La desviación social no constituiría únicamente lo “infrecuente”, sino que presentaría además connotaciones negativas, reprobables o sancionables para, al menos, parte de los miembros de una estructura social. Higgins y Butler (1982) expresan esta idea en su definición sobre desviación, frecuentemente citada en la literatura: “aquellas conductas, ideas o atributos que ofenden (disgustan o perturban) a los miembros de una sociedad (aunque no necesariamente a todos)”. 

De una u otra forma, además de una cierta carga de ambigüedad e imprecisión en los parámetros definitorios, una de las características más representativas del concepto de desviación es el relativismo sociocultural. De hecho, como han indicado los sociólogos del etiquetamiento (Becker, 1963), la desviación no es en modo alguno una cualidad intrínsecamente ligada a ningún tipo de acto, sino que una determinada conducta podrá categorizarse como “desviada” sólo con referencia a un contexto normativo, social y situacional definido. 

Garrido (1987) y Goode (1978) señalan tres elementos que determinan la medida en que un acto puede ser entendido como una forma de desviación: a) la audiencia, esto es, los grupos de referencia que juzgarán y responderán ante la conducta en cuestión en función de las normas que regulan su funcionamiento interno: un mismo acto podrá constituir desviación para determinados sectores sociales y, sin embargo, presentar connotaciones incluso positivas para otros grupos normativos; b) la situación, el homicidio resulta punible habitualmente en la mayoría de las sociedades actuales y, sin embargo, determinadas situaciones (tiempos de guerra) pueden convertir a este acto en un hecho común e incluso deseable y en definitiva, no desviado; c) las propias características del actor. El grado de tolerancia social a ese apartarse de las normas dependerá fuertemente de las características del sujeto que incurre en el acto. La literatura ha puesto de relieve en más de una ocasión, por ejemplo, que el grado de respetabilidad del actor influirá en la severidad con que se evalúen y sancionen los comportamientos potencialmente desviados (Berger, 1990). 


En definitiva, el concepto de desviación es el que permite comprender el comportamiento antisocial desde la sociología. Y como tal comportamiento desviado, es contextualizado siempre en su entorno socionormativo, estando siempre sujeto a un amplio margen de relatividad. De hecho, como han destacado las teorías sociológicas subculturales (Miller, 1958; Wolfgang y Ferracuti, 1967), se considera que las conductas antisociales podrían ser desviadas desde el punto de vista de la sociedad mayoritariamente, y, sin embargo, no ser inaceptables ni desviadas desde la perspectiva de algunos de los subsistemas socioculturales que la integran.
 1.2.2. Aproximación legal y/o forense 

La perspectiva sociológica ha servido de guía a importantes líneas de estudio e investigación sobre la delincuencia, pero han sido las orientaciones conceptuales legales y/o jurídicas las que han suscitado una fuerte y, a su vez, enriquecedora controversia en este campo de estudio. 

Desde una perspectiva legal, inspirada en los fundamentos de las ciencias jurídicas, los conceptos de “crimen” “delito” y “delincuente” son los protagonistas por excelencia en el discurso criminológico. El delito se concibe, bajo esta aproximación, como aquel acto que viola la ley penal de una sociedad; siendo el delincuente, aquella persona que el sistema de justicia ha procesado y culpado por la comisión de un delito. 

El relativismo histórico-cultural emerge también en este tipo de aproximaciones, como rasgo estrechamente ligado a la definición de lo delictivo. Las leyes, como normas institucionalizadas que protegen determinados “bienes jurídicos”, se ven sujetas a múltiples variaciones en el tiempo y en el espacio en función de los valores e ideologías imperantes en las distintas sociedades. 

 La relatividad que caracteriza a los ordenamientos legales da lugar también a que el delito se convierta en una realidad cambiante y multiforme (Clemente, 1995; García Arás, 1987). Lejos de constituir una categoría “natural” y prefijada de comportamientos, lo delictivo responde a complejos procesos de producción sociopolítica y se convierte en un fenómeno cuyo contenido se puede especificar sólo en función de los ejes espaciales y temporales en los que se inscribe. La conducta que es delito en una sociedad puede no serlo en otra. Lo que fue delito en un momento histórico puede despenalizarse en otro punto del tiempo; y viceversa, diversas circunstancias pueden dar lugar a que sean proscritos actos en otros tiempos permisibles. Es más, la problemática conceptual de la delincuencia legalmente definida se agudiza en cuanto introducimos otro concepto central en las aproximaciones fundamentadas en lo sociojurídico: la delincuencia juvenil. 

 La expresión “delincuencia juvenil” designa comúnmente a aquellas personas que cometen un hecho prohibido por la leyes y que cuentan con una edad inferior a la que la ley de un país establece como de “responsabilidad penal” (Garrido, 1987). La minoría de edad penal conlleva que el individuo no pueda ser sometido a las mismas acciones judiciales que un adulto; por lo que el menor estará sujeto, por tanto, a la acción de los Juzgados de Menores, quienes no podrán imponer condenas, aunque sí aplicar medidas teóricamente destinadas a su rehabilitación y reforma. 

No obstante, esta idea de que los jóvenes y los adultos deben recibir un tratamiento diferencial por parte de la ley no siempre ha estado presente en el funcionamiento de los sistemas de control oficial. De hecho, no fue hasta finales del siglo pasado cuando dentro de la doctrina legal se comenzó a sentir de un modo generalizado la necesidad de tener en cuenta las características específicas del joven (falta de madurez, responsabilidad y/o experiencia) a la hora de valorar su comportamiento antinormativo y a la hora de administrar las medidas correctoras oportunas (Empey, 1978). 

La figura del delincuente “juvenil”, que surge de la necesidad de establecer diferentes líneas de actuación judicial para adultos y jóvenes, fue ocupando así a lo largo del tiempo un lugar de gran relevancia no sólo dentro de la dinámica interna del funcionamiento de los sistemas de justicia, sino que fue adquiriendo también un peso especial dentro del análisis de los comportamientos inadaptados. 

En este contexto, la noción de delincuencia juvenil se ha convertido en un constructo de difícil delimitación conceptual. Incluso el relativismo que impregna el concepto legal de delincuencia se ve acentuado cuando le añadimos el calificativo de “juvenil”. En primer lugar, porque los límites de edad que establecen la mayoría de edad penal y que establecen quién es el delincuente juvenil, son diferentes en distintos puntos del espacio sociocultural y del discurrir histórico; mientras que en determinadas sociedades el límite se sitúa en los 15 años, en otras jurisdicciones se sitúa en los 16, 17, 18, o incluso los 20 años de edad (Otero, 1997; Rutter et al., 2000; Trojanowicz y Morash, 1992). 

En segundo lugar, porque el conjunto de actos que constituyen la delincuencia juvenil presenta una gran disparidad intercultural en función de que una determinada sociedad se adscriba a lo que se ha denominado perspectiva “restringida” o perspectiva “amplia” (Garrido, 1987). En múltiples países a los jóvenes se les prohíbe a nivel legal sólo aquellas conductas tipificadas como delitos en las leyes para adultos (perspectiva restringida). Sin embargo, en otros estados, la delincuencia juvenil incluye además la comisión de lo que en el mundo anglosajón se ha llamado “delitos de status”, es decir, actos que sólo son legalmente prohibidos a los jóvenes (p. ej., escaparse de casa o desobediencia crónica a los padres, consumo de drogas o conducir). 

La importante relatividad de la que hace gala el concepto jurídico de delito, así como el concepto más específico de delincuencia juvenil, constituye uno de los principales problemas con los que tradicionalmente se han encontrado las disciplinas criminológicas y que dificulta notablemente la labor de análisis del fenómeno delictivo. De hecho, la comparación de hallazgos y conclusiones y la consiguiente acumulación e integración de conocimientos se ha visto a menudo dificultada, aunque no imposibilitada por la variabilidad espacio-temporal que presenta la realidad delictiva (Garrido, 1987). Una de las limitaciones más importantes que las definiciones legales muestran de cara al estudio científico del comportamiento antisocial se pone claramente de manifiesto cuando se examina el modo en que se especifica quién es considerado como delincuente. 

Para los enfoques centrados en lo jurídico, el delincuente es definido como aquel individuo que ha sido convicto de un delito por el sistema de justicia de una comunidad. Desde una perspectiva legalista o institucionalista (Biderman y Reiss, 1967) sólo existirá delito y delincuente cuando se producen las reacciones oportunas por parte de los sistemas de control oficial. Los procesos legales de identificación, arresto e inculpación son esenciales para que la etiqueta de delincuente pueda ser aplicada al individuo (Olczak, Parcell y Stott, 1983). A esta concepción de delincuencia como “etiqueta” atribuida a la persona por los sistemas de control formal, se opone la aproximación que Biderman y Reiss (1967) denominaron “realista”, según la cual delito y delincuente tienen una existencia propia, independientemente de que ambos lleguen a ser detectados por los mecanismos de la justicia oficial. Desde este tipo de perspectivas, la delincuencia es entendida fundamentalmente como una “conducta”, como un comportamiento que puede haber sido realizado por cualquiera de los componentes de una sociedad, hayan sido o no asignados a la categoría legal de “delincuentes”. 

La necesidad de diferenciar entre “etiqueta” y “conducta” ha sido puesta de relieve por diferentes investigadores (Binder, 1988; Farrington, 1987; Jeffery, 1990; Kaplan, 1984), quienes han llamado la atención sobre el hecho de que la atribución de la etiqueta de delincuente viene dada no sólo por el comportamiento del transgresor, sino también por el propio comportamiento de los agentes del sistema policial y judicial. Y, como la literatura científica ha mostrado, el comportamiento de tales agentes muestra un alto grado de selectividad (Blackburn, 1993). 

Por una parte, sólo una muy pequeña porción de las conductas delictivas realizadas llegan a tener existencia oficial, es decir, llegan a ser detectadas y procesadas por los sistemas policiales y judiciales. Por otra parte, la acción de estas entidades de control oficial parece verse sesgada en buena medida por diversos factores de carácter claramente extralegal, como la raza, el sexo o el estrato socioeconómico, de forma que los individuos con la etiqueta de delincuentes pueden resultar bien poco representativos del conjunto de personas que realmente han incurrido en conductas delictivas (Chambliss, 1969; Hawkins, Laub y Lauritsen 1999; Liska y Tausig, 1979; Rutter et al., 2000). 

De todo ello se deriva que, para la psicología, y en concreto para el desarrollo de teorías e investigaciones sobre los procesos que conducen a los individuos a involucrarse en comportamientos delictivos, la concepción de la delincuencia en cuanto fenómeno conductual resulta más apropiada que la noción de la delincuencia como atributo asignado por las estructuras de control oficial. 

 1.2.3. Aproximación clínico-psicopatológica 

La aproximación clínico-psicopatológica ha sido otro de los enfoques históricos que han profundizado en el estudio científico de las conductas antisociales. Partiendo de la tradición psiquiátrica y psicopatológica, esta aproximación ha conceptualizado los comportamientos antisociales como componentes, más o menos definitorios, de diversos tipos de trastornos mentales y/o de la personalidad. 

Dentro de esta aproximación, una de las taxonomías más influyentes y populares ha sido el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría, que incluye, en sus diferentes ediciones, múltiples categorías diagnósticas definidas por patrones conductuales cuyo contenido se solapa en mayor o menor medida con la esfera conceptual de lo antisocial. Esto ocurre, por ejemplo, con diversos trastornos denominados “del control de impulsos”, tales como la cleptomanía, la piromanía o el trastorno explosivo-intermitente, o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y comportamiento perturbador, que se caracterizan por la presencia de episodios discretos de agresividad y violencia contra las personas o contra la propiedad. 

No obstante, el solapamiento conceptual con el dominio de lo delictivo se presenta de un modo especialmente acusado cuando atendemos a dos de los trastornos que mayor interés han suscitado en los últimos tiempos dentro del estudio de los comportamientos antinormativos: por una parte, los denominados “trastorno disocial” (anteriormente denominado “trastorno de conducta”) y “trastorno negativista-desafiante”; y, por otra, el “trastorno antisocial de la personalidad” (APA, 2002). 

El trastorno disocial se incluye dentro de lo que en el DSM denomina “trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia”. En concreto, esta categoría diagnóstica se aplica básicamente a individuos menores de 18 años que presentan patrones conductuales relativamente persistentes en los que se violan los derechos básicos de los demás, así como importantes normas sociales apropiadas a la edad. Entre los criterios diagnósticos especificados por el DSM en sus últimas ediciones se incluyen comportamientos tales como robo, agresión, destrucción de la propiedad, empleo de armas, conductas contra las normas impuestas por padres o profesores. 

Tal y como han señalado Blackburn (1993) o Farrington (1993a), la constelación de conductas que delimitan el “trastorno disocial” presenta en definitiva gran cercanía conceptual a lo que en otros contextos se ha incluido bajo el término de delincuencia y, en concreto, delincuencia juvenil. No obstante, cabe subrayar también que el diagnóstico de este trastorno requiere que el patrón de conductas antisociales presente una cierta severidad; de hecho, en el DSM-IV se añadió un criterio según el cual sólo es posible aplicar la categoría de “trastorno disocial” cuando el comportamiento antinormativo da lugar a un deterioro clínicamente significativo de las actividades sociales, académicas o laborales del individuo. 

El trastorno negativista-desafiante, incluido también junto con el trastorno disocial en el grupo de “trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia”, se caracteriza según el DSM-IV-TR por presentar un patrón recurrente de comportamiento negativista, desafiante, desobediente y hostil, dirigido a las figuras de autoridad, que persiste por lo menos durante seis meses. Alguno de estos comportamientos serían: accesos de cólera, discusiones con adultos, desafiar activamente o negarse a cumplir las demandas o normas de los adultos, llevar a cabo deliberadamente actos que molestarán a otras personas, acusar a otros de sus propios errores o problemas de comportamiento, ser quisquilloso o sentirse fácilmente molestado por otros, mostrarse iracundo y resentido, ser rencoroso y vengativo, Asimismo, para calificar dichos comportamientos como trastorno, deben presentarse con más frecuencia de la típicamente observada en sujetos de edad y nivel de desarrollo comparables y deben producir deterioro significativo de la actividad social, académica o laboral (APA, 2002). 

El trastorno antisocial de la personalidad es otra de las categorías del DSM dentro de las que los comportamientos antisociales adquieren un carácter definitorio. De acuerdo con el DSM-IV-TR, la característica esencial del trastorno sería un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que se iniciaría en la niñez o en la adolescencia y que persistiría en la vida adulta. La categoría puede aplicarse a adultos con una historia de trastorno disocial antes de los 15 años y con patrones de comportamiento antisociales e irresponsables a partir de esa edad. De acuerdo con estos criterios diagnósticos, entre tales patrones de comportamiento se encontrarían: el fracaso en adaptarse a las normas sociales y legales, con la comisión de actos que son motivo de detención; manifestaciones de irritabilidad y agresividad, con agresiones y peleas físicas repetidas; fracasos en el cumplimiento de las obligaciones laborales o económicas, o ausencia de remordimientos (APA, 2002). 

Como puede apreciarse, muchos de estos trastornos conllevan el desarrollo de conductas antisociales y/o delictivas, sin embargo, no son en ningún modo sinónimos de delito. Podrían alegarse diferentes inconvenientes para justificar la no equiparación terminológica entre estos trastornos y la delincuencia. Entre otros, por ejemplo, que los criterios para el diagnóstico dependen de muchas conductas que no implican quebrantar la ley; y, a su vez, que muchos individuos que sufren una condena no cumplen los criterios operativos para un diagnóstico de trastorno mental. 

 1.2.4. Aproximación conductual 

Desde una aproximación conductual, el concepto de “conducta antisocial” resulta ser un foco de atención de especial significación y utilidad como objeto de estudio (Farrington, 1992; Loeber, 1990; Tolan y Thomas, 1995). En primer lugar, porque dentro de esta aproximación se incluyen tanto las conductas clínicamente significativas, las estrictamente delictivas como otra amplia gama de comportamientos antinormativos que, sin ser ilegales, se consideran dañinos o perjudiciales para la sociedad y que dan lugar a procesos de sanción dentro del sistema social. 

Rebasar los límites de la concepción clínica o legal de delito, dando cabida a este tipo de comportamientos antinormativos (conductas disruptivas en el marco escolar, conductas de agresión en niños o muchachos jóvenes) es una idea ampliamente reconocida dentro de la literatura del área (Blackburn, 1993; Catalano y Hawkins, 1996; Moffitt, 1993; Thornberry, 1996). La significación que a nivel teórico presentan estas conductas y el interés de su incorporación dentro de los estudios de la psicología criminológica vienen dados no solo porque son comportamientos con antecedentes y manifestaciones semejantes a las conductas transgresoras de la ley, sino también porque se ha demostrado dentro del curso evolutivo del individuo como claros predictores del desarrollo de actividades delictivas de mayor gravedad (Broidy et al., 2003; Catalano y Hawkins, 1996; Hawkins et al. 2000; Loeber y Farrington, 2000; Moffitt, 1993; Thornberry, 2004). 

Frente a la dicotomización delincuente-no delincuente, implícita en concepciones legales, la comprensión conductual de la actividad delictiva como parte del constructo de “conducta antisocial” implica el reconocimiento de que la delincuencia, en ningún caso, se puede considerar como un fenómeno “todo o nada”. Por el contrario, las conductas delictivas forman parte de una realidad dimensional que puede adoptar un amplio rango de grados y modalidades de expresión. La concepción de la delincuencia en un continuo conductual permite así la puesta en práctica de análisis menos simplistas, más detallados y precisos que los posibilitados por la concepción de la delincuencia como atributo definitorio de cierta categoría de individuos (1) . 

A modo de conclusión, dentro de la problemática conceptual en la que tradicionalmente se ha visto envuelta la investigación de la conducta antisocial, la principal controversia se ha centrado, por una parte, entre los partidarios de una concepción legalista o psicopatológica de este fenómeno y, por otra, los defensores de la visión de la delincuencia como una realidad esencialmente conductual, que posee entidad propia al margen de que sean puestos o no en acción los engranajes del procesamiento judicial o sean o no síntomas clave de un trastorno clínico. Desgraciadamente, las diferencias existentes entre estos tipos de aproximaciones han constituido, como señalaron Olczak, Parcell y Stott (1983), uno de los principales impedimentos para el logro de una definición unificadora y consensuada dentro de este campo de estudio, dando lugar a posiciones también enfrentadas en lo concerniente a la metodología considerada adecuada para acceder a su estudio y evaluación.
1.2. Otros conceptos asociados a la conducta antisocial: Agresión – Violencia 

La complejidad multidimensional de la conducta antisocial, tanto en relación con aquellas conductas que infringen las normas sociales, y no exclusivamente las jurídicas, como con su imprecisa delimitación conceptual, hacen necesario aclarar, en cierta medida, otros constructos muy ligados a ella, cuya distinción diferencial puede servir de ayuda a delimitar conceptualmente el propio concepto de conducta antisocial objeto de estudio. 

 1.3.1. Agresión y Agresividad 

 Bandura (1973) señaló acertadamente el hecho de que empezar el estudio de la agresión y la violencia es entrar en una autentica jungla semántica: definiciones, conceptos, atributos, instigadores e intenciones. A lo largo del recorrido etimológico por el término... 

 (1) Es más, la aproximación conductual en el estudio de la conducta antisocial permitiría, en este sentido, aplicar métodos de evaluación como la formulación funcional de casos (véase Andreu y Graña, 2003), lo que aportaría una mayor objetividad tanto en la evaluación como en la investigación de la delincuencia juvenil. 

...agresión, procedente del verbo latino aggredior -acercarse, acometer una acción-, se pone  de manifiesto que éste ha servido de etiqueta omnibus a todo un amplio conjunto de significados que intentaban señalar desde un estado interno del individuo hasta una respuesta abierta. 

Una de las diferenciaciones que deben hacerse en relación a la agresión reside precisamente en el uso bidimensional de este término: la acción y el estado emocional del agresor. En este sentido, Ramírez y Fernández-Rañada (1997) advierten que dos aspectos muy diferentes deben distinguirse a priori: uno objetivo, externo y observable, la acción, y otro subjetivo, interno e inobservable: el estado agresivo. En este sentido, los autores esbozan las siguientes consideraciones: 

 1) La agresión o conducta agresiva es una acción externa, abierta, objetiva y observable, que a lo largo de los años se ha ido definiendo mediante no pocas formulaciones. Por poner algunos ejemplos, encontramos definiciones desde posturas conductuales radicales como la que mantuvo Buss en la década de los 60, claramente influida por la orientación conductista contra los conceptos supuestamente mentalistas: “respuesta que proporciona estímulos dañinos a otro organismo” (Buss, 1961); a definiciones que intentaron caracterizarla principalmente por su componente intencional cuyo objetivo primario es la ofensa o el daño de la persona a quien se dirige (Berkowitz, 1965; Dollard et al., 1939). Otras, sin embargo, intentaron reflejar que en la agresión el efecto nocivo no era el único factor calificador de la conducta agresiva, al verse involucrados juicios sociales que etiquetan dicha conducta precisamente como agresión (Bandura, 1973). En este sentido, ésta sería una conducta nociva sobre las bases de una variedad de factores, algunos de los cuales residen tanto en el evaluador como en el ejecutor. Zillman (1979), por otra parte, introdujo un interesante matiz en la definición en cuanto que excluía aquellos casos en los que la persona no está activamente motivada para evitar el efecto nocivo. Para este autor, la agresión quedaría conceptualizada como aquella actividad a través de la cual una persona busca infringir daño o dolor físico sobre otra que está motivada para evitarlo. Un caso prototipo que excluiría esta definición sería el comportamiento masoquista. 

 2) El estado agresivo se configura como una combinación de cogniciones, emociones y tendencias comportamentales desencadenadas por estímulos capaces de evocar una respuesta agresiva, aunque no sean condición necesaria para ello ya que ésta puede verse desencadenada por otra serie de factores. Esta dimensión subjetiva de la agresión se ha ido caracterizando conceptualmente a través de términos tales como: agresividad, ira y hostilidad. Veamos a continuación qué se entiende, en términos generales, por dichos conceptos. 

a) Por Agresividad: 
una disposición relativamente persistente a ser agresivo en diversas situaciones. Por tanto, hace referencia a una variable interviniente que indica la actitud o inclinación que siente una persona o un colectivo humano a realizar un acto agresivo. En este sentido, puede también hablarse de potencial agresivo. La agresividad suele ser concebida como una respuesta adaptativa que forma parte de las estrategias de afrontamiento de los seres humanos a las amenazas externas. 

b) Por Hostilidad: 
la evaluación negativa acerca de las personas y las cosas (Buss, 1961), a menudo acompañada de un claro deseo de hacerles daño o agredirlos (Kaufmann, 1970). Esta actitud negativa hacia una o más personas se refleja en un juicio desfavorable de ella o ellas (Berkowitz, 1996). Tal y como este autor afirma, se expresa hostilidad cuando decimos que alguien nos disgusta, especialmente si deseamos el mal para esta persona. Un individuo hostil es alguien que normalmente hace evaluaciones negativas de y hacia los demás, mostrando desprecio o disgusto global por muchas personas (Spielberger, Jacobs, Rusell y Crane, 1983). 

La hostilidad implica una actitud de resentimiento que incluye respuestas tanto verbales como motoras. Plutchik (1980) la consideró como una actitud que mezcla la ira y disgusto, y se ve acompañada de sentimientos tales como indignación, desprecio y resentimiento hacia los demás. Precisamente, estos sentimientos -resentimiento, indignación y animosidad- configuran la hostilidad como una actitud cínica acerca de la naturaleza humana, en general, que en ocasiones puede llegar incluso al rencor y a la violencia. La hostilidad conlleva creencias negativas acerca de otras personas, así como la atribución general de que el comportamiento de los demás es agresivo o amenazador. La “atribución hostil” hace referencia precisamente a la percepción de otras personas como amenazantes y agresivas (Fernández-Abascal, 1998). 

c) Por Ira: 
Un conjunto de sentimientos que siguen a la percepción de haber sido dañado. No persigue una meta concreta, como en el caso de la agresión, sino que hace referencia principalmente a un conjunto de sentimientos que surgen de reacciones psicológicas internas y de las expresiones emocionales involuntarias producidas por la aparición de un acontecimiento desagradable (Berkowitz, 1996). La ira implica sentimientos de enojo o enfado de intensidad variable (Spielberger et al., 1983). 

La ira es una reacción de irritación, furia o cólera que puede verse elicitada por la indignación y el enojo al sentir vulnerados nuestros derechos (Fernández-Abascal, 1998). Izard (1977) la conceptualizó como una emoción básica que se expresa cuando un organismo se ve obstaculizado o impedido en la consecución de una meta o en la satisfacción de una necesidad. Diamond (1982), por otra parte, la describió como un estado de arousal o activación general del organismo con componentes expresivos, subjetivos, viscerales y somáticos. 

Se ha de destacar el hecho de que esta emoción básica guarda una estrecha relación con aquellas situaciones en las que se produce una transgresión o violación de los derechos personales y de las reglas sociales. Así pues, es una emoción que se produce ante situaciones tales como una ruptura de compromisos, promesas, expectativas, reglas de conducta y todo lo relacionado con la libertad personal. A nivel motivacional, la ira genera un impulso apremiante por hacer algo que elimine o interrumpa la causa que la ha originado. Es, por tanto, una emoción muy explosiva o caliente que, en situaciones extremas, puede llegar incluso a generar reacciones de agresividad, tanto física como verbal (Fernández-Abascal y Martín, 1994). 

Para Hoshmand y Austin (1987), los principales desencadenantes de la ira tienen que ver con situaciones en las que, por ejemplo, se es testigo de abusos a otras personas, con la intrusión de extraños en nuestros intereses, con la degradación personal, con la traición de la confianza o con la frustración de una motivación. Es decir, parece que la ira se desencadena ante situaciones que son valoradas por las personas como injustas o que atentan contra la libertad personal, por situaciones que suponen un control externo no deseado, coaccionando nuestro comportamiento, con personas que nos infligen cualquier tipo de agresión verbal o física y, finalmente, con situaciones en las que consideramos que se producen hechos injustos. Asimismo, la estimulación aversiva física, sensorial o cognitiva, o la falta de un mínimo de estimulación como ocurre ante una situación de inmovilidad o de restricción física, pueden también actuar como desencadenantes de la ira. 

Es necesario aclarar, de alguna manera, las complejas relaciones entre ira, hostilidad y agresión. La ira es el concepto más simple de los tres. La hostilidad, por contra, implica una actitud que usualmente va acompañada de sentimientos de enfado o ira y que predispone hacia la emisión de conductas agresivas dirigidas principalmente a la destrucción de objetos, al insulto o a la producción de algún daño. Si la ira y la hostilidad se refieren a sentimientos y actitudes, la agresión implica un paso más allá, puesto que conlleva la aparición de comportamientos destructivos, lesivos o punitivos dirigidos a otras personas u objetos (Miguel-Tobal, Casado, Cano-Vindel y Spielberger, 1997). 

Evidentemente, los tres conceptos se entremezclan de forma constante. La hostilidad conlleva usualmente irascibilidad y, a su vez, actitudes que predisponen a la conducta agresiva. Asimismo, la ira puede tener como expresión más inmediata conductas agresivas tanto verbales como físicas. Dado el solapamiento entre estos conceptos algunos autores han acuñado el término Síndrome ¡AHI! (Agresión, Hostilidad, Ira) para denotar la común asociación entre las emociones, las actitudes y la conducta agresiva (Spielberger, Johnson y Russell et al., 1985; Spielberger, Krasner y Solomon, 1988). Este síndrome que refleja la unión o continuidad entre estos tres componentes, ha sido puesto de relieve en multitud de investigaciones relacionadas con la psicología de la salud y, más concretamente, en relación a los trastornos de tipo cardiovascular (Fernández-Abascal y Martín, 1994; Miguel-Tobal et al., 1997). 

Tal y como considera Berkowitz (1996), la instigación a la agresión, la agresión en sí misma, la ira, la hostilidad y la agresividad son fenómenos independientes aunque normalmente relacionados. Sería un error asumir que son la misma cosa o incluso que siempre están estrechamente correlacionados. Una cuestión aún del todo no resuelta es determinar cómo, de qué manera y en qué grado estos constructos se relacionan entre sí.
 Pedrería (2004) subraya los diferentes subtipos de agresión en el seno de la conducta antisocial y los trastornos de conducta en la infancia y adolescencia, considerando que la agresión resulta ser, en sí misma, un elemento crucial para poder comprender las diferentes formas de presentación de las conductas antisociales y delictivas. Al hilo de estas consideraciones, se exponen aquellos subtipos de agresión que cuentan con mayor evidencia teórica y empírica en la actualidad (Graña, Andreu y Peña, 2001; Ramírez y Andreu, 2003), así como sus principales rasgos distintivos de cara a la comprensión de sus relaciones con la conducta antisocial. 

 1.3.1.1. Agresión instrumental y agresión emocional (hostil)

 Una de las primeras distinciones que se realizaron entre diferentes tipos de agresión fue la de agresión instrumental y hostil, basada en si la intención principal del agresor era provocar dolor o daño (Bandura, 1973; Buss, 1961; Feshbach, 1964; Hinde, 1970). La instrumental, dirigida hacia la consecución de metas no agresivas, y la agresión hostil, cuyo principal objetivo es dañar a una persona u objeto (Sears, Maccoby y Levin, 1957). En la actualidad, la agresión instrumental se conceptualiza como una estrategia dirigida a la obtención de recompensas o refuerzos de diversa índole, consistiendo su principal objetivo en lograr algún incentivo no agresivo, mediante caminos alternativos que aseguren refuerzos ambientales. También se conoce como motivada por incentivos, al referirse a acciones llevadas a cabo principalmente para obtener productos vitales y alcanzar varios incentivos extrínsecos, siendo sus acciones producto de una decisión deliberada; p. ej., muchos atracos son de naturaleza instrumental, en cuanto que, en situaciones de peligro, intentan lograr el máximo de beneficios con el mínimo de costos. Suelen distinguirse dos formas de agresión instrumental: 
a) aquella cuyo objetivo consiste en obtener recompensas personales y/o materiales; y 
b) las que tienen como finalidad el respaldo social, evitando la vergüenza; p.ej., éste es el caso en el que las normas sociales tienen efectos poderosos a la hora de determinar lo que se considera normativo y apropiado en dicho ambiente social. Así, una sociedad puede decretar que un hijo está obligado a vengarse de quien ha difamado a su familia, en cuyo caso el responder agresivamente es un acto justificado socialmente, mientras que el no hacerlo sería un acto de disconformidad social (Fraczek, Torchalska y Ramírez, 1985; Ramírez, 1991, 1993). 

La agresión hostil puede definirse como un acto que pretende dañar a otra persona, estando motivada esencialmente por la intención de producir daño. También se denomina motivada por irritación, pues se desencadena primariamente para disminuir enojos o irritaciones y reducir condiciones molestas, ligadas a estados de alta excitación, como por ejemplo en una explosión de rabia, y a situaciones de emergencia. Por tanto, es caliente, estando producida, o al menos provocada, por el enfado (Olweus, 1986). También se la conoce como agresión expresiva o como agresión emocional impulsiva (Berkowitz, 1986, 1989, 1996). Aunque las acciones violentas suelen considerarse como impulsivas, a veces, más que ser instrumentales, se desencadenan accidentalmente, sin previa premeditación de quienes las perpetran: algo inesperado ocurre durante el encuentro con la víctima desencadenando un nivel de violencia ni planeado ni incluso deseado. En conclusión, la agresión instrumental “sirve de instrumento para...”, siendo utilizada con otros fines distintos de los de la propia agresión, cuando el sujeto busca provocar daño a otro, o cuando se encuentra airado o enojado y trata de herirle, en cuyo caso se habla de agresión hostil o emocional (Cerezo, 1998). Ejemplificando estos subtipos desde un punto de vista delictógeno, si alguien agrediese a otro individuo para causarle la muerte nos encontraríamos ante un agresor hostil; pero si esta agresión tuviese como objeto conseguir dinero entraríamos en la categoría del agresor instrumental (García, 1994). 

1.3.1.2. Agresión física y agresión verbal 

Esta distinción parte de una clasificación de las respuestas agresivas en función de su naturaleza física; diferenciando la agresión entre acciones físicas y afirmaciones verbales (Berkowitz, 1996). Por una parte, la agresión física, denominada también agresión corporal, englobaría acciones meramente físicas tales como golpes o patadas; mientras que por otra, la agresión verbal consistiría fundamentalmente en afirmaciones verbales tales como insultos, discusiones e incluso amenazas (Ramírez y Fernández-Rañada, 1997). Esta clasificación no sólo refleja una distinción básica de los actos agresivos sino que está asociada, tal y como multitud de estudios muestran, a diferencias sexuales respecto al tipo de agresión utilizado (Andreu, Fujihara y Ramírez, 1998; Archer, Holloway y McLouglin, 1995; Archer, 1998; Björkvist, 1994; Campbell y Muncer, 1994). Precisamente, esta asociación entre la preferencia de hombres y mujeres por un tipo u otro de agresión fue el origen de la importante distinción que hizo Arnold Buss en 1961 cuando escribió su libro acerca de la psicología de la agresión, primera publicación de una investigación psicológica contemporánea en este tema. Según este autor, los hombres muestran una alta correlación positiva entre agresión física e ira, mientras que en las mujeres se aprecia una correlación negativa entre agresión física y verbal. 

Asimismo, esta diferenciación entre estilos agresivos físicos y verbales corre paralela al desarrollo psicoevolutivo de los sujetos. La agresión física y verbal se ven moduladas en su expresión conforme se madura ontogénicamente. Antes del desarrollo de las habilidades cognitivas y verbales en la niñez, la agresión física es la predominante. Cuando las habilidades verbales empiezan a desarrollarse, conjuntamente con las cognitivas, la agresión verbal es más utilizada que la física como medio de resolución de conflictos. Posteriormente, en torno a los 11 años de edad, otros tipos de agresión más sofisticados entran en juego paralelamente al desarrollo de la inteligencia social (Björkvist y Niemela, 1992; Lagerspetz, Björkvist y Peltonen, 1988). En este sentido, existen buenas razones para creer que en los conflictos interpersonales entre adultos la agresión física es realmente la excepción y no la regla; se utilizan con mayor profusión otros tipos de agresión como los indirectos (Björkvist, 1994). 

1.3.1.3. Agresión directa y agresión indirecta 

También suele distinguirse entre agresión directa, cuyo ataque puede llevarse a cabo pegando, insultando o mofándose de otro, y agresión indirecta que se produce de forma mucho más sutil. Casos prototípicos de agresión indirecta consistirían en hablar mal de otros, tenderles trampas, rehusar el contacto social, no dirigirles la palabra o no ayudarles cuando lo necesiten. Esta distinción hace referencia principalmente a la forma con la que el agresor ataca a su objetivo (Berkowitz, 1996). La agresión directa supone que el ataque puede llevarse a cabo ya sea mediante un contacto real, pegando, ya sea mediante mera amenaza, insultando o mofándose de otro; mientras que en la indirecta se intenta dominar al oponente intimidándole mediante el uso de símbolos que muestren su status o rango, como hablar mal de otros a sus espaldas, tender trampas o rehusar su contacto social (Geist, 1971; Schaller, 1977; Walther, 1974). Mientras que la agresión indirecta madura relativamente tarde en la ontogenia, estando raramente presente en el juego como lucha infantil, va reemplazando a los ataques directos en la vida adulta. Por el contrario, la frecuencia de la directa parece ir disminuyendo con la edad. También se revelan interesantes distinciones según el sexo del individuo: la agresión directa es más propia del sexo masculino, mientras que la indirecta es más característica del femenino (Björkqvist, 1994; Campbell, Muncer y Coyle, 1992; Campbell, Muncer y Gorman, 1993; Lagerspetz et al., 1988). 

Buss (1961), que fue el primer autor que dicotomizó la agresión en directa e indirecta, propuso una clasificación de la agresión combinando las diferentes dimensiones expuestas con anterioridad (física vs. verbal y directa vs. indirecta); añadiendo, a su vez, la dimensión activa vs. pasiva. Esta clasificación tiene en cuenta tres dimensiones que involucran al sistema orgánico, a la interacción social y al grado de actividad desarrollado en la agresión. 

 a) En relación al sistema orgánico involucrado, encontramos dos tipos de agresión: la física (un ataque contra un organismo a través de partes del cuerpo o de instrumentos), y la verbal (una respuesta vocal que proporciona estímulos nocivos a otro organismo, por ejemplo amenaza o rechazo). 

b) En relación a la interacción social, la directa (por ejemplo, asalto, amenaza, rechazo), y la indirecta (que puede ser verbal como extender falsos rumores, o física, como destruir la propiedad de otros). 

c) En relación al grado de actividad involucrado, la activa (que incluye todos los comportamientos mencionados hasta el momento) y la pasiva (obstaculizar o impedir que otro alcance una meta o logro). Para Buss (1961), la agresión pasiva es usualmente directa pero puede también ser indirecta. 

Loeber y Schmaling (1985) también formularon la que es conocida como primera tipología de la dimensión bipolar “agresión franca” vs. “agresión encubierta”. Estos autores incluyeron en la tipología la forma de presentación a la hora de identificar las conductas agresivas y la agresión al otro, según sean conductas evidentemente agresivas o directas (p. ej., dar una bofetada a alguien o insultarle), o bien sean conductas que aparentan ajustadas a normas, pero encubren una gran carga indirecta de agresión (p. ej., realizar conductas que provoquen respuestas de agresión en la otra persona). 

 1.3.2. Agresión y Violencia. 

Uno de los conceptos que más dificultades ha entrañado en su diferenciación con el de agresión, es el de violencia. Si bien, por una parte, parece haber suficientes datos como para distinguirla de la agresividad, multitud de veces agresión y violencia se han utilizado como sinónimos e incluso como homólogos. A continuación se exponen aquellas características que, según diversos autores, diferencian ambos constructos. 

Etimológicamente, el término violencia tiene como uso más común la utilización exclusiva o excesiva de la fuerza. Del Latín, violentia, significa vehemencia o impetuosidad; siendo su uso más extenso el del ejercicio de la fuerza física para dañar o lesionar a una persona o una propiedad. Su uso lingüístico también describe una condición de una persona que no está en su estado normal, o que las acciones que realiza son contrarias a su disposición natural (Moliner, 1979). 

En relación con la agresión, se aplica a las formas más extremas de este tipo de comportamiento (Archer, 1994), especialmente las relacionadas con la física, aunque también es aplicable a la fuerza psicológica que causa sufrimiento o traumatismo. Al igual que en el caso de la primera, se puede establecer una categoría emocional u hostil de violencia y otra de tipo instrumental. En la violencia hostil, el objetivo primario sería la producción de sufrimiento o daño extremo a la víctima, mientras que la violencia con otros fines secundarios sería un buen ejemplo de violencia instrumental (Berkowitz, 1996). 

Pero antes de analizar con mayor profundidad el fenómeno de la violencia, es necesario hacer una serie de consideraciones acerca de la función adaptativa de la agresión. En este sentido, la tradición etológica clásica dicotomizó la agresión como instinto primario y la violencia como agresión destructiva o función incorrecta de ese instinto (Lorenz, 1972). De esta forma, se consideró que la agresión desempeñaba una función biológica desencadenada para satisfacer necesidades vitales y eliminar cualquier amenaza a la integridad física; y que, bajo determinadas circunstancias, podía pasar a ser una función anormal o destructiva sustentada en un mecanismo incorrecto, anormal o patológico regulador de la agresión adaptativa. 

Desde esta perspectiva, una de las definiciones más precisas fue la ofrecida por Scott (1975): “La agresión como conducta desadaptativa, no guarda relación con la situación en la que tiene lugar -por ejemplo, la agresión a un individuo cuya conducta no es aparentemente agresiva-, o es una reacción a una clase apropiada de estimulación pero en una dirección inadecuada -por ejemplo, la agresión a objetos físicos del entorno ante una agresión recibida por otro individuo-. En ambos casos, ninguna de las reacciones agresivas guarda relación aparente con los estímulos desencadenantes originarios y es, precisamente, en este contexto donde la agresión puede considerarse como desadaptativa; estableciéndose así un puente entre la conducta agresiva desadaptada y la violencia (O.c., p. 24). 

Para Valzelli (1983), la agresividad es el componente de la conducta normal que, con diferentes formas vinculadas al estímulo y orientadas a un objetivo, se libera para satisfacer necesidades vitales y para eliminar o superar cualquier amenaza contra la integridad física. Además, está orientada a promover la conservación propia y de la especie de un organismo vivo, y nunca, excepto en el caso de la actividad depredadora, para producir la destrucción del oponente. Precisamente, éste es uno de los criterios diferenciadores para Valzelli entre agresión animal y humana en relación a la violencia. Según este autor, la propuesta falta de relación entre la agresión animal y humana (p. ej., Montagu, 1974) depende básicamente de una falta de distinción entre agresión y violencia que es, en definitiva, la diferencia que existe entre agresión normal y anormal; una diferencia, por otra parte, definida de forma cualitativa. Desde este planteamiento, las bases biopsicológicas de la violencia encontrarían sus raíces en los mismos aspectos que, a su vez, sustentan un mecanismo incorrecto, anormal o patológico que regula la agresión normal (Valzelli, 1983). 

Desde una perspectiva psicosocial, la violencia es analizada enfatizando fundamentalmente su naturaleza social. La agresión física se ve comúnmente acompañada de juicios sociales negativos que destacan la ilegitimidad e ilegalidad de esos actos, así como su inaceptabilidad (Archer y Browne, 1989). Si bien, es cierto también que la violencia es más una expresión de quienes atestiguan o son víctimas de ciertos actos, que de aquellos que los ejecutan (Riches, 1988), conjuntamente a una serie de juicios sociales que la etiquetan como tal (Bandura, 1973). La evaluación del contexto social implica inevitablemente juicios morales, y tales juicios subjetivos pueden ser cruciales al considerar un acto como legítimo o ilegítimo (Feshbach, 1964). En este sentido, la agresión como violencia supondría un agravio, ultraje u ofensa contraria al derecho del otro. Valzelli (1983), utilizando datos clínicos tales como la elevación del índice de violencia delictiva en casos de esquizofrenia y trastornos bipolares, asociados a uso de sustancias psicoactivas, es uno de los grandes defensores del concepto de transición patológica de la agresión a la violencia, transición sometida tanto a factores biológicos como socioambientales. 

Desde esta perspectiva, De Flores (1991), señala que en la conducta humana la palabra violencia empleada en lugar de la palabra agresión, implica la liberación de componentes agresivos patológicos, como consecuencia de un trastorno en los mecanismos de control del SNC o por una educación intencionadamente orientada a fomentar la intolerancia ideológica. Se entiende, por tanto, que la persona con conducta agresiva patológica tiene un trastorno funcional a nivel del sistema nervioso central, una baja tolerancia a los estímulos aversivos y un potencial agresivo dirigido hacia el entorno o hacía sí mismo. Un tipo de conducta, prosigue el autor, que necesita tratamiento inmediato y resultados rápidos después de establecido el diagnóstico preciso. Además, la agresividad, dentro de estos planteamientos clínicos, quedaría conceptualizada como un estado permanente o predisposición constitucional a cometer agresiones o a atacar sin que medie provocación alguna. En este sentido, el comité asesor sobre aspectos clínicos de la conducta agresiva de la Asociación de Psiquiatría Americana (APA), define clínicamente al paciente violento como aquel que actúa en el sentido de provocar dolor, lesión o destrucción (Comité Asesor de la APA, Informe 8, julio 1974). 

En términos generales, y a modo de conclusión de lo anteriormente expuesto, la utilización excesiva de la fuerza física, junto con una reacción que no guarda aparentemente relación con los estímulos desencadenantes originarios, sería definitorio para hablar de un acto agresivo como violento. En este sentido, se podría argüir que: 

a) La violencia constituye un tipo de agresión desadaptada, que no guarda relación con la situación social en la que se desarrolla o que se da en una dirección espacial inadecuada. 

b) La violencia requiere la ejecución de conductas que denotan un uso excesivo o exclusivo de la fuerza física dentro de un contexto sociocultural determinante, esencialmente humano. 

c) La violencia está sustentada biológicamente en un mecanismo incorrecto que regula la función adaptativa de la agresión; destacándose su carácter eminentemente destructivo sobre las personas y las cosas. 

 La Tabla 1.1. resume los principales criterios conceptuales diferenciadores entre la agresión y la violencia expuestos a lo largo de la presente tesis. 

Tabla 1.1. Algunos criterios diferenciadores entre agresión y violencia.
-La violencia es una función anormal, patológica, incorrecta o alterada de la agresión. 
-La violencia es cualitativamente diferente de la agresión y alude a déficits en los mecanismos de control de los impulsos. 
-La violencia tiene como principal motivo y efecto la lesión y destrucción del oponente, causándole un dolor o daño extremo; careciendo de cualquier objetivo biológico o adaptativo. 
-La violencia es esencialmente destructiva, hostil y antisocial. 
-La violencia es básicamente aprendida e incorpora juicios sociales que la definen como tal. Es propia y específica del ser humano. 
-Tiene un origen anclado en las condiciones sociales y económicas. La cognición y el afecto desempeñan un papel crucial. 
-Como conducta agresiva puede estar presente en trastornos mentales y del comportamiento. 
-Hay normas y valores que la regulan socialmente como ilegítima, inaceptable e injustificable. 
-Los medios a través de los cuales la violencia se materializa incluyen, comúnmente, el uso de instrumentos o armas.

Para finalizar, no se den obviar la existencia de una serie de comportamientos que se suelen citar en la literatura como sucesos o acontecimientos prototípicos de la violencia humana, o que están fuertemente asociados a ella. Entre otros, destacarían, el bullying entre niños y adolescentes escolarizados, el homicidio, la violencia doméstica, y, en especial, la violencia contra las mujeres, la agresión sexual o los malos tratos, siendo todos ellos claros ejemplos de conductas delictivas y, desde una perspectiva más amplia, diferentes tipos de conducta antisocial. 

 1.3.3. Agresión y conducta antisocial en la adolescencia 

Aunque para muchos investigadores es evidente la alta estabilidad y continuidad que presenta a lo largo del tiempo tanto la conducta antisocial (Hinshaw, Lahey y Hart,1993; Huesmann, Eron, Lefkowitz y Walder, 1984) como la agresión (Hart, Hofmann, Edelstein y Keller, 1997; Henry, Avshalom, Moffitt y Silva, 1996; Newman, Caspi, Moffitt y Silva, 1997), también es cierto que la conducta antisocial y las manifestaciones agresivas y/o violentas difieren en cuanto a su topografía en relación al estadio evolutivo de desarrollo en el que se encuentre el niño (Moffitt, 1993). 

Aunque la agresión física y la violencia se han asociado a la adolescencia, tiene su inicio en una etapa anterior. Así, encontraremos que en la etapa preescolar (2-4 años) los niños muestran ya conductas físicamente agresivas, tales como rabietas sin motivo y peleas, que suelen estar motivadas por la adquisición de juguetes, golosinas u otros recursos preciados, por lo que se consideran actos agresivos de tipo instrumental. Durante el transcurso de la infancia intermedia, a partir de los 5 o 6 años, la agresión física y otras formas de conducta antisocial manifiesta, como por ejemplo, la desobediencia, comienzan a descender a medida que el niño se va haciendo más competente a la hora de resolver sus disputas de forma más amigable (Loeber y Stouthamer-Loeber, 1998; Tremblay et al., 1996). Sin embargo, la agresión hostil (especialmente en los chicos) y la agresión verbal (especialmente en las mujeres) muestra un ligero incremento con la edad, aun cuando la agresión instrumental y otras formas de conducta antisocial van disminuyendo. La explicación de este cambio, según Hartup (1974), estaría en el proceso madurativo, cuanto mayor es el niño, más capacitado está para detectar la intencionalidad agresiva de las conductas de los otros, por lo que es más probable que responda al ataque de forma hostil hacia quien le hace daño. 

Es interesante señalar que mientras la mayoría de los niños se van implicando cada vez menos en los intercambios agresivos y antisociales durante el transcurso de su infancia, una minoría de jóvenes o adolescentes continúan participando de modo aún más frecuente en actividades antisociales y agresivas (Loeber y Stouthamer-Loeber, 1998). El nivel de violencia de estos adolescentes es más elevado durante la primera adolescencia (10 a 13 años) que durante la segunda (14-17 años), e incluso son más peligrosos aquellos adolescentes cuya pubertad es precoz (Cota-Robles, Neiss y Rowe, 2002), debido al impacto y desajuste que provoca tanto a nivel biológico como social. Así, continuarán manifestando comportamientos más encubiertos, como hacer novillos, robar en tiendas o consumir sustancias, y posteriormente, y durante la adolescencia, pueden ir apareciendo delitos más graves contra la propiedad, seguidos de delitos agresivos y violentos. 

Si evolutivamente las conductas antisociales y agresivas tienden a disminuir, ¿porqué hay un incremento de arrestos juveniles por conductas antisociales agresivas o violentas al final de la adolescencia o principios de la edad adulta? (Cairns y Cairns, 1986; Loeber y Farrington, 1999). Loeber y Stouthamer-Loeber (1998) sugieren al respecto que probablemente los adolescentes jóvenes que han sido más agresivos o violentos durante su infancia aumentan sus conductas antisociales y agresiones físicas o violentas a lo largo de la adolescencia. Es obvio que a pesar de que la agresión se manifiesta de formas diferentes según la edad, es un atributo bastante estable. Los niños que hacia los dos años eran más agresivos tendían a seguir siéndolo a los cinco. Otras investigaciones longitudinales rebelan que la conducta agresiva que los niños muestran entre los tres y diez años es un predictor de sus inclinaciones agresivas o antisociales más graves a lo largo de la vida (Hart et al., 1997; Henry et al., 1996; Newman et al., 1997; Tremblay, 2001; 2003). 

De la misma forma, Rutter et al. (2000) ponen de manifiesto también que, cuanto mayor sea el número de infracciones o conductas antisociales que comete una persona, mayor es la probabilidad de que se impliquen en conductas agresivas violentas, apareciendo estas, a finales de la adolescencia y principios de la edad adulta. Henry et al. (1996) a partir del estudio longitudinal de Dunedin, ponen de manifiesto cómo la conducta antisocial de inicio temprano, que tiende a persistir en los últimos años de la adolescencia, estaba asociada a un incremento de la probabilidad de que los delitos cometidos en dichos años implicaran violencia. 

Sin embargo, y apesar de estos estudios que ponen de manifiesto la correlación que existe entre conductas agresivas y otras conductas antisociales, sólo reflejan tendencias, ya que no implica necesariamente que el niño que fue muy agresivo siga siéndolo con el tiempo y se implique en más comportamientos antisociales, ni que aquellos que comenzaron su carrera antisocial en etapas más tardías y, tuvieron una infancia sin la presencia de comportamientos agresivos, no comentan actos violentos en la adolescencia o edad adulta (Windle y Windle, 1995). De la misma forma, la presencia de conductas agresivas o violentas no tienen porque aparecer unida a la conducta antisocial invariablemente, existiendo comportamientos antisociales no agresivos. 

La investigación criminológica ha permitido detectar un número importante de variables individuales y ambientales relacionadas con la aparición y mantenimiento de tendencias antisociales (Pérez, 1987; Romero, Sobral y Luengo, 1999). La elevada disposición para manifestar conductas agresivas suele ser un aspecto más, no el único, de un patrón de comportamiento antisocial, siendo muy difícil encontrar variables que ejerzan una influencia selectiva en la aparición de conductas agresivas y no lo hagan en la de otros comportamientos antinormativos. Asimismo, la mayoría de delincuentes que muestran conductas violentas de manera persistente suelen presentar, además, una amplio abanico de conductas antisociales. Por este razón, creemos que el estudio de la mayor parte de los delincuentes violentos debe abordarse en el mismo marco metodológico y conceptual que el utilizado para toda la conducta antisocial. Consideramos que la conducta agresiva es sólo una (aunque muy grave) de las múltiples manifestaciones de un estilo de vida “socialmente desviado” (Torrubia, 2004). 

Durante las últimas décadas, la investigación sobre las bases neurobiológicas, cognitivas y sociales de la agresión ha aportado conocimientos muy notables sobre los factores relevantes de las conductas agresivas, independientemente de que estas sean delictivas o no (Tobeña, 2001). Los humanos podemos aprender a comportarnos violentamente por observación de modelos y por procesos de aprendizaje instrumental, pero las características temperamentales y las capacidades cognitivas de los individuos pueden facilitar o dificultar la aparición y consolidación de pautas estables de comportamiento agresivo. En cuanto a los factores ambientales que contribuyen a dicho desarrollo se han propuesto, entre otras, las influencias parentales, la influencia de los iguales y el nivel socioeconómico (Lahey, Waldman, McBurnett, 1999). Respecto a los factores individuales que intervienen en la gestación de la conducta violenta estarían la adaptación escolar, la reactividad emocional, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, la baja percepción del riesgo o daño, entre otros (Del Barrio, 2004a). La importancia y el peso de dichas variables podría ser distinta para los diversos subgrupos de individuos antisociales. Muchos individuos antisociales poseen factores de riesgo individuales y/o han estado expuestos a muchos de esos factores ambientales; la interacción de todos ellos en las diferentes etapas evolutivas configura perfiles específicos de predisposición hacia determinados tipos de conductas antisociales y, entre ellas, las de tipo violento. 

1.4. Integración conceptual de la conducta antisocial 

Tras la revisión conceptual y teórica realizada sobre la literatura relacionada con el estudio de la conducta antisocial, se ha puesto en evidencia la existencia de los diferentes conceptos que han venido utilizándose para referirse a un estilo de comportamiento caracterizado, básicamente, por la manifestación de una serie de conductas personales que están al margen del orden socialmente establecido. Así, los más importantes han sido “conductas problemáticas”, “conductas desviadas”, “conductas antisociales”, “problemas de conducta o trastornos de conducta”, “conductas delictivas, delito o criminalidad”. A pesar de que todos estos conceptos se utilizan indistintamente para definir un estilo de comportamiento que, en mayor o menor grado, transgrede las normas sociales, cada uno de ellos tiene acepciones distintas dependiendo de la aproximación teórica de origen. 

El objetivo fundamental en este último apartado será intentar realizar una integración de dichos conceptos, siendo imprescindible situarlos dentro de un continuo evolutivo o de desarrollo, para dar así un mayor sentido a la compleja aparición y mantenimiento de la conducta antisocial de los niños y adolescentes. 

A pesar de que cuando hablamos de conductas antisociales, tendemos a situarlas en etapas más avanzadas del desarrollo de los niños, la aparición de las primeras manifestaciones tiene lugar en la primera infancia. Dichas conductas deben ser consideradas como “normativas” en el sentido de que aparecen en la gran mayoría de los niños y son propios de su etapa evolutiva. Son a éstas a las que denominaríamos como conductas problemáticas, sobre las que actúan tanto el entorno familiar como el escolar a nivel pedagógico con el objetivo de modificarlas y por tanto, la desaparición sucesiva de dichas conductas será lo esperable. 

En la medida en que estas conductas estén influidas por la presencia de diversos factores de riesgo, se producirá un incremento de la frecuencia, intensidad y gravedad de dichas conductas, provocando así, el mantenimiento persistente en estadios evolutivos más avanzados y, apareciendo consecuentemente, un patrón de comportamiento que va a infringir o transgredir las normas socialmente establecidas, recibiendo denominaciones tales como conductas desviadas o la propiamente dicha conducta antisocial. A pesar de que ambos términos identifican dicho patrón de comportamiento, difieren tanto en la amplitud y precisión de su definición como en la aproximación teórica de la que parten. Así, el término de “conducta desviada” parte de un enfoque sociológico a partir del cual, la transgresión de la norma social estará en función del grado en que se aparta o desvía de lo estadísticamente “normal” o “frecuente”, a la vez que considera cualquier tipo de conducta, ideas o atributos que ofenden o disgustan a los miembros de una sociedad (p.ej. uso de tatuajes, piercings o vestimentas propias de grupos minoritarios). Es evidente que este término es demasiado amplio y relativo como para tenerse en cuenta a la hora de abordar de forma objetiva el problema en cuestión, y más aún, si el objetivo final es realizar una intervención de carácter preventivo o terapéutico. Por esto, quizás, el enfoque conductual sea el más adecuado de cara a precisar la topografía de la conducta, sus parámetros y sus consecuencias. Estos elementos descriptivos junto con la tendencia a transgredir las normas sociales serán los que definirán el concepto de conducta antisocial, a la vez que determinarán su gravedad clínica o problemática legal. 

La mayor parte del comportamiento antisocial tienden a disminuir por sí solo según va avanzando la edad del niño y su proceso madurativo. De la misma forma que pasaba con las conductas problemáticas de carácter normativo, la presencia de diversos factores de riesgo pueden producir un incremento de la frecuencia, intensidad y gravedad de dichas conductas, pudiendo así provocar en una minoría de adolescentes el mantenimiento persistente en estadios evolutivos más avanzados, apareciendo entonces, un patrón de comportamiento que va infringir o transgredir las normas legales o jurídicas, siendo denominados como crimen, delito o delincuencia. Este tipo de conductas estarían tipificados como delito en el código penal y serían motivo de condena si fueran cometidos por un adulto (p. ej. robo, tráfico de drogas, homicidio), habiendo otras que, sin ser delitos en la vida adulta, se considerarían como tal en la minoría de edad (p. ej. consumo de drogas o conducir vehículos). Es evidente que una vez llegado a este punto, el adolescente puede desistir en su comportamiento antisocial-delictivo, pero si los factores de riesgo que le facilitaron la situación actual persisten, habrá mayor probabilidad de que se mantenga durante la vida adulta, pudiéndose producir una escalada tanto en el número de transgresiones como en su gravedad, apareciendo aquellos delitos más agresivos y violentos y comenzando así su carrera delictiva que le llevará a reincidir a lo largo de toda su vida (Moffitt, 1993; Patterson y Yoerger, 2002; Thornberry, 1997). 

Otra posibilidad conceptual tiene que ver con aquella minoría de niños o adolescentes que, manifestando un comportamiento antisocial que infringe las normas sociales, su frecuencia, intensidad, gravedad, cronicidad, repetición y diversidad, les provoca un deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento diario y en todas las áreas de su vida: personal, familiar, escolar y social, denominándose como problemas o trastornos de conducta. Dentro de ésta conceptualización, pueden aparecer otros términos que hacen referencia a los diagnósticos más comunes que comparten la presencia de dicho patrón de comportamiento, tales como “trastorno disocial”, “trastorno negativista desafiante” o “trastorno antisocial de la personalidad”. De la misma forma, dichos trastornos pueden desaparecer con una intervención psicoterapéutica o tratamiento psicológico o, por el contrario, también existe la posibilidad de que si no se tratan, desarrollen conductas delictivas. Aquí, la presencia de psicopatología sería un factor de riesgo más, que potenciaría junto con otros, el progreso hacia una carrera delictiva (ver Cuadro 1.1.). 

A tenor de estas consideraciones, el término de conducta antisocial sería el más adecuado para hacer referencia a un patrón de comportamiento que aparece en la infancia o adolescencia, que se caracteriza por violar o transgredir las normas socialmente establecidas o los derechos de los demás y que puede ser limitado a una determinada fase del desarrollo evolutivo del menor o por el contrario, puede ser un patrón persistente de comportamiento. A su vez, se caracterizaría por la presencia de diferentes conductas, desde las meramente problemáticas hasta llegar a las más graves, violentas o delictivas. Es decir, este término englobaría a todos los demás, pero no necesariamente. 

En relación a otros términos asociados a la conducta antisocial como son la agresión y/o la violencia, decir que no son términos sinónimos que se puedan utilizar indistintamente, sino que deben ser considerados como posibles manifestaciones del comportamiento antisocial, pero no exclusivos ni necesarios, al igual que otros, como son el consumo de drogas, robos, vandalismo o absentismo escolar. Si bien es cierto, que la presencia de conductas violentas supone una gravedad que entroncaría claramente con el término “delito” y nos pondría en evidencia del peligro en el que se encontraría el adolescente, ya que si contamos con la influencia de diferentes factores de riesgo personales y sociales asociados, es muy probable que su comportamiento persista hasta la edad adulta y pueda llegar a ser condenado, siendo este el primer peldaño de una carrera delictiva. Digamos por tanto, que pueden existir conductas antisociales sin violencia, que su presencia agravaría el patrón comportamental y que suelen aparecer en fases avanzadas de su desarrollo, sobre todo en la adolescencia y principios de la edad adulta (Broidy et al., 2003; Pfeiffer, 2004; Thornberry, 2004; Tremblay, 2001, 2003). 

Así, el Cuadro 1.2., integra los aspectos diferenciales y compartidos que puedan existir entre los diferentes conceptos relacionados con la conducta antisocial. Se considera el concepto de conducta problema como el más global, que incluye comportamientos considerados como problemáticos por sus propias características, pero que a su vez pueden ser clasificados como normativos o propios del desarrollo evolutivo del niño (p. ej. las pataletas de un niño al separase de los padres, peleas con los compañeros) o, por el contrario, desviados de la norma. Estos últimos corresponden más bien al concepto social de conducta desviada, término muy general que incluye tanto comportamientos infrecuentes o molestos para la mayoría de la sociedad (p. ej., tatuajes o vestimentas de algunos grupos minoritarios), así como comportamientos que transgreden las normas sociales o violan los derechos de los demás, correspondiendo finalmente éstos al concepto de conducta antisocial. 

Como podemos observar en el Cuadro 1.2., las conductas antisociales pueden cumplir criterios legales para ser denominadas como delitos (p. ej. robar, vandalismo), pudiendo cumplir también criterios diagnósticos para ser consideradas como parte de un trastorno psicopatológico (p. ej. trastorno disocial). Pueden presentarse, a su vez, asociadas a comportamientos agresivos y/o violentos (p. ej. homicidio, abuso sexual) o no tienen por qué cumplir ninguna de estas acepciones (p. ej. absentismo escolar). Esta variedad de conceptos ponen en evidencia la gran heterogeneidad de dichos comportamientos. 

Mientras que todos los delitos son considerados conductas antisociales, no todos los trastornos psicopatológicos conllevan la presencia de dichas conductas. Una conducta antisocial puede ser delito y formar parte de un trastorno clínico, por ejemplo, la conducta de robo manifestada dentro de un trastorno disocial. De la misma forma, la conducta antisocial puede o no presentar conductas agresivas y/o violentas. Por ejemplo, mientras que el robo no tiene por qué ir unido a dichas conductas, otras como el asesinato o el terrorismo suponen el extremo máximo en un continuo de violencia. Lo mismo ocurre con las conductas agresivas: si suponen una transgresión de las normas sociales pueden ser consideradas como antisociales, pero existe la posibilidad de que estas conductas sean socialmente aceptadas y adaptativas, por lo que habría una serie de comportamientos agresivos que quedarían fuera de dicho epígrafe (p. ej. agredir físicamente a otro que te ataca en defensa propia o para defender a un ser querido). 

Por lo tanto, tendríamos dentro de las interrelaciones entre estos conceptos, diferentes subtipos de conductas antisociales. Por un lado, aquellas que son delito y además aparecen asociadas a un trastorno clínico (p.ej. consumo de drogas en un adolescente con trastorno negativista desafiante), aquellas que son delitos agresivos y/o violentos (p. ej. violencia doméstica o maltrato hacia un hermano), aquellas conductas agresivas y/o violentas que aparecen dentro de un trastorno clínico (p. ej. maltrato físico a los animales por parte de un adolescente con trastorno disocial) y, finalmente, aquellas que cumplen las tres características, es decir, son delito, son agresivas y/o violentas y además aparecen dentro de un trastorno clínico (p. ej. el adolescente con trastorno disocial que maltrata a su pareja). 

Por último, quedaría señalar que el concepto de agresión hace referencia no sólo a conductas agresivas y/o violentas en sí mismas, sino además, a un estado agresivo que tendría que ver más bien con la presencia de variables de carácter temperamental y que preceden o potencian la aparición de la conducta agresiva como son la ira, hostilidad y agresividad. 

MODELOS Y TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL 

 2.1. Introducción 

A lo largo de la historia, diversas teorías han intentado dar respuestas al por qué de la delincuencia y cuáles son sus causas. Algunas de ellas se han centrado en configuraciones biológicas de los individuos, otras han subrayado la importancia de los mecanismos sociales y otras, en cambio, han llamado la atención sobre características psicológicas o psicosociales. Estos enfoques han ido dando lugar a distintas teorías a lo largo del tiempo, pero con un éxito desigual. La supervivencia y la aceptación de cada una de las teorías han tenido que ver con diversas circunstancias, no sólo con su propia valía científica, sino también con el contexto social, institucional, académico e ideológico-político en el que aparecían, favoreciendo determinadas explicaciones y siendo desechadas otras (Romero, 1998). 

El estudio de la conducta antisocial o la delincuencia ha vivido, a lo largo de la historia, intensas fluctuaciones entre el interés manifestado por los factores individuales y los factores externos o sociales como causas explicativas de dichos comportamientos. Estas fluctuaciones han sido determinantes para entender la proliferación de determinadas teorías frente a otras y cómo han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Si miramos hacia atrás, veremos como existió un claro desplazamiento de las variables de interés y metodología a utilizar, desde lo más Biológico-Psicológico-Psiquiátrico hasta lo más Sociológico. En los últimos tiempos ha comenzado a surgir de nuevo el interés por los factores biopsicológicos en la comprensión de la conducta antisocial, apareciendo nuevas teorías que integran variables de carácter interno o individual a los diferentes contextos de socialización, ya sean a nivel macro o microsocial. 

Ante la dificultad que supone clasificar las teorías existentes, existiría la posibilidad de organizarlas dentro de un continuo en función del tipo de variables al que recurren a la hora de explicar la conducta antisocial, yendo, por tanto, desde el polo de lo más “interno o individual”, que recogería aquellas que parten de un enfoque psicobiológico, hacia el polo opuesto de lo más “externo o social” con teorías que defienden un enfoque puramente social. En medio de este continuo se situarían todas aquellas que, alejandose de las posturas polarizadas, defienden enfoques psicobiosociales, psicosociales y multifactoriales, enfoque que hoy por hoy, es el que parece explicar de forma satisfactoria la multicausalidad del comportamiento antisocial (Véase cuadro 2.1.). 

A continuación, se describen los principales modelos y teorías explicativas sobre la génesis y/o mantenimiento de las conductas antisociales. Los factores de riesgo integrados en estas teorías constituyen los aspectos más relevantes a tener en cuenta, no sólo para la comprensión y explicación del propio comportamiento antisocial, sino también de cara a su oportuna prevención e intervención. 

2.2. Del enfoque psicobiológico al psicobiosocial 

Si comenzamos desde el polo de lo más “interno o individual”, es decir, aquellos autores que defienden que el comportamiento delincuente o antisocial se explica en función de la existencia de variables internas al propio individuo, nos encontraríamos primero con aquellas teorías que integran exclusivamente factores biológicos y psicológicos como fenómenos explicativos de la conducta antisocial. Dentro de este enfoque psicobiológico, las teorías más representativas serían las Evolucionistas, la Teoría de la personalidad de Cloninger (1987) y la Teoría de Eysenck (1964). Si avanzamos en el continuo podríamos encontrar cómo se va a añadir a los factores internos anteriormente expuestos, la importancia explicativa de ciertas variables que tienen que ver con los ámbitos de socialización más importantes, como pueden ser la familia y el contexto educativo-pedagógico. A esta nueva integración la denominaremos biopsicosocial, que estaría representada junto con la última reformulación de la Teoría de Eysenck (1983) sobre la conducta antisocial, por la Teoría de las personalidades antisociales de Lykken (1995) y la Taxonomía de Moffitt (1993). 

 2.2.1 Teorías Evolucionistas 

El punto de partida de estas teorías sobre el estudio de la agresión y la violencia, se sitúa en la hipótesis de que las diferencias entre hombres y mujeres son más pronunciadas para aquellos tipos de agresión más extremos. De esta forma, los hombres mostrarían mayor agresión física que las mujeres mientras que habría una menor diferenciación para la agresión verbal. Asimismo, los hombres expresarían mayor impulsividad y hostilidad, siendo las diferencias ostensiblemente menores que para el caso anterior. Para la ira o el enfado apenas se constataría la existencia de diferencias (Archer et al., 1995). 

Esta hipótesis se ha ido constatando ampliamente a través de múltiples estudios que usan tanto técnicas de auto-informe como experimentales, en los que invariablemente se muestra la existencia de mayores diferencias para la agresión física que para la verbal (Hyde, 1984). La práctica ausencia de dimorfismo sexual para la ira es además consistente con los diferentes estudios realizados sobre este tipo de emoción asociada al comportamiento agresivo (Averill, 1983). Asimismo, datos sobre actos violentos severos también sugieren que la diferencia sexual está más bien localizada en el grado de escalamiento de las acciones que siguen a la ira que en la frecuencia con la que el hombre o la mujer llegan a ser agresivos (Andreu et al., 1998; Archer, 1994). 

Acorde al paradigma de la psicología evolucionista y teniendo presente la teoría de la selección sexual darwiniana (Trivers, 1972), el origen último de la violencia entre hombres sería optimizar la competición reproductiva entre aquellos varones sexualmente maduros dada, principalmente, su mayor variabilidad en el éxito reproductivo. De esta forma, se predeciría una mayor competitividad y toma de riesgos en hombres que en mujeres (Wilson y Daly, 1993), una disminución de las diferencias sexuales en agresión conforme avance la edad de los sujetos y, un aumento de la agresión física en aquellos hombres con pocos recursos físicos (Archer et al., 1995). 

Asimismo, desde esta perspectiva, determinadas circunstancias serían predictoras de la violencia en el hombre: a) en respuesta a un desafío de la auto-estima o reputación por otros individuos del mismo sexo (Campbell, 1986; Daly y Wilson, 1988); b) en la búsqueda de status o reputación en un ambiente competitivo; c) en los celos y posesividad sexual de la mujer (Daly y Wilson, 1988; Daly, Wilson y Weghorst., 1982) y d) en la disputa por determinados recursos, especialmente aquellos que son importantes para el status y para la atracción sexual de individuos del otro sexo (Buss, 1989, 1992; Ellis, 1992; Feingold, 1992). Por tanto, de forma simplificada, podríamos hablar, siguiendo a Archer et al. (1995), de tres situaciones básicas que serían predictoras de la agresión en el hombre: auto-estima y reputación, posesividad sexual y obtención de recursos. 

Los planteamientos evolucionistas parten del reconocimiento de que a la conducta delictiva subyace un sustrato genético o procesos de heredabilidad biológica. Christiansen (1970) y Cloninger, Segvardsson, Bohman y Von Knorring (1982), basándose en ideas neodarwinistas, plantean que si hay genes que influyen en la criminalidad es porque ésta presenta ventajas para la reproducción de la especie y debió tener algún tipo de función adaptativa para nuestros ancestros (Ellis, 1998). 

 De esta forma y lejos de pretender desarrollar teorías generales e integradas, los evolucionistas buscan sentido a la conducta criminal, defendiendo que el delito contribuye de algún modo, a que los genes puedan transmitirse con éxito a las generaciones futuras y ofrecen explicaciones para tipos específicos de delito. Por ejemplo, la violación sería un medio para reproducirse de un modo prolífico (Thornhill y Thornhill, 1992) ya que mediante tácticas copulatorias forzosas el individuo puede transmitir sus genes sin realizar inversiones a largo plazo en la crianza de sus hijos. El motivo de los delitos de malos tratos a la pareja sería la amenaza de la infidelidad, puesto que si la pareja es infiel, el macho corre el riesgo de criar individuos que no portan sus genes, por tanto, el maltrato aparece como medio de mantener el acceso sexual exclusivo a su pareja (Smuts, 1993). De la misma forma, el maltrato infantil y el infanticidio (Belsky, 1993) se darán con más probabilidad si los recursos son limitados y el sujeto tiene más descendencia de la que pude criar; así dichos actos podrán conseguir que los esfuerzos de crianza se concentren en un número inferior de sujetos. En otros casos, el maltrato se puede dirigir hacia los hijos con “desventajas” reproductivas (anomalías físicas y mentales) y que no serán “buenos” transmisores de la información genética; o cuando no existe una relación genética entre padres e hijos (hijos adoptivos o padrastros) se predice una mayor probabilidad de negligencia y malos tratos al niño. 

Otros planteamientos evolucionistas intentan explicar la delincuencia en general, sin centrarse en tipos específicos de delitos. Así, algunas teorías sostienen que el crimen es el resultado de una competitividad extrema (Charlesworth, 1988), donde las acciones utilizadas para luchar por los recursos necesarios para nuestra supervivencia pasan a ser consideradas delictivas. 

Una de las teorías evolucionistas más conocidas es la Tª del continuo”r/K” (Rahav y Ellis, 1990; Rushton, 1995) o del “mating/parenting” (emparejamiento/crianza) (Rowe, 1996). El concepto de continuo”r/K” se refiere a las estrategias que utilizan los organismos a fin de reproducirse con éxito. Existe un continuo donde se sitúan todos los organismos animales, lo más próximos al polo “r” se reproducen rápida y abundantemente invirtiendo poco tiempo y esfuerzo en la crianza de la descendencia, los próximos al polo “K” se reproducen lentamente y dedican mucho tiempo y energía a la crianza. Las distintas especies se sitúan alo largo de ese continuo, los humanos seguimos una estrategia tipo “K”, por contra, la criminalidad y la psicopatía son propias de individuos tendentes a la estrategia “r”, buscando una reproducción extensa sin dedicar esfuerzos al cuidado de las crías y sin preocuparse por la estabilidad familiar o económica realizando actos considerados como “delictivos” o “psicopáticos”. La estrategia “r” es más común en los hombres por ello la teoría predice que la criminalidad será mayor en los varones. Hipotéticamente las razas donde el tipo “r” es más común, la conducta antisocial será más probable, lo que explicaría que en sujetos de raza negra se han encontrado tasas más altas de delitos que en los blancos y en éstos, tasas más altas que en los orientales (Ellis y Walsh, 1997). Estos temas han sido considerados por sus propios defensores como ideológicamente “sensibles”(Ellis, 1998) y la imagen “animal” y descarnada que nos presentan no es precisamente una imagen atractiva o fácil de asumir (Rowe, 1996). Así, reconocen que aunque exista influencia genética, los genes no “determinan” la conducta de un modo inevitable. El aprendizaje es fundamental en la configuración del comportamiento antisocial, aunque es evidente que lo genético determinaría porque unos individuos aprenden más determinadas conductas y no otras. 

Los bioevolucionistas a pesar de admitir que sus teorías son demasiado nuevas para poder determinar su validez (Ellis, 1998), proporcionan explicaciones que pueden permitir generar nuevas hipótesis para la predicción del crimen. 

 2.2.2. Teoría Tridimensional de Personalidad de Cloninger 

Cloninger (1987) postula la existencia de tres dimensiones de la personalidad, cada una de las cuales estaría definida según un neurotransmisor específico presente en las vías neuronales del sistema cerebral. Estas dimensiones de personalidad se pueden presentar en diferentes combinaciones en los seres humanos y estar genéticamente determinadas dando cuenta, por lo tanto, de la organización funcional que subyace a la personalidad de cada individuo. Dichas dimensiones son: la búsqueda de novedad, la evitación del daño y dependencia de la recompensa. 

La búsqueda de la novedad sería una tendencia genética hacia la alegría intensa o la excitación como respuesta a estímulos nuevos o a señales de potenciales premios o potenciales evitadores del castigo, los que guiarían a la frecuente actividad exploratoria en la búsqueda incesante de potenciales recompensas así como también la evitación activa de la monotonía y el castigo potencial. 

La evitación de la daño sería una tendencia hereditaria a responder intensamente a señales de estímulos aversivos, de allí que el sujeto aprende a inhibir conductas para evitar el castigo, la novedad y la no gratificación frustradora. Si el evento es conocido, el individuo va a dar una respuesta, pero si es desconocido para él, la respuesta será interrumpida. En otras palabras, esta dimensión involucra al sistema de inhibición conductual que actúa interrumpiendo las conductas cuando se encuentra algo inesperado. Las vías neuronales implicadas en este sistema presentan como neurotrasmisor principal la serotonina. El aumento en la actividad serotoninérgica inhibe también la actividad dopaminérgica, ya que ambas áreas están interrelacionadas. De este modo, se puede apreciar que al inhibir conductas, ya sea frente a castigos o a recompensas frustradas, disminuyen también las actividades exploratorias de los individuos. 

La dependencia de la recompensa sería la tendencia heredada a responder intensamente a señales de gratificación, particularmente señales verbales de aprobación social, sentimentalismo y a mantener o resistir la extinción de conductas que previamente hayan sido asociadas con gratificación o evitación del castigo. En otras palabras, el sujeto responde intensamente a señales de recompensa tales como aprobación social, afecto, ayuda y se resiste a la extinción de conductas que previamente han sido asociadas a recompensas o al alivio del castigo. 

Esta resistencia a la extinción es postulada como un aprendizaje asociativo del sistema cerebral, el cual es activado por la presentación de un refuerzo o al alivio de un castigo, posibilitando así la formación de señales condicionadas. La norepinefrina o noradrenalina es el principal neuromodulador en los procesos de aprendizajes asociativos, ya que una disminución en la liberación de noradrenalina interrumpe la posibilidad de crear nuevas asociaciones, inhibiendo el proceso de condicionamiento entre estímulos y respuestas. 

Los individuos que presentan altos índices en búsqueda de novedad y niveles promedios en las otras dos dimensiones se caracterizan por ser impulsivos, exploratorios, excitables, volubles, temperamentales, extravagantes, y desordenados. Ellos tienden a comprometerse rápidamente en nuevos intereses o actividades, sin embargo se distraen o aburren con facilidad de las mismas. También, están siempre listos para pelear. En contraste, individuos que presentan bajos índices en búsqueda de novedad y niveles promedios en las otras dos dimensiones se caracterizan por ser lentos en comprometerse con nuevas actividades y a menudo, se vuelven preocupados por los detalles y requieren un considerable tiempo de reflexión antes de tomar decisiones. Ellos son descritos como típicamente reflexivos, rígidos, leales, estoicos, de temperamento lento, frugales, ordenados, y perseverantes, rasgos característicos de los sujetos pasivo- dependientes o de personalidad ansiosa (Tipo I). 

 En base a estas dimensiones, el autor establece dos grandes tipos de personalidad, el Tipo I y el Tipo II, que aunque dicha clasificación se ha dirigido básicamente para explicar el alcoholismo, es aplicable a cualquier problema antisocial o delincuente. Así, el Tipo II, estaría asociado con rasgos característicos de los individuos con personalidad antisocial (Cloninger, 1987), de tal forma que haciendo referencia a la tríada dimensional propuesta, encontraríamos: 

a) Alta búsqueda de novedad, es decir, individuos impulsivos, exploradores, excitables, desordenados y distraídos. 
b) Baja evitación del daño, es decir, individuos confiados, relajados, optimistas, desinhibidos, energéticos y descuidados. 
c) Baja dependencia a la recompensa, es decir, individuos socialmente desapegados, emocionalmente fríos, prácticos, tenazmente dispuestos e independientes. 

 2.2.3. Teoría de la personalidad delictiva de Eysenck 

entro de las aproximaciones psicobiológicas, destacaría la Teoría de la personalidad delictiva de Eysenck, quien basándose en los principios generales de su teoría de la personalidad, intenta dar una explicación de la conducta antisocial. Eysenck (1964) asume que las conductas infractoras de las normas sociales son una derivación natural del hedonismo humano, por tanto, lo que sería necesario aprender sería el comportamiento convencional. Así, a lo largo del desarrollo del individuo, se producirán múltiples asociaciones entre la infracción de normas y la administración de castigo por parte de padres, profesores, iguales y otros agentes de socialización. Por condicionamiento clásico la persona aprenderá a contener su tendencia a la transgresión y evitará esos comportamientos. Sin embargo, habrá sujetos cuyo condicionamiento sea lento y débil, presentando por tanto más dificultades para que aparezca la “conciencia social” y que ejerza como fuerza disuasoria de la conducta desviada o antisocial. Así, los sujetos introvertidos (personas reservadas, tranquilas, pacientes y fiables), debido a su mayor nivel de activación corticorreticular, mostrarán una mayor condicionabilidad e interiorizarán con mayor facilidad las pautas de conducta convencionales. Por contra, los extravertidos (seres sociables, excitables, impulsivos, despreocupados, impacientes y agresivos), serán más propensos a realizar comportamientos antinormativos, por ser mas difíciles de condicionar. 

Además, el sujeto extravertido se caracterizará por el deseo de correr riesgos y de experimentar fuertes emociones, que podrían estar en la base de los comportamientos delictivos de muchos jóvenes. Por tanto, existiría una relación positiva entre extraversión y conductas desviadas. 

 La dimensión de neuroticismo (preocupación, inestabilidad emocional y ansiedad) también jugaría un importante papel en la conducta delictiva ya que actuaría como impulso, multiplicando los hábitos conductuales adquiridos de los extravertidos o introvertidos. Así un alto grado de neuroticismo en los extravertidos reforzaría su conducta antisociales mientras que en los introvertidos contribuiría a mejorar su socialización. 

 Finalmente, tras la integración del psicoticismo a su teoría de la personalidad, postulará que los delincuentes puntuarán también alto en esta dimensión, ya que sus características de frialdad afectiva, hostilidad, insensibilidad y despreocupación conllevarán a una mayor probabilidad de violar las normas sociales. Por tanto, un delincuente tenderá a ser un individuo con altas puntuaciones en las tres supradimensiones. Asimismo, no hay que olvidar que dichas dimensiones tienen una importante carga biogenética, por lo que la delincuencia se verá también influenciada por la herencia biológica. 

Aunque es evidente que la teoría de Eysenck parte de un enfoque psicobiológico, más tarde reconocerá la importancia del componente contextual del individuo, definiendo él mismo a su modelo explicativo de la delincuencia como “biopsicosocial” (Eysenck, 1983). 

 Estudios posteriores realizados en España intentan confirmar la teoría de Eysenck, encontrando que la variable psicoticismo (muy relacionada con la necesidad de estimulación) aparece más asociada al delito que la variable extraversión, mientras que la variable neuroticismo parece no tener relación con la delincuencia (Carrillo y Pinillos, 1983; Pérez, 1984; Pérez et al., 1984; Valverde, 1988). Además, Pérez (1984) encuentra que personas que tuvieran una alta necesidad de estimulación, junto con poca susceptibilidad al castigo (personas extravertidas tal y como indican Barnes 1975; Eysenck, 1976; Lynn y Eysenck, 1961; Schallin, 1971), serían más susceptibles a cometer conductas antisociales. No obstante, García-Sevilla (1985) concede mayor importancia a la baja susceptibilidad al castigo, puesto que la necesidad de estimulación sería una consecuencia de una baja sensibilidad al castigo. 

2.2.4. Teoría de las personalidades antisociales de Lykken 

 A pesar de ser conocido por sus trabajos pioneros en la psicofisiología de los delincuentes y haber desarrollado un modelo donde la dotación biológica es fundamental, pretendiendo reconocer la importancia de la herencia biológica en la determinación de nuestra conducta, plantea que para tener un comportamiento adaptado a las normas sociales también es necesario un proceso de socialización que nos inculque hábitos adaptados a las reglas. Este proceso dependerá por tanto de dos factores: las prácticas educativas de los padres (que han de supervisar la conducta del niño castigando las desviadas y estimulando las alternativas) y las características psicobiológicas heredadas que faciliten o dificulten el proceso de adquisición de normas. Esta interacción conducirá a una socialización satisfactoria o, por contra, a un comportamiento delictivo. 

 Así, Lykken (1995) distingue dos tipos de delincuentes: los sociópatas y los psicópatas. Los primeros son los más numerosos dentro de las personalidades antisociales y son el resultado de una disciplina parental deficitaria. El sustrato biológico del individuo es normal, pero la incompetencia de los padres impide la adquisición de normas sociales. Los psicópatas, por el contrario, son individuos que por su configuración psicobiológica son difíciles de socializar, incluso con padres habilidosos y competentes. 

 Las características psicobiológicas que dificultan la socialización según el autor serían: la impulsividad, el afán por el riesgo, la agresividad y, sobre todo, la falta de miedo. El pilar fundamental de la socialización es el castigo de las conductas desviadas; si el sujeto tiene “impulso” de cometerla sentirá miedo y se abstendría de realizarla. Pero si el sujeto es poco propenso a sentir miedo no se producirá el aprendizaje de las normas. Lykken recoge una amplia evidencia experimental que avala la “falta de miedo” en los psicópatas. Su propuesta enlaza con los trabajos que ponen de relieve las dificultades de los delincuentes en ciertas tareas del aprendizaje (Eysenck, 1964; Newman y Kosson, 1986). Por su dotación genéticobiológica, ciertos sujetos tienen dificultad para aprender del castigo y su socialización fracasará. De la misma forma, Lykken insiste en la importancia de la prevención, proponiendo la necesidad de que los padres deben ser educados adecuadamente, sobre todo cuando los niños son “difíciles” y han de estar preparados para crear vínculos afectivos fuertes con sus hijos, supervisar sus conductas y ser consistentes en su educación. Un proceso de entrenamiento previo a la paternidad y la articulación de un sistema de "permisos” prevendrían el desarrollo de personalidades antisociales. 

2.2.5. Teoría de la Taxonomía de Moffitt 

La presente teoría intenta explicar la relación que existe entre edad y delincuencia. A pesar de que dichos comportamientos se manifiestan con cierta estabilidad en los individuos, lo cierto es que también podemos observar como las cifras delictivas se “disparan” al llegar a la adolescencia y decrecen posteriormente. Para explicarlo, Moffitt (1993) señala que existen delincuentes “persistentes” e individuos con una delincuencia “limitada a la adolescencia”. Ambos tipos de delincuencia responden a causas diferentes, desarrollando dos teorías complementarias. 

 En cuanto a la delincuencia “persistente”, sus orígenes se sitúan en etapas tempranas de la vida. Una combinación de características personales o psicobiológicas (déficits neuropsicológicos -irritabilidad, hiperactividad, impulsividad-, problemas perinatales, - malnutrición en el embarazo, exposición a agentes tóxicos, complicaciones en el parto-, y factores genéticos) y del contexto educativo-pedagógico, actuarían como motor de la conducta antisocial. Esto hace que los niños sean difíciles de educar, incluso en los ambientes más favorables. Las características de padres e hijos aparecen correlacionadas iniciándose un proceso de interacción recíproca entre un niño vulnerable y un ambiente adverso. Así el aprendizaje de las normas se vería dificultado y el individuo desarrollaría conductas socialmente inadaptadas, produciéndose además un efecto “acumulativo”. Moffitt considera que el síndrome de conducta antisocial “persistente” puede ser considerado como una forma de “anormalidad” psicopatológica. 

 En cuanto a la delincuencia “limitada a la adolescencia” se considera como un comportamiento normal, no patológico. Frecuentemente se produce en individuos sin historia previa de conducta antisocial. Este tipo de comportamientos se consideran un fenómeno prácticamente normativo, que no tiene relación con las características personales del individuo y que desaparece progresivamente a medida que el individuo va accediendo a los roles adultos. 

 De esta forma, Moffitt introduce una interesante taxonomía que insta a examinar la delincuencia desde una perspectiva evolutiva y que muchos autores han comenzado a aplicarla en sus estudios sobre la delincuencia (Mazerolle et al., 1997; Raskin, White y Bates, 1997). 

2.3. Del enfoque sociológico al psicosocial 

 Si comenzamos por el polo opuesto del continuo de lo más “externo o social”, partiendo de la idea de que la conducta antisocial se genera siempre dentro de un contexto social determinado, nos encontraríamos con el enfoque sociológico, que explicaría el comportamiento antisocial en función exclusivamente de la influencia de variables externas al individuo o relativas a su mundo social, centrándose básicamente en los factores macrosociales o más lejanos al individuo y minimizando, por tanto, el papel de los factores biológicos y psicológicos en la aparición de la conducta antisocial. Las Teorías Ecológicas o la Tª de la Anomia serían claros ejemplos del enfoque sociológico. Sin embargo, poco a poco las teorías van a ir introduciendo la importancia de las variables psicológicas para poder explicar porqué ante situaciones y contextos similares, no todos los individuos desarrollan comportamientos antisociales ni son de la misma gravedad o persistencia, dando lugar a un nuevo enfoque denominado psicosocial. 

Dentro del enfoque psicosocial, habría teorías que priorizando lo social frente a lo psicológico, desplazan su interés de estudio desde los factores macrosociales o más lejanos al individuo, como la comunidad, el estatus socioeconómico o la desorganización social (p. ej., Tª de asociación diferencial, Tª de las subculturas y la Tª de la desigualdad de oportunidades) hacia los más próximos o microsociales como pueden ser la familia, el colegio y el grupo de iguales (p.ej., Modelo integrador de Elliott, Modelo del desarrollo social de Catalano y Hawkins, Modelo de coerción de Patterson, Tª integradora de Farrington). Otras, sin embargo, priorizan lo psicológico frente a lo social (p.ej., Tª del autorrechazo de Kaplan, Tª del autocontrol de Gottgredson y Hirschi, Tª de la Tensión frustración de Agnew y la Tª de la acción razonada de Fishbein y Azjen) y por último, otras defenderán una postura más integradora y multicausal (p.ej., Tª interaccional de Thornberry y la Tª de la conducta problema de Jessor y Jessor). 

Así, el grupo de teorías que se describen a continuación van a situarse dentro del continuo en función de: a) el grado de importancia que concedan a las variables psicológicas para desarrollar comportamientos antisociales, comenzando así por las más sociológicas y terminando por las más psicosociales; b) si consideran, en mayor o menor medida, que la conducta antisocial se debe a los procesos deficientes de socialización de los individuos dentro de los ámbitos macrosociales como son la comunidad, las estructuras de control social o la propia desorganización social o, por el contrario, son los ámbitos microsociales como la familia, la escuela o las amistades las que guían incorrectamente la socialización del individuo; y por último, c) si defienden la multicausalidad de la conducta antisocial (véase Cuadro 2.1.) . 

 Si tenemos en cuenta que el fin último de la investigación dentro de este área es poder llegar a prevenir dichos comportamientos, va a ser desde el enfoque psicosocial de donde partan las principales teorías explicativas que van a servir de base tanto para el desarrollo de investigaciones como para la elaboración de los principales programas de intervención, ya que, y aun considerando la importancia que puedan tener los factores biológicos, a nivel práctico, los programas preventivos trabajan básicamente con variables modificables tanto psicológicas o individuales como sociales y, dentro de estas últimas, las relativas a los ámbitos más inmediatos de interacción del joven o adolescente, los llamados “microsociales” (familia, colegio y grupo de iguales). Es precisamente desde este enfoque psicosocial multifactorial del que partirá la presente investigación. 

 2.3.1. Teorías ecológicas 

 El exponente más claro de las teorías ecológicas lo constituye la Escuela de Chicago, fundada por Robert E. Park, que se caracterizó por estudiar la criminalidad desde una perspectiva ecológica y puramente social, relacionando el fenómeno criminal con la estructura social en la que se desenvuelve y en función del ambiente que le rodea (cit. en Vázquez, 2003). 

 Las teorías ecológicas parten de la idea de que la ciudad “produce” delincuencia. En el seno de la gran urbe, existen zonas o áreas muy definidas donde ésta se concentra. Explican el efecto criminógeno de la gran ciudad acudiendo a los conceptos de desorganización y contagio inherentes a los modernos núcleos urbanos y, sobre todo, invocando al debilitamiento del control social que en éstos tiene lugar. El deterioro de los grupos primarios (familia), la modificación cualitativa de las relaciones interpersonales que se tornan superficiales, la alta movilidad y consiguiente pérdida de arraigo al lugar de residencia, la crisis de los valores tradicionales y familiares, la superpoblación, la tentadora proximidad a las áreas comerciales e industriales donde se acumula riqueza y el mencionado debilitamiento del control social crean un medio desorganizado y criminógeno (García-Pablos, 2001). 

 Uno de los principales trabajos que asume el esquema ecológico fue el desarrollado por Burgess (cit. en Vázquez, 2003), con la idea central de la hipótesis zonal, donde analiza la delincuencia en la ciudad de Chicago, EE.UU. Se postula la división de la ciudad en zonas concéntricas: en el interior se encontraría la zona de negocios y alrededor de ésta la zona de transición donde aparecerían fábricas, suburbios y el barrio chino. La tercera zona estaría compuesta por gente trabajadora y alrededor de éstos aparecerían las dos últimas zonas con cada vez más hogares fuera del alcance de los suburbios. Según Burgess, el área de transición sería la zona de mayor desorden y potencialmente más delincuente, ya que presenta graves  carencias de integración por la constante llegada de inmigrantes de diferentes culturas y, donde los niños en particular, tienen dividida su lealtad entre sus costumbres de procedencia y su nuevo hogar. 

 En esta línea, Shaw y McKay (1972) concluyen que el ser delincuente no radica en la existencia de diferencia individuales, sino en las características diferenciales de los barrios donde viven, ya que demuestran que las tasas de delincuencia descienden en función directa al distanciamiento del centro de la ciudad y su zona industrializada, incrementándose cuanto más nos aproximamos a aquellos. Los autores se centran en que los barrios en los que hay un índice mayor de delincuencia acogen otros problemas como son la invasión de industrias, inmigración, desempleo, enfermedades o edificios deteriorados. Estos barrios están desorganizados socialmente y los jóvenes contactan con grupos delictivos organizados que les implican en sus actividades; aprendiendo, de esta forma, técnicas de actuación y actitudes propias de los miembros de esos grupos antisociales. Desde esta perspectiva, para los autores la solución al problema de la criminalidad, no reside en tratamientos individualizados a los delincuentes, sino en apuntalar el tradicional control social en los barrios desorganizados para lograr su estabilización. 

2.3.2. Teoría de la anomia 

 Partiendo de un enfoque social, Durkheim (1897) es el primero en utilizar el término de anomia para referirse al delito, si bien es cierto que no llegó a desarrollar una teoría completa del mismo. Este concepto expresa las crisis, perturbaciones de orden colectivo y desmoronamiento de las normas vigentes en una sociedad (el orden social), debido a la transformación o cambio social producido súbitamente. Lo que se pone de relieve es que en la sociedad actual, debido a los progresos económicos, se producen una serie de crisis económicas que alteran la armonía social, produciendo unos bruscos cambios y desajustes sociales que dejan a muchos individuos sin un soporte en que apoyarse, así como sin metas que alcanzar, haciendo que el individuo se sienta perdido, desorientado y sin referencias. Es entonces cuando se produce el estado de anomia, que lleva al suicidio o la criminalidad. Por tanto, la anomia es un fenómeno social que debido a la falta de regulación suficiente, empuja a los individuos a la desintegración y al no conformismo y, en último término, al delito. 

 La teoría de la anomia tuvo un mayor desarrollo con Merton (1972) y su teoría de la estructura social y de la anomia. Aunque parte de los conceptos de Durkheim, para Merton la anomia no es sólo un derrumbamiento o crisis de los valores sociales o normas por determinadas circunstancias sociales, sino, ante todo, el síntoma o expresión del vacío que se produce cuando los medios socioestructurales existentes no sirven para satisfacer las expectativas culturales de una sociedad. Por lo tanto, la conducta irregular puede considerarse sociológicamente como el síntoma de la discordancia entre las expectativas culturales preexistentes y los caminos o vías ofrecidos por la estructura social para satisfacer aquéllas. Dicha discordancia fuerza al individuo a optar por cinco de las vías existentes: conformidad, innovación, ritualismo, huida del mundo o rebelión (todas ellas, excepto la primera, son constitutivas de comportamientos desviados). La elección vendrá condicionada por el grado de socialización y el modo en que interiorizó los correspondientes valores y normas. 

 Lo más reseñable del análisis teórico de Merton es la posible explicación de las correlaciones entre variables como la delincuencia y pobreza. La pobreza traería consigo la limitación de oportunidades, pero ambas no serían suficientes para explicar la delincuencia.

Es la asociación de las limitaciones generadas por la pobreza, que dificultan la competición por los valores culturales, la que, junto a la importancia cultural del éxito como meta predominante, fomentan una conducta delictiva. 

 La teoría de Merton ha presentado muy a menudo evidencias empíricas poco favorables, a pesar de que muchos estudios han intentado relacionar la delincuencia y la disparidad entre aspiraciones y expectativas (Elliott y Voss, 1974; Liska, 1971). Además la teoría tradicional de la anomia, con su énfasis en los determinantes socioestructurales (clase social) se ha enfrentado a muchos estudios en los que la relación entre clase y delincuencia era, cuando menos, controvertida. De la misma forma, la teoría ha sido incapaz de explicar también la delincuencia que surge a menudo en las clases medias o por qué ciertos individuos que viven la anomia o “tensión” estructural delinquen mientras que otros no lo hacen. 

2.3.3. Teoría de la asociación diferencial 

 Sütherland (1947) considera que se puede llegar a ser delincuente según el ambiente en que uno se haya desarrollado. Su teoría de la asociación diferencial, llamada también de los contactos diferenciales, postula que el comportamiento desviado o delincuencial, al igual que el comportamiento normal o social, es aprendido. Las personas al vivir en sociedad se relacionan continuamente con otras personas, pudiendo convivir y relacionarse más a menudo con personas favorables a la ley o, por el contrario, con personas que violan y fomentan la violación de la misma. 

De acuerdo con Sütherland, un joven se volvería delincuente o tendría más posibilidades de serlo cuando las actitudes positivas frente al comportamiento desviado superan cuantitativamente a los juicios negativos hacia el mismo, es decir, cuando haya aprendido más a violar la ley que a respetarla. 
Las asociaciones y contactos diferenciales del individuo pueden ser distintos según la frecuencia, duración, prioridad e intensidad de los mismos. Lógicamente, unos contactos duraderos y frecuentes deben tener mayor influencia que otros fugaces u ocasionales, del mismo modo que el impacto que ejerce cualquier modelo en los primeros años de la vida del hombre suele ser más significativo que el que tiene lugar en etapas posteriores; y que el modelo es tanto más convincente para el individuo cuanto mayor sea el prestigio que éste atribuye a la persona o grupos cuyas definiciones y ejemplos aprende (García-Pablos, 2001). Por tanto, los jóvenes delincuentes serían miembros “sanos” de una “sociedad enferma” que simplemente han estado expuestos a un estilo de vida delictivo. 

 La teoría de la asociación diferencial propone el aprendizaje de la conducta criminal en interacción con otras personas mediante un proceso de comunicación. Al pasar los jóvenes la mayor parte del tiempo con su gente íntima aprenderán progresivamente a ser delincuentes a través de la intercomunicación. El aprendizaje del comportamiento criminal implicaría no sólo técnicas para la realización del mismo, sino la modulación de motivos, impulsos, razones y actitudes. 

 El proceso de aprendizaje del comportamiento criminal surgiría por la asociación con modelos criminales y no criminales, conllevando todos los mecanismos necesarios en cualquier proceso de aprendizaje y provocando la adquisición de un exceso de definiciones favorables a la violación de la ley. En cualquier caso, aunque el comportamiento criminal es una expresión de necesidades y valores generales, los motivos y necesidades generales no explicarían por completo el comportamiento criminal. En síntesis, para este autor, la asociación diferencial con grupos antisociales o no antisociales, sería la única posible explicación del comportamiento criminal. Obviamente, esto es muy criticable por su marcado carácter reduccionista, y así el propio Sütherland señaló posteriormente que su teoría incumplía, entre otras cuestiones, algunas consideraciones de oportunidad para cometer actos delictivos (Binder, Geis, y Bruce, 2001). 

2.3.4. Teoría de las subculturas 

 Cohen (1955) define las subculturas como aquellas estructuras que forman los grupos dentro de la sociedad y que se apartan o rechazan mayoritariamente la moralidad y ética de la mayoría. Para Cohen, la pandilla o banda de delincuentes sería un ejemplo claro de subcultura criminal, ya que las pandillas de delincuentes juveniles se reclutarían a base de muchachos frustrados por su procedencia de una clase social trabajadora. Al darse cuenta estos muchachos de su categoría inferior y entendiendo como exagerado el esfuerzo que se requiere para pasar a un estilo de vida de clase media, pueden reaccionar, repudiando los valores y pertenencias de la clase media. Así, aquel joven que no destaca entre los más “respetables” se autoafirma entre los antisociales mediante conductas de agresión y vandalismo. La escuela es el lugar donde muchos jóvenes de clase baja obtienen malos resultados, relacionándose finalmente este rendimiento con la delincuencia. El joven de clase baja formaría la subcultura en búsqueda de reducir su frustración, obteniéndose un mayor autoconcepto a través de la adquisición de valores antisociales. 

 Para Cohen, el joven inadaptado podría optar por tres alternativas: a) incorporarse al ámbito cultural de sus compañeros de clase media, pese a su inferioridad en condiciones; b) integrarse en la cultura de otros jóvenes de la calle, renunciando a posibles aspiraciones más elevadas; y c) integrarse en una subcultura delincuente. 

 Por tanto, las subculturas se formarían al existir un número de personas con similares problemas de adaptación para los cuales no habría soluciones institucionalizadas ni tampoco grupos de referencia alternativos que les dotasen de otro tipo de respuestas. En estos términos, es probable que si las circunstancias lo favorecen, estas personas “desorientadas”, acaben por encontrarse y unirse, creando una subcultura nueva que sirva de solución para sus problemas de adaptación social. 

 La subcultura opera como evasión a la cultura general o como reacción negativa frente a la misma; es una especie de cultura de recambio que ciertas minorías marginadas, pertenecientes a las clases menos favorecidas, crean dentro de la cultura oficial para dar salida a la ansiedad y frustración que padecen al no poder participar, por medios legítimos, de las expectativas que teóricamente a todos ofrece la sociedad. La vía criminal sería un mecanismo sustitutivo de la ausencia real de vías legitimas para hacer valer las metas culturales ideales que la misma sociedad niega a las clases menos privilegiadas (García-Pablos, 2001). 

 2.3.5. Teoría de la desigualdad de oportunidades 

 Esta teoría supone, en cierto modo, una combinación de las teorías de la anomia, de la asociación diferencial y de las subculturas. Cloward y Ohlin (1960) admiten la existencia de profundas desigualdades entre las diversas clases sociales a la hora de acceder legítimamente a metas cultural y socialmente aceptadas. En respuesta a esta frustración, los miembros de los grupos más deprimidos se servirían de medios ilegítimos para conseguir sus objetivos. La innovación más importante aportada por estos autores es la de considerar que los jóvenes no acceden de la misma forma a los medios ilegítimos. La adquisición de un rol o papel conformista o desviado estará determinado por una variedad de factores, como la posición económica, la edad, el sexo, la raza o la personalidad. 

 Sólo en aquellos barrios en que el crimen aparece de forma estable e institucionalizado habría un campo fértil de aprendizaje para los jóvenes. Así, distinguen tres tipos de subculturas delincuentes según los diferentes tipos de barrios de clase baja: 

a) Subcultura criminal: Suele aparecer en barrios de clase baja relativamente estables, en los que las conductas antisociales son aceptadas como algo normal. 
b) Subcultura del conflicto: Suele aparecer en barrios menos estables. Se promueve el uso de la violencia para acceder a un estatus privilegiado. 
c) Subcultura de la retirada o abandono: Hay individuos que fracasan en las dos estructuras posibles de oportunidades, legítimas e ilegítimas. Se eligen formas de vida alternativas a las de su comunidad alrededor de las drogas, el alcohol u otras formas de evasión. 

 Quizás, la dificultad más grave de la teoría radica en que no explica porqué solo un pequeño segmento de los jóvenes de clase social baja recurren a la delincuencia, ya que las menores oportunidades legítimas afectan a todos los miembros de esa clase (Garrido, 1987). 

2.3.6. Teoría de las técnicas de neutralización 

 Matza y Sykes (cits. en Vázquez, 2003) proponen como solución a las discrepancias entre la teoría de la asociación diferencial y la de las subculturas, la teoría de las “técnicas de neutralización”. Para Matza (1964), los delincuentes juveniles no son completamente diferentes de los demás jóvenes ni están en absoluto alejados del orden social dominante. La mayor parte del tiempo actúan de acuerdo a la normativa imperante. En este sentido, la delincuencia, en su mayor parte, sería trivial y ocurriría usualmente en el período entre la infancia y la edad adulta cuando la aceptación por un grupo social o generacional se considera importante. Junto con los valores convencionales sociales, existirían unos valores subterráneos que son aquellos hacia los que los jóvenes delincuentes tenderían a actuar. 

 La teoría de la neutralización recibe su nombre debido a que los jóvenes descubren la inconsistencia y vulnerabilidad de las leyes imperantes, que implícitamente contienen sus propias formas de neutralización. Por lo tanto, los jóvenes delincuentes lo que aprenderían serían ciertas técnicas capaces de neutralizar los valores convencionales, racionalizando y autojustificando así la conducta desviada de los patrones de las clases medias. 

 Según señalan los autores, dichas técnicas de autojustificación son genuinos mecanismos de defensa con los que el infractor neutraliza su complejo de culpa, autojustifica y legitima su conducta y mitiga la respuesta social. Las principales técnicas de neutralización serían: la exclusión de la propia responsabilidad, la negación de la ilicitud y nocividad del comportamiento, la descalificación de quienes han de perseguir y condenar a éste, la apelación a la supuesta inexistencia de víctimas del mismo y la invocación a instancias y móviles superiores (García-Pablos, 2001). 

2.3.7. Teoría del control o arraigo social 

 Esta teoría distingue entre el control ejercido desde las fuentes externas al individuo y el control ejercido por el propio individuo (Hirschi, 1969). El primero de los agentes de control es el social y, el segundo, el autocontrol (teoría que más tarde desarrollará Gottfredson y Hirschi, 1990). La sociedad ejerce presión sobre sus miembros a través de modelos de conformidad. El control social es el mecanismo para frenar y evitar la comisión de actos delictivos y antisociales. Aquellos sujetos que no tienen vínculos sociales presentarán una mayor predisposición a delinquir que aquellos que presenten un fuerte arraigo social. 

Hirschi (1969) considera cuatro variables o formas de control, representadas por un fuerte vínculo social, que explican la conducta conforme a las normas sociales: 
a) Afecto: Se desarrolla mediante una interacción íntima y continuada, poniendo en evidencia la medida en que los padres o profesores supervisan el comportamiento de los hijos, así como el grado en que se comunican adecuadamente con ellos. El vínculo afectivo es más importante que el contenido específico del aprendizaje resultante del mismo. 
b) Compromiso: Es el grado mediante el cual los propios intereses individuales han sido invertidos en determinadas actividades fijas o establecidas. Sería la racionalización del cálculo de las potenciales ganancias o pérdidas que los individuos registran al realizar un conducta antisocial. 
c) Participación: Se supone que muchas personas se comportan de acuerdo a la ley por falta de oportunidades de hacerlo de otra forma. La delincuencia juvenil podría prevenirse ayudando a los jóvenes a estar ocupados y fuera de las calles. En este sentido, la participación, considerada como un “desgastador” natural de tiempo y energía, supone un buen agente de control social. 
d) Creencia: Vínculo ideológico asociado a los valores y normas que cuentan con el respaldo social. Las creencias personales no son interiorizadas a no ser que haya un refuerzo social constante.

 Así, Hirschi resalta la importancia de dos sistemas convencionales de control social, a través de los cuales los adolescentes pueden desarrollar adecuadamente sus vínculos con la sociedad: la familia y la escuela. El cariño y afecto hacia los padres, así como ser un buen estudiante, fortalece su moral y hará menos probable la comisión de delitos. 

 La aplicación de esta teoría supone que mejorando el arraigo social de los jóvenes (apego a los padres, compromiso con valores prosociales, participación en actividades prosociales y fortalecimiento de las creencias morales) se logrará una reducción del comportamiento delictivo de los jóvenes. La teoría de Hirschi cuenta en la actualidad con un apoyo empírico considerable. 

2.3.8. Teoría del aprendizaje social de Bandura 

 Las teorías del aprendizaje explican la conducta delictiva como un comportamiento aprendido, ya sea basándose en el condicionamiento clásico, el operante o el aprendizaje observacional. El aprendizaje observacional supera, en general, las limitaciones impuestas por el condicionamiento clásico y el operante; que aunque podían explicar la génesis y el mantenimiento de algunas conductas delictivas, presentan notables dificultades para explicar la totalidad de dichas conductas (la aparición de respuestas que no existen previamente en el repertorio conductual de los sujetos). 

 La teoría del aprendizaje social (Bandura, 1969, 1977) parte de que el sujeto puede aprender nuevas conductas mediante la observación de modelos, ya sean reales o simbólicos; representando una vía rápida y efectiva en la adquisición de las múltiples y complejas conductas que el ser humano es capaz de exhibir. El modelado jugaría un papel importante en el aprendizaje y ejecución de las conductas delictivas. Consecuentemente, los niños y adolescentes aprenderían primordialmente aquello que observan en sus padres, maestros, compañeros, personajes de la televisión o cualquier otro modelo significativo. 

 Para Bandura (1969), son tres las fuentes importantes de aprendizaje de la conducta agresiva: a) la influencia familiar, que sería la principal fuente de aprendizaje de la agresión, modelándola y reforzándola; b) las influencias subculturales, que son los determinantes provenientes del lugar donde reside una persona, así como los contactos que tiene con la propia subcultura y, c) el modelado simbólico, que haría referencia al aprendizaje por observación de modelos reales y/o de imágenes, palabras y acciones agresivas y amorales a través de los medios de comunicación social. 

 Para Feldman (1978), añadiendo la participación conjunta de factores cognitivos y situacionales a las consideraciones del aprendizaje social, postula que no sólo se aprenderían conductas delictivas por observación de modelos, sino que existirían una serie de aspectos cognitivos moduladores que influirían sobre el aprendizaje vicario. Así, modularían al aprendizaje por observación factores tales como los valores, la consolidación de actitudes y los procesos de atribución. 

 Más recientemente, Bandura (1986) redenomina a la teoría del aprendizaje social bajo el nombre de teoría cognitiva social, sosteniendo la existencia de una interacción recíproca entre las influencias ambientales externas, la conducta y los factores personales y cognitivos, donde el concepto de “autoeficacia” o percepciones que tiene el individuo de sobre su capacidad de actuar, adquiere un papel central como elemento explicativo de la adquisición, mantenimiento y cambio de la conducta. 

 2.3.9. Teoría de la anticipación diferencial 

 Glaser (1979) postula un modelo teórico que integra elementos de la teoría de la asociación diferencial (Sütherland, 1947), de la teoría de la desigualdad de oportunidades (Cloward y Ohlin, 1960) y la del control diferencial (Hirschi, 1969). Todo ello en un marco de elementos derivados de la propia teoría del aprendizaje social de Bandura (1969, 1977).  

Acorde a los postulados principales de la teoría de la anticipación diferencial, cuando un individuo realiza o rechaza la comisión de un acto delictivo lo hace en función de las consecuencias que el autor anticipa, por las expectativas que se derivan de su ejecución o no ejecución. El individuo se inclinará por el comportamiento criminal si de su comisión se derivan más ventajas que desventajas. La modulación de estas expectativas se hará en función de: a) la totalidad de los vínculos sociales convencionales y criminales del individuo; b) el aprendizaje social a través de modelos de comportamiento y refuerzo directo de conductas sociales o antisociales; y c) la percepción de necesidades, oportunidades y riesgos de las circunstancias que rodean el posible acto delictivo. Glaser puntualiza que esta teoría es aplicables sólo a los delitos intencionados, no a aquellos producto de imprudencia o negligencia. 

 2.3.10. Teoría Integradora de Schneider 

 Schneider (1994), ofrece una integración de las teorías sociológicas más importantes de la actualidad para explicar la delincuencia infantil y juvenil. A continuación se exponen las claves determinantes de su teoría explicativa: “La delincuencia infantil y juvenil tiene su origen en procesos defectuosos de aprendizaje social. Con los cambios sociales, el desarrollo de la sociedad y la transformación de la estructura socioeconómica cambian también el estilo de vida y las normas que determinan los comportamientos humanos. Como se aprenden los nuevos comportamientos y normas con distinta velocidad, nacen conflictos de valores y de comportamientos en el proceso de aprendizaje social. Si estos conflictos no se resuelven de manera pacífica y de común acuerdo, tendrán como consecuencias la destrucción de los valores, lo que produce, a través de la destrucción de grupos y de la personalidad, un aumento de la delincuencia. Si el desarrollo socioeconómico de ciertas áreas (barrios, vecindarios) queda atrasado, se destruye la solidaridad entre los miembros de la comunidad. Con la destrucción de la comunidad coincide el desarrollo de subculturas, de grupos de niños y jóvenes de la misma edad donde aprenden con el apoyo de grupo, costumbres y justificaciones delictivas. 

 El comportamiento delictivo no se aprende sólo por medio del resultado de ciertos comportamientos, sino también por medio de modelos de conducta. Puede ser aprendido en procesos de autoafirmación, por medio de habituación y falta de comprensión de la legitimación y necesidad de comportarse conforme a las normas. Un niño o un joven aprende a evaluar su comportamiento y considerarlo bueno o malo. Aprende las normas que determinan su comportamiento. Participará tanto más en comportamientos delictivos cuanto más apoyo ha obtenido hacia este tipo de comportamiento frente al comportamiento conforme con las normas sociales y cuanto más este comportamiento ha sido definido delante de él como deseable o, por lo menos, ha sido justificado como aceptable. Los niños y jóvenes delincuentes no han desarrollado afecto y apego a sus padres y profesores. La casa paterna y la escuela tienen sólo poca importancia para ellos. No han aprendido a contraer relaciones interpersonales. No persiguen unos fines a largo plazo y conformes con la sociedad. No respetan la ley. Cuando la reacción oficial a la delincuencia es demasiado fuerte, cuando representa una dramatización, agrava la delincuencia juvenil. La delincuencia primaria, que podría normalizarse, se convierte en delincuencia secundaria: el autor reincidente fundamenta su vida y su identidad en la realidad de la delincuencia: desarrolla una autoimagen delincuente” (Vázquez, 2003).

2.3.11. El modelo integrador de Elliot 

 La integración de varias teorías sobre desviación social fue el modelo que desarrolló Elliot, Huizinga y Ageton (1985) incorporando, en primer lugar, planteamientos de la teoría de la anomia como marco que explica la conducta desviada, que se centra en la disparidad entre metas y aspiraciones adoptadas por los individuos y los medios de que dispone para conseguirlas. Si la sociedad no facilita recursos para lograr las metas que ella misma inculca (éxito, status, poder económico), una reacción posible es el comportamiento desviado. En segundo lugar, Elliot asume parte de las teorías de control social (Hirschi, 1969) según las cuales la conducta desviada aparece si no hay vinculación estrecha con la sociedad convencional; si el sujeto no asimila valores convencionales tenderá a transgredir las normas. Por último, otorga una especial importancia a los procesos de aprendizaje, principalmente en el grupo de amigos donde se modela y se refuerza la delincuencia o el consumo de drogas. 

 El modelo se puede considerar como una reformulación de la teoría del control social de Hirschi (1969), completándola por dos vías. En principio, señala tres factores causales por los que un individuo no se vincula con el mundo convencional: primero la “tensión” entre metas y medios que se vive en la familia y en la escuela; si el adolescente carece de oportunidades para lograr una adecuada relación con los padres o éxito académico, su unión a éstos será débil. En segundo lugar, la desorganización social debilita los vínculos convencionales; si el sujeto pertenece a vecindarios conflictivos, con escasos lazos comunitarios y dificultades socioeconómicas se implicará poco con las instituciones convencionales. En tercer lugar, los fallos en la socialización por parte de la familia o de la escuela serán determinantes en la falta de apego a estos ambientes y debilitarán también los vínculos convencionales. 

 Posteriormente, Elliot reformula la teoría del control social, indicando que la falta de vínculos convencionales no es suficiente para que aparezca la conducta desviada; la motivación por transgredir es inherente a la naturaleza humana, no es necesario aprender a violar las normas y si no hay apego al mundo convencional habrá tendencias desviadas; pero es necesario un paso más para que, según Elliot, aparezca desviación, que el sujeto entre en contacto con grupos de desviados, que le refuercen y le induzcan a realizar esas conductas; si el individuo no tiene lazos con la familia o la escuela se arriesga a implicarse con amigos desviados que serán la causa más directa de la conducta problema. 

 El modelo se ha puesto a prueba con muestras de adolescentes norteamericanos y ha sido aplicado al estudio del consumo de drogas y de la delincuencia. Estudios españoles han apoyado la teoría (Luengo, Otero, Carrillo y Romero, 1992), encontrando que la frustración de metas afectaba a los vínculos con la familia y con la escuela, lo que facilitaba la implicación con amigos delincuentes, siendo esto determinante en el desarrollo de la conducta antisocial. 

 2.3.12. Teoría de la “desventaja acumulativa” de Sampson y Laub 

La “acumulación” progresiva de déficits psicosociales es el motivo último en la teoría de Sampson y Laub (1993, 1997). Su esquema teórico trata de trascender las visiones estáticas de las teorías tradicionales e intenta explicar el desarrollo de la delincuencia desde sus inicios, analizando por qué ciertos individuos tienen un comportamiento antisocial tan estable a lo largo de la vida, mientras que otros abandonan la delincuencia. La adolescencia es el centro  de muchas teorías criminológicas, pero la conducta antisocial es algo mucho más dinámico, que no se limita a ese período vital. Para muchos sujetos la conducta antisocial “nace” en la infancia, muchos desisten a lo largo del tiempo, otros son delincuentes en la etapa adulta. 

 La teoría se fundamenta en las ideas de control social y también en los planteamientos del etiquetado. Los lazos con los entornos convencionales inhiben la aparición de la delincuencia, ya que acarreará más costes si nos sentimos queridos y protegidos por la familia, la escuela o el entorno laboral, que si nos sentimos alienados. Con ese sentimiento de pertenencia y de interdependencia, nos sentimos poseedores de cierto “capital social” que tememos perder. 

 En la infancia, ciertos factores estructurales, como la clase social de origen, el tamaño familiar o la propia delincuencia parental, impedirán la formación de vínculos estrechos con la familia o con la escuela. La conducta antisocial es una consecuencia probable lo que deteriorará aún más los vínculos con el medio convencional. A medida que el individuo crezca pueden ocurrir acontecimientos vitales que permitan darle un “giro” a su vida, como el establecimiento de relaciones de pareja satisfactorias o consecución de un trabajo estable, convirtiéndose para algunos sujetos, en importantes vínculos adultos que no desean perder. Sin embargo, para otros, el proceso de “desventaja acumulativa” se ve intensificado por el contacto con los sistemas de justicia. El “etiquetado” y la institucionalización impiden la formación de redes sociales estrechas y limitan las oportunidades para cambiar de dirección, con lo que se potencia la escalada en la delincuencia. Los autores reconocen la importancia de contar con estudios longitudinales de amplio espectro para poner a prueba este tipo de planteamientos. 

 2.3.13. El modelo de la “coerción” de Patterson 

 El modelo de Patterson, Reid y Dishion (1992) se inscribe en una línea de trabajo con familias problemáticas (niños con problemas de conducta, maltrato o delincuencia), desarrollada desde orientaciones conductuales y del aprendizaje social. Presenta una amplia experiencia de intervención y su marco teórico intenta especificar cómo se forja la conducta antisocial 

 Este modelo teórico busca las raíces de los comportamientos antisociales crónicos en las primeras etapas de la vida, donde se produce una “cascada” de eventos que orientan al sujeto hacia un estilo de vida delictivo. Pero lo específico de este modelo es el hincapié que hace en las prácticas disciplinarias que tienen lugar en el medio familiar. Así, la teoría de Patterson explica cómo la conducta antisocial se desarrolla en cuatro etapas. En la primera etapa las experiencias familiares adquieren una importancia relevante y el “entrenamiento básico”en conducta antisocial es fundamental. Si las prácticas de crianza (ausencia de normas claras, los padres no refuerzan en el sentido oportuno las conductas del hijo) no son adecuadas, el niño percibe que emitiendo conductas aversivas (llorar, romper objetos, pegar, explosiones emocionales) le resulta “beneficioso” al escapar de situaciones desfavorables o permitiéndole conseguir refuerzos positivos. Esas son las primeras “conductas antisociales”del individuo. Este aprendizaje sutil hace que el niño ejerza conductas “coercitivas” o manipuladoras sobre el resto de los miembros de la familia. 

 La segunda etapa se inicia en el mundo escolar donde el ambiente social “reacciona” ante la conducta del sujeto. La falta de habilidades de interacción en nuevas situaciones, el rechazo de sus compañeros, evitar las tareas académicas o el desajuste escolar enfrentan al niño a sus primeros “fracasos” en el mundo. En la tercera etapa el adolescente se implica con iguales desviados y “perfecciona” las habilidades antisociales. El fracaso académico recurrente y el rechazo por parte de los compañeros hace que el sujeto se sienta excluido del mundo prosocial y, por consiguiente, buscará relacionarse con individuos semejantes a él. Las actividades antisociales se irán ampliando y se harán cada vez más severas. 

 Finalmente, en la cuarta etapa, el adulto desarrollará una “carrera” antisocial duradera. Las habilidades deficitarias dificultarán la permanencia en un trabajo estable, la institucionalización reducirá las oportunidades de adoptar un estilo de vida convencional, las relaciones de pareja serán problemáticas y el alcohol u otras drogas impedirán un funcionamiento ajustado. Progresivamente, el sujeto se irá confinando a una existencia marginal y las actividades antisociales se cronificarán. 

 Patterson aclara que cuando un individuo está en una etapa, existe una elevada probabilidad de que pase a la siguiente; pero muchos sujetos por razones diversas ven interrumpida esa progresión y el número de individuos que encontramos en cada etapa se va reduciendo a medida que avanzamos en la secuencia. Este planteamiento teórico, por tanto, se aplicaría únicamente a un tipo de delincuentes, los de “inicio temprano”. Como Moffitt (1993), estos autores indican que, además de individuos con delincuencia crónica, existen otros delincuentes de “inicio tardío” con una implicación más temporal en la conducta antisocial. Son sujetos con recursos personales (habilidades sociales, académicas,...), cuya conducta tiene poco que ver con el proceso de coerción y estaría ligada fundamentalmente a la asociación con amigos desviados. 

 El tema central de la progresión propuesta por Patterson son la experiencias disciplinarias en la familia y, según el modelo, un entrenamiento a los padres en habilidades de crianza adecuada, que impida o bloquee el proceso coercitivo, será un arma fundamental para intervenir sobre las conductas antisociales. 

 2.3.14. Teoría del “equilibrio de control” de Tittle. 

Charles R. Tittle (1995) propone un nuevo marco teórico por el que se identifican mecanismos causales que permiten incorporar o “sintetizar” ideas de otras perspectivas, lo que él denomina “integración sintética”, siendo el proceso central de su teoría el “equilibrio o razón de control”. 

La teoría de Tittle pretende ser una teoría “general” de la conducta desviada explicando aquellos comportamientos que la mayoría de un grupo social considera inaceptables o que evocan una respuesta colectiva de carácter negativo. En la conducta desviada no sólo se encontraría incluido el delito sino también otras muchas formas de comportamiento, incluidas las conductas de sumisión extrema o el sometimiento exagerado a otras personas, siendo considerada, en muchos casos, como una conducta inaceptable por los grupos sociales y, por lo tanto, encajaría dentro de la categoría de comportamientos desviados. 

 Según Tittle para explicar la conducta desviada deben conjugarse cuatro elementos. Por una parte, debe existir en el individuo una predisposición hacia la desviación (aquí estaría la razón de control) y deben darse una serie de circunstancias situacionales: a) una provocación (la situación estimula a manifestar la predisposición inicial (insultos, desafíos); b) una oportunidad adecuada para cometer un tipo específico de conducta (un robo no se podrá llevar a cabo si no existen bienes que sustraer); c) además el individuo ha de percibir que no existen restricciones para realizar ese comportamiento (que no existen mecanismos de control que impidan llevar a cabo la actividad deseada). 

 La idea fundamental es que tanto la motivación por cometer conductas desviadas como el tipo concreto de conducta dependerán de la relación existente entre la cantidad de control (o de poder) que un individuo puede ejercer y la cantidad de control a que está sometido. Esa relación es la llamada “razón de control” y está condicionada tanto por características individuales (inteligencia, personalidad, roles) como organizacionales (pertenencia a instituciones poderosas, relaciones con individuos influyentes). Si la cantidad de control a la que estamos expuestos es igual a la que podemos ejercer, existe un “equilibrio” de control y no se darán conductas desviadas. Si la relación se hace más “desequilibrada” (por déficit o exceso de control) aumenta la probabilidad de cometer dichos comportamientos, así, la conducta desviada sería un dispositivo que las personas utilizamos o bien para escapar de nuestra falta de control o bien para utilizar nuestro “superávit” de control. 

La relación entre la razón de control y la probabilidad de desviación tiene forma de curva en “U”. Cuanto más alto es el desequilibrio en la razón de control, aumenta la probabilidad de aparición de la conducta desviada. La teoría también predice qué tipos específicos de desviación se producirán con distintos “desequilibrios”. Si hay un pequeño “déficit” de control, se prevé que se produzcan delitos de “depredación”(agresión, manipulación): el individuo está sometido a más control del que puede ejercer, pero no tiene demasiado coartadas sus posibilidades de acción y se sentirá motivado para superar su déficit tomando bienes de otras personas o forzándolas a hacer lo que él desee. Si el “déficit” de control es mayor, tendrá menos posibilidades de actuación, por lo que sus actos desviados serán de “desafío”, “protesta” u hostilidad hacia el contexto normativo (vandalismo). Si la carencia de control es extrema, la conducta desviada más probable será la de sumisión. En cuanto al “exceso” de control, al otro lado de la curva, ante un desequilibrio leve, el individuo deseará expresar su control, pero no podrá escapar del control de los demás y se implicará en una forma “segura” de depredación: la “explotación”(depredación indirecta: tráfico de influencias). Si el exceso de control es mayor, no percibirá demasiadas restricciones a sus acciones apareciendo grandes delitos (ecológicos, genocidios). Ante un exceso extremo son probables actos impulsivos o carentes de organización racional (pederastia, tortura sádica). 

 Los planteamientos de Tittle son compatibles con diversas fuentes de evidencia empírica, como la relación entre delitos y edad, sexo o clase social, pero la teoría no ha sido sometida a pruebas directas de modo que, por el momento, su validez es incierta. 

 2.3.15. El modelo del desarrollo social de Catalano y Hawkins 

Ambos autores desarrollan un modelo teórico que también se inspira, en parte, en los planteamientos del control social. Es el llamado “modelo de desarrollo social” (1996) que trata de integrar la evidencia empírica existente sobre los llamados “factores de riesgo” y “factores de protección” e intenta especificar los mecanismos de desarrollo de la conducta prosocial y la conducta antisocial. Dentro de las conductas antisociales se incluyen no sólo la delincuencia legalmente definida, sino también el consumo de drogas y otros comportamientos que violan las normas consensuadas en un sistema social. 

Los comportamientos prosociales y antisociales se generan cuando el individuo se vincula a medios sociales en los cuales predominan esas conductas. Por ejemplo, el apego a una familia en la que predominan los comportamientos antisociales propiciará el desarrollo de conductas antisociales. Por contra, el apego a una familia prosocial generará comportamientos prosociales. Así pues el modelo de Catalano y Hawkins no se ajusta a las teorías más “puras” del control social (Hirschi), que sólo contemplan los vínculos sociales como inhibidores de la motivación “desviada” intrínseca al ser humano. 

 Para desarrollar apego a un entorno (familia, escuela, amigos), es necesario que interactúe con los miembros de ese medio y que esa implicación sea percibida como recompensante por el sujeto. Para Hirschi, el apego precede a la implicación, para Catalano y Hawkins es la implicación la que favorece la formación del apego. El desarrollo de estos vínculos prosociales o antisociales están condicionados por determinantes exógenos (p.ej., la pertenencia a estratos económicos desfavorecidos proporciona oportunidades para la interacción con grupos antisociales) como por la posesión de características psicobiológicas (p.ej., si un sujeto es hiperactivo puede determinar que sea incapaz de percibir oportunidades de interacción prosocial). 

 Catalano y Hawkins especifican “submodelos” según las distintas etapas del desarrollo: en la etapa preescolar, los vínculos a la familia y los cuidadores muy cercanos al niño son fundamentales, si las figuras familiares son antisociales propiciarán conductas agresivas o problemáticas en el niño. En la etapa escolar influyen la implicación en las actividades escolares, que si son gratificantes facilitará el desarrollo de conducta prosocial, mientras que si existe interacción con figuras antisociales se generarán conductas antisociales. En la etapa de la adolescencia los amigos se convierten en una fuerza socializadora de primer orden, las influencias pueden tener un signo prosocial o antisocial según las actitudes y conductas que dominen en dicho grupo. 

 Las etapas del desarrollo social no son independientes entre sí. Los procesos de una etapa influirán sobre lo que ocurra en la siguiente. Si en la etapa preescolar se adquieren comportamientos agresivos, al incorporarse a la escuela tendrá más oportunidad de implicarse con sujetos agresivos. Esta vinculación fortalece la conducta antisocial, por tanto, se reconoce la existencia de efectos recíprocos entre los elementos del modelo, idea recogida y compartida con Thornberry. 

 Por lo tanto, las intervenciones deben ir dirigidas a interrumpir los procesos que conducen a la actividad antisocial y fortalecer aquellos que conducen al comportamiento prosocial; adaptarlas al momento de desarrollo del individuo y realizarlas cuanto antes, ya que las conductas adquiridas en una etapa previa influye sobe los vínculos que se formen en la siguiente, debiéndose “romper” cuanto antes el ciclo del desarrollo antisocial. 

2.3.16. Teoría de la tensión o de la frustración 

Agnew (1990) hace un nivel de análisis más psicosocial y menos “estructural” que Merton y sus hipótesis muestran cierta proximidad a tradiciones psicosociales como las teorías de la frustración-agresión (Berkowitz, 1962), de la equidad (Adams, 1965) o del estrés (Compás y Phares, 1991; Pearlin, 1982). Agnew se centra en las relaciones interpersonales como fuentes de estrés, tensión o frustración. Las relaciones negativas con los demás dan lugar a que se desarrollen afectos negativos como la ira que hacen que aparezca la delincuencia, alejándose de argumentos sociológicos para centrarse en “metas” más cotidianas y más próximas al sujeto. Así, las relaciones interpersonales pueden ser negativas por varias razones, distinguiendo así tres tipos principales de frustración que pueden llevar al crimen o la delincuencia:
a) Tensión derivada del fracaso en el logro de metas u objetivos apreciados positivamente (popularidad entre amigos). Este fracaso puede mermar la autoestima provocando una valoración negativa del joven sobre sí mismo. 
b) Tensión derivada del rechazo o la eliminación de logros positivos anteriormente alcanzados (p. ej., ruptura de relaciones, enfermedad o muerte de amigos, etc.). 
c) Tensión derivada de la exposición a estímulos negativos o nocivos (p. ej., ser ridiculizado en clase, un accidente, malos tratos). 

 Un sujeto puede enfrentarse “cognitivamente” a estas experiencias minimizando el carácter aversivo de la situación (“No es tan importante”, “No es tan negativo”) o percibiéndose a sí mismo como “merecedor” de la situación. Agnew (1990) supone que las experiencias negativas crean tensión sólo cuando el sujeto considera que son injustas. Otras formas de afrontamiento pueden ser el abandono del entorno aversivo (faltando al colegio o escapándose de casa, por ejemplo), la venganza contra los responsables de esas experiencias o la alteración del estado emocional (a través de las drogas) para aliviar la tensión sentida. Al fin y al cabo, para este autor, la frustración sería el resultado de no ser tratado por los demás como a uno le gustaría serlo y el comportamiento desviado la solución para mejorar sus logros, aportar nuevos estímulos que sustituyan a los perdidos o para huir de estímulos negativos o nocivos. 

 La selección de estrategias antisociales o convencionales vendría condicionada por diversas variables: el temperamento, las creencias del individuo o la exposición previa a modelos delincuentes. El modelo de Agnew supone una revitalización de los temas relacionados con la anomia especialmente en Estados Unidos. Muchos trabajos exploran su validez e implicaciones como los de Broidy (1997) y Griffin (1997). 

 Agnew (1998) ha desarrollado en los últimos años su teoría indicando cómo su modelo podría explicar las diferentes tasas de delitos de las comunidades y cómo podría dar cuenta de cuestiones tan actuales como la estabilidad y el cambio de la conducta delictiva (Agnew, 1997). Así, la estabilidad se produciría porque ciertas características temperamentales son rasgos estables a lo largo de la vida, igualmente, la pertenencia a ciertos entornos sociales desfavorecidos da lugar a la vivencia de tensión desde edades tempranas, creándose el efecto “bola de nieve”. Sin embargo, el aumento de la conducta antisocial en la adolescencia, se debería a que el joven se encuentra con situaciones nuevas, muchas de ellas aversivas. Además, el adolescente carece todavía de recursos para cambiar su ambiente, con lo que es más probable que la conducta antisocial aparezca como vía de afrontamiento. Esto daría lugar al “pico” de delitos que aparece en la adolescencia y que desciende con la llegada de la vida adulta (Romero, 1998). 

2.3.17. Teoría del autorrechazo de Kaplan 

 En el modelo de Kaplan la autoestima es el parámetro fundamental, desarrollado en una teoría “general” de la conducta desviada (Kaplan, 1972; Kaplan y Peck, 1992), según la cual éstas (consumo de drogas, delincuencia, actividad sexual arriesgada y prematura...) responden a iguales determinantes y tienen el mismo tipo de consecuencias para el individuo, estando también relacionados con la autovaloración. 

 Todos tenemos una motivación por mantener una autoestima positiva y nos comportamos de modo que nuestra autovaloración se fortalezca, pero a lo largo del desarrollo se pueden generar actitudes de autorrechazo ante experiencias dentro de contextos sociales desfavorables (rechazo o negligencia de los padres, incapacidad de lograr éxito académico, situaciones de prejuicio social, falta de habilidades de afrontamiento, falta de apoyo social). Si las experiencias de autorrechazo se repiten, el sujeto no estará motivado para respetar las normas de los grupos que dañan su autoestima y se producirá la denominada “exacerbación del motivo de autoestima”, por lo que el individuo buscará cauces alternativos para recuperar la autovaloración. 

 El tipo de conducta desviada que se desarrolle dependerá de diversos factores. Por una parte de la visión de esas conductas en su entorno (si las drogas son accesibles y su uso es frecuente en su grupo se consumirá). Otro factor es la compatibilidad de cada conducta con los roles asumidos y aceptados por el sujeto (si el rol es importante para el sujeto optará por conductas que le permitan expresar ese papel y evitará comportamientos que amenacen esa identidad). 

 En la elección de la conducta influye también el “estilo de afrontamiento”. Si en situaciones problemáticas el sujeto reacciona con negación, abandono o negativismo (estilo de evitación), aparecerán conductas de consumo de drogas (que facilitan el escape, la retirada, la evasión). Si, por el contrario, el sujeto tiene un estilo de ataque (enfrentamiento, hostilidad abierta), aparecerán conductas de agresión y robo, que expresan la violencia hacia las instituciones convencionales. 

 La conducta desviada facilita la recuperación de la autoestima si se producen ciertas consecuencias. En primer lugar, que permita la evitación de las experiencias de autodevaluación (si consume drogas el individuo deja de percibir los atributos de sí mismo que antes rechazaba, amortiguando el malestar emocional que le producía el autorrechazo). En segundo lugar, la conducta desviada puede facilitar el ataque (el sujeto acomete contra los grupos que le rechazan, sintiéndose poderoso y eficaz) y, finalmente, que desempeñe un papel de sustitución (encontrando un entorno en el que reconstruye su autoestima). Cuando se producen la evitación, el ataque o la sustitución la autovaloración se recuperará y la conducta desviada se mantendrá, efecto que Kaplan denomina self-enhancement. Si la conducta elegida no permite restablecer la autoestima, el sujeto experimentará con otros tipos de comportamientos desviados. 

 El abandono de la conducta desviada se producirá cuando haya cambios (madurativos o sociales) que le permitan mantener la autoestima dentro de los grupos convencionales. El sujeto puede adquirir habilidades y pueden producirse cambios en sus redes de apoyo social, además, la incorporación al trabajo y a nuevos roles familiares dan oportunidades para la autovaloración al margen de la conducta desviada. 

 Otras líneas de trabajo han sido contradictorias con esta teoría (McCarthy y Hoge, 1984; Romero, Luengo, Carrillo y Otero, 1994a; Romero, Luengo y Otero, 1994b, Romero, Luengo y Otero, 1995a). Según estos autores, la prevención de la conducta desviada debería promover el desarrollo de una autovaloración favorable, creando climas sociales de  aceptación y apoyo hacia el adolescente, además de proporcionar habilidades y recursos personales que le permitan sostener una autoimagen positiva. 

2.3.18. Teoría del autocontrol de Gottfredson y Hirschi 

 Hirschi y Gottfredson (1986), desarrollan una nueva visión de la teoría del control social, donde adquieren protagonismo las diferencias interpersonales, existiendo una “propensión” individual a la criminalidad que, combinada con otras situaciones, da lugar al crimen. 

 Éstas ideas se publican en 1990 en la obra A general theory of crime, donde Gottfredson y Hirschi acuden al “clasicismo” criminológico para entender la naturaleza del crimen (teorías de la elección racional). El delito es una manifestación de la naturaleza humana que es hedonista y egocéntrica. Todos buscamos el placer y tratamos de evitar el dolor. Al dirigir nuestro comportamiento hacemos un “cálculo” racional y según la relación coste-beneficio, decidimos. El delito no responde a motivaciones “perversas” o diferentes al resto de los comportamientos. La característica distintiva de los crímenes es que atiende a los placeres inmediatos ignorando sus costes. Así, el crimen es muy semejante a otras conductas “desviadas” (consumo de drogas, desviaciones sexuales, delincuencia) y a otros comportamientos “imprudentes” (accidentes por exceso de velocidad). De hecho, los individuos que cometen crímenes suelen manifestar esos otros comportamientos. 


 La idea básica de la teoría es que esos comportamientos se derivan de la interacción oportunidad-autocontrol. Muchas personas “contienen”su hedonismo, teniendo en cuenta las consecuencias negativas de su conducta, otros individuos no interiorizan esos mecanismos y carecen de autocontrol. 

 El autocontrol es el elemento central del modelo e integra una serie de características personales (orientación espacio-temporal, interés por experiencias arriesgadas, preferencia por tareas simples, incapacidad de planificación de comportamiento, planteamiento de objetivos a largo plazo, la indiferencia ante las necesidades o deseos de los demás, escasa tolerancia a la frustración, escasa tolerancia al dolor) que hacen que tendamos, o no, a ceder ante la tentación del delito. 

 El autocontrol se adquiere en las primera etapas de la vida, una vez “instaurado”, permanece estable e influye, durante toda la vida en la conducta desviada. La estabilidad del autocontrol explica por qué la conducta antisocial es estable a lo largo del tiempo y explica también la versatilidad de la conducta desviada (los delincuentes tienden a implicarse en actos “imprudentes”). 

 Hirschi y Gottfredson (1994) consideran relevantes para la comprensión de las conductas criminales las siguientes variables: a) el papel de la familia; b) la importancia de la oportunidad y c) el declive con la edad de la aparición de conductas antisociales. Critican, a su vez: a) la existencia de las carreras criminales; b) la existencia del crimen organizado; c) la diferenciación causal entre la delincuencia juvenil y la adulta; d) la diferenciación entre crímenes considerados de “guante blanco” y crímenes “ordinarios”; y e) la posibilidad de aprendizaje del crimen. Asimismo, niegan la importancia de “distinguir” entre tipos de delincuentes; negando incluso la importancia del grupo de iguales como “agente” de influencia sobre la conducta desviada. Sólo podemos saber si un individuo tiene bajo autocontrol examinando sus conductas delictivas, con lo cual, la idea de que un bajo autocontrol conduce al delito no puede someterse a contraste empírico. Además el modelo no explica la curva de la delincuencia en función de la edad: en la adolescencia aumentan las cifras de delitos y con la edad declinan progresivamente. No obstante, muchos trabajos posteriores se han apoyado en esta teoría (Creechan, 1994; Moore y Sellers, 1997; Nakhaie, Silverman y LaGrange, 1997). 

2.3.19. Teoría de la acción razonada de Fishbein y Azjen 

 A pesar de que la teoría de la acción razonada de Fishbein y Azjen (1975) ha estado más relacionada con el consumo de drogas, en la actualidad es aplicable a cualquier tipo de conducta desviada. El punto central de la teoría se basa en la existencia de influencias directas sobre la conducta problema de expectativas, actitudes creencias y variables de la cognición social. 

 La teoría plantea que la “causa” más inmediata del uso de drogas, por ejemplo, será la intención para consumir o no consumir. Ésta intención está determinada por dos componentes: la actitud hacia el consumo y las creencias normativas o “normas subjetivas” sobre el consumo. Así, la actitud viene dada por dos elementos: las consecuencias (positivas y negativas) que los adolescentes esperen del consumo de drogas y, por otra parte, el valor afectivo de esas consecuencias. El adolescente muestra una actitud positiva si da más valor a los beneficios que a los costes del consumo. 

 Las creencias normativas vienen determinadas por dos componentes: que el adolescente perciba que personas importantes para él aprueban esperan y desean su consumo y, por otro lado, la motivación del adolescentes para acomodarse a las expectativas o deseos de esas personas. Si cree que sus amigos esperan que consuma, lo hará; si cree que el consumo es aceptado en ese entorno, consumirá. Al tomar la decisión, el adolescente, no da igual valor a la actitud que a la norma; en unos individuos influyen los costes, beneficios y actitudes; en otros; las expectativas de los demás. 

 La teoría ha servido para predecir muy diferentes tipos de conducta, y entre ellas, el consumo de drogas (Azjen, Timko y White, 1982) y para realizar programas de prevención. En los últimos años el modelo es ampliado por Azjen (1988) introduciendo otro elemento: la percepción del sujeto sobre la capacidad de controlar su conducta, dando lugar así a la “Tª de la acción planificada”. Si cree que no es capaz de hacerlo, no lo intentará aunque su actitud sea positiva y crea que los demás aprueban su conducta. Esta percepción de control influye de dos maneras (Petraitis, Flay y Miller, 1995). Si no tiene habilidad o recursos para conseguir drogas y utilizarlas, no consumirá; si cree que no resistirá la presión de los demás ni podrá enfrentarse a los mensajes del consumo, consumirá. El desarrollo de habilidades de resistencia es fundamental en la prevención. 

2.3.20. Teoría del desarrollo moral y cognitivo 

 Los partidarios de dichas teorías atribuyen el comportamiento antisocial a ciertos procesos cognitivos: al modo de percibir el mundo, al propio contexto subjetivo, al grado de desarrollo y evolución moral, a sus normas y valores y a otras variables cognoscitivas de la personalidad. A pesar de que resulta difícil el acceso y evaluación de las mismas, son imprescindibles para la comprensión e interpretación del comportamiento antisocial (Garrido, 1987). 

 Siguiendo los estudios de juicio moral iniciados por Piaget (1932), Kohlberg (1980) considera que la forma en que un individuo organiza sus razonamientos en torno a las leyes y normas genera patrones de conducta eventualmente delictivos. Desde una perspectiva evolutiva el autor resalta tres grandes estadios en el proceso de formación del razonamiento moral del individuo, que determinan su mayor o menor madurez: la etapa preconvencional (se buscan gratificaciones inmediatas, tratando el sujeto tan sólo de evitar el castigo); etapa convencional (el individuo se conforma con el mero acatamiento formal de las reglas y el respeto a la autoridad); la de moralidad autónoma o etapa postconvencional, caracterizada por el profundo respeto a las opiniones y derechos de los iguales y a los principios morales universales. Clasificando delincuentes y no delincuentes en relación a su grado de evolución moral, Kohlberg halló diferencias significativas entre ambos grupos: mientras que la mayor parte de los no delincuentes pertenecían a estadios más avanzados, los delincuentes lo harían a un nivel llamativamente más bajo de razonamiento moral en comparación con los no delincuentes de su mismo medio social, encuadrándose, por lo general, en los estadios de menor dignidad evolutiva. 

 Así, la comprensión verdadera de la moralidad y la justicia se sitúa en la adolescencia, de ahí que la delincuencia suponga la detención en el desarrollo moral sobre los dies a trece años, quedando fijados en la etapa preconvencional. La razón de este infradesarrollo se debe a una falta de estimulación social que impide a la niño tomar en consideración las repercusiones de sus conductas sobre los demás. En la actualidad, los modelos cognitivos han impulsado una gran variedad de programas terapéuticos y preventivos, ya que aun admitiendo ser una causa no suficiente si parece ser necesaria (Garrido, 1987). 

2.3.21. Modelo integrador de Farrington 

 Pese a la multitud de teorías acerca de la delincuencia juvenil, ninguna de ellas ha sido capaz de explicar satisfactoriamente el fenómeno complejo de la violencia y la delincuencia juvenil. Partiendo de los resultados del estudio longitudinal de Cambridge, formula una teoría integradora para explicar la génesis del comportamiento delictivo (Farrington, Ohlin y Wilson, 1986). En líneas generales, esta teoría integra las aportaciones de otras como la de las subculturas, la del aprendizaje social, la de la asociación diferencial, la de la desigualdad de oportunidades y la del control. 

 Según Farrington (1992) la delincuencia surgiría por un proceso de interacción entre el individuo y el ambiente. Así, el surgimiento de la motivación para delinquir parte de los deseos de bienes materiales, del prestigio social o de la búsqueda de sensaciones. Posteriormente, se busca un método legal o ilegal para satisfacer los deseos personales. Obviamente, el pertenecer a una clase baja va a determinar con mayor probabilidad el recurrir a formas ilegales. No obstante, la motivación para cometer actos delictivos no es constante y puede modularse por las creencias o actitudes interiorizadas acerca de la ley. Pese a estos factores, el delinquir va a estar determinado por factores situacionales inmediatos, influyendo las consecuencias de delinquir en la tendencia criminal y en el proceso de cálculo gananciaspérdidas para la comisión de futuros delitos. 

Las aplicaciones prácticas de esta teoría son mostradas por Farrington, Ohlin y Wilson (1986), concluyendo al respecto que los jóvenes pertenecientes a familias de clase baja presentan mayor propensión antisocial, ya que no pueden alcanzar legalmente sus metas. Asimismo, los maltratados por sus padres tienen más probabilidades de cometer delitos en tanto en cuanto no han adquirido la autorregulación interna de su comportamiento. Finalmente, los niños provenientes de familias delincuentes y los que se relacionan con jóvenes delincuentes tenderían a desarrollar actitudes favorables al ejercicio de conductas antisociales y contra el sistema, por lo que la delincuencia tendría justificación. 

 Pero Farrington señala, además, que ante un mismo ambiente, determinadas personas son más proclives a ceder ante la oportunidad de delito. Estas diferencias para la implicación de conductas desviadas son recogidas por la expresión “tendencia antisocial”, que vendría a definirse como una predisposición general, estable y consistente en el individuo, que explicaría tanto la continuidad temporal de los comportamientos antisociales como la versatilidad de la conducta desviada, esto es, el hecho de que los individuos que cometan un tipo de delitos tienden a cometer otras conductas antinormativas. Así, Farrington (1992) identifica una serie de factores que influirán en la tendencia antisocial: a) impulsividad, hiperactividad, búsqueda de sensaciones, toma de riesgos y débil capacidad para demorar la gratificación; b) débil capacidad para manipular conceptos abstractos, bajo CI, bajo logro, baja autoestima; c) baja empatía, frialdad y dureza emocional, egocentrismo y egoísmo; d) débil conciencia, débiles sentimientos de culpa o remordimientos, débiles inhibiciones internas contra la conducta antisocial; e) normas y actitudes interiorizadas que favorecen la conducta antisocial y, f) factores motivadores a largo plazo. 

 En definitiva, Farrington proporciona un marco explicativo dentro del cual tanto los factores individuales o psicológicos como los situacionales interactúan entre sí para dar lugar a la conducta antisocial. De la misma forma, defenderá la necesidad de adoptar un enfoque evolutivo, pondrá de manifiesto la continuidad y versatilidad del comportamiento antisocial y considerará a los delitos como un subconjunto o expresión de una categoría más amplia de comportamientos antisociales o desviados. 

 2.3.22. Teoría “interaccional” de Thornberry. 

De la misma forma que Moffitt, su teoría también contemplala dimensión evolutiva y dinámica de la conducta antisocial. Asimismo, subraya que la explicación de la delincuencia es mucho más compleja que lo que mostraban las teorías tradicionales, ya que el comportamiento antisocial no responde a una causa simple y unidireccional. La delincuencia se forja a través de complejos procesos bidireccionales a lo largo del desarrollo del individuo, que no se limita a “recibir” las influencias criminógenas de su medio (familia, colegio, amigos), sino que el propio comportamiento del sujeto influye sobre esos agentes “causales”. 

 Thornberry (1987, 1996) traza un esquema explicativo general de carácter “integrador”, en el que se aúnan los planteamientos del control social y de la asociación diferencial. Según él, la erosión del apego a la familia o a la escuela es uno de los factores más importantes en la génesis de la delincuencia, siendo necesario, además, un contexto de aprendizaje que refuerce la aparición y mantenimiento de las conductas antisociales y le facilite la interiorización de actitudes delictivas. En contraposición a las teorías integradoras anteriores, las influencias, en su teoría, no son unidireccionales, sino recíprocas. De esta forma, el desapego a los espacios convencionales influye sobre la delincuencia; pero la propia delincuencia contribuye a debilitar, aún más, los vínculos con esos espacios. La implicación con amigos desviados aumenta la probabilidad de delincuencia en el individuo pero ésta le lleva a implicarse cada vez más con iguales delincuentes. Por eso la interpretación que se hace de muchos resultados criminológicos puede resultar sesgada. 

 Thornberry, al igual que Moffitt, cree necesario prestar atención a la edad del comienzo de la conducta antisocial, pero a diferencia de él cree conveniente hablar de un continuo en la edad de inicio, es decir, no hay dicotomía entre delincuentes “con inicios tempranos” y delincuentes “tardíos”, ya que hay otros que comienzan en edades intermedias. 

 La etiología de la conducta antisocial a edades muy tempranas (preescolar) presenta factores temperamentales, familiares (prácticas educativas inadecuadas), pedagógicos y estructurales (adversidad socioeconómica) que se entrecruzan e interactúan dando lugar a conductas desadaptativas ya en los primeros años de vida, que se mantendrán por las relaciones recíprocas entre la conducta desviada y otros factores. La conducta antisocial debilita la relación con la familia y con la escuela, fortalece la asociación con iguales desviados e impide una transición equilibrada a los roles adultos; debido a ello la actividad delictiva se perpetúa. 

 En la delincuencia de inicio “intermedio” (en los años de la escuela primaria), las condiciones socioeconómicas desempeñan un papel fundamental, creando estrés en la familia e impidiendo la creación de vínculos convencionales. Así, el éxito en la escuela se dificulta y aumenta la probabilidad de relacionarse con iguales delincuentes, pudiendose perpetuar a lo largo del ciclo vital. Es evidente que cuanto más temprano sea su comienzo, más probable es que los déficits que experimenta el sujeto sean severos y, por tanto, más probable será la continuidad de la conducta antisocial. 

 No obstante, también existe cierta probabilidad de abandono de la carrera delictiva. Las condiciones de las que parten estos delincuentes escolares son menos extremas que las de los preescolares, teniendo mayores posibilidades de cambio. Además, en estos sujetos pueden existir factores de protección, como por ejemplo una alta inteligencia, que compensen las influencias negativas de un ambiente familiar tenso, deteniéndose así el “ciclo” acumulativo que fortalece la conducta antisocial. Según Thornberry el cambio hacia un estilo de vida convencional será más probable cuanto más tarde comience la actividad delictiva.
 Para muchos individuos la delincuencia comienza en la adolescencia, en ellos la persistencia es muy poco común y, normalmente, abandonan la conducta antisocial al cabo de unos años. La base de esta delincuencia no se debe a la falta de recursos personales o sociales sino a fenómenos madurativos relacionados con la búsqueda de autonomía en la adolescencia y cuyo sentido reside únicamente en expresar la independencia personal del joven. 

 Concluyendo, la edad de inicio es un continuo que abarca desde la infancia hasta la adolescencia y cuanto antes aparezca la conducta antisocial, mayor probabilidad de que persista, ya que los efectos bidireccionales crearán un “bucle” de realimentación por el cual el estilo de vida delictivo se hará definitivo en la vida del sujeto.



 2.3.23. Teoría de la conducta problema de Jessor y Jessor (1977) 

 Este teoría integra una amplia cantidad de factores de riesgo y de protección comentados ya por varios modelos, destacando de los anteriores por su amplitud, ya que en él se explicitan y organizan hasta cincuenta factores de riesgo diferentes como la personalidad, los contextos socializadores o el entorno sociocultural. El modelo nace a finales de los años sesenta y, desde entonces, ha sido desarrollado, ampliando y consolidado en múltiples trabajos (Donovan, 1996; Donovan y Costa, 1990; Donovan, Jessor y Costa, 1991; Jessor, 1991, 1992, 1993). El modelo explica el desarrollo de diferentes conductas desviadas en la adolescencia: el consumo de drogas, la delincuencia o las actividades sexuales prematuras y/o arriesgadas. La teoría fue una de las primeras en reconocer que estas conductas respondían a iguales determinantes. 

El modelo acuñó el término de “conducta problema” para referirse a diversos comportamientos reprobables por la sociedad convencional y que son explicados por los mismos factores de riesgo. Jessor las define como actividades socialmente problemáticas, que son fuente de preocupación o que son consideradas indeseables por las normas convencionales. Cuando ocurren, provocan una respuesta control que puede ser leve (amonestación, reprobación) o severa (encarcelamiento). Así, la conducta problema forma parte de un mismo “síndrome de desviación” o de un mismo “estilo de vida” (Jessor, 1992), por lo que se opone a que se explique o intervenga sobre ellas de un modo diferenciado, como si fuesen comportamientos de distinta naturaleza. Por tanto, sugiere la necesidad de abordar la intervención de un modo unificado sin hacer esfuerzos parciales. 

De acuerdo con la teoría, la conducta problema es propositiva, instrumental y funcional: el adolescente se comporta así para lograr ciertas metas importantes en su desarrollo, siendo la conducta problema una vía para ganar respeto y aceptación en el grupo de amigos, obtener autonomía respecto de los padres y enfrentarse a la ansiedad, frustración o al fracaso. Dichos objetivos son característicos del desarrollo psicosocial y no conforman psicopatología alguna, por lo que la intervención debe proporcionar recursos para lograr esas mismas metas, pero de un modo saludable. 

 Para explicar la aparición de la conducta problema, existen distintos sistemas de influencia psicosocial, que actuarán siempre en interacción. Primero, hay variables “antecedentes” que servirán de base para que aparezcan otras influencias más directas. Entre esas variables hay factores de carácter estructural sociodemográfico (estructura familiar, ocupación y educación de los padres) y factores de socialización (ideología de los padres, clima familiar, exposición a los medios de comunicación). Sin embargo, el núcleo de la teoría está representado por la interacción de dos tipo de variables: personales y socioambientales, que reciben el nombre de “sistema de personalidad” y “sistema de ambientes percibidos”, y respectivamente, están configurados por diferentes factores, pudiendo ser distales o proximales o favorecedores o inhibidores de la conducta problema. 

 El sistema de personalidad está compuesto por tres conjuntos de variables: 

a) “estructura motivacional”, que hace referencia a los objetivos por los que lucha el individuo y expectativas para lograrlos (valor concedido al rendimiento académico o a la independencia); 
b) “estructura de creencias personales” que integra creencias sobre la sociedad, sobre el propio individuo y sobre las relaciones entre los dos (autoestima, alienación, inconformismo) y 
c) “estructura personal de control” referida a las actitudes que presenta el sujeto hacia la desviación (tolerancia a la desviación, religiosidad). 

 En cuanto al sistema de ambiente percibido hay dos subcomponentes: la estructura “distal”(orientación del adolescente hacia su familia o sus amigos, apoyo y control de padres y amigos, compatibilidad entre padres-amigos) y la estructura “próxima”que hace referencia a la prevalencia y aceptación de la conducta problema en los contextos psicosociales (influencia padres-amigos, apoyo ante conductas desviadas de los padres y amigos). La interacción entre los factores personales y el ambiente percibido generará dos patrones de conducta: uno desviado, llamado estructura de conducta problema (conductas desviadas) y otro ajustado a las normas, denominado estructura de conducta convencional (asistencia a la iglesia, rendimiento académico). Ambas se inhiben mutuamente. 

 Jessor (1991, 1992) ha propuesto una teoría más comprensiva y a la vez más compleja, bajo el nombre de “Teoría para la conducta de riesgo de los adolescentes”, que considera la existencia de una amplia gama de factores de riesgo y de protección interrelacionados entre sí de carácter biológico-genéticos (historia familiar de alcoholismo, y alta inteligencia, respectivamente), medio social (pobreza, desigualdad racial y de oportunidades como factores de riesgo y tener familias cohesionadas y escuelas de calidad serían ejemplos de factores de protección), medio percibido (modelos de conducta desviada y conflictos normativos entre padres y amigos serían factores de riesgo y de protección podríamos señalar la existencia de modelos convencionales y alto control sobre la conducta desviada), conductuales (bajo rendimiento escolar o problemas con el alcohol como factores de riesgo y la práctica religiosa y participación de asociaciones escolares o de voluntariado como ejemplos de factores de protección) y de personalidad (baja autoestima o alta propensión a correr riesgo como factores de riesgo, mientras que una valoración positiva de los logros conseguidos o de la salud serían ejemplos de factores de protección); que provocarán unas conductas de riesgo conformando un estilo de vida propio del adolescente caracterizado por la presencia de conductas problema (delincuencia, uso de drogas), relacionadas con la salud (consumo de tabaco, mala alimentación, no usar cinturón de seguridad) o conductas escolares (inasistencia o abandono) y; por último, unos resultados de riesgo relacionados con la salud (enfermedades, baja condición física), los roles sociales (fracaso escolar, problemas legales, aislamiento social, paternidad prematura), el desarrollo personal (autoconcepto inadecuado, depresión) y la preparación para la vida adulta (baja capacidad laboral y desempleo). Todos los elementos que componen dicha teoría se encuentran en continua interacción causal, recíproca y bidireccional. 

 Jessor defiende la idea de que las conductas de riesgos o conductas problema se deben considerar de forma conjunta, ya que son manifestaciones distintas de ese síndrome de conducta de riesgo propio de la adolescencia, por lo que la intervención debe dirigirse hacia ese estilo de vida como un todo y no sobre las conductas problema de forma independiente. 

 Recientemente los autores han sugerido la necesidad de ampliar el modelo incorporando nuevos elementos, como los patrones de disciplina familiar o variables personales relacionadas con el autocontrol (impulsividad, búsqueda de sensaciones, demora de la gratificación) (Donovan,1996). La teoría de Jessor, hoy por hoy, ha inspirado múltiples programas de prevención y es uno de los modelos mas ambiciosos e influyentes que existen en la actualidad (Petraitis et al.,1995). 

2.4. A modo de conclusión 

 Tras revisar de forma breve las principales teorías y propuestas teóricas más actuales sobre el origen de la conducta antisocial, podemos extraer ciertos temas emergentes y características clave en relación al estudio de dichos comportamientos: 

 a) La multicausalidad de la conducta antisocial: las últimas teorías de carácter integrador como las propuestas por Catalano y Hawkins, Thornberry o Jessor y Jessor, ponen en evidencia que sólo si se considera de forma conjunta la existencia de diferentes variables causales, especialmente de carácter psicológico y social, y su posible influencia diferencial sobre la aparición y mantenimiento del comportamiento antisocial, podremos llegar a tener una visión general y completa del mismo y crear programas de intervención y prevención útiles y eficaces en el manejo de dichas conductas. 

 b) El desarrollo evolutivo de la conducta antisocial: otras de las claves encontradas en el actual clima teórico es la necesidad de examinar la conducta antisocial desde una perspectiva evolutiva. Entender la delincuencia implica atender a muy diversos procesos que se van encadenando a lo largo de la historia vital del sujeto y no únicamente a características estáticas o a circunstancias inmediatas. Así, hemos visto como algunas de las teorías revisadas introducen la dimensión evolutiva en el estudio de dichos comportamientos. Autores como Moffitt, Patterson, Catalano y Hawkins o Thornberry, señalan que no todos los comportamientos antisociales emergen de forma súbita en la adolescencia, ya que los más graves se manifiestan desde los primeros años de vida, apareciendo conductas desadaptativas antes de las etapas escolares, que junto con la presencia de otras variables personales de predisposición o familiares, irán gestando un posible futuro delictivo. De la misma forma y, a través de la existencia de procesos acumulativos que van realimentando la conducta antisocial a lo largo del desarrollo evolutivo, pueden explicar el porque algunos individuos no solo mantienen este comportamiento sino que escalan hacia la llamada “carrera delictiva”. Asimismo, dichos patrones evolutivos de desarrollo conformaran también diferentes “tipologías” de la conducta antisocial en función de la edad de inicio y la persistencia de la conducta antisocial. Frente a ese delincuente “crónico” y afectado por la desventaja acumulativa, existirá otro delincuente “temporal” y no persistente, cuyas causas serán muy diferentes. Por tanto, los estudio sobre conducta antisocial deberían partir de un enfoque evolutivo, teniendo en cuenta siempre las características y diferencias propias de los comportamientos antisociales en relación a la etapa evolutiva en la que aparecen y plantear los programas de prevención dirigidos a etapas tempranas y previas a la adolescencia. 

 c) Efectos de relación recíproca entre la conducta antisocial y los factores de riesgo: frente a los modelos explicativos tradicionales donde el sujeto era un mero receptor pasivo de las influencias del medio, Thornberry va a ser quizás el autor más importante que junto con otros como Patterson, Catalano y Hawkins, Sampson y Laub o Agnew, van a defender la existencia de bucles o efectos recíprocos entre la conducta antisocial y los factores de riesgo que agravarán la situación del sujeto de tal forma que será difícil discernir si dichos comportamientos son efecto o causa, conllevando a que la conducta antisocial se afiance y cronifique hasta la etapa adulta. Así, la presencia de factores de riesgo tales como conflictos familiares, fracaso escolar o asociación con amigos delincuentes, pueden influir sobre la aparición de la conducta antisocial, pero dichos comportamientos, a su vez, deterioran las relaciones sociales del individuo y potencian los factores de riesgo ya existentes. Por tanto, si se tiene en cuenta la existencia de estos mecanismos interactivos, las intervenciones han de realizarse principalmente en estadios tempranos, antes de que las conducta problema lleguen a afectar al entorno del sujeto y así poder romper el ciclo causal. 

 d) Ampliación del objeto de estudio: de la delincuencia a la “conducta antisocial”: hoy en día, la mayoría de las teorías han rebasado el limite de la “ilegalidad” de los comportamientos como objeto de estudio. Es decir, si la mayor parte de la teorías tradicionales se han centrado fundamentalmente en el estudio del crimen o el delito, sin embargo, las teorías actuales como la de Tittle, Gottfredson y Hirschi, Moffitt, Thornberry o Jessor y Jessor, amplían sus hipótesis explicativas hacia diferentes patrones de comportamientos tales como conductas desviadas, problemáticas o simplemente transgresoras de las normas sociales, independientemente de que sean delictivas o no. Es evidente que si se defiende la perspectiva evolutiva en el estudio de la conducta antisocial y e objetivo prioritario es la prevención de los comportamientos delictivos, se debe comenzar su estudio por aquellas conductas desadaptativas que aparecen en etapas tempranas y que serán los antecedentes más claros de la actividad criminal futura. En este sentido, podemos decir que en la actualidad predominan las teorías sobre la “conducta antisocial”, cuyo objetivo va a ser la explicación de los procesos a través de los cuales un individuo tiende a realizar conductas que violan las normas sociales, siendo la delincuencia una manifestación más de esa tendencia o estilo de vida alejado de lo convencional. 

 e) Perspectiva psicosocial: el estudio actual de la conducta antisocial debe partir de un enfoque claramente psicosocial. Aunque no se ignora el papel que puedan tener otras variables de tipo biológico o individual y las de entornos macrosociales, es la influencia conjunta de factores personales o psicológicos y de los entornos microsociales más próximos al individuo, como la familia, el entorno escolar y el grupo de amigos, los que parecen tener en la actualidad mayor poder explicativo sobre el comportamiento antisocial y en los que se basan los principales modelos teóricos y programa de intervención dentro del campo de la psicología. 

 f) Estudios longitudinales: de acuerdo con los planteamientos evolutivos o efectos recíprocos anteriormente expuestos, estudiar las causas de la conducta antisocial implica la necesidad de realizar amplios seguimientos a lo largo del desarrollo del individuo a través de estudios longitudinales para poder así analizar que tipo de variables aparecen en los distintos momentos del ciclo vital y constatar cuales son sus efectos en el comportamiento final. 

 Después de haber hecho un recorrido por las principales teorías e hipótesis explicativas sobre la génesis y/o mantenimiento de la conducta antisocial o comportamientos delictivo, se puede evidenciar que ninguna de ellas por sí mismas ofrecen una explicación completa del origen y de las causas de la conducta antisocial. Sólo un enfoque teórico multifactorial e integrador como el propuesto por Jessor (1991), que defienda la confluencia de diferentes factores de riesgo y de protección integrados en las diferentes teorías (personales, familiares, escolares, sociales) podría acercarse de forma más realista al tema que nos ocupa. De la misma forma, a la hora de realizar programas preventivos, se ha de tener en cuenta el hecho multifactorial de la delincuencia y, por ello, deben sustentarse en modelos integrales que consideren todos los factores causales, ya sean internos o externos al individuo, e incluyan programas dirigidos especialmente a los ámbitos más cercanos al individuo, por ejemplo, la escuela, la familia y los amigos. 

 Finalmente, y como dice Becoña (1999), “la teoría sin la práctica se queda sólo en teoría”, por lo que, la presente tesis doctoral intentará poner en práctica algunos de los aspectos claves de las últimas teorías comentadas, especialmente la Teoría de la conducta problema y/o de riesgo de Jessor. 

Cuadro 2.1.Clasificación de las principales teorías en función de las variables a las que se recurre para explicar la conducta antisocial.
 

CAPÍTULO III FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL 

 3.1. Introducción 

 En el presente capítulo se va a mostrar cómo la conducta antisocial puede verse desencadenada por multitud de factores, subrayándose, así, su multicausalidad. Cuando se estudia un fenómeno tan complejo y envuelto en una fuerte polémica conceptual, una de las estrategias más eficaces para comprenderlo consiste en conceptualizar sus determinantes, más que como causas, como factores de riesgo. 

 Para Berkowitz (1996), un factor de riesgo es una condición que aumenta la probabilidad de la ocurrencia de acciones agresivas aunque no de forma invariable. Loeber (1990), por otra parte, conceptualiza estos factores como eventos que ocurren con anterioridad al inicio del problema y que predicen el resultado posterior, incrementando la probabilidad de su ocurrencia por encima de los índices básicos de la población. Esta perspectiva es la que, a juicio de Berkowitz (1996), debería adoptarse al considerar todas las condiciones que pueden promover la conducta antisocial y delictiva en jóvenes y adolescentes. 

 Cuando se introduce el concepto de factor de riesgo suelen realizarse una serie de aclaraciones. En primer lugar, se dice que el concepto de factor de riesgo es “probabilístico”, no determinista. El que un individuo presente factores de riesgo no implica que necesariamente vaya a desarrollar conductas problemáticas; significa únicamente que, si lo comparamos con un individuo sin esos factores, tendrá una mayor probabilidad de llegar a implicarse en esas conductas. En relación con esta idea, es necesario matizar que los factores de riesgo no llegan a tener el estatus de “causas”, es decir, son elementos predictores, pero no implican una causación directa y lineal. 

Por otra parte, es necesario también tener en cuenta que, hoy por hoy, ningún factor de riesgo por sí solo permite predecir adecuadamente la conducta problema. Se tiende a admitir que estos factores actúan en interrelación; las distintas variables interactúan, se modulan y se influyen entre sí. Precisamente una de las dificultades con las que se encuentra la investigación sobre este tema hace referencia a cómo se articulan entre sí las distintas variables. Se conocen muchas variables predictoras de la conducta problema y, sin embargo, se sabe relativamente poco de cómo se ordenan y se relacionan esos factores entre sí (Luengo et al., 2002). 

Así, cabe suponer que diferentes factores de riesgo tienen distintos mecanismos de influencia sobre la conducta. Algunos de ellos quizás ejerzan sus efectos de un modo relativamente directo, sin mediadores: si los amigos refuerzan positivamente las conductas antisociales, el individuo podrá tener más probabilidades de llevarlas a cabo, quizás sin necesidad de ningún otro proceso intermedio. En otros casos, sin embargo, la influencia puede ser indirecta: un clima familiar deteriorado puede no incidir directamente sobre la actividad desviada, pero pueden dar lugar a que el adolescente pase más tiempo fuera de casa y tenga una mayor probabilidad de contactos con amigos problemáticos; éste sería el factor con efecto “próximo” o directo sobre la conducta desviada. En otras ocasiones, la influencia de los factores de riesgo puede ser “condicional”, es decir, pueden actuar haciendo que el sujeto sea más vulnerable a otros factores. Una baja asertividad, por ejemplo, podría facilitar la conducta antisocial no porque en sí misma induzca a ella, sino porque la baja asertividad puede hacer al sujeto más vulnerable a la influencia de los amigos. 

 Bien es cierto que no se pueden hacer simplificaciones con respecto a los factores específicos que codeterminan la conducta antisocial. Su complejidad, así como los distintos niveles de su influencia (biológicos, psicológicos, sociales y jurídicos), unidos a la heterogeneidad conceptual de los comportamientos antisociales, excluyen respuestas simples. No obstante, se puede decir mucho sobre las influencias que sitúan a jóvenes y adolescentes en riesgo de emitir conductas desviadas y de los posibles mecanismos en los que operan muchas de estas influencias. La cuestión de más interés es conocer quién es más propenso a convertirse en antisocial y cuáles son los factores que conducen a tal situación. 

 Asimismo, pensar en términos de probabilidad sobre las condiciones que pueden potenciar la conducta violenta es útil en muchos ámbitos de la vida, incluyendo las ciencias naturales, la educación y las ciencias sociales. Para tomar una decisión en cualquiera de estas áreas es necesario considerar la probabilidad de que cierto hecho se produzca o no, y en base al conocimiento e información disponibles, estimar la probabilidad (grande, moderada o pequeña) de que el suceso se produzca realmente. De este modo, la revisión de los factores que en este capítulo se exponen permitirá hacer estimaciones razonables o afirmaciones de probabilidad sobre las condiciones que promueven la conducta antisocial. 

 El objetivo principal de este capítulo es, por tanto, identificar los factores que colocan a los individuos bajo riesgo de comportamiento antisocial. Este riesgo hace fundamentalmente referencia al incremento de la probabilidad de la conducta sobre los índices básicos de la población (Kazdin y Buela-Casal, 2002). 

 Se ha de tener en cuenta que, además de hablar de factores de riesgo de las conductas antisociales, que hacen referencia a aquellas características individuales y/o ambientales que aumentan la probabilidad de la aparición de dichas conductas o un mantenimiento de las mismas; existen los factores de protección. Un factor de protección es una característica individual que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del ejercicio y mantenimiento de las conductas antisociales. En este sentido, los factores de riesgo y de protección no son más que los extremos de un continuo y que un mismo factor será protector o de riesgo según el extremo de la escala en que esté situado. Así, por ejemplo, el rasgo impulsividad puede ser un factor de riesgo de conductas antisociales cuando tiene un valor elevado en los individuos, mientras que sería un factor de protección cuando su valor es muy bajo. La presencia o ausencia de los mismos no es una garantía de la presencia o ausencia de conductas antisociales respectivamente. Asimismo, a mayor número de factores de riesgo habrá mayor probabilidad de que aumente la probabilidad de aparición de conductas antisociales.  

3.2. Clasificación de los factores de riesgo 

 Los factores de riesgo no son entidades que actúen aisladamente determinando unívocamente unas conductas sino que al interrelacionarse, predicen tendencias generales de actuación. Esto conduce a que la exposición de los principales factores de riesgo para el ejercicio de conductas antisociales se realice atendiendo a dos grandes grupos: 1) factores ambientales y/o contextuales y, 2) factores individuales. Asimismo, los factores individuales se subdividen, a su vez, en: a) mediadores biológicos y factores bioquímicos, b) factores biológico-evolutivos, c) factores psicológicos y, d) factores de socialización (familiares, grupo de iguales y escolares). 

 3.2.1. Factores ambientales y/o contextuales 

 La sociedad constituye el marco general donde cohabitan tanto los individuos como los grupos. Los medios de comunicación de masas, las diferencias entre zonas, el desempleo, la pobreza y una situación social desfavorecida, así como las propias variaciones étnicas, son claros factores de riesgo de cara a cometer comportamientos desadaptados y antisociales (véase resumen Tabla 3.1.). 

 3.2.1.1. Los medios de comunicación de masas 

 Aunque en algunos momentos se ha supuesto que contemplar imágenes violentas podría incluso reducir las conductas agresivas (la llamada hipótesis de la “catársis”, Lorenz, 1966), lo cierto es que se dispone en la actualidad de una amplia evidencia sobre el efecto contrario (Bushman y Anderson, 2001; Donnerstein, 2004; Huesmann, Moise y Podolski, 1997; Huesmann, Moise, Podolski y Eron, 2003; Meyers, 2003; Wheeler, 1993). 

 En 1975, la comunicación especial de Rothenberg sobre el “Efecto de la Violencia Televisada en Niños y Jóvenes” alertó a la comunidad sobre los efectos perniciosos de la visión de la violencia televisiva en el normal desarrollo del niño al incrementar tanto los niveles de agresividad física como la conducta antisocial. Esta comunicación, al igual que otras procedentes de organizaciones profesionales como la Academia Americana de Pediatría o la APA (Asociación de Psicología Americana) que llegaban a similares conclusiones, estaba fundamentada en los resultados obtenidos por la Comisión Nacional sobre las “Causas y Prevención de la Violencia” (Baker y Ball, 1969) y en el Informe sobre “Televisión y Desarrollo: El Impacto de la Violencia Televisada” (Surgeon General’s Scientific Advisory Committee on Television and Social Behavior, 1972). Con posterioridad, estos resultados fueron reforzados por el informe del Instituto Nacional de Salud Mental: “Televisión y conducta: Diez años de progreso científico e implicaciones para los ochenta” (Pearl, Bouthilet y Lazar, 1982) en el que, de nuevo, se exponía un amplio consenso desde la literatura científica acerca de que la exposición a la violencia televisiva incrementaba la agresividad física exhibida por niños y adolescentes (Brandon, 1996). 

 Es por ello que se ha hecho necesario regular legalmente cuales deben ser los programas, contenidos y horarios de emisión de la programación infantil. Para ello, la Ley 25/1994, del 12 de Julio, incorpora al ordenamiento jurídico español, la Directiva de la Unión Europea de 1989 sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, siendo el artículo 17 de dicha ley, el que se refiere expresamente a la protección de los menores frente a la programación (Vázquez, 2003). 

 De esta forma, el estudio científico de los efectos perniciosos de la observación de la violencia en la televisión fue desarrollándose hasta quedar conceptualizado hoy en día como un importante factor de riesgo del comportamiento agresivo (Donnerstein, 2004). Entendiendo éste como un conjunto de condiciones presentes en el individuo o en el ambiente que producen un aumento en la probabilidad de desarrollar un determinado problema como es, en este caso, la conducta violenta (Donnerstein, 1998; Drewer, Hawkins, Catalano y Neckerman, 1995; Huesmann et al., 2003; Lefkowitz, Eron, Walder y Huesmann, 1977; Meyers, 2003); llegando a conformarse lo que hoy en día se denomina la Teoría del Efecto Causal entre la visión de la violencia televisiva y la conducta agresiva. Aunque no hay suficiente evidencia empírica que la apoye (Freedman, 1984; Lynn, Hampson y Agahi, 1989), según Björkqvist (1986), la mayor parte de ésta parece estar a favor de la Teoría del Aprendizaje Social que postula que la observación de imágenes violentas provoca un incremento de la conducta agresiva debido a un proceso de aprendizaje por condicionamiento instrumental vicario (Bandura, 1973). 

 Del Barrio (2004b) señala que para explicar la acción de la televisión sobre la aparición de la agresión se recurre a varias teorías: 1) identificación, mediante aprendizaje vicario, 2) desensibilización, inhibiendo la respuesta de desagrado innata hacia la agresión y, 3) las condiciones personales, temporales, familiares y ambientales en las que el niño ve la televisión. Así, los mecanismos psicológicos a través de los cuales la observación de violencia televisada puede llegar a facilitar la expresión de la conducta agresiva o antisocial, implican el aprendizaje, por parte de los jóvenes, de que determinados tipos de agresión o violencia están justificados o son más aceptados bajo determinadas circunstancias, legitimando así la agresión a través de la violencia observada en los medios de comunicación (Watt y Krull, 1977). La exposición a la violencia incrementaría, por tanto, el nivel de tolerancia, enseñando a los niños observadores a elevar el nivel de la conducta agresiva considerada como “aceptable” (Donnerstein, Slaby y Eron, 1994; Drabman, Thomas y Jarvie, 1977; Huesmann y Miller, 1994; Huesmann, et al., 1997; Huesmann et al., 2003; Livingstone, 1996; Meyers, 2003; Molitor y Hirsch, 1994; Schneider, 1994) hasta llegar a relacionarse con la aparición de comportamientos altamente violentos, como puede ser el homicidio (Bushman y Anderson, 2001; Heide, 2004; Wheeler, 1993). 

 Entre la gran cantidad de factores que han sido analizados en diversas investigaciones con objeto de determinar los efectos de la observación de la televisión violenta en el comportamiento agresivo, caben destacar el carácter justificado o injustificado de ésta (Andreu, Madroño, Zamora y Ramírez, 1996; Berkowitz y Powers, 1979; Peña, Andreu y Muñoz-Rivas., 1999), la visión de la violencia recompensada o castigada y la presencia de armas (Paik y Comstock, 1994), la identificación personal con la agresión y sus consecuencias (Rowe y Herstand, 1986), las actitudes y creencias normativas hacia la agresión interpersonal y la visión de la lencia televisada (Huesmann, Eron, Czilli y Maxwell, 1996; Walker y Morley, 1991), la identificación personal con los personajes agresivos (Huesmann et al., 1984, 2003), las atribuciones y la evaluación moral de los perpetradores de la violencia (Rule y Ferguson, 1986) y la valoración de la agresión observada; especialmente relevante cuando definimos el límite entre la agresión aceptada y la agresión censurable (Mustonen y Pulkkinen, 1993). Asimismo, como ya señaló Gunter (1985), el contexto moral del comportamiento debe ser un factor más a considerar ya que es un importante mediador en la percepción de la conducta antisocial. 

 Un trabajo reciente llevado a cabo por Huesmann et al. (2003) muestra que los niños que ven televisión violenta tienen una conducta más agresiva 15 años más tarde en comparación al grupo control, afectando más a los hombres que a las mujeres y a los niños más que a los adolescentes o a los adultos. Meyers (2003) encuentra resultados en la misma dirección, añadiendo cómo la agresión futura correlaciona más fuertemente con aquellos sujetos que previamente tenían altos niveles de agresión. En la misma investigación se encuentra que la educación paterna y el éxito escolar son las variables que presentan una mayor correlación negativa con la agresión y con ver televisión violenta, tanto en niños como en niñas, pudiendo ser consideradas como los factores de protección más importantes para estas variables. 

 Entre las últimas investigaciones sobre el tema, se ha encontrado otro efecto indeseable de la violencia televisiva, hasta ahora menos estudiado, como es la influencia que tiene en sujetos que no son agresivos. Parece ser que la visión de escenas violentas incrementa en ellos el miedo a ser víctima y temor a ser agredido en el mundo real y, este miedo, les puede llegar a convertir en objetivos de la agresión de compañeros agresivos o violentos (Del Barrio, 2004b; Donnerstein, 2004). 

 3.2.1.2. Diferencias entre zonas, comunidad y barrios 

 Quizás sean los estudios desarrollados por los representantes de la Escuela de Chicago (Burguess, Mckenzie, Thrasher, Shaw y McKay), dentro del marco teórico de las “Teorías Ecológicas”, los primeros en demostrar que la delincuencia era producida por la ciudad, e incluso cabía apreciar la existencia de áreas muy definidas, como la zona de fábricas, ferrocarriles, oficinas y almacenes del centro de la ciudad, suburbios, barrio chino; es decir, demostraron que la criminalidad aumentaba cuanto más se aproximaba al centro de la ciudad y a la zona industrializada (García-Pablos, 2001). 

 Parece evidente, desde un punto de vista social, que hay diferentes zonas en las que es más probable encontrar altos niveles de delincuencia. Hope y Hough (1988) y Mayhew, Aye Maung y Mirrless-Black (1993), por ejemplo, relacionan los índices de delincuencia con tres tipos de zonas: 1) sub-zonas de alto nivel en las zonas céntricas deprimidas de las ciudades (incluiría las casas de los ricos y las zonas de edificios de propiedad privada en ocupación múltiple); 2) zonas multirraciales que se corresponden con viviendas privadas en alquiler; y 3) complejos urbanísticos de subvención municipal en alquileres más reducidos/pobres, ubicados en zonas céntricas deprimidas o en el anillo exterior. 

 Es posible, por ejemplo, establecer un paralelismo en cualquier ciudad española con el estudio británico expuesto. Sirvan de ejemplo los registros de los barrios con altos índices de delincuencia juvenil aportados por González (1987) en Madrid y Barcelona. Así, en Madrid el orden de mayor a menor delincuencia sería: Canillejas, San Blas, Orcasitas y Vallecas; y en Barcelona, Las Ramblas o La Mina. 

 Numerosos estudios señalan que las características de los barrios influyen en un mayor desarrollo de violencia tanto en adultos como en niños y por igual en ambos sexos (Farrintong, Sampson y Wikström, 1993; Hawkins et al., 1999; Kupersmidt et al., 1995; Sampson y Lauritsen, 1994; Sampson, Raudenbush y Earls,1997; Scott, 2004; Tremblay et al., 1997). 

 Simcha-Fagan y Schwartz (1986), se centraron en el estudio de los efectos contextuales del barrio en la delincuencia y encontraron que el nivel económico de la comunidad, la subcultura de criminalidad y la desorganización comunitaria, se relacionaban significativamente con la delincuencia registrada oficialmente. 

 Stouthamer-Loeber et al. (1993) apuntan que cuando la pobreza del barrio es extrema, el riesgo de que se produzca violencia urbana es muy alto. De la misma forma, algunos autores ponen en evidencia que los barrios más desfavorecidos están asociados a una mayor presencia de sucesos vitales estresantes y, a su vez, a una mayor presencia de conductas agresivas en los jóvenes. Attar, Guerra y Tolan (1994), confirman esto en sus investigaciones. En comparación con los jóvenes que vivían en otros barrios más favorecidos, éstos estaban expuestos a mayores sucesos estresantes, lo que provocaba un aumento de comportamientos agresivos constatados por el profesor durante el periodo de un año. Asimismo, es muy posible también que las condiciones de una vida estresante derivada de vivir en un barrio desfavorecido, que provoca incomodidades para los niños y muchos problemas a los padres, les dificulte la tarea de criar a sus hijos de un modo constructivo (Scott, 2004). 

 Pero el tipo de barrio también afecta en la edad de comienzo de las conductas antisociales de los chicos. Loeber y Wikström (1993) encontraron que aquellos barrios peores o más desfavorecidos se caracterizaban por un inicio más temprano de los comportamientos antisociales y violentos (10-12 años) respecto a otros barrios. Estos resultados también fueron confirmados por Sommers y Basking (1993). 

 Sampson y Lauritsen (1994), se han dirigido hacia la búsqueda de relaciones entre diversas características de los barrios y las tasas de crímenes violentos, incluyendo: rotación y cambios de comunidad, heterogeneidad en la composición racial, densidad habitacional y poblacional y desorganización social comunitaria. Los hallazgos sugieren que la desorganización social y los cambios comunitarios son los que más contribuyen a incrementar las tasas de violencia dentro de una comunidad. 

 Maguin et al. (1995), en el Proyecto de Desarrollo Social de Seatle, estudian prospectivamente en una muestra de adolescentes de 18 años, la influencia de diferentes variables relacionadas con el barrio o la comunidad sobre la delincuencia. En primer lugar, evaluaron la influencia de la desorganización de la comunidad a través de una escala autoinformada de 6 items que evaluaba la percepción que tenían los adolescentes sobre su barrio entre los 14 y los 16 años, encontrando una mayor variedad de actos violentos a los 18 años en aquellos jóvenes que crecieron en barrios desorganizados. En los mismos sujetos se midió el grado de vinculación hacia el barrio a las edades de 10, 14 y 16 años a través de autoinformes, resultando ser dicho factor menos predictor de la violencia que haber vivido en una comunidad desorganizada. En segundo lugar, evaluaron la influencia de vivir en un barrio donde existiera una alta accesibilidad a las drogas. Dicha variable se midió a través de una escala autoinformada de tres items que evaluaba la disponibilidad de los estudiantes a la marihuana a los 10 años y a la marihuana y a la cocaína a los 14 y 16 años. Los resultados mostraron que una mayor disponibilidad de drogas durante la niñez y la adolescencia predecía una mayor variedad de comportamientos violentos a los 18 años. En tercer lugar, y en relación con la existencia de comportamientos delictivos llevados a cabo por adultos dentro  de la comunidad, encontraron que los niños que conocían a una mayor cantidad de adultos que vendían drogas o que participaban en alguna otra actividad ilegal dentro del barrio, tenían una mayor probabilidad de involucrarse en comportamientos violentos a los 18 años. De la misma forma, Thornberry, Huizinga y Loeber (1995) y Paschall (1996), encuentran mayor prevalencia de comportamientos violentos autoinformados a la edad de 16 y 14-18 años respectivamente, en aquellos adolescentes que estuvieron expuestos a la violencia o a la delincuencia en sus barrios o comunidad. 

 Otros resultados a favor de la relación entre las características del barrio y la comunidad y la conducta antisocial son los ofrecidos por Brewer, Hawkins, Catalano y Neckerman (1995), encontrando que una baja vinculación hacia el barrio y la desorganización en la comunidad, la disponibilidad de drogas y armas de fuego, la exposición a violencia tanto en el barrio como en los medios, la exposición a prejuicios raciales y la existencia de leyes y normas comunitarias que favorecen la violencia son factores que pueden influir en la aparición de la violencia individual. De la misma forma, Herrenkohl et al. (2001), encuentran nuevamente, que una baja vinculación hacia el barrio y ser varón, serían los factores de riesgo más directos hacia el desarrollo posterior de la conducta antisocial. 

 Guerra, Huesmann y Spindler (2003) sugieren en su estudio que el ser testigo de violencia dentro la comunidad influye en el comportamiento agresivo de los niños a través de la imitación y el desarrollo de cogniciones favorables a la violencia a medida que los niños se hacen mayores. 

 En el estudio realizado por Sampson et al. (1997) se demostró que el grado de cohesión social y los mecanismos de control informal existentes entre los vecinos, eran factores determinante para la prevención de la violencia, incluso en los barrios más pobres. Así también, mudarse de un barrio desfavorecido a otra zona mejor, reduciría los comportamientos antisociales (Scott, 2004). Eamon (2001) encuentra, como otro factor protector, que cuando se vive en una barrio de alto riesgo, las prácticas educativas parentales de carácter autoritario reducían la futura conducta antisocial de sus hijos.

 Otros estudios han focalizado su atención en buscar relaciones entre la conducta antisocial y el pertenecer a entornos urbanos o rurales (Elliot, Huizinga y Menard, 1989; Farrington, 1989b; Hawkins et al., 1999). Así, estudios recientes apuntan que a pesar de no encontrar una vinculación directa entre el tipo de hábitat (rural y urbano) y los comportamientos antisociales, existen otros factores observados en sus resultados que podrían hablar de un proceso de socialización defectuoso y ser estos los culpables indirectos de la aparición de dichas conductas, estos serían la escasa tendencia altruista (Holahan, 1996) y un menor grado de consideración hacia los demás (Arce, Seijo y Novo, 2004) encontrados en mayor proporción en individuos de ambientes urbanos frente a los rurales. 

3.2.1.3. El desempleo 

 Parecen también evidentes las relaciones que existen entre la falta de empleo y la delincuencia. Farrington et al. (1986), en un estudio longitudinal de chicos procedentes de zonas deprimidas de Londres, encontraron resultados interesantes respecto al desempleo. La investigación arrojó tres resultados importantes: 1) los jóvenes que llevaban al menos tres meses parados cometieron casi tres veces más delitos que el muestreo en su conjunto; 2) el índice de delitos se incrementó cuando estaban sin trabajo; y 3) el efecto del desempleo en la 79 delincuencia sólo era evidente en aquellos chicos con un alto índice anterior de delincuencia. Podría suponerse que la experiencia del desempleo hiciese más probable el que los individuos antisociales robasen con más frecuencia, siendo el efecto del desempleo relativamente inmediato. Sampson y Laub (1993) apuntan la probabilidad de que el efecto del desempleo sea más a largo plazo, provocando una reducción de los vínculos de la persona con la sociedad y sus valores, lo que podría explicar que en muchos casos no existiera una estrecha relación temporal entre las épocas de desempleo y los índices de delincuencia. 

 Fergusson, Lynskey y Horwood (1997a), en el estudio longitudinal de Christchurch, compararon las prevalencias de delincuencia en jóvenes de 17 y 18 años con el tiempo que habían permanecido desempleados entre los 16 y 18 años. Los resultados apuntaron claras diferencias, encontrando que el 11-12% de los chicos condenados habían estado desempleados durante un periodo de menos de seis meses sin embargo, la prevalencia de delincuentes aumentaba al 19,7% a la misma vez que lo hacía el tiempo de desempleo, siendo en este caso más de seis meses. Por contra, sólo el 2,2% de los chicos empleados habían sido condenados por delito. 

 Rutter et al. (2000) concluyen, al respecto, que el desempleo predispondría a un incremento de las actividades delictivas protagonizadas por aquellos individuos que ya tenían un alto riesgo debido a su propia conducta anterior, características y antecedentes psicosociales. No obstante, añade que no se sabe mucho de los mecanismos implicados y se necesitan más estudios al respecto que ayuden a entender mejor la influencia de dicho factor sobre el desarrollo de la conducta antisocial. 

 3.2.1.4. La pobreza y/o situación social desfavorecida 

 La mayoría de las teorías sociológicas sobre los factores determinantes de la delincuencia tienen como punto de partida el que la mayoría de los delincuentes proceden de un medio socialmente desfavorecido (Rutter y Giller, 1983). 

 Los indicadores de la desventaja socioeconómica como la pobreza extrema y el hacinamiento, se han asociado repetidamente con el incremento del riesgo de exhibir conductas antisociales por parte de los adolescentes (Evans, 2004; Farrington et al., 1990; James, 1995; Pfeiffer, 1998, 2004; Pfeiffer, Brettfeld y Delzer, 1997; Wilmers et al., 2002). 

 De la misma forma, Mayor y Urra (1991) y West (1982) señalan que existe una relación significativa entre la emisión de conductas antisociales y las clases sociales más bajas. Sin embargo, la interpretación de estos datos es bastante compleja, posiblemente debido a la asociación que existe entre estas clases sociales y otras variables como el tamaño de la familia, el hacinamiento y/o la poca atención prestada a los niños, que constituyen otros factores de riesgo. Cuando el efecto de estos factores han sido controlados, se ha visto como la clase social muestra poca o ninguna relación con la conducta antisocial (Robins, 1978; Wadsworth, 1979). 

 Sin embargo, Elliott et al. (1989) encontraron entre los jóvenes urbanos pertenecientes a la Investigación Nacional Juvenil de los Estados Unidos, que la prevalencia autoinformada de asaltos con intimidación y robos, era el doble de alta en los jóvenes pobres y de clase media.  

 Farrington (1989a) en su estudio de Cambridge sobre el desarrollo de la delincuencia en Londres, encontró que los bajos ingresos económicos en la familia a la edad de 8 años, predecía la violencia posterior y los arrestos por faltas violentas en los jóvenes. En Estocolmo (Wikström, 1985), en Copenhaguen (Hogh y Wolf, 1983) y en Nueva Zelanda (Henry et al., 1996) se han obtenido resultados similares. En comparación con los datos longitudinales de Londres, en el estudio con jóvenes de Pittsburgh, encontró que el pertenecer a familias que dependían de la beneficiencia aumentaba significativamente los niveles de conducta violenta. Otros estudios a nivel comunitario han considerado cómo la pobreza contribuye al desarrollo de la violencia. Por ejemplo, Smith y Jarjoura (1988) encontraron que las comunidades que se caracterizaban por su pobreza y por una rápida rotación de la población tenían tasas de crímenes significativamente mayores en comparación con áreas pobres, pero estables o áreas de alta rotación, pero con mayores ingresos económicos (Sampson y Lauritsen ,1994). Conger et al. (1994) encuentran que la presión económica afecta a la conducta antisocial, pero indirectamente, ya que estaría mediada por la depresión de algún progenitor, conflicto matrimonial u hostilidad de los progenitores. Un año más tarde 

Conger, Patterson y Ge (1995) analizaron el efecto de la tensión familiar en un estudio longitudinal, medido a través de una bajada en los ingresos o por enfermedad o lesión grave. Los efectos del estrés familiar estaban modulados por la depresión de los padres y la deficiente disciplina por parte de éstos. No obstante, hay que señalar que los conceptos de presión económica y de tensión familiar estaban definidos de forma general, hallándose una relación con la conducta antisocial muy débil. 

 Otros resultados a favor de la relación entre la situación social desfavorecida y la conducta antisocial son los ofrecidos por Pfiffner, McBurnett y Rathouz (2001), quienes hallaron un mayor índice de conducta antisocial en familias en las que el padre biológico no estaba en casa, correlacionando este hecho con el bajo estatus socioeconómico. La relación se invertía en aquellos casos en los que el padre sí que estaba en el hogar. 

 Dos estudios realizados en Alemania, el de Wetzels, Enzmann, Mecklenburg y Pfeiffer (2001) y Wilmers et al. (2002), ponen en evidencia un mayor prevalencia de violencia juvenil en grupos de extranjeros o inmigrantes, especialmente los de origen turco y yugoslavo, siendo éstos, los que habían sufrido un aumento de pobreza y desarraigo social mayor. Eamon (2001) señala que la relación encontrada en su estudio entre la conducta antisocial y la pobreza, estaba mediada por la influencia de la presión de los pares y vivir en un vecindario problemático.

Del Barrio (2004b) señala que no hay que olvidar que las clases sociales más bajas acumulan más factores de riesgo que hacen que se produzca un incremento de las conductas violentas y agresivas. El nivel de educación es más bajo por lo que no tienen acceso a una profesión segura, lo que les provocará niveles altos de frustración y la tentación de tomar por la fuerza lo que no se puede conseguir de otro modo. En un reciente trabajo, Evans (2004) demuestra cómo los bajos ingresos económicos correlacionan con un cúmulo de carencias de otro orden, entre las cuales estarían: menos supervisión de tareas escolares, más horas de televisión, menos acceso a libros y ordenadores, más familias rotas o desestructuradas, más violencia en el hogar, menos responsabilidad paterna y más autoritarismo, menos seguridad policial en los barrios, peores escuelas, menos recursos de ocio controlado, entornos más ruidosos y contaminados y peor salud.   

Finalmente, Gelles y Cavanaugh (2004) señalan que la situación económica y las desigualdades son dos de los factores sociales más importantes vinculados con la violencia por varias razones. En primer lugar, por ser un poderoso estresor vital. En segundo lugar, por correlacionar con otra serie de estresores vitales como pueden ser el desempleo, la enfermedad, la carencia de una vivienda digna, la falta de asistencia sanitaria, factores que se agravan si además viven en vecindarios con un alto grado de delincuencia. Y en tercer lugar, porque puede influir a nivel psicológico, como señala Gilligan (1996), una persona que se encuentra en una situación de deprivación como es la pobreza, puede generar sentimientos de vergüenza e inferioridad que potencien aún más la aparición de la conducta antisocial. 

 3.2.1.5. Las variaciones étnicas 

 Las variaciones étnicas también se han postulado como factor de riesgo del comportamiento antisocial. A pesar de que los registros oficiales casi siempre reflejan la existencia de diferencias en los índices de delincuencia entre personas de diferentes etnias o razas, preferentemente en grupos minoritarios o inmigrantes socialmente marginados, lo cierto es que no hay que olvidar que éstos resultados pueden estar sesgados al menos por dos motivos, por un lado, llaman más la atención de la policía, por lo que son más arrestados (Hagan y Peterson, 1995; Mann, 1993)y por otro, parece que la raza o la etnia influye más sobre la decisión de los jueces a inculparlos (Pope y Feyerherm, 1993; Tonry, 1995). Los estudios que evalúan la prevalencia de conducta antisocial de forma autoinformada, no encuentran diferencias significativas entre diferentes razas (Farrington et al., 1996a). Parece ser que lo que si se evidencia en algunos estudios es que existen diferentes patrones de comportamiento antisocial entre la raza blanca y negra (LaFree, 1995). Así, parece que los sujetos de raza negra son más arrestados por delitos relacionados con el robo, homicidio involuntario y crímenes violentos, mientras que los blancos son más arrestados por el resto de los delitos (Snyder y Sickmund, 1995). 

 El FBI afirma en su informe del año 2002 que los varones jóvenes de raza negra (de entre 18 y 24 años) presentan las tasas más altas de homicidio, siendo sus víctimas habituales otros varones jóvenes de raza negra. Otros grupos minoritarios residentes en Estados Unidos como los indios americanos o nativos de Alaska, también presentan altas tasas de violencia (Gelles y Cavanaugh, 2004). Pero como añade este autor, la interpretación de estos datos no debe olvidar que los grupos minoritarios presentan mayor probabilidad de atraer más la atención de las autoridades oficiales, de recibir una sanción, o de tener problemas económicos. Sin embargo, aún controlando los factores pobreza o los ingresos las diferencias siguen apareciendo. Hampton, Carrillo y Kim (1998) hablan de la existencia de otros estresores a los que estarían sometidos estos grupos minoritarios y que podrían explicar dicha diferencia, entre otros, estarían el desempleo, la desestructuración familiar, la densidad de población y la discriminación individual e institucional

De la misma forma, otros autores señalan que factores tales como el desempleo, la pobreza, los factores familiares de riesgo, normas culturales legitimadoras hacia la violencia o alguna combinación interfactorial, subyacerían a las diferencias encontradas en sus estudios (Pfeiffer, 1998, 2004; Wetzels et al., 2001; Wilmers et al., 2002). Así, el estudio de Peeples y Loeber (1994) halla que el índice de delincuencia de los afroamericanos que vivían en zonas que no eran de clase marginada no difería del de los blancos. 

 Por otra parte, McCord y Ensminger (1995) encontraron, en una muestra de estudiantes afroamericanos del estudio de Woodlawn, relaciones entre comportamientos violentos y haber sido víctima de discriminación racial, incluyendo haber tenido problemas para encontrar trabajo y casa. Asimismo, quienes informaron de estos incidentes de discriminación racial eran más violentos de adultos que los que no habían sido víctimas de estos prejuicios sociales.

3.2.2. Factores individuales

 Hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba que los modelos psicosociales y biológicos no sólo eran mutuamente excluyentes sino que, además, entraban en competencia. Sin embargo, hoy sabemos que todo comportamiento humano es, en mayor o menor medida, producto de la interacción entre determinadas experiencias vitales o variables psicosociales y un conglomerado de factores biológico-genéticos, por tanto, la aparición de la conducta antisocial estará modulada por dicha interacción. 

 3.2.2.1. Mediadores biológicos y factores genéticos 

 Rutter y Giller (1983) consideraron, entre otros, que no era demasiado útil buscar posibles influencias genéticas subyacentes a las diferencias individuales encontradas en la propensión hacia las conductas antisociales. No obstante, en la actualidad, el panorama es muy distinto, puesto que los factores de riesgo genéticos y biológicos (Lahey, McBurnett, Loeber y Hart, 1995; Raine, Brennan y Farrington, 1997; Susman y Finkelstein, 2001), los factores neuropsicológicos y la delincuencia (Milner, 1991), y, finalmente, los vínculos con el trastorno mental (Hodgins, 1993), han sido puestos claramente de relieve en el estudio del riesgo de comportamientos antisociales. 

 En este apartado se recogen aquellos estudios que relacionan determinadas anormalidades bioquímicas, estructurales y funcionales que se han encontrado vinculadas a los comportamientos antisociales y violentos (véase resumen Tabla 3.2.). 


3.2.2.1.1. Hormonas, neurotransmisores y toxinas 

 La investigación sobre hormonas y comportamiento agresivo y/o violento en humanos se ha centrado principalmente en dos tipos de estudios: a) el estudio de los trastornos endocrinos, básicamente en los síndromes hiper e hipogonadales y, b) los estudios correlacionales entre niveles de testosterona en plasma, saliva u orina y conducta agresiva medida a través de cuestionarios psicológicos y/o observaciones conductuales definidas. 

 Un estudio pionero sobre la relación entre la testosterona y la agresión auto-informada en hombres fue el realizado por Persky, Smith y Basu (1971). Se utilizaron sujetos varones normales a los que se les administraron diversos cuestionarios psicológicos, entre ellos, el Inventario de Hostilidad de Buss y Durkee -BDHI- (1957). Los resultados obtenidos mostraron una correlación significativa entre niveles superiores de testosterona, puntuaciones en el BDHI total y la testosterona plasmática total. El segundo factor obtenido en este cuestionario fue denominado sentimientos agresivos que también correlacionó significativamente con la producción de la hormona. Los autores sugirieron que la capacidad para experimentar sentimientos agresivos estaría asociada a la actividad gonadal masculina (Aluja, 1991). Sin embargo, estudios posteriores ( Doering et al., 1975; Meyer-Bahlburg y cols,1974) no llegaron a confirmar estos hallazgos obtenidos. 

 Aplicando el BDHI a un muestra de 101 voluntarios universitarios así como otras medidas de autoinforme, Monti, Brown y Corriveau (1977) no hallaron ninguna correlación significativa entre la escala total de este cuestionario y la testosterona, pero sí con la subescala Suspicacia, aunque de forma moderada. Sin embargo, tampoco se hallaron correlaciones entre la estructura factorial del BDHI, compuesta por tres factores denominados agresividad, súplica social y relajación, con los niveles de testosterona plasmática. 

 Olweus, Mattsson, Schalling y Löw (1980) utilizando otros tipos de autoinformes, entre ellos el Multifacet Aggression Inventory for Boys (OMFAIB), obtuvieron una relación significativa y positiva entre las subescalas relacionadas con la agresión física y verbal y los niveles de testosterona. Estos resultados serían concordantes con los obtenidos por Persky et al. (1971), puesto que el Factor II del BDHI queda integrado por agresión indirecta, irritabilidad y agresión verbal.

 Merece destacarse el hecho de que los trastornos agresivos constituyen una de las categorías principales en la que pueden agruparse los efectos psicológicos de la administración de esteroides androgénicos-anabolizantes como la testosterona (Salvador, Martínez-Sanchís, Moro y Suay, 1994). En esta línea de investigación, estudios realizados con sujetos transexuales han mostrado que la administración de testosterona aumenta la ira y la propensión a agredir, mientras que la administración de antiandrógenos las reduce (Van Goozen et al., 1995). 

 Para evaluar la agresividad de los sujetos, también se han empleado otros instrumentos diagnósticos, además de los cuestionarios psicológicos, mostrando que las relaciones entre hormonas y conducta agresiva son más consistentes cuando se emplean escalas de observación, historiales delictivos u otros criterios cumplimentados por terceras personas (Aluja, 1991). 


Estas relaciones también parecen más consistentes en sujetos jóvenes, sobretodo, cuando se estudian poblaciones especialmente agresivas. Ontogenéticamente, la influencia de la testosterona estaría modulada por la edad, de tal forma, que en el periodo perinatal y en la adolescencia su influencia sería crucial, pero disminuiría conforme avanza el periodo de desarrollo (Buchanan, Eccles y Becker, 1992). Se ha de tener en cuenta, además, la relevancia creciente de los factores sociales a medida que el sujeto madura. Estos factores sociales y de aprendizaje son más importantes conforme vamos avanzando en la escala filogenética, llegando a desempeñar un papel particularmente importante que debe ser considerado. 

 En función de los resultados obtenidos dentro de esta línea de investigación, se sugiere que la propensión a experimentar sentimientos agresivos podría estar asociada con una mayor capacidad de las gónadas masculinas para producir testosterona mientras que, la expresión manifiesta de sentimientos de hostilidad, podría estar más asociada a los niveles circulantes de la hormona (Suay et al., 1996). También son de destacar los estudios realizados en situación de competición humana, en los que se muestra una clara relación positiva entre la testosterona y algunos aspectos de la conducta competitiva como la ambición, la dominancia, la respuesta agresiva a la amenaza o la implicación en la competición (Salvador et al., 1994; Suay et al., 1996). 

 Actualmente, existen pruebas convincentes del vínculo entre la alta concentración de testosterona y el aumento de la conducta agresiva en los adultos (Raine, 2002a), llegándose incluso a demostrar cómo las influencias ambientales también se relacionan tanto con la testosterona como con el cortisol (Tremblay et al., 1997). Así, estos autores encontraron en el estudio de Montreal, cómo los chicos clasificados como bravucones a los 13 años, presentaban niveles más altos de testosterona, sin embargo, los niveles bajaban en los clasificados como agresivos. Este resultado podría evidenciar el hallazgo de que el rechazo social reduce los niveles de testosterona. Sin embargo, a los 16 años y con el paso de los años, dichos niveles aumentaban en los chicos agresivos. Estos resultados son compatibles con la idea de que los andrógenos desempeñan algún papel mediador en las relaciones causales entre las experiencias sociales y la agresión (Rutter et al., 2000). A pesar de esto, pocos investigadores han estudiado la existencia de interacciones biosociales. Dabbs y Morris (1990) hallaron entre los sujetos de bajo estatus socioeconómico que aquellos que tenían altos niveles de testosterona presentaban mayores tasas de delincuencia, no ocurriendo esto con los que tenían un alto estatus. Scarpa et al. (1999) constató que los niños maltratados que presentaban mayor respuesta de cortisol, puntuaban más alto en agresión. De la misma forma, Teicher (2000) resalta que la presencia excesiva de cortisol en sangre encontrada en niños maltratados, puede acabar dañando el hipocampo, lugar fundamental en el control de la agresividad. 

 En relación a las hormonas femeninas, el papel que juegan en la agresión es sugerido por sus funciones. No se espera que una mujer que se preparara o estuviera a la mitad de un embarazo tuviera alguna disposición a ser agresiva así que deberíamos deducir que la progesterona tendría un efecto inhibidor o reductor de la agresión. De forma similar, cualquier mujer lactante haría bien en defenderse contra cualquier amenaza hacia su cría y no comprometerse fácilmente en otros encuentros agresivos que pudieran conllevar lesiones directas o indirectas. 

Por tanto, podríamos sugerir que bajos niveles de progresterona podrían producir algún tipo de agresión, tal y como se constata en el síndrome premenstrual, donde algunas  mujeres muestran un aumento de su irritabilidad durante la semana previa a la menstruación y tales síntomas a menudo se alivian con suplementos de dicha hormona (Dalton, 1964). La administración de progesterona natural es, asimismo, efectiva para el control de la conducta sexual impulsiva y la agresión (Moyer, 1987). Así, la agresión entre hembras y particularmente conocida como agresión materna, está también modulada hormonalmente, de tal forma, que algunas hormonas gonadales y suprarrenales afectan a la agresividad durante el embarazo pero no durante la lactancia (Svare, 1981).  

Por otra parte, Carroll y Steiner (1978) informaron que altos niveles de prolactina combinados con bajos niveles de progesterona, pueden causar ansiedad o agresión irritable. Dada la disminuida agresión asociada a las mujeres, esperaríamos que el estrógeno, hormona asociada con las características sexuales femeninas, promovería niveles más bajos de agresión. 

 Herrmann y Beach (1978) informaron que las inyecciones de progesterona reducen la irritabilidad en los sujetos. Este efecto ha sido utilizado con éxito para disminuir problemas asociados con el síndrome premenstrual. Además, Meyer-Bahlburg (1981) informó sobre algunos efectos en los fetos producidos por la administración de hormonas para ayudar a sostener un embarazo. Los excesos de progesterona prenatal producían niveles más bajos de agresión tanto en varones como en mujeres. 

 A modo de conclusión y en relación con las investigaciones realizadas entre testosterona y conducta agresiva y/o violenta, se puede afirmar en general, la existencia de un incremento de los niveles plasmáticos de testosterona y un mayor comportamiento antisocial en varones (Flores, 1987; Mattsson et al., 1980; Olweus et al., 1980; Raine 2002a; Tremblay et al., 1997). Así, se ha llegado a señalar incluso que la testosterona es el candidato más prometedor de todos los mediadores biológicos (Rubinow y Schmidt, 1996). 

 Respecto a los neurotransmisores, hay una amplia bibliografía basada en estudios que consideran a la serotonina como un aspecto central en la regulación de la conducta agresiva impulsiva (Coccaro, 1989; Pedersen, Oreland, Reynolds y McClearn, 1993; Sanmartín, 2004; Spoont, 1992; Van Praag, 1991). A través de la enzima monoaminoxidasa (MAO) se han asociado niveles elevados de serotonina al comportamiento antisocial. Así, la baja actividad de la MAO en las plaquetas guarda relación con el delito violento (Belfrage, Lidberg y Oreland, 1992) y con la delincuencia persistente (Alm et al., 1994). 

 En este sentido, tal y como sugiere Gómez-Jarabo, Alcázar y Rubio, (1999), un posible marcador biológico de la agresividad podría ser la actividad monoamino-oxidasa (MAO) plaquetaria, una medida indirecta del funcionamiento serotoninérgico cerebral. Una disminución de la actividad MAO ha sido descrita en individuos violentos y en pacientes con trastornos del control de los impulsos (Buschbaum, Coursey y Murphy, 1976; Carrasco, Sáiz y Hollander, 1994). Los resultados obtenidos por Brunner et al., (1993) en una familia holandesa en la que catorce de sus miembros fueron detenidos por actos violentos continuados, indicaron la presencia de una mutación genética ligada al cromosoma X, que ocasionaba una alteración de la enzima MAO-A y que, a su vez, originaba una disfunción en la actividad serotoninérgica. 

El hallazgo más común en sujetos con historia de conducta violenta o impulsiva, incluido el homicidio, es el nivel significativamente bajo del principal metabolito de la serotonina, el ácido 5-hidroxi-indolacético (Brown et al., 1979; Linnoila et al., 1983; Raine y  Venables, 1992). En la última década, la investigación se ha centrado en el hecho de que la disminución de la actividad serotoninérgica se acompaña de un déficit del control de los impulsos e irritabilidad, lo que se traduciría en una mayor probabilidad de comportamientos violentos y no tanto en que la serotonina sea la responsable directa de tal comportamiento agresivo (Moffitt et al., 1997; Pine et al., 1997; Sanmartín, 2004). 

 Himelstein (2003) encuentra en su estudio que el funcionamiento serotoninérgico en la infancia, ayudaba a predecir no sólo el comportamiento agresivo futuro sino la persistencia de éste, de tal forma, que aquellos que presentaban bajos niveles de serotonina mostraban un comportamiento antisocial persistente en la adolescencia y edad adulta, por contra, desistían de dicho comportamiento si sus niveles de serotonina eran normales. 

 Respecto a otros neurotransmisores, se ha encontrado que la acetilcolina aumenta la agresión cuando se administra en el lóbulo temporal, el hipotálamo y otras áreas neuronales en varias especies animales. La exposición accidental, general, a los agonistas colinérgicos también puede aumentar la agresividad humana. Otras observaciones y manipulaciones apoyan aún más el efecto facilitador de la acetilcolina sobre la agresión (Ebel, Mack, Stefanovic y Mandel, 1973; Grossman, 1963; MacLean y Delgado,1953). En general, varios tipos de investigación apoyan la tesis de que la acetilcolina contribuye a la producción de comportamientos agresivos (Renfrew, 1997). 

 La noradrenalina (NA) también ha sido asociada con la agresión en experimentos psicofarmacológicos en los que la agresión se ve incrementada o reducida de manera paralela a los niveles de NA. También se produce una utilización elevada de la norepinefrina durante la agresión. En humanos, los estados maníacos se producen después de aumentos de NA o por agonistas, viéndose reducidos por la acción de los antagonistas (Eichelman y Barchas, 1975). 

Finalmente, la dopamina (DA) es un neurotransmisor que se ha involucrado en los efectos placenteros relacionados con la función que limita la agresión durante la actividad del Sistema de Inhibición de la Agresión. También ha sido asociada con el aumento de agresión en experimentos que involucran su manipulación. El desacuerdo surge en los papeles relativos de la DA y la NA. Parte de este desacuerdo resulta del hecho de que la DA es un precursor de la NA y los fármacos que afectan a la agresión afectan a menudo a ambos neurotransmisores (Alpert, Cohen, Shaywitz y Piccirillo,1981; Datla, Sen, Bhattacharya, 1992). En cuanto a determinadas toxinas y nutrientes, éstas también se han vinculado a un aumento de la probabilidad de ejercer conductas antisociales. Así, los hijos de padres alcohólicos tienen un riesgo sustancialmente mayor de exhibir conductas antisociales, además de otros tipos de psicopatología (Scott, 2004; Steinhausen, 1995) y especialmente cuando el consumo de alcohol es realizado en las primeras etapas del embarazo por parte de la madre, pudiendo provocar serios problemas, entre ellos falta de atención e hiperactividad (Streissguth, 1993). Respecto a la exposición de la nicotina, existen estudios que han establecido un vínculo significativo entre el consumo de tabaco durante el embarazo y el trastorno disocial y la delincuencia violenta posterior (Raine, 2002b). De la misma forma se ha encontrado como el número de cigarrillos consumidos por la madre durante el embarazo correlacionaba con la delincuencia violenta posterior de sus hijos y, no sólo durante la etapa adolescente, sino a lo largo de la vida (Brennan, Grekin y Mednick, 1999; Fergusson, 1999; Rasanen et al., 1999). Otro factor asociado ha sido la ingestión de plomo. Unos niveles moderadamente elevados de plomo en el cuerpo van asociados a ligeras disminuciones del rendimiento cognitivo  (Fergusson, Horwood y Lynskey, 1997b). Sin embargo, su relación con la agresividad no está demasiado clara. Needleman et al. (1996) encontraron en niños de 11 años relación entre niveles elevados de plomo en huesos y la conducta agresiva y delictiva manifestada, pero no a la edad de 7años. Otros estudios han puesto de manifiesto como diferentes aditivos alimentarios pueden ser causa de hiperactividad, por ejemplo, aquellos que presentan intolerancia a algún elemento de su dieta (Carter et al., 1993; Schulte-Korne et al., 1996; Taylor, 1991) o la deficiencia vitamínica (Eysenck y Schoenthaler, 1997) que puede reducir el rendimiento cognitivo. 

3.2.2.1.2. Sistema nervioso autónomo y estudios neurofisiológicos 

 La baja reactividad autonómica ha sido asociada a la producción de conductas delictivas, principalmente a través del hallazgo del menor número de pulsaciones encontrado en jóvenes que cometen conductas antisociales respecto a aquellos que no las cometen (Lösel y Bender, 1994; McBurnett, Lahey, Capasso y Loeber, 1997; Raine, Venables y Williams, 1995; Raine, Venables y Mednick, 1997). 

 Wadsworth (1976) encontró en la encuesta Británica Nacional de Salud y Desarrollo, que el 81% de los delincuentes violentos y el 67% de los delincuentes sexuales tenían frecuencias cardiacas por debajo del promedio. Se cree que un bajo número de pulsaciones es indicador de un temperamento temerario y/o de un bajo nivel de arousal, que predispone a algunos individuos hacia la agresión y la violencia (Raine y Jones, 1987). Hasta hoy, la evidencia no es suficientemente fuerte para utilizar este indicador físico/médico como la baja frecuencia cardiaca, para identificar a aquellos que están en riesgo de ser violentos. 

 Hay anormalidades neurofisiológicas que se han asociado también al aumento de la delincuencia. En este sentido, cobran importancia los estudios que relacionan determinadas anormalidades en el lóbulo frontal, ya sean estructurales o funcionales, con la aparición de conductas antisociales (Bauer, 2000; Chang, 1999; Miller, 1998; Raine, 2002b). Estos estudios surgen a raíz de las investigaciones que relacionan la psicopatía con el lóbulo frontal. Así, las reducciones del volumen de corteza gris prefrontal en pruebas de resonancia magnética (RM) (Raine et al., 2000), se han asociado a un menor flujo sanguíneo cerebral relativo en áreas frontales mediante tomografía por emisión de fotones únicos (SPECT) (Brower y Price, 2001), aun menor consumo de glucosa frontal a través de la tomografía por emisión de positrones (TEP) (Raine, 2001) y a determinados potenciales evocados cerebrales, como la P300, pertenecientes a áreas frontales (Kiehl, Hare, Liddle y McDonald, 1999). 

3.2.2.1.3. Embarazo y complicaciones en el parto 

 Los traumas prenatales y las complicaciones durante el embarazo están de alguna manera relacionados con comportamientos violentos en el futuro aunque los hallazgos varían según la muestra y los métodos utilizados para identificar dichos traumas prenatales. Kandel y Mednick (1991) encontraron que el 80% de los delincuentes violentos presentaron mayores complicaciones durante el parto comparado con el 30% de los delincuentes contra la propiedad y el 47% de los no delincuentes. Sin embargo, hay evidencia de que el trauma prenatal es predictor de la violencia sólo en los niños criados en ambientes familiares inestables (Mednick y Kandel, 1988), sugiriendo que un ambiente familiar estable podría servir como factor protector de la influencia de estos traumas. Además, los traumas prenatales también predicen un mayor riesgo de hiperactividad, lo que en sí mismo es un factor de riesgo  para la violencia, sugiriendo la existencia de diversos caminos para llegar a la conducta violenta después de haber padecido traumas prenatales. Se debe destacar que los traumas prenatales y las complicaciones en el parto están relacionados con el comportamiento violento posterior, pero no así con la conducta criminal no violenta (Mednick y Kandel, 1988), sugiriendo que podrían producirse daños sobre los mecanismos cerebrales que inhiben la conducta violenta de forma específica (Reiss y Roth, 1993). 

No obstante, debemos resaltar que Denno (1990) no encontró que las complicaciones durante el embarazo y el parto fueran capaces de predecir arrestos por violencia hasta los 22 años, como tampoco se encontró en el estudio de Cambridge (Farrington, 1997b). 

 Varios estudios han mostrado que la influencia de haber padecido complicaciones en el parto sobre la conducta antisocial futura dependerá de la presencia de otros factores de riesgo de carácter psicosocial. Así, Raine, Brennan y Mednick (1994) encontraron como las complicaciones en el parto interactuaban con el rechazo materno durante el primer año de vida en la predicción de la delincuencia a los 18 años. Estos mismos autores, tras realizar un seguimiento de los chicos, encontraron que la influencia de dicha asociación de factores apareció sólo para la delincuencia de tipo violento (Raine, Brennan y Mednick, 1997). Piquero y Tibbetts (1999) en su estudio longitudinal encontró que aquellos sujetos que habían tenido complicaciones pre/perinatales como un entorno familiar desfavorable tenían mayor probabilidad de acabar siendo delincuentes violentos a la edad adulta. De modo similar, complicaciones durante el embarazo junto con malas prácticas de crianza (Hodgins, Kratzer y McNeil, 2001) o inestabilidad familiar (Arsenault, Tremblay, Boulerice y Saucier, 2002) también predecían mayor violencia adulta. 

 Por tanto, las complicaciones en el parto, tales como la privación del oxigeno, la extracción con fórceps y la preeclampsia, pueden contribuir a provocar daño cerebral y ser una de las causas tempranas que se dan en niños y adultos antisociales. Aun así, puede que las complicaciones en el parto no predispongan al delito por sí mismas, sino que requieran la presencia de circunstancias ambientales negativas para desencadenar la violencia posterior (Raine y Chi, 2004). 

3.2.2.1.4. Anomalías cromosómicas 

 A mediados de los años 60, un estudio pionero llevado a cabo con delincuentes en prisión, halló en esta población una excesiva presencia de la anomalía cromosómica XYY (Jacobs et al., 1965). Aunque los comportamientos delictivos son claramente más numerosos en los individuos XYY, en comparación con los XY de la misma edad, peso, inteligencia y clase social, sus delitos son relativamente triviales (Witkin et al., 1976). Más recientemente, otros estudios han encontrado que los individuos XYY tienen un índice de delincuencia varias veces superior al de los individuos XXY, siendo el índice de estos últimos prácticamente igual al de la población general y no pudiendo atribuir las diferencias a un bajo CI (Götz, 1996; Walzer, Bashir y Silbert, 1991). 

 Como recogen Rutter et al. (2000), la presencia de XYY no causaría la delincuencia directamente sino que, junto a otros factores, incrementaría la probabilidad de ejercer conductas antisociales. La única evidencia genética con relativo poder explicativo subyace a un trastorno genéticamente vinculado al metabolismo de la monoaminoxidasa (Brunner et al., 1993; Brunner, 1996).  

3.2.2.1.5. La transmisión familiar 

 Hoy en día se dispone de pruebas fehacientes que apoyan la influencia genética sobre el comportamiento antisocial (Cleveland, Wiebe, Van den Oord y Rowe, 2000; Eley, Lichtenstein y Stevenson, 1999; Ge et al., 1996; Rutter, 1997). A continuación, se presentan aquellos estudios que sitúan a la familia como piedra angular de la posible transmisión genética de una predisposición a realizar conductas antisociales. 

1. Estudios con familias. 

Se ha observado que los padres antisociales tienen más probabilidad de tener hijos que desarrollen conductas delictivas. Un estudio clásico de Robins (1966) situaba el comportamiento criminal del padre como uno de los mejores predictores de la conducta antisocial del hijo. 

En los últimos años se han acumulado evidencias a favor de una heredabilidad de las características biológicas moduladoras de la conducta delictiva. Farrington, Barnes y Lambert (1996) encuentran que la delincuencia se concentra marcadamente en algunas familias y se transmite en mayor grado de generación en generación. En esta línea, se ha demostrado que aunque las variables relacionadas con el entorno familiar van significativamente asociadas a la delincuencia de la descendencia, su efecto es más débil que el de la delincuencia paterna o materna después de considerar otras variables, pese a que ambas son estadísticamente importantes (Rowe y Farrington, 1997). Asimismo, está tomando fuerza la posición que incide en que habría un sustancial componente genético en la agresividad y en la conducta perturbadora, reduciéndose su importancia sobre la delincuencia (Van der Oord, Boomsma y Verhulst, 1994). Habitualmente se tiende a pensar que la influencia genética sobre el delito violento es más poderosa que sobre el delito insignificante. Sin embargo, los estudios revelan resultados opuestos a las creencias implícitas (Bohman, 1996; Cloninger y Gottestman, 1987). 

 2. Los estudios con gemelos. 

El primer estudio realizado con gemelos criminales fue realizado por el psiquiatra alemán Lange (1929), quien encontró un 77% de concordancia en la criminalidad de gemelos monozigoto (MZ) y un 12% para los dizigoto (DZ), concluyendo que la heredabilidad jugaba un papel preponderante como causa del crimen. Christiansen (1977) encontró una concordancia del 52% en una población de presos MZ (masculino-masculino) en comparación con el 22% en DZ (masculino-masculino). 

3. Los estudios de adopción. 

Las limitaciones de los estudios con gemelos están vinculadas a su dificultad para separar las causas genéticas de las ambientales. Asimismo, el papel diferencial que podrían ejercer las propensiones genéticamente condicionadas en los niños situados en entornos de muy alto riesgo y sobre las que hay total incertidumbre acerca de su hipotética realidad, conducen a pensar en un enfoque no tan reduccionista como es el genético (Baumrind, 1993). Por tanto, los estudios con hijos adoptivos separan más adecuadamente las causas genéticas y ambientales. Crowe (1974) encuentra un incremento significativo de la criminalidad en jóvenes adoptados que tenían madres biológicas criminales. 

El componente genético parece ser considerablemente más fuerte en el caso de la conducta antisocial que perdura en la vida adulta en comparación con las etapas circunscritas a la niñez y a la adolescencia en hijos adoptivos (Miles y Carey, 1997). Los datos acerca de gemelos e hijos adoptivos que, en los últimos años, han proliferado (Bock y Goode, 1996; Carey y Goldman, 1997; Miles y Carey, 1997), evidencian eficazmente la influencia de los efectos genéticos frente a los ambientales. En estos estudios, la influencia genética aparece menos en las investigaciones llevadas a cabo con hijos adoptivos que con gemelos, apoyando la inferencia de un valor significativo de la genética en la conducta antisocial. Sin embargo, existen otros estudios de adopción que ponen de manifiesto que cuando se da una interacción entre los factores genéticos y los ambientales, aumenta la probabilidad de que aparezcan comportamientos delictivos (Cleveland et al., 2000). Así, con una muestra de varones adoptados, tener padres biológicos criminales y una crianza negativa por parte de los padres adoptivos, presentaba mayor tasa de delincuencia que si considerábamos ambos factores por separado (Cloninger et al., 1982). Los mismos resultados se obtuvieron con una muestra de mujeres (Cloninger y Gottesman, 1987). Otros estudios han confirmado también la interacción, encontrando mayores niveles de agresión en chicos que además de tener padres biológicos con trastorno de personalidad antisocial y/o alcoholismo, existía un ambiente familiar negativo en el hogar adoptivo (Cadoret et al., 1995).

3.2.2.2. Factores biológico-evolutivos 

 El objetivo de este apartado es señalar aquellos factores vinculados a las diferencias sexuales y por edad, que tienen un indudable valor para la comprensión del desarrollo y mantenimiento de las conductas antisociales, así como también de su evolución temporal (véase resumen Tabla 3.3.). 

3.2.2.2.1. Diferencias sexuales 

 Las estadísticas oficiales de todos los países muestran claramente que hay más varones que mujeres arrestados y hallados culpables de delitos (Defensor del Pueblo, 2000; Ministerio del Interior, 2003). Lo mismo ocurre con los estudios de investigación, uno de los resultados más repetidos sobre la conducta antisocial es que los varones la manifiestan con mayor frecuencia y de formas más graves que las mujeres, diferencia que se manifiesta desde la infancia y en cualquier contexto (Cabrera, 2002; Cowie, 2000; Del Barrio, 2004a; DíazAguado y Martínez Arias, 2001; Flores, 1982; Garaigordobil, Álvarez y Carralero, 2004; Gelles y Cavanaugh, 2004; Moffitt, Caspi, Rutter y Silvia, 2001; Serrano, 1983; Smith, 1995; Sobral, Gómez-Fraguela, Romero y Luengo, 2000; Thornberry, 2004; Wilmers et al., 2002). 

 En la literatura existente se ha debatido principalmente sobre el papel que podrían tener en la agresividad distintos componentes biológicos asociados al género. Los andrógenos prenatales, que desempeñan una función organizadora en el desarrollo del cerebro en los seres humanos (Berkowitz, 1996; Swaab, 1991), podrían ser una fuente de explicación de la mayor agresividad observada en varones. Sin embargo, y a la luz de los datos actualmente disponibles, hay que considerar que las diferencias de andrógenos en la época del nacimiento pueden tener un mínimo papel en las diferencias de género existentes en la agresividad. Asimismo, el aumento de testosterona en la pubertad de los varones ha de ser visto como una sugerencia de investigación y no una conclusión firme (Rutter et al., 2000). 

Los varones son más agresivos físicamente que las mujeres en la mayoría de los escenarios naturales (Eagly y Steffen, 1986), aunque no tienen más probabilidades de mostrar su agresividad dentro de la familia (Straus y Gelles, 1990). La diferencia de género determina una mayor agresividad física en los varones (Eagly y Steffen, 1986). Campbell (1995) señala, al respecto, que la agresividad de los varones es un mecanismo para afianzar su dominio y poder, mientras que en las mujeres lo sería para expresar sentimientos negativos. Así, Cummings y Leschied (2001) añaden que las mujeres afirman experimentar más sentimientos negativos antes de implicarse en peleas verbales o físicas. Pfeiffer y Wetzels (1999) aporta pruebas de que la crianza por parte de los padres es un factor clave en las diferencias entre los sexos, ya que los padres condenan los actos violentos más severamente cuando son cometidos por las chicas que por los chicos, sin embargo, parecen utilizar más el castigo físico con los varones (Del Barrio, 2004a). 

 El estudio tradicional del dimorfismo sexual en el comportamiento agresivo humano se ha conceptualizado desde un planteamiento operacionalmente cuantitativo: quién es más agresivo en sus acciones o en sus disposiciones comportamentales. Parece más prudente, sin embargo, analizar sus eventuales diferencias cualitativas: de qué manera suelen expresar su agresividad cada uno de los sexos. En la actualidad, el punto de partida del estudio de las diferencias sexuales en el comportamiento agresivo, se sitúa en el planteamiento general de que estas diferencias son más pronunciadas en aquellos tipos de agresión más extremos. A tenor de múltiples estudios realizados en este sentido, los hombres muestran mayor agresión física que las mujeres mientras que existen menores diferencias en cuanto a la agresión verbal. Asimismo, los hombres expresan mayor impulsividad y hostilidad, siendo las diferencias existentes entre ambos sexos menores que para el caso anterior (Andreu et al., 1998; Archer, et al., 1995; Archer, 1998). 

 Estos resultados no significan que las mujeres sean menos agresivas que los varones sino que prefieren utilizar otro tipo de estrategias agresivas no físicas, tales como las conocidas como agresión indirecta, en las que no se produce un enfrentamiento agresorvíctima directo, cara a cara. Por otra parte, la representación social o la atribución hacia la agresión también diferiría: los hombres perciben la agresión de modo más instrumental, como una manera de controlar a los demás, mientras que las mujeres lo hacen de forma más expresiva, como pérdida de control (Campbell y Muncer, 1994). En otras expresiones agresivas, como la ira, apenas se constatarían diferencias entre ambos sexos (Andreu et al., 1998; Archer et al., 1995). 

 Las diferencias sexuales relacionadas con la conducta antisocial incluyen tanto los comportamientos comúnmente observados, como los estados psicopatológicos. Los comportamientos agresivos que ocurren más a menudo en los niños varones incluyen luchas físicas, agresión reactiva, imitación de la agresión de otros, juegos bruscos y fantasías agresivas (Meyer-Bahlburg, 1981). Cantwell (1981) anota que el Trastorno de Personalidad Antisocial se diagnostica, a una edad temprana, más a menudo en los niños que en las niñas; encontrándose, a su vez, que es subsecuente a los diagnósticos previos de Déficit de Atención con Hiperactividad. 

 Otra interpretación sería que es muy probable que los varones tengan una mayor predisposición a inmiscuirse en situaciones problemáticas (Rutter, 1970). Parece que los niños son más vulnerables a los riesgos psicológicos asociados a la discordia familiar (Rutter y Quinton, 1984). En esas situaciones, las conductas hostiles de los niños tienden a hacer que las madres se retraigan, fomentando, a su vez, una mayor hostilidad en los niños (Jacklin y Maccoby, 1978). 

 La cultura de los chicos y chicas difiere notablemente entre sí, desempeñando una indudable influencia en el posible desarrollo de conductas antisociales. Así: 1) desde la infancia, los chicos tienden a jugar más en lugares públicos que las chicas, las cuales juegan preferiblemente en recintos cerrados (Lever, 1976); 2) los chicos juegan en grupos grandes, mientras que las niñas se juntan en diadas y/o triadas (Brooks-Gunn y Schempp, 1979); 3) el juego de los varones es de un mayor contacto físico y rudeza en comparación con el de las niñas (De Pietro, 1981); 4) hay más peleas en los grupos de chicos (Luria y Herzog, 1985); 5) los encuentros sociales entre varones tienden a estar orientados a la dominancia o la formación de jerarquías (McLoyd, 1983); 6) el liderazgo en las mujeres es visto como algo favorable, imitable y que permite obtener buenos resultados, sin embargo, en los varones es visto como dominante y puede tomar formas agresivas o de humillación (DePietro, 1981); 7) el concepto de amistad es distinto en las mujeres que en los varones, predominando en ellas relaciones más profundas y emotivas (Lever, 1976); 8) no queda claro si es más fácil entrar en grupos de varones que en grupos de mujeres (McLoyd, 1983); 9) el contenido del discurso en las mujeres tiende a crear y mantener relaciones y, en caso de críticas, las realiza de forma aceptable frente a un estilo más agresivo en los varones (Lever, 1976).


3.2.2.2.2. Diferencias por edad 

 No es fácil determinar si con el tiempo los niños se hacen más o menos agresivos porque los actos agresivos o antisociales que se manifiestan a los dos años no se pueden comparar directamente con los de un niño de distinta edad. Como resultado, los investigadores han elegido estudiar cambios relacionados con la edad tanto en la forma de la conducta agresiva como en las situaciones que la provocan (Shaffer, 2002). 

 Aunque la conducta antisocial está más asociada a la etapa de la adolescencia, donde su presencia es más elevada, las primeras manifestaciones agresivas y violentas tienen su aparición a los dos o tres años de edad (Loeber y Farrington, 2001). A partir de ahí, y durante el transcurso de la infancia, la agresión física y otras formas de conducta antisocial manifiesta comienzan un declive a medida que los niños se van haciendo más competentes en resolver sus disputas de una manera más amigable (Loeber y Stouthamer-Loeber, 1998; Tremblay, 2000, 2001). Sin embargo, la agresión hostil, en especial entre los chicos y la agresión verbal en el caso de chicas, muestran un ligero incremento con la edad, aún cuando la agresión instrumental y otras formas de conducta alborotadora se hacen menos frecuentes. Progresivamente, la incidencia de peleas y otras formas de agresión manifiestas, fácilmente detectables, sigue disminuyendo desde la infancia a lo largo de toda la adolescencia, una tendencia válida para ambos sexos (Stanger, Achenbah y Verhulst, 1997; Tremblay, 2000). Para algunos niños, sin embargo, esta disminución no es todo lo rápida que debiera ser y continúan siendo mucho más agresivos, rebeldes y difíciles de manejar. Existe por tanto un fuerte continuo que va desde el comportamiento antisocial en la infancia a la conducta antisocial y la criminalidad en la edad adulta. Así pues, la mayor parte de las conductas antisociales graves tienen sus raíces en la infancia temprana, siendo muy pocas personas las que se convierten por primera vez en serios antisociales en la edad adulta (Scott, 2004). 

 Es evidente que no todos los niños conflictivos en edad preescolar llegan a ser delincuentes, así como el que no todos los delincuentes han sido conflictivos en sus etapas preescolares (Rutter et al., 2000). Moffit (1993), al respecto, distingue la conducta antisocial estática en la adolescencia y la persistente en la vida adulta. Obviamente, el presentar conductas antisociales en la niñez puede ser un factor de predisposición para una mayor inadaptación social en la adultez (Robins, 1986; Thornberry, 2004). Sin embargo, los resultados procedentes de estudios longitudinales han de ser observados a la luz de sus limitaciones para comprobar hipótesis causales. 

 Otra vertiente investigadora con estudios longitudinales ha sido la de las llamadas carreras delictivas. Garrido (1984) señala que estas carreras comienzan durante el inicio y la mitad de la adolescencia. Hay dos estudios clave en la comprensión de las carreras delictivas. Por un lado, estaría el de Filadelfia (Wolfgang, Figlio y Stelim, 1972) y, por el otro, el de Londres (Farrington, 1995). En el estudio de Filadelfia los chicos arrestados a la edad de trece años fueron más frecuentemente arrestados que aquellos apresados por primera vez cualquier otra edad. Además, aquellos muchachos definidos posteriormente como delincuentes crónicos sufrieron su primer arresto con una anticipación media de dos años en relación al resto de la muestra. En la misma línea, el estudio de Londres confirmaba que el índice de reincidencia se elevaba marcadamente desde la primera condena hasta la tercera y, posteriormente, solo aumentaba ligeramente; así como que unos sujetos, los que desistían, mostraban bajas probabilidades de reincidencia y otros, los que persistían, mostraban elevadas probabilidades. 

No obstante, como señala Farrington (1986), las carreras criminales adultas no emergen sin previo aviso. La aparición temprana del comportamiento violento y la delincuencia predice una mayor cronicidad y gravedad del delito violento (Farrington, 1991; Krohn, Thornberry, Rivera y LeBlanc, 2001; Thornberry, Huizinga y Loeber, 1995; Thornberry, 2004; Tremblay, 2001), pero no está claro como esa pronta iniciación determina el posterior aumento de la violencia con el paso de los años. 

Farrington (1986) encuentra que los jóvenes convictos o que admitían una historia previa de multitud de actos delictivos era identificados como problemáticos, deshonestos y agresivos por sus profesores, compañeros y profesores en edades tempranas, incidiendo estos datos en una posible continuidad del comportamiento antisocial. Asimismo, Farrington (1995) encuentra que la mitad de los jóvenes convictos por delitos violentos entre las edades de los 10 y los 16 estaban convictos por delitos similares a la edad de los 24, en comparación con el 8% de los que no habían sido convictos en la adolescencia. White et al. (1990) establecieron diferencias por sexos. Se evaluó la violencia auto-informada de 219 mujeres y 205 varones en tres edades distintas: los 15, 18 y 21 años. La violencia a los 15 años predecía violencia en los años posteriores en los varones, pero esta relación era menos consistente en el caso de las mujeres. Tras medir la violencia ejercida por niños de 6 años, Tremblay et al., (1992) obtuvieron resultados similares. 

 Para finalizar, resaltaremos los resultados obtenidos en el estudio de desarrollo juvenil de Rochester (Thornberry, 2004). Esta investigación longitudinal compara delincuentes infantiles o de “inicio temprano” con aquellos que empiezan a delinquir durante la adolescencia, encontrando claras diferencias tanto en la gravedad de los comportamientos como en la persistencia. Así, los delincuentes infantiles (de inicio temprano), además de presentar mayor presencia de factores de riesgo en el ámbito familiar, social, escolar y del grupo de iguales, se implicaban en un mayor número de actos antisociales y delictivos, en comportamientos más graves y violentos y en consumo de drogas, a la vez que también presentaban una mayor persistencia de su comportamiento hacia la adultez, relacionandose con una carrera delictiva y criminal más extensa. 

Dicho esto, y aunque es evidente la fuerte relación que existe entre un inicio temprano y la mayor presencia y gravedad de comportamientos antisociales tanto en la adolescencia como en la adultez, cabe destacar que el inicio temprano no equivale invariablemente a la delincuencia, ya que la mayoría de estos delincuentes no terminan siendo adultos criminales, pero si es cierto que aumenta la probabilidad (Maahs, 2001; Thornberry, 2004). 

3.2.2.3. Factores psicológicos 

 Los factores psicológicos hacen referencia, básicamente, a una serie de variables y características de la personalidad, a determinados problemas de conducta y/o psicopatológicos, así como a la influencia diferencial de los estilos de afrontamiento y/o actitudes personales (véase resumen Tabla 3.4.). 

3.2.2.3.1. Hiperactividad y déficit de atención y concentración 

 Multitud de estudios han relacionado una serie de características psicológicas tales como la hiperactividad y los déficits de atención y concentración, con una probabilidad incrementada de manifestar conductas antisociales en el futuro, a la vez que han corroborado las diferentes características que van asociadas a la presencia o ausencia de hiperactividad. Así, y siguiendo a Rutter et al., (2000), la conducta antisocial que va acompañada de hiperactividad y/o falta de atención se destaca del resto por la presencia de las siguientes características: a) un inicio temprano en la niñez (Campbell, 1997; Farrington et al., 1996b; Taylor, Chadwick, Heptinstall y Danckaerts, 1996; Thornberry, 2004), b) una fuerte asociación con disfunción social y déficit en las relaciones con sus coetáneos (Stattin y Magnusson, 1995), c) alta persistencia al entrar en la vida adulta (Farrington et al., 1996b; Thornberry, 2004), d) asociación con problemas cognitivos (Fergusson, Horwood y Lyneskey, 1993; Hinshaw, 1992; Rutter et al., 1997), e) buena respuesta a la medicación estimulante (Taylor et al., 1987) y f) un fuerte componente genético (Eaves et al., 1997; Silberg et al., 1996).

El estudio de Loney, Whaley-Klahn, Kosier y Conboy (1983), indica que la hiperactividad es una característica individual que no se comparte con los hermanos. En su estudio, los niños diagnosticados como hiperactivos eran notablemente más violentos que el total de sus hermanos varones, aunque reconocen que aún no se comprenden bien los mecanismos por los cuales la hiperactividad se relaciona con la violencia posterior. Asimismo, añaden, que la evaluación de los profesores sobre los problemas de concentración que 102 presentaban los niños también predecía los comportamientos violentos posteriores, tanto en la adolescencia como en la adultez, en el caso de los varones. De la misma forma, y sugiriendo modelos multivariados para entender los comportamientos violentos, el tener problemas de concentración también predice dificultades académicas, lo que en sí mismo es un predictor de violencia posterior. Por último, la evaluación de los profesores sobre la presencia de inquietud o hiperactividad en los niños, incluyendo la dificultad para permanecer sentado, la tendencia a estar inquieto o agitarse y la frecuencia con la que hablaban estaban positivamente relacionados con la violencia posterior en el caso de los varones.

 Farrington (1989a) encontró relación entre problemas de concentración, impulsividad y conductas de riesgo en niños de 8 y 10 años y una mayor probabilidad de autoinformar violencia entre los 16-18 años y con mayor probabilidad de haber realizado crímenes violentos entre los 10 y los 32 años. De la misma forma, Mannuzza, Klein, Konig y Giampino (1989) encontraron en un estudio prospectivo de niños varones de raza blanca, diagnosticados y tratados por hiperactividad durante la infancia frente a un grupo control, que en la edad adulta, entre los 19 a los 26 años, presentaban mayor porcentaje de delitos de robos y asaltos registrados oficialmente. 

 Por ejemplo, en el estudio longitudinal de Orebro en Suecia, también hallaron que el 15% de los chicos que presentaban problemas de hiperactividad y dificultades de concentración a los 13 años, fueron arrestados por comportamientos violentos a la edad de 26 años, frente al el 3% de los demás chicos (Klinteberg, Andersson, Magnusson y Stattin, 1993). Así, los niños hiperactivos e inquietos, que tienen problemas de concentración en la escuela y que asumen conductas de riesgo, están en un mayor riesgo de desarrollar comportamientos violentos en el futuro que aquellos que no poseen estas características. Otro estudio longitudinal sueco señalaba la medida en que los niños con múltiples problemas como la hiperactividad, falta de concentración, baja motivación escolar, rendimiento por debajo del nivel exigido y las deficientes relaciones con los de su misma edad, presentaban mayor probabilidad de cometer conductas delictivas y abuso de alcohol en la etapa adulta (Stattin y Magnusson, 1995). 

 Maguin et al. (1995), en el Proyecto de Desarrollo Social de Seatle, estudian prospectivamente en una muestra de adolescentes, la influencia de diferentes variables individuales sobre la delincuencia, encontrando que el haber presentado a la edad de 10, 14 y 16 años problemas de hiperactividad y déficit de atención predecía comportamientos violentos autoinformados a la edad de 18 años. 

 La presencia de la hiperactividad también ha sido relacionada con la probabilidad de manifestar actos delictivos tempranos, así como con una mayor probabilidad de reincidencia en el delito en la vida adulta (Farrington et al., 1996c). Estudios complementarios realizados con niños hiperactivos y/o con déficit de atención han evidenciado también el posterior desarrollo en la adolescencia de conductas antisociales (Campbell, 1997; Taylor et al., 1996). Así, en el estudio longitudinal de Pittsburgh, se encontró que apesar de que la hiperactividad se asociaba con un mayor riesgo de presentar todas las formas o tipos de conducta antisocial, la asociación principal se daba con la persistencia de esas conductas más que con su gravedad (Loeber et al., 1997). 

 De la misma forma, estudios más recientes también confirman esta relación. Así, Himelstein (2003) encontró que tanto la presencia de conductas agresivas como problemas de hiperactividad en la infancia contribuían a predecir la conducta antisocial en la adolescencia. Barkley, Fischer, Smallish, Fletcher (2004), han señalado que los niños hiperactivos cometen actos antisociales con más frecuencia y variedad frente a los no hiperactivos, mientras que Simonoff et al. (2004) resaltan tras sus hallazgos que, tanto la presencia de problemas de hiperactividad como de trastornos de conducta en la infancia, tienen un fuerte poder predictivo sobre la aparición posterior de trastorno antisocial de la personalidad y problemas de delincuencia en la etapa adulta. 

3.2.2.3.2. Trastornos emocionales: ansiedad y depresión 

 Una segunda categoría de las características psicológicas investigadas en relación al comportamiento antisocial y/o violento son las emociones negativas en las que se incluyen, fundamentalmente, la ansiedad y la depresión. Muchos individuos que ejercen conductas antisociales manifiestan una alta comorbilidad con trastornos emocionales (Dishion, French y Patterson, 1995; Lahey y McBurnett, 1992). En varios estudios longitudinales y epidemiológicos en población general se ha podido comprobar la relación existente entre perturbaciones emocionales y una mayor probabilidad de ejercer conductas antisociales (Lund y Merrell, 2001; Nottelman y Jensen, 1995; Simonoff et al., 1997). Asimismo, Stefuerak, Calhoun y Glaser (2004) sugieren en su estudio que los trastorno emocionales podrían ser considerados como un canalizador hacia la delincuencia, así como también la personalidad antisocial. 

 En relación a diferencias sexuales, Smith (2002) encontró que los factores de riesgo emocionales afectarían más a las niñas que a los niños para el incremento de la conducta antisocial, encontrando también dichas diferencias para los factores de riesgo familiares. 

 En relación a la depresión, los hallazgos subrayan que en la medida de que la conducta antisocial va asociada a perturbaciones depresivas, aumenta el riesgo de que aparezcan conductas suicidas (Hinshaw et al., 1993; Rutter, Silberg y Simonoff, 1993; Rutter et al., 1997). Sin embargo, también ha parecido una correlación ligeramente negativa entre el nerviosismo y la ansiedad y la posibilidad de ejercer conductas antisociales (Mitchell y Rosa, 1979), e incluso estudios que no han mostrado tal relación (Farrington, 1989b; Vermeiren, Deboutte, Ruchkin y Schawab, 2002; Vermeiren et al., 2004). 

 Respecto a la depresión, no debemos olvidar que presenta una comorbilidad con la agresión en el 50% de los casos, por lo que muchos jóvenes deprimidos expresan su malestar mediante conductas oposicionistas o violentas, tanto verbalmente como hacia uno mismo, este el caso de la adicción a las drogas, conductas de riesgo o el suicidio (Del Barrio, 2004a). En esta dirección, Fombonne et al. (2001) encuentra como aquellos jóvenes que presentaban depresión y trastornos de conducta asociados, tenían mayor riesgo de cometer conductas suicidas, delictivas y presentaban mayor disfunción social en la vida adulta. Resultados similares fueron encontrados por Marmorstein y Iacono (2003). 

 Vermeiren et al. (2002) encuentran para ambos sexos y en tres ciudades de países distintos (Estados Unidos, Bélgica y Rusia), como la presencia de depresión, problemas de somatización, expectativas negativas sobre el futuro y búsqueda de sensaciones se incrementaba gradualmente y en función de la presencia de conducta antisocial y su severidad. Basándose en dos estudios longitudinales realizados con sujetos canadienses y de Nueva Zelanda, Fergusson et al. (2003) examinaron la relación entre depresión y relacionarse con pares desviados. Ambos estudios llegaron a la conclusión de que el asociarse con pares desviados conllevaba a un aumento de comportamientos problemáticos y cuyas consecuencias negativas serían las que llevarían a la depresión. 

 Vermeiren et al. (2004), encuentran que los sujetos antisociales presentan más problemas emocionales, exceptuando la ansiedad, pero contrariamente a lo esperado, los antisociales que habían sido arrestados no presentaban mayor depresión que los no arrestados 

 Diversos estudios han mostrado también cómo los individuos con conductas antisociales presentan trastornos o síntomas emocionales concomitantes entre los que aparecería la depresión, características como el autoconcepto disminuido o desconfianza hacia el otro (Achenbach, 1991; Carrasco, Del Barrio y Rodríguez, 2001; Caron y Rutter, 1991; Del Barrio, 2004a; Muñoz-Rivas, Graña, Andreu y Peña, 2000; Thornberry, 2004; Wilde 1996). Estos elementos no son exclusivos de la depresión, ya que también se encuentran estrechamente vinculados a la conducta antisocial y a la agresión. Así, los adolescentes deprimidos y sin autoestima sienten que no tienen nada que perder cuando se embarcan en una conducta socialmente reprobable, a la vez que no valoran su vida, por lo que no temen ponerla en riesgo (Del Barrio, 2004a; Wilde 1996). 

3.2.2.3.3. Asociación con trastornos mentales graves 

a) Conducta antisocial y el consumo de sustancias En la actualidad, existe suficiente bibliografía acumulativa acerca de la fuerte asociación que hay entre el consumo de sustancias y la conducta antisocial; además de los múltiples factores de riesgo que el consumo de drogas/alcohol y la violencia comparten (Boles y Miotto, 2003; Dorsey, Zawitz y Middleton, 2002; Hodgins, 1993; MacCoun, Kilmer y Reute, 2002; Marzuk, 1996; Nagin y Tremblay, 2001; Room y Rossow, 2001; White y Gorman, 2000; White, 2004). No obstante, existen varios modelos alternativos que intentan explicar por qué el consumo de drogas y alcohol es un factor de riesgo para la conducta antisocial en jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, en algunos adolescentes, los efectos del consumo de alcohol degeneran, en ocasiones, en conductas violentas (modelo psicofarmacológico) (Boles y Miotto, 2003; Ito et al., 1996; MacCoun et al., 2002; Parker y Auerhahn, 1999). De la misma forma, las drogas pueden provocar delitos predatorios cuyo fin es obtener dinero para costear el consumo (modelo de motivación económica) (Anglin y Perrochet, 1998; Dorsey et al., 2002; Nadelmann, 1998); o porque el mismo sistema de distribución y consumo de drogas está inherentemente vinculado al delito (modelo sistémico) (Goldstein, 1998; Miczek et al., 1994). Para otros, sin embargo, la conducta antisocial debilitaría la adherencia a las normas sociales, incrementando la implicación del individuo en el consumo ilegal de las drogas lo que les proporcionaría oportunidades y refuerzos para el incremento del consumo de dichas sustancias (Farrington, 1995; White, Brick y Hansell, 1993). Finalmente, para otros, existirían grupos de factores comunes que incrementarían su implicación en todos los tipos de conducta desviada, incluyendo el consumo de drogas y la violencia (modelo de causa común) (Jessor y Jessor, 1977; White y Labouvie, 1994; White, 2004). 

 A continuación se revisarán algunas de las investigaciones empíricas que ponen de manifiesto la asociación entre la conducta antisocial y el consumo de drogas. 105 Uno de los primeros estudios que informó del consumo de drogas y la conducta delictiva en jóvenes fue el de Robins y Murphy (1967), quienes con una muestra de 235 varones seleccionados de registros de escuelas, mostraron que los sujetos consumidores de droga se iniciaban en la marihuana y, a su vez, los delincuentes tenían mayor probabilidad de implicarse en el consumo de drogas que los no delincuentes. Asimismo, una vez que comenzaban en dicho consumo, los delincuentes progresaban más rápido hacia el consumo de heroína. Desde estos resultados, se empezó a suponer que la conducta antisocial era un predictor significativo del consumo de drogas. 

 Otro de los trabajos pioneros en este campo fue el realizado por Jacoby, Weiner, Thornberry y Wolfgang (1973). Este estudio retrospectivo examinó la relación entre el consumo de marihuana/heroína y la manifestación posterior de actividades delictivas. La muestra estaba compuesta por 995 adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y 18 años de edad, seleccionados a través de registros oficiales y entrevistas. Los hallazgos señalaron una relación positiva y significativa entre el consumo de drogas y la actividad delictiva. Se demostró que, en primer lugar, el consumo de drogas seguía a la actividad delictiva y, por tanto, el consumo de drogas como causa de la delincuencia no tenía suficiente apoyo empírico. También se halló que los consumidores de drogas manifestaban mayores conductas antisociales que los no consumidores y que ésta aumentaba progresivamente con la edad. 

 Goode (1972) investigó al respecto la relación entre el consumo de marihuana y la realización de actos delictivos en 559 hombres de la población general, de edades comprendidas entre los 15 y los 34 años de edad. Comprobó si entre el consumo de marihuana y la delincuencia existía una relación causal o no. Cuando se les preguntó a los sujetos sobre la comisión de delitos bajo el consumo de alcohol o marihuana en las últimas 24 horas, los jóvenes no habían consumido marihuana pero sí alcohol, especialmente en la realización de delitos violentos. También encontró una relación significativa entre el consumo de marihuana y la delincuencia autoinformada, pero rechazaron cualquier relación causal. 

 Siguiendo esta línea argumental, Gold y Reimer (1974) analizaron los datos de una muestra de 1395 adolescentes entre 11 y 18 años. Se les aplicó un cuestionario que medía la comisión de delitos (desde leves a graves) y el consumo de marihuana y otras drogas. Encontraron que el consumo de sustancias, sobre todo marihuana, aumentaba con la edad, quizás porque los padres ya no lo veían como una delito grave y por el aumento de autonomía en el joven. No obstante, la delincuencia disminuyó tanto en hombres como en mujeres según aumentaba la edad de los jóvenes. Estos datos apoyaban la hipótesis causal, ya que el consumo de marihuana correlacionó con el mismo tipo de variables predictoras y con la frecuencia de realización de conductas antisociales. 

 En el estudio de ÓDonnell et al. (1976) la muestra estuvo compuesta por 3.024 hombres con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Este estudio analizó la relación entre droga y conducta antisocial de modo retrospectivo pidiendo a los sujetos que recordasen la realización de estas conductas desde los 12 años de edad. Los resultados indicaron que ambas secuencias temporales –consumo de marihuana/delincuencia o delincuencia/consumo de marihuana- son posibles. Si los jóvenes habían consumido a los 16 años, este consumo precedía a la realización de actos antisociales (robar); si los sujetos habían consumido a partir de los 17 años, ya habían realizado delitos previos (robar un coche). De este estudio, se dedujo, entre otras cuestiones, la dificultad de encontrar una relación causal definitiva entre ambos comportamientos. 

 Otros trabajos como el de Inciardi (1980), con una muestra de 514 escolares (con edad media de 19,3 años) y otra muestra compuesta por 166 consumidores localizados en la calle (19,8 años de media), evidenció que, en los estudiantes, el consumo se iniciaba a los 15 años y la delincuencia a los 14 años, mientras que en los jóvenes de la calle, el consumo de heroína comenzaba a los 13 y los delitos a partir de los 14 años. Estos resultados evidenciaron que los patrones de consumo y de actividad delictiva variaban en función del tipo de consumidores considerados, del lugar y de la influencia de otras variables tales como el nivel socioeconómico, el lugar de residencia y de otros factores socioambientales. 

 Windle (1990) encontró que manifestar de forma temprana conductas antisociales, no relacionadas con el consumo de drogas, predecía prospectivamente diversas formas de uso de sustancias en la postadolescencia, especialmente el consumo de alcohol. Otros estudios, sin embargo, han mostrado una relación recíproca baja o ausente entre el uso de sustancias y la delincuencia (Dembo, Williams, Wothke y Schmeidler, 1994, Dembo et al.,1995). 

 White y Labouvie (1994) examinaron la estructura de la conducta problema a través del análisis de los datos de un muestreo longitudinal prospectivo recogidos de una muestra compuesta por preadolescentes o adolescencia temprana (12 años), mediana adolescencia (15 años) y adolescencia tardía (18 años), en ambos sexos. Los modelos estructurales revelaron que el uso de sustancias y la delincuencia representaban dos dimensiones distintas de la “conducta problema”. Así, los hallazgos de estos estudios desafían la tendencia que existe a intentar comprender los problemas de conducta de forma independiente. 

 Estudios más novedosos como los realizados por Van Kammen, Loeber y StouthamerLoeber (1991), mostraron la existencia de una progresión de los jóvenes en las distintas sustancias (cerveza, vino-tabaco, licores-marihuana y otras drogas ilegales). Además, a mayor involucración en el consumo, mayor era la posibilidad de ocurrencia de problemas y conductas antisociales en los de mayor edad. Por tanto, habría una coexistencia de consumo de sustancias y delincuencia, e incluso una progresiva implicación en ambas. 

 Los estudios llevados a cabo por la NHSDA en Estados Unidos (SAMHSA, 1997), con amplias muestras de adolescentes entre los 12 y los 17 años, obtuvieron porcentajes de jóvenes que manifestaron cometer delitos por consumo de sustancias. Los mayores porcentajes giraron en torno al 73,7% de haber cometido un delito contra la propiedad habiendo consumido cocaína, alcohol y cannabis; seguido del 69,1% de haber cometido cualquier delito violento habiendo consumido alcohol, cannabis y cocaína; así como de un 21,2% que afirmaron cometer delitos violentos sólo con consumo de alcohol. Parece, por tanto, evidente la relación lineal entre el consumo de drogas y la conducta antisocial. 

 De la misma forma, y teniendo en cuenta algunos resultados obtenidos en España, Otero (1997), utilizó en su estudio varias muestras, una de escolarizados, otra de jóvenes institucionalizados, otra en tratamiento y por último de consumidores de la calle. Aquí sólo se comentarán los resultados encontrados en la muestra de población general escolarizados, compuesta de 3.982 sujetos (1.972 varones y 2.010 mujeres) con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, dada fundamentalmente su aplicación a los resultados obtenidos en la presente investigación doctoral. En este estudio, las variables utilizadas fueron el consumo de 107 drogas (legales, ilegales y médicas), la frecuencia de consumo, las conductas delictivas y su frecuencia como variables dependientes, y variables familiares, grupo de iguales y personales como independientes. Los resultados de este estudio indican que : a) el alcohol es el tipo de consumo que mayor relación estadística muestra con todas las actividades delictivas; b) la conducta contra normas es la actividad delictiva que, excepto para la heroína, presenta una mayor covariación con todos los tipos de consumo; c) el cannabis aparece como la sustancia ilegal más relacionada con las actividades delictivas; d) el consumo de heroína alcanza la mayor asociación con la conducta de vandalismo. A modo de resumen, parece evidente que la relación droga-conducta antisocial y delictiva no puede entenderse de forma global, sino que es necesario contextualizar en función del tipo de muestra, e, incluso, a qué sustancia y conducta delictiva se está haciendo mención. Teniendo en cuenta el resto de muestras del trabajo de Otero (1997), la explicación de la necesidad económica en la delincuencia-droga, únicamente parece razonable para el grupo de adolescentes en tratamiento, pero no se cumple para los adolescentes escolarizados, institucionalizados o de la calle. 

 Más recientemente, el estudio realizado por Mason y Windle (2002) examinó la existencia de relaciones recíprocas entre el uso de sustancias y la delincuencia autoinformada a través de una muestra de 1.218 estudiantes de secundaria. Se utilizó un longitudinal para investigar las interrelaciones entre los patrones dentro de la generalización de las dos conductas-problemas. Los análisis revelaron que el modelo de ecuaciones estructurales entre el policonsumo de sustancias y la delincuencia, en general, era evidente en los varones pero no en las mujeres. En los varones, el efecto de la delincuencia sobre el abuso de sustancias fue relativamente bajo pero consistente en el tiempo, mientras que el efecto del uso de sustancias sobre la delincuencia fue mayor pero restringido a aquellos adolescentes de menor edad. 

 Finalmente, se puede afirmar que existe una asociación positiva entre el consumo de drogas y la conducta antisocial y delictiva. Además, la involucración en el consumo de drogas de los adolescentes se asocia diferencialmente con distintas conductas contra las normas sociales y de convivencia en el caso de los sujetos escolarizados (Otero, 1997). 

b) Conducta antisocial y otros trastornos psicopatológicos 

 También los trastornos psicóticos se han relacionado con la comisión de determinados delitos (destrucción de propiedad y crímenes violentos) que pueden tener su origen en procesos mentales anormales como las percepciones distorsionadas, el razonamiento defectuoso y la regulación afectiva defectuosa de las psicosis (Hersh y Borum, 1998; Marzuk, 1996; Taylor, 1993). Es conveniente señalar que el riesgo no se derivaría del propio diagnóstico de psicosis sino de los propios síntomas. La psicosis no solo se ha relacionado como el origen de conductas antisociales, sino que ha sido considerada como posterior al comienzo de las conductas antisociales en la niñez (Robins, 1966). Psicopatológicamente, este hallazgo sería comprensible en términos de una conducta antisocial intrínseca a las manifestaciones precoces de la esquizofrenia. 

 En relación a otros diagnósticos como el autismo o el síndrome de Asperger, la proporción de delitos asociados es todavía más pequeña y ocasional (Tantam, 1988; Wolff, 1995), aunque algunos delitos parecen derivarse de la insensibilidad a los estímulos sociales, típico del autismo.  

 Sin embargo, los trastornos psicopatológicos más asociados a la conducta antisocial son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno disocial, el trastorno negativista desafiante, bien porque ponen en riesgo al niño o adolescente para que las desarrolle o porque dichos diagnósticos conllevan en si mismo la presencia de estas conductas (APA, 2002; Kazdin y Buela-Casal, 2002; Lahey, Waldman y McBurnett, 1999; Loeber et al., 2000; Rutter et al., 2000). De la misma forma, la presencia de trastornos de la personalidad, y más concretamente la psicopatía, en la edad adulta, correlacionan con una mayor delincuencia violenta (Hare, 1991; Hare, 1998; Hare, Clark, Grann y Thornton, 2000 Moltó, Poy y Torrubia, 2000), mayor reincidencia (Rice y Harris, 1997) y quebrantamiento de la pena (Torrubia et al., 2000). 

3.2.2.3.4. Iniciación temprana en la delincuencia, conductas violentas y otras conductas antisociales

 La temprana aparición de la conducta violenta y delincuencia, predicen comportamientos violentos más serios y una mayor cronicidad de los mismos (Farrington, 1991; Krohn et al., 2001; Pfeiffer, 2004; Thornberry et al., 1995; Thornberry, 2004; Tolan y Thomas, 1995; Tremblay, 2001). 

 White (1992) evaluó la violencia autoinformada por 219 chicas y 205 chicos a los 15, 18 y 21 años, en el proyecto de Salud y Desarrollo Humano de Rutgers. La violencia a los 15 años predecía violencia en los años posteriores en el caso de los chicos, pero de forma menos consistente en el caso de las chicas. 

 Existe un grado de continuidad en el comportamiento violento. Hamparian, Davis, Jacobson y McGraw (1985) encontraron que el 59% de los jóvenes violentos eran arrestados en la edad adulta, y el 42% de estos delincuentes adultos recibían cargos por delitos violentos. Farrington (1995) encontró que la mitad de los jóvenes detenidos por un acto violento entre los 10 y 16 años, eran detenidos nuevamente por actos violentos a la edad de 24 años. Mitchell y Rosa (1979) encontraron que tanto el robo como los comportamientos destructivos llevados a cabo entre los 5 y los 15 años predecían delitos violentos en la adultez, mientras que la desobediencia informada por los padres no era un predictor de violencia posterior en su muestra. Robins (1966) consideró la conducta desviada en la infancia y la violencia en la adultez en su estudio de 524 pacientes psiquiátricos y encontró que los hombres con una historia de comportamiento antisocial entre los 6 y 17 años, eran culpados con mayor frecuencia de robo, violación, asesinato y crímenes sexuales en la edad adulta. Sin embargo, este patrón no se encontró en el caso de las mujeres, lo que sugiere que hay menor consistencia en la conducta antisocial de las mujeres en comparación a los hombres. 

 En el estudio de Cambridge, Farrington (1989a) encontró que la presencia de problemas de disciplina entre los 8 y 10 años, la delincuencia autoinformada, el fumar regularmente cigarrillos y las relaciones sexuales tempranas a los 14 años, predecían violencia posterior en el caso de los chicos. Maguin y cols (1995) encontraron que los jóvenes que informaban haber vendido drogas entre los 14 y 16 años, mostraban una mayor variedad de comportamientos violentos a los 18. Farrington (2001) señala que haber sufrido detenciones por delitos no violentos en la adolescencia era mayor predictor de la violencia en la etapa adulta que las detenciones por delitos violentos, aun cuando ambas ejercían como factores de riesgo importantes para la violencia posterior. De la misma forma, Himelstein (2003) encuentra en su estudio que el factor de riesgo que más proporción de la varianza explicaba sobre la conducta antisocial en la adolescencia, era haber mostrado agresividad durante la infancia. 

 Existen, por tanto, consistentes evidencias que sugieren que el involucrarse en cualquier forma de comportamiento antisocial en la infancia o adolescencia, está asociado con un mayor riesgo de violencia futura, especialmente en el caso de los chicos, sin embargo, y como apunta Maahs (2001), sería insuficiente como causa única. 

 Por último, Thornberry (2004), en su investigación longitudinal de Rochester compara delincuentes infantiles o de “inicio temprano” con aquellos que empiezan a delinquir durante la adolescencia, encontrando claras diferencias tanto en la gravedad de los comportamientos como en la persistencia. Así, los delincuentes infantiles (de inicio temprano), no sólo se implicaban en un mayor número de actos antisociales y delictivos, sino también en el consumo de drogas, en relaciones sexuales a edades tempranas y comportamientos más graves y violentos, además de presentar una mayor persistencia de su comportamiento hacia la adultez, relacionandose con la aparición de una carrera delictiva y criminal más extensa. 

3.2.2.3.5. Variables de personalidad: impulsividad, búsqueda de sensaciones, empatía, autoestima y agresividad 

 Numerosos estudios han relacionado determinadas características de la personalidad con la conducta antisocial. Son varias las teorías psicológicas que señalan los rasgos de personalidad diferenciales de los delincuentes (Cloninger, 1987; Eysenck, 1977; McCrae y Costa, 1985; Zuckerman, 1994) y muchas han sido las variables de personalidad asociadas al riesgo de implicación en conductas delictivas. 

 Cuando se analiza la estructura de la personalidad de niños y adolescentes se hallan distintas variables en función de los distintos marcos teóricos de partida. Existen dos modelos bastantes próximos: las tres dimensiones de Eysenck y Eysenck (1978) (neuroticismo, extraversión y psicoticismo) y los cinco grandes o Big-Five de McCrae y Costa (1985) (amabilidad, apertura a la experiencia, neuroticismo, extraversión y responsabilidad). 

 El neuroticismo y la extraversión han sido las estructuras básicas constantemente relacionadas con la conducta antisocial, delincuencia o violencia. Así, Del Barrio (2004b), señala que la extraversión propicia en sí misma una forma de vida en la que el comportamiento antisocial florece con más probabilidad debido a las siguientes características: búsqueda de sensaciones, baja percepción del riesgo y baja capacidad para la gratificación. Respecto al neuroticismo, se ha encontrado también en población española asociación con la delincuencia, tanto en adultos como en niños (Del Barrio, Moreno y López, 2001; Sobral, Romero, Luengo y Marzoa, 2000). Respecto a los nuevos factores de Big-Five, los hallazgos son parecidos, los jóvenes violentos tienen niveles más bajos de responsabilidad y amabilidad (John et al., 1994). La conducta antisocial, por tanto, estaría positivamente relacionada con los factores de neuroticismo, extraversión y psicoticismo, mientras que, por el contrario, se muestra negativamente relacionada con responsabilidad, amabilidad y apertura a la experiencia (Del Barrio, 2004b). 

 Sin embargo, se prestará exclusivamente atención a aquellas variables procedentes de las teorías de la activación, la impulsividad y la búsqueda de sensaciones, empatía, autoestima, así como a la agresividad, puesto que son las que han generado un cuerpo de resultados con mayor solidez y consistencia. Puesto que, como se ha señalado en repetidas ocasiones, la conducta antisocial constituye un fenómeno multicausal, son necesarios acercamientos no fragmentarios y parcialistas, que den cabida a agrupaciones de distintos factores (Elliot et al., 1985). En este sentido, se ha subrayado la conveniencia de realizar acercamientos longitudinales que tengan en cuenta la consistencia y estabilidad de los rasgos de la personalidad (Barnea, Teichman y Rahav, 1992). 

• La impulsividad 

 Eysenck y Eysenck (1978) relacionaron la impulsividad con su teoría de los tres superrasgos de personalidad: extraversión, neuroticismo y psicoticismo. La impulsividad, en una definición amplia (impulsividad como asunción de riesgos, no planificación e irreflexión) correlacionaría positivamente con la extraversión y psicoticismo mientras que, la impulsividad en una definición más restringida correlacionaría positivamente con el neuroticismo y el psicoticismo. En un sentido amplio de la definición de impulsividad ésta correlacionaría con la delincuencia. Sin embargo, las predicciones son matizables en tanto en cuanto Eysenck y Eysenck (1978) admiten que el término psicoticismo usado por ellos no se corresponde con el contenido general del concepto. Existen estudios al respecto que parecen constatar que la impulsividad presenta una relación más potente con el neuroticismo que con la extraversión (Romero, Luengo, Carrillo y Otero, 1994c; Schweizer, 2002). 

Se entiende por impulsividad la tendencia a responder rápidamente y sin reflexión a los estímulos, cometiendo por ello un alto porcentaje de errores en la respuesta (Schweizer, 2002). Aunque la confusión conceptual es una de las características más dominantes del constructo impulsividad, si está claro que conjuga aspectos como las dificultades para considerar las consecuencias de la propia conducta, un estilo rápido o precipitado y poco meditado a la hora de tomar decisiones, las dificultades para planificar el propio comportamiento y la incapacidad para ejercer un control sobre él (McCown y DeSimone, 1993), sin olvidar un aspecto especial de la impulsividad, que es la incapacidad que el sujeto tiene para diferir la gratificación (Roberts y Erikson, 1968). De esta forma, todas estas características que implica la impulsividad incrementarían la probabilidad de aparición de conductas antisociales y violentas, siendo considerada como uno de los factores de riesgo más potentes de tales conductas ( Huang et al., 2001; Patterson, 1992). 

En cualquier caso, habría una estrecha covariación entre la impulsividad y la delincuencia tanto en muestras de sujetos institucionalizados (Eysenck y McGurk, 1980; Royse y Wiehe; 1988), como en la población general (Eysenck, 1981; Farrington, 1989a; Rigby, Mak y Slee, 1989) o autoinformada (Carrillo, Romero, Otero y Luengo, 1994; Sobral et al., 2000b). Asimismo, a través de estudios longitudinales se ha puesto de relieve la capacidad de la impulsividad para predecir la evolución de la conducta antisocial de los jóvenes (Luengo, Carrillo, Otero y Romero, 1994). 

El análisis del estudio de Cambridge de 411 chicos de Londres, realizado por Farrington (1989a) encontró también que la impulsividad en la niñez era predictora tanto de la violencia autoinformada como de la violencia registrada oficialmente. La evidencia de estos estudios revela, consistentemente, una relación positiva entre hiperactividad, problemas de atención y concentración, impulsividad y conductas de riesgo, con posteriores conductas violentas. Cuando estos factores se combinan resultan particularmente más relevantes en la predicción de la violencia. 

Caspi et al. (1994), en un estudio con doble muestreo para varones y mujeres, asociaban la delincuencia a un débil autocontrol o a una elevada impulsividad, así como a una emotividad negativa (tendencia a estar enojado, ansioso o irritable). Tremblay, Pihl, Vitaro y Dobkin (1994) demostraron la relación existente entre la impulsividad mostrada por los niños en el jardín de infancia y su posterior predicción de la delincuencia a los 13 años. White et al., (1994) encontraron que la impulsividad conductual era un predictor de la delincuencia más fuerte que la impulsividad cognitiva. Así, Krueger, Caspi, Moffittt y White (1996) encontraron que los niños que manifestaban dificultades para retrasar las satisfacciones o bajo autocontrol a la edad de 12 años, se asociaba a la presencia de conductas antisociales y no con dificultades emocionales. Stuewig (2001) encuentra que la impulsividad está relacionada con la conducta antisocial junto con otros factores como la búsqueda de sensaciones, el temperamento, logro académico y uso de sustancias por parte de los pares, de tal forma que, de sus modificaciones dependerá de que dicha conducta desista o persista en el tiempo. 

Estudios con muestra española también confirman dicha relación. Así, Sobral et al. (2000a) confirman en su estudio como la impulsividad se muestra como una variable de suma importancia en la explicación de la conducta antisocial. Pero además, encuentran como puede potenciar los efectos de una serie de factores de riesgo cuando se asocia a ellos, como bajo apoyo parental y apego escolar, pertenencia a grupos desviados, y en el caso de las chicas, déficits socioeconómicos. También encuentran como los varones presentan mayores niveles de impulsividad y, por tanto, de conducta antisocial. De la misma forma, Mestre, Samper y Frías (2002) encontraron en una muestra de adolescentes que aquellos que eran más impulsivos e inestables emocionalmente, eran los más propensos a emitir comportamientos agresivos y antisociales. A resultados similares han llegado Garaigordobil et al. (2004) en una muestra infantil de 10 a 12 años. Estos resultados apoyan los encontrados por Bandura (1999); Eisenberg, Fabes, Guthrie y Reiser (2000). 

Luengo et al. (2002) señalan que la impulsividad aparece asociada a otra serie de variables que potencian su poder predictivo sobre la conducta antisocial. Por un lado, estos jóvenes impulsivos presentan dificultades en la resolución de problemas y la toma de decisiones, en la demora de la gratificación y en tener una perspectiva temporal a largo plazo que les ayudaría a prestar atención a las consecuencias de sus conductas. De la misma forma, Schweizer (2002) ha encontrado pruebas que demuestran que la impulsividad correlaciona negativamente con el razonamiento. Dichas dificultades pondrían al adolescente en riesgo de implicarse en conductas problemáticas. 112 

• La búsqueda de sensaciones 

 En lineas generales, este rasgo de personalidad representa la necesidad de buscar y experimentar sensaciones novedosas, variadas y complejas, de las que pueden derivarse riesgos físicos y/o sociales (Zuckerman, 1979; p. 10). Zuckerman relaciona la búsqueda de sensaciones con el componente impulsivo de la extraversión, la carencia de acuerdo con las normas sociales, la irresponsabilidad y el bajo auto-control. De forma contraria, la ausencia de búsqueda de sensaciones indica conformidad con las normas sociales y un comportamiento controlado y convencional. 

La búsqueda de sensaciones ha mostrado su relación con estar involucrado en actividades desviadas (Del Barrio, 2004a; Levine y Singer, 1988; Newcomb y McGee, 1991). Son muchos los estudios que muestran una relación positiva entre la búsqueda de sensaciones y la conducta antisocial autoinformada en sujetos de población general. Esta interrelación se hace evidente, además, tanto en muestras de adultos (Levenson, Kiehl y Fizpatrick, 1995; Pérez y Torrubia, 1985) como en muestras de adolescentes (Luengo, Otero, Mirón y Romero, 1995; Romero, 1996; Simó y Pérez, 1991) y de niños (Kafry, 1982). 

Agnew (1990), encontró en sus trabajos que la búsqueda de riesgo y aventuras, la curiosidad y el deseo de superar el aburrimiento eran las razones más frecuentes dadas por los jóvenes a la hora de explicar su conducta delictiva. 

Maguin et al. (1995), en el Proyecto de Desarrollo Social de Seatle, estudian prospectivamente en una muestra de adolescentes, la influencia de diferentes variables individuales sobre la delincuencia, encontrando que el haber llevado a cabo conductas de riesgo a la edad de 14 y 16 años, predecía los comportamientos violentos autoinformados a la edad de 18 años. 

En un estudio realizado por Otero, Romero y Luengo (1994), utilizando la técnica de análisis de datos de los modelos de ecuaciones estructurales, se pudo verificar que la puntuación total en la búsqueda de sensaciones posibilitaba la predicción de la conducta antisocial en un periodo de seguimiento de tres años. De la misma forma, Schmeck y Poustka (2001) confirman la relación entre el temperamento difícil y los problemas de agresión y violencia en niños y jóvenes, pero sobre todo cuando este tipo de temperamento se asocia con una alta necesidad de búsqueda de sensaciones. 

Herrero, Ordoñez, Salas y Colom (2002) constatan, a través de una muestra de delincuentes en prisión y adolescentes, como aquellas personalidades antisociales puntuaban más alto en ausencia de miedo, búsqueda de sensaciones e impulsividad, no encontrando diferencias en estas variables al comparar los adolescentes con los presos, llegando incluso los adolescentes a puntuar más alto en impulsividad, rasgo propio de esta etapa. 

Para finalizar, Romero et al. (1999) proponen la conveniencia de examinar por separado los distintos factores que forman parte del constructo “búsqueda de sensaciones” y, en especial, la “desinhibición” y “búsqueda de experiencias” que parecen ser las dimensiones más estrechamente ligadas a la conducta antisocial, sobre todo en muestras de adolescentes. Por el contrario, la “búsqueda de emociones y aventuras” estarían más débilmente relacionadas con dichas conductas. 

• La Empatía 

En el área de la delincuencia se han desarrollado amplias líneas de trabajo en torno a un componente específico de la habilidad social: la empatía. Se define como una respuesta afectiva para la aprehensión y comprensión del estado emocional del otro (Eisenberg et al., 1996) o la capacidad para “ponerse en lugar” del otro. Gladstein (1984) (cit. en Del Barrio, 2004a) añadiría otra faceta, la de sentir necesidad de ayudar al que lo necesita. Estudios con niños o jóvenes antisociales y delincuentes han mostrado que éstos presentan ciertos déficits a la hora de identificar y comprender los estados internos de los otros (pensamientos, perspectivas, sentimientos) (Bandura, Barbarelli, Caprara y Pastorelli, 1996; Del Barrio, Mestre y Carrasco, 2003; Del Barrio, 2004b; Garaigordobil et al., 2004; Mestre et al., 2002; Sezov, 2002). Este déficit parece especialmente acusado en la capacidad para “sentir” los afectos de los demás (Calvo, González y Martorell, 2001; Mirón, Otero y Luengo, 1989; Romero, 1996). Los individuos antisociales parecen mostrar una menor capacidad para “identificarse” con los sentimientos de otras personas. Esto supondrá una menor inhibición a la hora de infligir algún daño a los demás. 

 En contraposición, la empatía es la base de la conducta altruista, que resulta incompatible con agredir al otro, es lo que se considera conducta prosocial. Numerosos estudios han demostrado empíricamente la relación positiva que existe entre empatía y la conducta prosocial (Bandura et al., 1996; Fuentes et al., 1993; Hoffman, 1990). Así pues, la empatía favorecería los actos altruistas y limitaría la conducta antisocial (Hoffman, 1990; Sobral et al., 2000b). En relación a esto, Mestre et al. (2002) encuentran en su estudio que la empatía aparece como el principal motivador de la conducta prosocial, tanto en sus componentes cognitivos como emocionales, e inhibidora de la conducta agresiva.

 Una de las razones por las que las chicas son menos agresivas que los chicos se debe a sus altos niveles de empatía (Worthen, 2000) y las consecuentes capacidades para hacer amigos y pertenecer a grupos. Por tanto, si se promueve la empatía, ésta facilitará la conducta afectiva hacia los demás, el respeto hacia la propiedad ajena y la medición para evitar las agresiones y la violencia, conformandose como un factor de protección de la conducta antisocial.

• La Autoestima

En el campo de la conducta problema, muchos autores han asumido que, en alguna medida, la autoimagen y la autovaloración son factores implicados en la etiología de la conducta desviada. Ya en los años 50, ciertos representantes de las teorías del control social (Reckless, Dinitz y Murray, 1956) sostuvieron que en condiciones sociales de alto riesgo, los individuos con un autoconcepto positivo mostraban una menor vulnerabilidad hacia la conducta antisocial. Utilizando términos actuales, el autoconcepto sería un “factor de protección” que amortigua los efectos de una situación de riesgo. Otros autores han teorizado sobre la autoestima postulando mecanismos de compensación, donde la conducta problema (violencia, consumo de drogas) sería un medio para restaurar una autoestima deteriorada (Kaplan, 1984; Steffenhagen, 1980; Toch, 1992). En contraposición, otros consideran que la sobrevaloración de sí mismos también puede provocar el mismo efecto, fundamentalmente en la infancia media (Edens, 1999, cit. en Del Barrio, 2004b), ya que produce percepciones narcisistas que dificultan una buena integración en el grupo. De la misma forma, Baumeister, Smart y Boden, (1996) confirma esta idea, añadiendo como una alta autoestima puede llevar al adolescente a responder de forma agresiva ante cualquier situación que el considere inaceptable o que amenace su ego. 

 La evidencia empírica sobre la relación autoestima-conducta problema ha mostrado aspectos contradictorios. Algunos trabajos han apoyado la hipótesis de la compensación (Kaplan, 1978) aunque, en general, la correlación entre autoestima y conducta desviada se muestra débil (McCarthy y Hoge, 1984). No obstante, existen diversos trabajos que han hallado correlaciones entre bajo autoconcepto o baja autoestima y mayor presencia de conductas amenazantes y agresivas (Calvo et al., 2001; Garaigordobil et al., 2004; Marsh, Parada, Yeung y Healey, 2001; O’Moore y Kirkham, 2001) y otros que han encontrado una relación positiva entre autoimagen negativa y algunos factores de riesgo de la conducta antisocial, como son la depresión, el bajo rendimiento académico, falta de vínculos familiares, pocas habilidades sociales y baja autoeficacia (Alonso y Román, 2003; Bosacki, 2003; Carrasco y del Barrio, 2003; Del Barrio, Frías y Mestre, 1994; Simons, Partenite y Shore, 2001). 

 Sin embargo, en los últimos años, se ha sugerido que para entender adecuadamente tal relación, habrá que atender a la naturaleza multidimensional de la autoestima (Romero et al., 1995a). Desde esta perspectiva, se plantea la necesidad de tener en cuenta que las personas podemos mantener autovaloraciones distintas en diferentes campos de nuestra experiencia; por ejemplo, un individuo puede valorarse positivamente en cuanto a sus capacidades académicas y, sin embargo, autorrechazarse en el campo de la interacción social. Por tanto, para examinar la asociación entre la autoestima y la conducta desviada, habrá que evaluar esas diferentes dimensiones, por lo que los trabajos que se limitan a analizar la autoestima “global” pueden enmascarar el tejido de relaciones entre la conducta y los distintos “campos” de la autoestima. De hecho, cuando se examinan diferentes dimensiones se encuentra que la conducta problema se relaciona negativamente con la autoestima en la familia y en la escuela; sin embargo, se relaciona positivamente con la autoestima en el ámbito de los amigos (Romero, Luengo y Otero, 1998). Se ha sugerido que las hipótesis relacionadas con la “autocompensación” podrían ser reconsideradas en sintonía con estos hallazgos (Leung y Lau, 1989). Quizás, efectivamente, una baja autoestima sirva de motivación a la conducta problema, es decir, una baja autoestima en la familia y en la escuela la que conduciría a rechazar las normas convencionales. La conducta problemática podría restaurar en alguna medida la autovaloración pero únicamente en el ámbito de los amigos. 

• La agresividad 

 Muchos investigadores han encontrado cierta relación y continuidad desde la agresividad temprana hacia la conducta antisocial en la adolescencia y la presencia de crímenes violentos (Loeber, 1990; Loeber y Hay, 1996; Olweus, 1979; Pfeiffer, 2004; Thornberry, 2004; Tremblay, 2001; Velázquez et al., 2002).  

Es obvio que la agresividad es un atributo bastante estable, los niños que hacia los 2 años son agresivos tienden a seguir siéndolo cuando tienen 5 años de edad (Cummings, Iannotti y Zahn-Waxler, 1989; cit. en Shaffer, 2002). Estudios longitudinales realizados en Islandia, Nueva Zelanda y EE.UU. rebelan, además, que la cantidad de conducta agresiva que muestran los niños entre 3 y 10 años de edad, es un predictor de sus inclinaciones agresivas y antisociales a lo largo de su vida (Hart et al., 1997; Henry et al., 1996; Newman et al., 1997). Huessmann et al. (1984), por ejemplo, realizaron un estudio longitudinal durante 22 años en un grupo de 600 participantes. En conclusión, los niños de 8 años muy agresivos presentaron a los 30 años de edad, mayores tasas de hostilidad y agresiones a sus parejas e hijos, así como condenas por delitos criminales. 

Otros estudios también han señalado que el comportamiento agresivo medido entre la edad de los 6 y los 13 años predice consistentemente la violencia en varones (Farrington, 1989a; Olweus, 1979). En la misma línea, Stattin y Magnusson (1989) encontraron que dos tercios de los niños que ejercen agresiones contra los profesores entre los 10 y los 13 años presentan posteriormente historias de delitos violentos a la edad de 26 años. Sin embargo, esta relación no aparecía en el caso de las mujeres. 

Mc Cord y Ensminger (1995) encontró que casi la mitad de los niños que habían sido clasificados como agresivos por sus profesores a los 6 años, habían sido arrestados por crímenes violentos a la edad de 33, comparado con un tercio de sus compañeros no agresivos. Estos autores, encontraron resultados similares en chicas, en contraposición a los hallazgos de Stattin y Magnusson (1989). Estos estudios muestran una relación consistente entre la agresividad en los chicos desde los 6 años y el comportamiento violento posterior, manteniéndose, incluso en muestras hiperactivas (Loney, Kramer y Milich, 1983). De la misma forma, Barrera et al., (2002) y Hilmstein (2003) encuentran que la agresividad infanto-juvenil predecía comportamientos antisociales en un futuro próximo. A pesar de que muchos de los chicos que presentan un comportamiento agresivo durante la infancia no llegan a cometer crímenes violentos, lo cierto es que la conducta agresiva temprana y persistente, es una característica individual maleable que predice violencia futura (Thornberry, 2004). 

Magnusson y Bergman (1990) encontraron al respecto que la agresividad se relacionaba con la delincuencia solamente cuando formaba parte de una constelación de problemas de comportamiento, sugiriendo así que era necesario considerar la conducta en términos de patrones generales y no solo de unos supuestos rasgos aparte. De forma semejante, Quinsey, Book y Lalumiere (2001) y Garaigordobil et al. (2004) encuentran altas correlaciones entre medidas de agresividad y conductas agresivas y puntuaciones en conducta antisocial. 

Para terminar, señalar que la subdivisión de la agresividad en diferentes tipologías parece potencialmente muy útil (Ramírez y Andreu, 2003), pero se sabe poco acerca de la validez de los subtipos o de su importancia relativa para la conducta antisocial (Vitiello y Stoff, 1997).

3.2.2.3.6. Inteligencia 

 Se ha indicado en numerosas ocasiones que los comportamientos antisociales o violentos correlacionan negativamente con el cociente intelectual. Diversos estudios han mostrado la relación que existe entre déficits intelectuales y violencia, tanto en muestras de delincuentes (Rutter y Giller, 1988) como de estudiantes (Huesman, Eron y Yarmel, 1987), encontrando en este último correlación con bajos logros académicos. Otros autores han propuesto que la inteligencia modula el tipo de conducta antisocial (Heilbrum, 1982), encontrando violencia más impulsivas en psicópatas con un CI bajo frente a delitos de tipo sádico en aquellos que eran más inteligentes. Otros, han mostrado cómo el desarrollo cognitivo facilita la integración social y su deficiencia la dificulta (Donnellan, Ge y Wenk, 2002). Así, algunos han puesto en evidencia que una baja inteligencia se asocia a una peor adaptación al ámbito penitenciario, tanto en jóvenes como en adultos (Ardil, 1998; Forcadell, 1998; Miranda, 1998). 

 Los delincuentes, especialmente los reincidentes, tienden a presentar un cociente intelectual (CI) ligeramente inferior - cerca de 8 puntos en general- al de los no delincuentes. Esta asociación ha sido confirmada en estudios epidemiológicos y longitudinales recientes (Lynam, Moffit y Stouthamer-Loeber, 1993; Maguin y Loeber, 1996; Moffitt, 1993). Así, se ha visto que un bajo CI va asociado a la conducta antisocial incluso después de tener en cuenta el nivel de logro académico, aunque puede que la asociación sea un tanto reducida. La relación entre el CI, dificultades de lectura y perturbaciones del comportamiento y conducta antisocial se aplica en buena medida a aquellas de inicio temprano y no a las que comienzan en la adolescencia (Robins y Hill, 1966; Stattin y Magnusson, 1995). Scott (2004) añade que un bajo CI por sí solo, no aumenta mucho el riesgo de comportamientos antisociales, pero en combinación con prácticas de crianza inadecuadas y otros factores de riesgo como la hiperactividad, sí tienen un efecto interactivo. 

 Aunque la relación entre el CI y la delincuencia ha resultado ser muy sólida, a tenor de los datos existentes no permite extraer ninguna conclusión firme. La investigación actual pone un mayor énfasis en el estudio de las diferencias individuales en los procesos cognitivos que generan un sesgo en las evaluaciones de los sucesos interpersonales (Ross y Fabiano, 1985). Así por ejemplo, se ha constatado que los jóvenes agresivos se muestran más inexactos en la interpretación de las conductas de los otros en situaciones poco ambiguas y tienden a percibir intenciones hostiles en las interacciones interpersonales ambiguas (Dodge, 1986). Se ha puesto de manifiesto asimismo, que estos sujetos generan muy pocas soluciones afectivas a las situaciones interpersonales problemáticas y tienden a producir soluciones más agresivas cuando sufren rechazo social (Asarnow y Callan, 1985). Por otra parte, un buen desarrollo de las habilidades cognitivas, en especial las verbales, podría actuar como un factor de protección en el desarrollo de la conducta antisocial (Lynam et al., 1993). En este sentido, Isaza y Pineda (2000), encontraron en una muestra de jóvenes delincuentes un ejecución deficiente en pruebas que exigían habilidades verbales, como fluidez verbal y memoria verbal, poniendo de relieve las alteraciones en el cociente intelectual verbal que presentan los adolescentes infractores. Raine et al., (2002) también encontraron una asociación entre déficits verbales a la edad de 11 años y comportamientos antisociales en la adolescencia, presentando además, en edades más tempranas, déficits espaciales. De la misma forma, Garaigordobil et al. (2004) encuentran mayores deficiencias en las capacidades verbales en aquellos niños que presentan más conducta antisocial. Por tanto, los individuos con bajas capacidades intelectuales y con ciertos sesgos cognitivos poseen peores habilidades interpersonales, siendo éstas las que dificultarían el proceso de socialización y facilitarían la aparición de la conducta antisocial (Torrubia, 2004). 

 Rutter et al. (2000, p. 205) concluyen al respecto: “es posible que las deficiencias cognitivas que incrementan el riesgo lo hacen porque suponen alguna deficiencia en la detección intención-estímulo o en la planificación previa al decidir cómo responder a los desafíos sociales”. Esto podría interpretarse en términos de una deficiencia cognitiva que causaría riesgos no por ser deficiencia intelectual, sino porque el CI inferior estaría asociado a hiperactividad e impulsividad. Así, el riesgo de desarrollar conductas antisociales provendría de esos rasgos más que del propio nivel cognitivo en sí. 

3.2.2.3.7. Actitudes y creencias normativas 

 Las denominadas teorías cognitivas del procesamiento de la información enfatizan la importancia que las actitudes, creencias y otras cogniciones sociales que se desarrollan durante la infancia y la adolescencia desempeñan en el comportamiento antisocial. En particular, Huesmann (1988), Huesmann y Eron (1989) y Huesmann et al., (1996), conceptualizan las creencias normativas como aquellas que hacen referencia a la aceptabilidad, justificación o adecuación del comportamiento agresivo, que son importantes mediadores y/o moduladores, contribuyendo de forma considerable al éxito de programas preventivos contra este tipo de comportamientos antisociales en jóvenes y adolescentes. Según los resultados obtenidos hasta el momento con el programa de prevención que estos autores realizaron en los EE.UU., las creencias normativas pueden verse modificadas a lo largo de la infancia y adolescencia bajo determinadas condiciones de intervención familiar, escolar y social. Por consiguiente, estos cambios afectarán posteriormente al comportamiento agresivo y, consecuentemente, podrán prevenirse determinados tipos de violencia y conducta antisocial. 

 En este sentido, determinados patrones de repuesta como la deshonestidad, las actitudes y creencias normativas y las actitudes favorables a la violencia, han sido relacionadas como predictores de violencia posterior (Ageton, 1983; Elliot, 1994; Farrington, 1989; Maguin et al., 1995; Thornberry, 2004; Williams, 1994; Zhang, Loeber, y StouthamerLoeber, 1997), siendo estas correlaciones más débiles en el caso de las chicas (Williams, 1994). Es posible que las actitudes antisociales sean síntomas del mismo constructo subyacente de violencia y que persista durante toda la vida. 

Asimismo, se ha encontrado que un amplio rango de procesos cognitivo-sociales están distorsionados o son deficitarios en los niños agresivos (Coie y Dodge, 1997; Dodge y Schwartz, 1997; Lochman y Dodge, 1994). Así, presentan deficiencias en la atribución (con un locus de control típicamente externo), en la solución de problemas, la tendencia a considerar que el daño que se produce en circunstancias ambiguas o neutras deriva de un intento hostil por parte de quien lo provoca, lo que llaman sesgo atribucional hostil (Crick y Dodge, 1996; Guerra y Slaby, 1990), en la evaluación de conductas que favorecen la agresión, en la baja valoración de las características típicas de los jóvenes agresivos, abrigando ideas positivas acerca de la agresividad, considerándola socialmente normativa (Dodge y Schwartz, 1997). Estas distorsiones cognitivas se agudizan a medida que sus iguales los rechazan, mostrando al final de la adolescencia actitudes recelosas y llevándoles a reaccionar de forma explosiva y desviada (Scott, 2004). De la misma forma, Thorberry, (2004) también ha  encontrado como aquellos chicos antisociales de inicio temprano presentaban más actitudes favorables al uso de la violencia y la delincuencia como forma de solucionar los problemas, frente a los de inicio tardío o los no delincuentes. 

 Un interesante estudio llevado a cabo en nuestro país, describe el papel que juega la percepción de las figuras de autoridad formales e informales en la inclinación a la conducta delictiva (Molpeceres, Llinares y Bernad, 1999). Los resultados sugieren que: a) la percepción de mayor o menor actividad en las figuras de autoridad relevantes apenas tiene incidencia en la mayor o menor implicación en conductas delictivas y transgresoras; b) que la percepción de competencia y firmeza es relevante en relación a las figuras de autoridad formales pero no en relación al padre; c) que la mayor o menor violencia y crueldad percibida es relevante en relación a todas las figuras de autoridad y, d) que tienden a aparecer diferencias en el juicio afectivo y moral de las tres figuras de autoridad en función de la tendencia a la transgresión, aunque estas diferencias son más acusadas en relación a las figuras de autoridad formal. 

 Los resultados de estos estudios sugieren que un patrón de conductas y actitudes tempranas que desafíen las reglas básicas del comportamiento tales como la honestidad y la veracidad estará asociado con conductas violentas posteriores. Por lo tanto, las intervenciones que busquen ayudar a los jóvenes a desarrollar creencias positivas y modelos de conducta que rechacen la violencia, la mentira y el desobedecer a las reglas y a las leyes, así como también actitudes positivas hacia el cumplimiento de las normas, serían prometedoras para la reducción de los riesgos hacia la violencia. Estos hallazgos destacan la importancia de lo que algunos han denominado “alfabetización” social y emocional (Goleman, 1995), esto es, el proceso de desarrollo social por el cual los niños aprenden a participar exitosamente en la vida social, aprendiendo a respetar turnos, esperar en cola o decir la verdad. 

 No obstante, son muchas las formas en las que la violencia puede expresarse y muchas también las que se aducen para llegar a justificarla o legitimarla. Bandura (1973), al respecto, destaca una serie de situaciones que consistentemente se han implicado en la mayor producción de manifestaciones agresivas y antisociales en los sujetos: a) la atenuación de la agresión por comparación ventajosa, que consiste en disminuir los alcances de las propias acciones agresivas; b) la justificación de la agresión en función de principios elevados, fundamentándose la agresión en función de una serie de valores más elevados; c) el desplazamiento de la responsabilidad, logrando que la gente se conduzca de manera más agresiva cuando cualquier figura de autoridad asume la responsabilidad; d) la difusión de la responsabilidad, ocultando y difundiendo la propia responsabilidad por realizar prácticas agresivas; e) la deshumanización de las víctimas, desvalorizando a las víctimas se les puede agredir cruelmente sin que haya sentimientos de culpabilización o arrepentimiento; f) el falseamiento de las consecuencias, reduciendo al mínimo las consecuencias lesivas producidas en el agredido; y g) la desensibilización graduada, proceso incremental a través del cual, tras la ejecución repetida de actos agresivos, se van extinguiendo el malestar y el autorreproche, aumentando así el nivel de agresión de forma progresiva hasta que, por último, se llegan a cometer actos violentos y antisociales sin el menor remordimiento. 

Asimismo, las investigaciones llevadas a cabo por Luengo (1985) y Romero (1996) ponen de manifiesto que la conducta desviada correlaciona con ciertas preferencias de valores con relevancia personal inmediata (placer, tiempo libre, sexo) y presentan un menor aprecio de los valores con trascendencia social más a largo plazo (solidaridad, justicia) o aquellos ligados a la socialización más convencional (religión, familia, orden, salud). Es importante señalar, que los valores anteriormente relacionados con la conducta antisocial, también lo están con variables tales como la impulsividad o la búsqueda de sensaciones (Luengo et al., 2002). 

3.2.2.3.8. Recursos personales y valores ético-morales 

 Es obvio que no todos los individuos que están expuestos a la acción de diferentes factores de riesgo manifiestan comportamientos antisociales. Existen un conjunto de variables cuyas influencias pueden cancelar o atenuar el efecto de los factores de riesgo conocidos y así, incrementar de algún modo la resistencia hacia ellos. Este sería el caso de la práctica y participación en asociaciones culturales, deportivas o religiosas y valores ético-morales. 

 Son muchos los estudios que ponen en relevancia la acción protectora de la religión o religiosidad y la moralidad frente a la conducta antisocial de los adolescentes (Barber, 2001; Fabian, 2001; Jang y Jhonson, 2003; Lozano et al., 1992; Oetting, Donnermeyer y Deffenbacher, 1998; Peiró, Del Barrio y Carpintero, 1983; Regnerus, 2001; Ruiz, Lozano y Polaino, 1994).

 Ruiz et al. (1994), señalaron que entre los adolescentes encuestados que no manifestaban conductas antisociales, había un numero mayor de creyentes, tanto practicantes como no practicantes, que en el grupo que manifestaban algún comportamiento antisocial. Estos datos confirmaron los encontrados con anterioridad por Peiró et al. (1983), quienes mostraron que la religión y la moral podrían ser entendidos como factores de protección, al constituir un marco de referencia para los jóvenes en el que predominaban los valores prosociales y en el que coexistían grupos de referencia ajenos a la práctica de la conducta desviada. 

 En esta misma linea, Fabian (2001) señala que ha pesar de los numerosos estudios que se han llevado a cabo sobre que factores predicen el comportamiento antisocial, se ha prestado poca atención a la moral como un posible factor de riesgo. Así, en su estudio con adultos, encuentra que aquellos que habían cometido actos delictivos puntuaban más bajo en razonamiento moral que los no delincuentes, sin embargo, no había diferencias entre delincuentes violentos y no violentos. También añaden que el tener un alto razonamiento moral estaría asociado a diversos factores protectores, entre ellos, una buena educación familiar y la importancia otorgada a la religión. 

 Oetting et al. (1998) resaltan que tanto el uso de sustancias como otras conductas desviadas se aprenderían a través de tres ámbitos principales o fuentes primarias, la familia, el colegio y los amigos. Sin embargo, habría otras fuentes de socialización secundarias, entre ellas la religión, que influirían en el proceso de socialización de las fuentes primarias reduciendo su impacto y, por lo tanto, disminuyendo o frenando la manifestación de comportamientos desviados. De la misma forma, Jang y Johnson (2003) señalan como la presencia de emociones negativas o trastornos emocionales serían un factor de riesgo hacia el comportamiento desviado, actuando aquí la religión como un importante neutralizador de dichas emociones. Barber (2001) encuentra en una muestra de niños palestinos, que el tener creencias religiosas actuaba como un factor protector de la conducta desviada, amortiguando el efecto de los factores de riesgo a los que estaban expuestos. 

 Regnerus (2001), añade que la religión protege a los adolescentes de que se involucren en la delincuencia a través de tres vías: 1) la proximidad paternos filial que existe entre familias religiosas, 2) a través de limitar o disminuir la influencia de los pares, 3) a través del contexto de la comunidad. 

 Es importante resaltar, que no sólo hay evidencias de su poder protector, sino que su ausencia podría actuar como factor de riesgo hacia una mayor involucración en comportamientos antisociales. Así, Stack, Wasserman y Kern (2004) evalúan la presencia de actos antisociales consistentes en la visión de pornografía a través de la red. Postulan que las creencias más convencionales estarían asociadas con menos conductas desviadas, entre ellas, las creencias políticas, las creencias favorables hacia el matrimonio y las creencias religiosas. Los resultados señalaron que de todos los factores propuestos, el mejor predictor del uso de pornografía era las ausencia de creencias religiosas. 

 Por otra parte, el realizar o participar en actividades deportivas ha sido considerado como otra fuente de comportamientos prosociales que, de la misma forma que la religión, actuarían como inhibidores de la conducta antisocial, asociándose a otras fuentes de enseñanza, ya que el deporte en sí mismo no garantiza que se desarrollen dichas conductas prosociales (Mckenney y Dattilo, 2001). Así, Stronski et al. (2000) encontraron en su estudio que unos de los factores protectores frente al consumo de drogas era el participar de forma regular en asociaciones deportivas junto con presentar buenos logros académicos, el tipo de educación recibida y el contar con un confidente dentro de la familia. 

 Duncan, Duncan, Strycker y Chaumeton (2002) examinaron en una muestra de niños de 10, 12 y 14 años la relación existentes entre las actividades antisociales (consumo de sustancias y otros conductas) y prosociales (actividad física, deporte organizados, actividades no deportivas organizadas, voluntariado y actividades religiosas). Encontraron que el participar en deportes organizados y actividades físicas estaba inversamente relacionado con el consumo de sustancias para todas las edades. 

 Langbein y Bess (2002) señalan que los colegios con un elevado nº de alumnos presentaban más problemas de conductas antisociales entre el alumnado, disminuyendo éstas, si se aumentaba la programación de actividades deportivas. 

Otros autores han señalado el importante papel que pueden tener los deportes de riesgo como forma de canalizar de forma socializada la alta necesidad de búsqueda de sensaciones y desinhibición, factores que aparecen asociados a la adolescencia y a la manifestación de conductas antisociales (Sánchez y Cantón, 2001).

 7; Moffitt et al., 1996; Thornberry, 2004), d) asociación con problemas cognitivos (Fergusson, Horwood y Lyneskey, 1993; Hinshaw, 1992; Rutter et al., 1997), e) buena respuesta a la medicación estimulante (Taylor et al., 1987) y f) un fuerte componente genético (Eaves et al., 1997; Silberg et al., 1996). 

El estudio de Loney, Whaley-Klahn, Kosier y Conboy (1983), indica que la hiperactividad es una característica individual que no se comparte con los hermanos. En su estudio, los niños diagnosticados como hiperactivos eran notablemente más violentos que el total de sus hermanos varones, aunque reconocen que aún no se comprenden bien los mecanismos por los cuales la hiperactividad se relaciona con la violencia posterior. Asimismo, añaden, que la evaluación de los profesores sobre los problemas de concentración que presentaban los niños también predecía los comportamientos violentos posteriores, tanto en la adolescencia como en la adultez, en el caso de los varones. De la misma forma, y sugiriendo modelos multivariados para entender los comportamientos violentos, el tener problemas de concentración también predice dificultades académicas, lo que en sí mismo es un predictor de violencia posterior. Por último, la evaluación de los profesores sobre la presencia de inquietud o hiperactividad en los niños, incluyendo la dificultad para permanecer sentado, la tendencia a estar inquieto o agitarse y la frecuencia con la que hablaban estaban positivamente relacionados con la violencia posterior en el caso de los varones. 

 Farrington (1989a) encontró relación entre problemas de concentración, impulsividad y conductas de riesgo en niños de 8 y 10 años y una mayor probabilidad de autoinformar violencia entre los 16-18 años y con mayor probabilidad de haber realizado crímenes violentos entre los 10 y los 32 años. De la misma forma, Mannuzza, Klein, Konig y Giampino (1989) encontraron en un estudio prospectivo de niños varones de raza blanca, diagnosticados y tratados por hiperactividad durante la infancia frente a un grupo control, que en la edad adulta, entre los 19 a los 26 años, presentaban mayor porcentaje de delitos de robos y asaltos registrados oficialmente. 

 Por ejemplo, en el estudio longitudinal de Orebro en Suecia, también hallaron que el 15% de los chicos que presentaban problemas de hiperactividad y dificultades de concentración a los 13 años, fueron arrestados por comportamientos violentos a la edad de 26 años, frente al el 3% de los demás chicos (Klinteberg, Andersson, Magnusson y Stattin, 1993). Así, los niños hiperactivos e inquietos, que tienen problemas de concentración en la escuela y que asumen conductas de riesgo, están en un mayor riesgo de desarrollar comportamientos violentos en el futuro que aquellos que no poseen estas características. Otro estudio longitudinal sueco señalaba la medida en que los niños con múltiples problemas como la hiperactividad, falta de concentración, baja motivación escolar, rendimiento por debajo del nivel exigido y las deficientes relaciones con los de su misma edad, presentaban mayor probabilidad de cometer conductas delictivas y abuso de alcohol en la etapa adulta (Stattin y Magnusson, 1995). 

 Maguin et al. (1995), en el Proyecto de Desarrollo Social de Seatle, estudian prospectivamente en una muestra de adolescentes, la influencia de diferentes variables individuales sobre la delincuencia, encontrando que el haber presentado a la edad de 10, 14 y 16 años problemas de hiperactividad y déficit de atención predecía comportamientos violentos autoinformados a la edad de 18 años. 

 La presencia de la hiperactividad también ha sido relacionada con la probabilidad de manifestar actos delictivos tempranos, así como con una mayor probabilidad de reincidencia en el delito en la vida adulta (Farrington et al., 1996c). Estudios complementarios realizados con niños hiperactivos y/o con déficit de atención han evidenciado también el posterior desarrollo en la adolescencia de conductas antisociales (Campbell, 1997; Taylor et al., 1996). Así, en el estudio longitudinal de Pittsburgh, se encontró que apesar de que la hiperactividad se asociaba con un mayor riesgo de presentar todas las formas o tipos de conducta antisocial, la asociación principal se daba con la persistencia de esas conductas más que con su gravedad (Loeber et al., 1997). 

 De la misma forma, estudios más recientes también confirman esta relación. Así, Himelstein (2003) encontró que tanto la presencia de conductas agresivas como problemas de 103 hiperactividad en la infancia contribuían a predecir la conducta antisocial en la adolescencia. Barkley, Fischer, Smallish, Fletcher (2004), han señalado que los niños hiperactivos cometen actos antisociales con más frecuencia y variedad frente a los no hiperactivos, mientras que Simonoff et al. (2004) resaltan tras sus hallazgos que, tanto la presencia de problemas de hiperactividad como de trastornos de conducta en la infancia, tienen un fuerte poder predictivo sobre la aparición posterior de trastorno antisocial de la personalidad y problemas de delincuencia en la etapa adulta. 

3.2.2.3.2. Trastornos emocionales: ansiedad y depresión 

 Una segunda categoría de las características psicológicas investigadas en relación al comportamiento antisocial y/o violento son las emociones negativas en las que se incluyen, fundamentalmente, la ansiedad y la depresión. Muchos individuos que ejercen conductas antisociales manifiestan una alta comorbilidad con trastornos emocionales (Dishion, French y Patterson, 1995; Lahey y McBurnett, 1992). En varios estudios longitudinales y epidemiológicos en población general se ha podido comprobar la relación existente entre perturbaciones emocionales y una mayor probabilidad de ejercer conductas antisociales (Lund y Merrell, 2001; Nottelman y Jensen, 1995; Simonoff et al., 1997). Asimismo, Stefuerak, Calhoun y Glaser (2004) sugieren en su estudio que los trastorno emocionales podrían ser considerados como un canalizador hacia la delincuencia, así como también la personalidad antisocial. 

 En relación a diferencias sexuales, Smith (2002) encontró que los factores de riesgo emocionales afectarían más a las niñas que a los niños para el incremento de la conducta antisocial, encontrando también dichas diferencias para los factores de riesgo familiares. 

 En relación a la depresión, los hallazgos subrayan que en la medida de que la conducta antisocial va asociada a perturbaciones depresivas, aumenta el riesgo de que aparezcan conductas suicidas (Hinshaw et al., 1993; Rutter, Silberg y Simonoff, 1993; Rutter et al., 1997). Sin embargo, también ha parecido una correlación ligeramente negativa entre el nerviosismo y la ansiedad y la posibilidad de ejercer conductas antisociales (Mitchell y Rosa, 1979), e incluso estudios que no han mostrado tal relación (Farrington, 1989b; Vermeiren, Deboutte, Ruchkin y Schawab, 2002; Vermeiren et al., 2004). 

 Respecto a la depresión, no debemos olvidar que presenta una comorbilidad con la agresión en el 50% de los casos, por lo que muchos jóvenes deprimidos expresan su malestar mediante conductas oposicionistas o violentas, tanto verbalmente como hacia uno mismo, este el caso de la adicción a las drogas, conductas de riesgo o el suicidio (Del Barrio, 2004a). En esta dirección, Fombonne et al. (2001) encuentra como aquellos jóvenes que presentaban depresión y trastornos de conducta asociados, tenían mayor riesgo de cometer conductas suicidas, delictivas y presentaban mayor disfunción social en la vida adulta. Resultados similares fueron encontrados por Marmorstein y Iacono (2003). 

 Vermeiren et al. (2002) encuentran para ambos sexos y en tres ciudades de países distintos (Estados Unidos, Bélgica y Rusia), como la presencia de depresión, problemas de somatización, expectativas negativas sobre el futuro y búsqueda de sensaciones se incrementaba gradualmente y en función de la presencia de conducta antisocial y su severidad. Basándose en dos estudios longitudinales realizados con sujetos canadienses y de Nueva Zelanda, Fergusson et al. (2003) examinaron la relación entre depresión y relacionarse con  pares desviados. Ambos estudios llegaron a la conclusión de que el asociarse con pares desviados conllevaba a un aumento de comportamientos problemáticos y cuyas consecuencias negativas serían las que llevarían a la depresión. 

 Vermeiren et al. (2004), encuentran que los sujetos antisociales presentan más problemas emocionales, exceptuando la ansiedad, pero contrariamente a lo esperado, los antisociales que habían sido arrestados no presentaban mayor depresión que los no arrestados 

Diversos estudios han mostrado también cómo los individuos con conductas antisociales presentan trastornos o síntomas emocionales concomitantes entre los que aparecería la depresión, características como el autoconcepto disminuido o desconfianza hacia el otro (Achenbach, 1991; Carrasco, Del Barrio y Rodríguez, 2001; Caron y Rutter, 1991; Del Barrio, 2004a; Muñoz-Rivas, Graña, Andreu y Peña, 2000; Thornberry, 2004; Wilde 1996). Estos elementos no son exclusivos de la depresión, ya que también se encuentran estrechamente vinculados a la conducta antisocial y a la agresión. Así, los adolescentes deprimidos y sin autoestima sienten que no tienen nada que perder cuando se embarcan en una conducta socialmente reprobable, a la vez que no valoran su vida, por lo que no temen ponerla en riesgo (Del Barrio, 2004a; Wilde 1996). 

3.2.2.3.3. Asociación con trastornos mentales graves

a) Conducta antisocial y el consumo de sustancias 

 En la actualidad, existe suficiente bibliografía acumulativa acerca de la fuerte asociación que hay entre el consumo de sustancias y la conducta antisocial; además de los múltiples factores de riesgo que el consumo de drogas/alcohol y la violencia comparten (Boles y Miotto, 2003; Dorsey, Zawitz y Middleton, 2002; Hodgins, 1993; MacCoun, Kilmer y Reute, 2002; Marzuk, 1996; Nagin y Tremblay, 2001; Room y Rossow, 2001; White y Gorman, 2000; White, 2004). No obstante, existen varios modelos alternativos que intentan explicar por qué el consumo de drogas y alcohol es un factor de riesgo para la conducta antisocial en jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, en algunos adolescentes, los efectos del consumo de alcohol degeneran, en ocasiones, en conductas violentas (modelo psicofarmacológico) (Boles y Miotto, 2003; Ito et al., 1996; MacCoun et al., 2002; Parker y Auerhahn, 1999). De la misma forma, las drogas pueden provocar delitos predatorios cuyo fin es obtener dinero para costear el consumo (modelo de motivación económica) (Anglin y Perrochet, 1998; Dorsey et al., 2002; Nadelmann, 1998); o porque el mismo sistema de distribución y consumo de drogas está inherentemente vinculado al delito (modelo sistémico) (Goldstein, 1998; Miczek et al., 1994). Para otros, sin embargo, la conducta antisocial debilitaría la adherencia a las normas sociales, incrementando la implicación del individuo en el consumo ilegal de las drogas lo que les proporcionaría oportunidades y refuerzos para el incremento del consumo de dichas sustancias (Farrington, 1995; White, Brick y Hansell, 1993). Finalmente, para otros, existirían grupos de factores comunes que incrementarían su implicación en todos los tipos de conducta desviada, incluyendo el consumo de drogas y la violencia (modelo de causa común) (Jessor y Jessor, 1977; White y Labouvie, 1994; White, 2004). 

 A continuación se revisarán algunas de las investigaciones empíricas que ponen de manifiesto la asociación entre la conducta antisocial y el consumo de drogas.  

Uno de los primeros estudios que informó del consumo de drogas y la conducta delictiva en jóvenes fue el de Robins y Murphy (1967), quienes con una muestra de 235 varones seleccionados de registros de escuelas, mostraron que los sujetos consumidores de droga se iniciaban en la marihuana y, a su vez, los delincuentes tenían mayor probabilidad de implicarse en el consumo de drogas que los no delincuentes. Asimismo, una vez que comenzaban en dicho consumo, los delincuentes progresaban más rápido hacia el consumo de heroína. Desde estos resultados, se empezó a suponer que la conducta antisocial era un predictor significativo del consumo de drogas. 

 Otro de los trabajos pioneros en este campo fue el realizado por Jacoby, Weiner, Thornberry y Wolfgang (1973). Este estudio retrospectivo examinó la relación entre el consumo de marihuana/heroína y la manifestación posterior de actividades delictivas. La muestra estaba compuesta por 995 adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y 18 años de edad, seleccionados a través de registros oficiales y entrevistas. Los hallazgos señalaron una relación positiva y significativa entre el consumo de drogas y la actividad delictiva. Se demostró que, en primer lugar, el consumo de drogas seguía a la actividad delictiva y, por tanto, el consumo de drogas como causa de la delincuencia no tenía suficiente apoyo empírico. También se halló que los consumidores de drogas manifestaban mayores conductas antisociales que los no consumidores y que ésta aumentaba progresivamente con la edad. 

 Goode (1972) investigó al respecto la relación entre el consumo de marihuana y la realización de actos delictivos en 559 hombres de la población general, de edades comprendidas entre los 15 y los 34 años de edad. Comprobó si entre el consumo de marihuana y la delincuencia existía una relación causal o no. Cuando se les preguntó a los sujetos sobre la comisión de delitos bajo el consumo de alcohol o marihuana en las últimas 24 horas, los jóvenes no habían consumido marihuana pero sí alcohol, especialmente en la realización de delitos violentos. También encontró una relación significativa entre el consumo de marihuana y la delincuencia autoinformada, pero rechazaron cualquier relación causal. 

 Siguiendo esta línea argumental, Gold y Reimer (1974) analizaron los datos de una muestra de 1395 adolescentes entre 11 y 18 años. Se les aplicó un cuestionario que medía la comisión de delitos (desde leves a graves) y el consumo de marihuana y otras drogas. Encontraron que el consumo de sustancias, sobre todo marihuana, aumentaba con la edad, quizás porque los padres ya no lo veían como una delito grave y por el aumento de autonomía en el joven. No obstante, la delincuencia disminuyó tanto en hombres como en mujeres según aumentaba la edad de los jóvenes. Estos datos apoyaban la hipótesis causal, ya que el consumo de marihuana correlacionó con el mismo tipo de variables predictoras y con la frecuencia de realización de conductas antisociales. 

 En el estudio de ÓDonnell et al. (1976) la muestra estuvo compuesta por 3.024 hombres con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Este estudio analizó la relación entre droga y conducta antisocial de modo retrospectivo pidiendo a los sujetos que recordasen la realización de estas conductas desde los 12 años de edad. Los resultados indicaron que ambas secuencias temporales –consumo de marihuana/delincuencia o delincuencia/consumo de marihuana- son posibles. Si los jóvenes habían consumido a los 16 años, este consumo precedía a la realización de actos antisociales (robar); si los sujetos habían consumido a partir de los 17 años, ya habían realizado delitos previos (robar un coche). De este estudio, se dedujo, entre otras cuestiones, la dificultad de encontrar una relación causal definitiva entre ambos comportamientos. 

 Otros trabajos como el de Inciardi (1980), con una muestra de 514 escolares (con edad media de 19,3 años) y otra muestra compuesta por 166 consumidores localizados en la calle (19,8 años de media), evidenció que, en los estudiantes, el consumo se iniciaba a los 15 años y la delincuencia a los 14 años, mientras que en los jóvenes de la calle, el consumo de heroína comenzaba a los 13 y los delitos a partir de los 14 años. Estos resultados evidenciaron que los patrones de consumo y de actividad delictiva variaban en función del tipo de consumidores considerados, del lugar y de la influencia de otras variables tales como el nivel socioeconómico, el lugar de residencia y de otros factores socioambientales.

Windle (1990) encontró que manifestar de forma temprana conductas antisociales, no relacionadas con el consumo de drogas, predecía prospectivamente diversas formas de uso de sustancias en la postadolescencia, especialmente el consumo de alcohol. Otros estudios, sin embargo, han mostrado una relación recíproca baja o ausente entre el uso de sustancias y la delincuencia (Dembo, Williams, Wothke y Schmeidler, 1994, Dembo et al.,1995). 

White y Labouvie (1994) examinaron la estructura de la conducta problema a través del análisis de los datos de un muestreo longitudinal prospectivo recogidos de una muestra compuesta por preadolescentes o adolescencia temprana (12 años), mediana adolescencia (15 años) y adolescencia tardía (18 años), en ambos sexos. Los modelos estructurales revelaron que el uso de sustancias y la delincuencia representaban dos dimensiones distintas de la “conducta problema”. Así, los hallazgos de estos estudios desafían la tendencia que existe a intentar comprender los problemas de conducta de forma independiente. 

 Estudios más novedosos como los realizados por Van Kammen, Loeber y StouthamerLoeber (1991), mostraron la existencia de una progresión de los jóvenes en las distintas sustancias (cerveza, vino-tabaco, licores-marihuana y otras drogas ilegales). Además, a mayor involucración en el consumo, mayor era la posibilidad de ocurrencia de problemas y conductas antisociales en los de mayor edad. Por tanto, habría una coexistencia de consumo de sustancias y delincuencia, e incluso una progresiva implicación en ambas. 

 Los estudios llevados a cabo por la NHSDA en Estados Unidos (SAMHSA, 1997), con amplias muestras de adolescentes entre los 12 y los 17 años, obtuvieron porcentajes de jóvenes que manifestaron cometer delitos por consumo de sustancias. Los mayores porcentajes giraron en torno al 73,7% de haber cometido un delito contra la propiedad habiendo consumido cocaína, alcohol y cannabis; seguido del 69,1% de haber cometido cualquier delito violento habiendo consumido alcohol, cannabis y cocaína; así como de un 21,2% que afirmaron cometer delitos violentos sólo con consumo de alcohol. Parece, por tanto, evidente la relación lineal entre el consumo de drogas y la conducta antisocial. 

 De la misma forma, y teniendo en cuenta algunos resultados obtenidos en España, Otero (1997), utilizó en su estudio varias muestras, una de escolarizados, otra de jóvenes institucionalizados, otra en tratamiento y por último de consumidores de la calle. Aquí sólo se comentarán los resultados encontrados en la muestra de población general escolarizados, compuesta de 3.982 sujetos (1.972 varones y 2.010 mujeres) con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, dada fundamentalmente su aplicación a los resultados obtenidos en la presente investigación doctoral. En este estudio, las variables utilizadas fueron el consumo de drogas (legales, ilegales y médicas), la frecuencia de consumo, las conductas delictivas y su frecuencia como variables dependientes, y variables familiares, grupo de iguales y personales como independientes. Los resultados de este estudio indican que : a) el alcohol es el tipo de consumo que mayor relación estadística muestra con todas las actividades delictivas; b) la conducta contra normas es la actividad delictiva que, excepto para la heroína, presenta una mayor covariación con todos los tipos de consumo; c) el cannabis aparece como la sustancia ilegal más relacionada con las actividades delictivas; d) el consumo de heroína alcanza la mayor asociación con la conducta de vandalismo. A modo de resumen, parece evidente que la relación droga-conducta antisocial y delictiva no puede entenderse de forma global, sino que es necesario contextualizar en función del tipo de muestra, e, incluso, a qué sustancia y conducta delictiva se está haciendo mención. Teniendo en cuenta el resto de muestras del trabajo de Otero (1997), la explicación de la necesidad económica en la delincuencia-droga, únicamente parece razonable para el grupo de adolescentes en tratamiento, pero no se cumple para los adolescentes escolarizados, institucionalizados o de la calle. 

 Más recientemente, el estudio realizado por Mason y Windle (2002) examinó la existencia de relaciones recíprocas entre el uso de sustancias y la delincuencia autoinformada a través de una muestra de 1.218 estudiantes de secundaria. Se utilizó un longitudinal para investigar las interrelaciones entre los patrones dentro de la generalización de las dos conductas-problemas. Los análisis revelaron que el modelo de ecuaciones estructurales entre el policonsumo de sustancias y la delincuencia, en general, era evidente en los varones pero no en las mujeres. En los varones, el efecto de la delincuencia sobre el abuso de sustancias fue relativamente bajo pero consistente en el tiempo, mientras que el efecto del uso de sustancias sobre la delincuencia fue mayor pero restringido a aquellos adolescentes de menor edad. 

 Finalmente, se puede afirmar que existe una asociación positiva entre el consumo de drogas y la conducta antisocial y delictiva. Además, la involucración en el consumo de drogas de los adolescentes se asocia diferencialmente con distintas conductas contra las normas sociales y de convivencia en el caso de los sujetos escolarizados (Otero, 1997). 

b) Conducta antisocial y otros trastornos psicopatológicos 

 También los trastornos psicóticos se han relacionado con la comisión de determinados delitos (destrucción de propiedad y crímenes violentos) que pueden tener su origen en procesos mentales anormales como las percepciones distorsionadas, el razonamiento defectuoso y la regulación afectiva defectuosa de las psicosis (Hersh y Borum, 1998; Marzuk, 1996; Taylor, 1993). Es conveniente señalar que el riesgo no se derivaría del propio diagnóstico de psicosis sino de los propios síntomas. La psicosis no solo se ha relacionado como el origen de conductas antisociales, sino que ha sido considerada como posterior al comienzo de las conductas antisociales en la niñez (Robins, 1966). Psicopatológicamente, este hallazgo sería comprensible en términos de una conducta antisocial intrínseca a las manifestaciones precoces de la esquizofrenia. 

 En relación a otros diagnósticos como el autismo o el síndrome de Asperger, la proporción de delitos asociados es todavía más pequeña y ocasional (Tantam, 1988; Wolff, 1995), aunque algunos delitos parecen derivarse de la insensibilidad a los estímulos sociales, típico del autismo.

 Sin embargo, los trastornos psicopatológicos más asociados a la conducta antisocial son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno disocial, el trastorno negativista desafiante, bien porque ponen en riesgo al niño o adolescente para que las desarrolle o porque dichos diagnósticos conllevan en si mismo la presencia de estas conductas (APA, 2002; Kazdin y Buela-Casal, 2002; Lahey, Waldman y McBurnett, 1999; Loeber et al., 2000; Rutter et al., 2000). De la misma forma, la presencia de trastornos de la personalidad, y más concretamente la psicopatía, en la edad adulta, correlacionan con una mayor delincuencia violenta (Hare, 1991; Hare, 1998; Hare, Clark, Grann y Thornton, 2000 Moltó, Poy y Torrubia, 2000), mayor reincidencia (Rice y Harris, 1997) y quebrantamiento de la pena (Torrubia et al., 2000). 

3.2.2.3.4. Iniciación temprana en la delincuencia, conductas violentas y otras conductas antisociales

 La temprana aparición de la conducta violenta y delincuencia, predicen comportamientos violentos más serios y una mayor cronicidad de los mismos (Farrington, 1991; Krohn et al., 2001; Pfeiffer, 2004; Thornberry et al., 1995; Thornberry, 2004; Tolan y Thomas, 1995; Tremblay, 2001). 

 White (1992) evaluó la violencia autoinformada por 219 chicas y 205 chicos a los 15, 18 y 21 años, en el proyecto de Salud y Desarrollo Humano de Rutgers. La violencia a los 15 años predecía violencia en los años posteriores en el caso de los chicos, pero de forma menos consistente en el caso de las chicas. 

 Existe un grado de continuidad en el comportamiento violento. Hamparian, Davis, Jacobson y McGraw (1985) encontraron que el 59% de los jóvenes violentos eran arrestados en la edad adulta, y el 42% de estos delincuentes adultos recibían cargos por delitos violentos. Farrington (1995) encontró que la mitad de los jóvenes detenidos por un acto violento entre los 10 y 16 años, eran detenidos nuevamente por actos violentos a la edad de 24 años. Mitchell y Rosa (1979) encontraron que tanto el robo como los comportamientos destructivos llevados a cabo entre los 5 y los 15 años predecían delitos violentos en la adultez, mientras que la desobediencia informada por los padres no era un predictor de violencia posterior en su muestra. Robins (1966) consideró la conducta desviada en la infancia y la violencia en la adultez en su estudio de 524 pacientes psiquiátricos y encontró que los hombres con una historia de comportamiento antisocial entre los 6 y 17 años, eran culpados con mayor frecuencia de robo, violación, asesinato y crímenes sexuales en la edad adulta. Sin embargo, este patrón no se encontró en el caso de las mujeres, lo que sugiere que hay menor consistencia en la conducta antisocial de las mujeres en comparación a los hombres. 

 En el estudio de Cambridge, Farrington (1989a) encontró que la presencia de problemas de disciplina entre los 8 y 10 años, la delincuencia autoinformada, el fumar regularmente cigarrillos y las relaciones sexuales tempranas a los 14 años, predecían violencia posterior en el caso de los chicos. Maguin y cols (1995) encontraron que los jóvenes que informaban haber vendido drogas entre los 14 y 16 años, mostraban una mayor variedad de comportamientos violentos a los 18. Farrington (2001) señala que haber sufrido detenciones por delitos no violentos en la adolescencia era mayor predictor de la violencia en la etapa adulta que las detenciones por delitos violentos, aun cuando ambas ejercían como factores de riesgo importantes para la violencia posterior. De la misma forma, Himelstein (2003) encuentra en su estudio que el factor de riesgo que más proporción de la varianza explicab sobre la conducta antisocial en la adolescencia, era haber mostrado agresividad durante la infancia. 

 Existen, por tanto, consistentes evidencias que sugieren que el involucrarse en cualquier forma de comportamiento antisocial en la infancia o adolescencia, está asociado con un mayor riesgo de violencia futura, especialmente en el caso de los chicos, sin embargo, y como apunta Maahs (2001), sería insuficiente como causa única. 

 Por último, Thornberry (2004), en su investigación longitudinal de Rochester compara delincuentes infantiles o de “inicio temprano” con aquellos que empiezan a delinquir durante la adolescencia, encontrando claras diferencias tanto en la gravedad de los comportamientos como en la persistencia. Así, los delincuentes infantiles (de inicio temprano), no sólo se implicaban en un mayor número de actos antisociales y delictivos, sino también en el consumo de drogas, en relaciones sexuales a edades tempranas y comportamientos más graves y violentos, además de presentar una mayor persistencia de su comportamiento hacia la adultez, relacionandose con la aparición de una carrera delictiva y criminal más extensa. 

3.2.2.3.5. Variables de personalidad: impulsividad, búsqueda de sensaciones, empatía, autoestima y agresividad 

 Numerosos estudios han relacionado determinadas características de la personalidad con la conducta antisocial. Son varias las teorías psicológicas que señalan los rasgos de personalidad diferenciales de los delincuentes (Cloninger, 1987; Eysenck, 1977; McCrae y Costa, 1985; Zuckerman, 1994) y muchas han sido las variables de personalidad asociadas al riesgo de implicación en conductas delictivas. 

 Cuando se analiza la estructura de la personalidad de niños y adolescentes se hallan distintas variables en función de los distintos marcos teóricos de partida. Existen dos modelos bastantes próximos: las tres dimensiones de Eysenck y Eysenck (1978) (neuroticismo, extraversión y psicoticismo) y los cinco grandes o Big-Five de McCrae y Costa (1985) (amabilidad, apertura a la experiencia, neuroticismo, extraversión y responsabilidad). 

 El neuroticismo y la extraversión han sido las estructuras básicas constantemente relacionadas con la conducta antisocial, delincuencia o violencia. Así, Del Barrio (2004b), señala que la extraversión propicia en sí misma una forma de vida en la que el comportamiento antisocial florece con más probabilidad debido a las siguientes características: búsqueda de sensaciones, baja percepción del riesgo y baja capacidad para la gratificación. Respecto al neuroticismo, se ha encontrado también en población española asociación con la delincuencia, tanto en adultos como en niños (Del Barrio, Moreno y López, 2001; Sobral, Romero, Luengo y Marzoa, 2000). Respecto a los nuevos factores de Big-Five, los hallazgos son parecidos, los jóvenes violentos tienen niveles más bajos de responsabilidad y amabilidad (John et al., 1994). La conducta antisocial, por tanto, estaría positivamente relacionada con los factores de neuroticismo, extraversión y psicoticismo, mientras que, por el contrario, se muestra negativamente relacionada con responsabilidad, amabilidad y apertura a la experiencia (Del Barrio, 2004b). 

 Sin embargo, se prestará exclusivamente atención a aquellas variables procedentes de las teorías de la activación, la impulsividad y la búsqueda de sensaciones, empatía, autoestima, así como a la agresividad, puesto que son las que han generado un cuerpo de resultados con mayor solidez y consistencia. 

 Puesto que, como se ha señalado en repetidas ocasiones, la conducta antisocial constituye un fenómeno multicausal, son necesarios acercamientos no fragmentarios y parcialistas, que den cabida a agrupaciones de distintos factores (Elliot et al., 1985). En este sentido, se ha subrayado la conveniencia de realizar acercamientos longitudinales que tengan en cuenta la consistencia y estabilidad de los rasgos de la personalidad (Barnea, Teichman y Rahav, 1992). 

• La impulsividad 

 Eysenck y Eysenck (1978) relacionaron la impulsividad con su teoría de los tres superrasgos de personalidad: extraversión, neuroticismo y psicoticismo. La impulsividad, en una definición amplia (impulsividad como asunción de riesgos, no planificación e irreflexión) correlacionaría positivamente con la extraversión y psicoticismo mientras que, la impulsividad en una definición más restringida correlacionaría positivamente con el neuroticismo y el psicoticismo. En un sentido amplio de la definición de impulsividad ésta correlacionaría con la delincuencia. Sin embargo, las predicciones son matizables en tanto en cuanto Eysenck y Eysenck (1978) admiten que el término psicoticismo usado por ellos no se corresponde con el contenido general del concepto. Existen estudios al respecto que parecen constatar que la impulsividad presenta una relación más potente con el neuroticismo que con la extraversión (Romero, Luengo, Carrillo y Otero, 1994c; Schweizer, 2002). 

Se entiende por impulsividad la tendencia a responder rápidamente y sin reflexión a los estímulos, cometiendo por ello un alto porcentaje de errores en la respuesta (Schweizer, 2002). Aunque la confusión conceptual es una de las características más dominantes del constructo impulsividad, si está claro que conjuga aspectos como las dificultades para considerar las consecuencias de la propia conducta, un estilo rápido o precipitado y poco meditado a la hora de tomar decisiones, las dificultades para planificar el propio comportamiento y la incapacidad para ejercer un control sobre él (McCown y DeSimone, 1993), sin olvidar un aspecto especial de la impulsividad, que es la incapacidad que el sujeto tiene para diferir la gratificación (Roberts y Erikson, 1968). De esta forma, todas estas características que implica la impulsividad incrementarían la probabilidad de aparición de conductas antisociales y violentas, siendo considerada como uno de los factores de riesgo más potentes de tales conductas ( Huang et al., 2001; Patterson, 1992). 

En cualquier caso, habría una estrecha covariación entre la impulsividad y la delincuencia tanto en muestras de sujetos institucionalizados (Eysenck y McGurk, 1980; Royse y Wiehe; 1988), como en la población general (Eysenck, 1981; Farrington, 1989a; Rigby, Mak y Slee, 1989) o autoinformada (Carrillo, Romero, Otero y Luengo, 1994; Sobral et al., 2000b). Asimismo, a través de estudios longitudinales se ha puesto de relieve la capacidad de la impulsividad para predecir la evolución de la conducta antisocial de los jóvenes (Luengo, Carrillo, Otero y Romero, 1994). 

El análisis del estudio de Cambridge de 411 chicos de Londres, realizado por Farrington (1989a) encontró también que la impulsividad en la niñez era predictora tanto de la violencia autoinformada como de la violencia registrada oficialmente. La evidencia de estos estudios revela, consistentemente, una relación positiva entre hiperactividad, problemas de atención y concentración, impulsividad y conductas de riesgo, con posteriores conductas violentas. Cuando estos factores se combinan resultan particularmente más relevantes en la predicción de la violencia. 

Caspi et al. (1994), en un estudio con doble muestreo para varones y mujeres, asociaban la delincuencia a un débil autocontrol o a una elevada impulsividad, así como a una emotividad negativa (tendencia a estar enojado, ansioso o irritable). Tremblay, Pihl, Vitaro y Dobkin (1994) demostraron la relación existente entre la impulsividad mostrada por los niños en el jardín de infancia y su posterior predicción de la delincuencia a los 13 años. White et al., (1994) encontraron que la impulsividad conductual era un predictor de la delincuencia más fuerte que la impulsividad cognitiva. Así, Krueger, Caspi, Moffittt y White (1996) encontraron que los niños que manifestaban dificultades para retrasar las satisfacciones o bajo autocontrol a la edad de 12 años, se asociaba a la presencia de conductas antisociales y no con dificultades emocionales. Stuewig (2001) encuentra que la impulsividad está relacionada con la conducta antisocial junto con otros factores como la búsqueda de sensaciones, el temperamento, logro académico y uso de sustancias por parte de los pares, de tal forma que, de sus modificaciones dependerá de que dicha conducta desista o persista en el tiempo. 

Estudios con muestra española también confirman dicha relación. Así, Sobral et al. (2000a) confirman en su estudio como la impulsividad se muestra como una variable de suma importancia en la explicación de la conducta antisocial. Pero además, encuentran como puede potenciar los efectos de una serie de factores de riesgo cuando se asocia a ellos, como bajo apoyo parental y apego escolar, pertenencia a grupos desviados, y en el caso de las chicas, déficits socioeconómicos. También encuentran como los varones presentan mayores niveles de impulsividad y, por tanto, de conducta antisocial. De la misma forma, Mestre, Samper y Frías (2002) encontraron en una muestra de adolescentes que aquellos que eran más impulsivos e inestables emocionalmente, eran los más propensos a emitir comportamientos agresivos y antisociales. A resultados similares han llegado Garaigordobil et al. (2004) en una muestra infantil de 10 a 12 años. Estos resultados apoyan los encontrados por Bandura (1999); Eisenberg, Fabes, Guthrie y Reiser (2000). 

Luengo et al. (2002) señalan que la impulsividad aparece asociada a otra serie de variables que potencian su poder predictivo sobre la conducta antisocial. Por un lado, estos jóvenes impulsivos presentan dificultades en la resolución de problemas y la toma de decisiones, en la demora de la gratificación y en tener una perspectiva temporal a largo plazo que les ayudaría a prestar atención a las consecuencias de sus conductas. De la misma forma, Schweizer (2002) ha encontrado pruebas que demuestran que la impulsividad correlaciona negativamente con el razonamiento. Dichas dificultades pondrían al adolescente en riesgo de implicarse en conductas problemáticas.  

• La búsqueda de sensaciones 

 En lineas generales, este rasgo de personalidad representa la necesidad de buscar y experimentar sensaciones novedosas, variadas y complejas, de las que pueden derivarse riesgos físicos y/o sociales (Zuckerman, 1979; p. 10). Zuckerman relaciona la búsqueda de sensaciones con el componente impulsivo de la extraversión, la carencia de acuerdo con las normas sociales, la irresponsabilidad y el bajo auto-control. De forma contraria, la ausencia de búsqueda de sensaciones indica conformidad con las normas sociales y un comportamiento controlado y convencional. 

La búsqueda de sensaciones ha mostrado su relación con estar involucrado en actividades desviadas (Del Barrio, 2004a; Levine y Singer, 1988; Newcomb y McGee, 1991). Son muchos los estudios que muestran una relación positiva entre la búsqueda de sensaciones y la conducta antisocial autoinformada en sujetos de población general. Esta interrelación se hace evidente, además, tanto en muestras de adultos (Levenson, Kiehl y Fizpatrick, 1995; Pérez y Torrubia, 1985) como en muestras de adolescentes (Luengo, Otero, Mirón y Romero, 1995; Romero, 1996; Simó y Pérez, 1991) y de niños (Kafry, 1982). 

Agnew (1990), encontró en sus trabajos que la búsqueda de riesgo y aventuras, la curiosidad y el deseo de superar el aburrimiento eran las razones más frecuentes dadas por los jóvenes a la hora de explicar su conducta delictiva. 

Maguin et al. (1995), en el Proyecto de Desarrollo Social de Seatle, estudian prospectivamente en una muestra de adolescentes, la influencia de diferentes variables individuales sobre la delincuencia, encontrando que el haber llevado a cabo conductas de riesgo a la edad de 14 y 16 años, predecía los comportamientos violentos autoinformados a la edad de 18 años. 

En un estudio realizado por Otero, Romero y Luengo (1994), utilizando la técnica de análisis de datos de los modelos de ecuaciones estructurales, se pudo verificar que la puntuación total en la búsqueda de sensaciones posibilitaba la predicción de la conducta antisocial en un periodo de seguimiento de tres años. De la misma forma, Schmeck y Poustka (2001) confirman la relación entre el temperamento difícil y los problemas de agresión y violencia en niños y jóvenes, pero sobre todo cuando este tipo de temperamento se asocia con una alta necesidad de búsqueda de sensaciones. 

Herrero, Ordoñez, Salas y Colom (2002) constatan, a través de una muestra de delincuentes en prisión y adolescentes, como aquellas personalidades antisociales puntuaban más alto en ausencia de miedo, búsqueda de sensaciones e impulsividad, no encontrando diferencias en estas variables al comparar los adolescentes con los presos, llegando incluso los adolescentes a puntuar más alto en impulsividad, rasgo propio de esta etapa. 

Para finalizar, Romero et al. (1999) proponen la conveniencia de examinar por separado los distintos factores que forman parte del constructo “búsqueda de sensaciones” y, en especial, la “desinhibición” y “búsqueda de experiencias” que parecen ser las dimensiones más estrechamente ligadas a la conducta antisocial, sobre todo en muestras de adolescentes. Por el contrario, la “búsqueda de emociones y aventuras” estarían más débilmente relacionadas con dichas conductas. 

• La Empatía 

En el área de la delincuencia se han desarrollado amplias líneas de trabajo en torno a un componente específico de la habilidad social: la empatía. Se define como una respuesta afectiva para la aprehensión y comprensión del estado emocional del otro (Eisenberg et al., 1996) o la capacidad para “ponerse en lugar” del otro. Gladstein (1984) (cit. en Del Barrio, 2004a) añadiría otra faceta, la de sentir necesidad de ayudar al que lo necesita. Estudios con niños o jóvenes antisociales y delincuentes han mostrado que éstos presentan ciertos déficits a la hora de identificar y comprender los estados internos de los otros (pensamientos, perspectivas, sentimientos) (Bandura, Barbarelli, Caprara y Pastorelli, 1996; Del Barrio, Mestre y Carrasco, 2003; Del Barrio, 2004b; Garaigordobil et al., 2004; Mestre et al., 2002; Sezov, 2002). Este déficit parece especialmente acusado en la capacidad para “sentir” los afectos de los demás (Calvo, González y Martorell, 2001; Mirón, Otero y Luengo, 1989; Romero, 1996). Los individuos antisociales parecen mostrar una menor capacidad para “identificarse” con los sentimientos de otras personas. Esto supondrá una menor inhibición a la hora de infligir algún daño a los demás. 

 En contraposición, la empatía es la base de la conducta altruista, que resulta incompatible con agredir al otro, es lo que se considera conducta prosocial. Numerosos estudios han demostrado empíricamente la relación positiva que existe entre empatía y la conducta prosocial (Bandura et al., 1996; Fuentes et al., 1993; Hoffman, 1990). Así pues, la empatía favorecería los actos altruistas y limitaría la conducta antisocial (Hoffman, 1990; Sobral et al., 2000b). En relación a esto, Mestre et al. (2002) encuentran en su estudio que la empatía aparece como el principal motivador de la conducta prosocial, tanto en sus componentes cognitivos como emocionales, e inhibidora de la conducta agresiva. 

Una de las razones por las que las chicas son menos agresivas que los chicos se debe a sus altos niveles de empatía (Worthen, 2000) y las consecuentes capacidades para hacer amigos y pertenecer a grupos. Por tanto, si se promueve la empatía, ésta facilitará la conducta afectiva hacia los demás, el respeto hacia la propiedad ajena y la medición para evitar las agresiones y la violencia, conformandose como un factor de protección de la conducta antisocial. 

• La Autoestima 

En el campo de la conducta problema, muchos autores han asumido que, en alguna medida, la autoimagen y la autovaloración son factores implicados en la etiología de la conducta desviada. Ya en los años 50, ciertos representantes de las teorías del control social (Reckless, Dinitz y Murray, 1956) sostuvieron que en condiciones sociales de alto riesgo, los individuos con un autoconcepto positivo mostraban una menor vulnerabilidad hacia la conducta antisocial. Utilizando términos actuales, el autoconcepto sería un “factor de protección” que amortigua los efectos de una situación de riesgo. Otros autores han teorizado sobre la autoestima postulando mecanismos de compensación, donde la conducta problema (violencia, consumo de drogas) sería un medio para restaurar una autoestima deteriorada (Kaplan, 1984; Steffenhagen, 1980; Toch, 1992). En contraposición, otros consideran que la sobrevaloración de sí mismos también puede provocar el mismo efecto, fundamentalmente en la infancia media (Edens, 1999, cit. en Del Barrio, 2004b), ya que produce percepciones narcisistas que dificultan una buena integración en el grupo. De la misma forma, Baumeister, Smart y Boden, (1996) confirma esta idea, añadiendo como una alta autoestima puede llevar al adolescente a responder de forma agresiva ante cualquier situación que el considere inaceptable o que amenace su ego.  

La evidencia empírica sobre la relación autoestima-conducta problema ha mostrado aspectos contradictorios. Algunos trabajos han apoyado la hipótesis de la compensación (Kaplan, 1978) aunque, en general, la correlación entre autoestima y conducta desviada se muestra débil (McCarthy y Hoge, 1984). No obstante, existen diversos trabajos que han hallado correlaciones entre bajo autoconcepto o baja autoestima y mayor presencia de conductas amenazantes y agresivas (Calvo et al., 2001; Garaigordobil et al., 2004; Marsh, Parada, Yeung y Healey, 2001; O’Moore y Kirkham, 2001) y otros que han encontrado una relación positiva entre autoimagen negativa y algunos factores de riesgo de la conducta antisocial, como son la depresión, el bajo rendimiento académico, falta de vínculos familiares, pocas habilidades sociales y baja autoeficacia (Alonso y Román, 2003; Bosacki, 2003; Carrasco y del Barrio, 2003; Del Barrio, Frías y Mestre, 1994; Simons, Partenite y Shore, 2001). 

 Sin embargo, en los últimos años, se ha sugerido que para entender adecuadamente tal relación, habrá que atender a la naturaleza multidimensional de la autoestima (Romero et al., 1995a). Desde esta perspectiva, se plantea la necesidad de tener en cuenta que las personas podemos mantener autovaloraciones distintas en diferentes campos de nuestra experiencia; por ejemplo, un individuo puede valorarse positivamente en cuanto a sus capacidades académicas y, sin embargo, autorrechazarse en el campo de la interacción social. Por tanto, para examinar la asociación entre la autoestima y la conducta desviada, habrá que evaluar esas diferentes dimensiones, por lo que los trabajos que se limitan a analizar la autoestima “global” pueden enmascarar el tejido de relaciones entre la conducta y los distintos “campos” de la autoestima. De hecho, cuando se examinan diferentes dimensiones se encuentra que la conducta problema se relaciona negativamente con la autoestima en la familia y en la escuela; sin embargo, se relaciona positivamente con la autoestima en el ámbito de los amigos (Romero, Luengo y Otero, 1998). Se ha sugerido que las hipótesis relacionadas con la “autocompensación” podrían ser reconsideradas en sintonía con estos hallazgos (Leung y Lau, 1989). Quizás, efectivamente, una baja autoestima sirva de motivación a la conducta problema, es decir, una baja autoestima en la familia y en la escuela la que conduciría a rechazar las normas convencionales. La conducta problemática podría restaurar en alguna medida la autovaloración pero únicamente en el ámbito de los amigos. 

• La agresividad 

 Muchos investigadores han encontrado cierta relación y continuidad desde la agresividad temprana hacia la conducta antisocial en la adolescencia y la presencia de crímenes violentos (Loeber, 1990; Loeber y Hay, 1996; Olweus, 1979; Pfeiffer, 2004; Thornberry, 2004; Tremblay, 2001; Velázquez et al., 2002). 

Es obvio que la agresividad es un atributo bastante estable, los niños que hacia los 2 años son agresivos tienden a seguir siéndolo cuando tienen 5 años de edad (Cummings, Iannotti y Zahn-Waxler, 1989; cit. en Shaffer, 2002). Estudios longitudinales realizados en Islandia, Nueva Zelanda y EE.UU. rebelan, además, que la cantidad de conducta agresiva que muestran los niños entre 3 y 10 años de edad, es un predictor de sus inclinaciones agresivas y antisociales a lo largo de su vida (Hart et al., 1997; Henry et al., 1996; Newman et al., 1997). Huessmann et al. (1984), por ejemplo, realizaron un estudio longitudinal durante 22 años en un grupo de 600 participantes. En conclusión, los niños de 8 años muy agresivos presentaron a los 30 años de edad, mayores tasas de hostilidad y agresiones a sus parejas e hijos, así como condenas por delitos criminales. 

Otros estudios también han señalado que el comportamiento agresivo medido entre la edad de los 6 y los 13 años predice consistentemente la violencia en varones (Farrington, 1989a; Olweus, 1979). En la misma línea, Stattin y Magnusson (1989) encontraron que dos tercios de los niños que ejercen agresiones contra los profesores entre los 10 y los 13 años presentan posteriormente historias de delitos violentos a la edad de 26 años. Sin embargo, esta relación no aparecía en el caso de las mujeres. 

Mc Cord y Ensminger (1995) encontró que casi la mitad de los niños que habían sido clasificados como agresivos por sus profesores a los 6 años, habían sido arrestados por crímenes violentos a la edad de 33, comparado con un tercio de sus compañeros no agresivos. Estos autores, encontraron resultados similares en chicas, en contraposición a los hallazgos de Stattin y Magnusson (1989). Estos estudios muestran una relación consistente entre la agresividad en los chicos desde los 6 años y el comportamiento violento posterior, manteniéndose, incluso en muestras hiperactivas (Loney, Kramer y Milich, 1983). De la misma forma, Barrera et al., (2002) y Hilmstein (2003) encuentran que la agresividad infanto-juvenil predecía comportamientos antisociales en un futuro próximo. A pesar de que muchos de los chicos que presentan un comportamiento agresivo durante la infancia no llegan a cometer crímenes violentos, lo cierto es que la conducta agresiva temprana y persistente, es una característica individual maleable que predice violencia futura (Thornberry, 2004). 

Magnusson y Bergman (1990) encontraron al respecto que la agresividad se relacionaba con la delincuencia solamente cuando formaba parte de una constelación de problemas de comportamiento, sugiriendo así que era necesario considerar la conducta en términos de patrones generales y no solo de unos supuestos rasgos aparte. De forma semejante, Quinsey, Book y Lalumiere (2001) y Garaigordobil et al. (2004) encuentran altas correlaciones entre medidas de agresividad y conductas agresivas y puntuaciones en conducta antisocial. 

Para terminar, señalar que la subdivisión de la agresividad en diferentes tipologías parece potencialmente muy útil (Ramírez y Andreu, 2003), pero se sabe poco acerca de la validez de los subtipos o de su importancia relativa para la conducta antisocial (Vitiello y Stoff, 1997). 

3.2.2.3.6. Inteligencia 

 Se ha indicado en numerosas ocasiones que los comportamientos antisociales o violentos correlacionan negativamente con el cociente intelectual. Diversos estudios han mostrado la relación que existe entre déficits intelectuales y violencia, tanto en muestras de delincuentes (Rutter y Giller, 1988) como de estudiantes (Huesman, Eron y Yarmel, 1987), encontrando en este último correlación con bajos logros académicos. Otros autores han propuesto que la inteligencia modula el tipo de conducta antisocial (Heilbrum, 1982), encontrando violencia más impulsivas en psicópatas con un CI bajo frente a delitos de tipo sádico en aquellos que eran más inteligentes. Otros, han mostrado cómo el desarrollo cognitivo facilita la integración social y su deficiencia la dificulta (Donnellan, Ge y Wenk, 2002). Así, algunos han puesto en evidencia que una baja inteligencia se asocia a una peor adaptación al ámbito penitenciario, tanto en jóvenes como en adultos (Ardil, 1998; Forcadell, 1998; Miranda, 1998). 

 Los delincuentes, especialmente los reincidentes, tienden a presentar un cociente intelectual (CI) ligeramente inferior - cerca de 8 puntos en general- al de los no delincuentes. Esta asociación ha sido confirmada en estudios epidemiológicos y longitudinales recientes (Lynam, Moffit y Stouthamer-Loeber, 1993; Maguin y Loeber, 1996; Moffitt, 1993). Así, se ha visto que un bajo CI va asociado a la conducta antisocial incluso después de tener en cuenta el nivel de logro académico, aunque puede que la asociación sea un tanto reducida. La relación entre el CI, dificultades de lectura y perturbaciones del comportamiento y conducta antisocial se aplica en buena medida a aquellas de inicio temprano y no a las que comienzan en la adolescencia (Robins y Hill, 1966; Stattin y Magnusson, 1995). Scott (2004) añade que un bajo CI por sí solo, no aumenta mucho el riesgo de comportamientos antisociales, pero en combinación con prácticas de crianza inadecuadas y otros factores de riesgo como la hiperactividad, sí tienen un efecto interactivo. 

 Aunque la relación entre el CI y la delincuencia ha resultado ser muy sólida, a tenor de los datos existentes no permite extraer ninguna conclusión firme. La investigación actual pone un mayor énfasis en el estudio de las diferencias individuales en los procesos cognitivos que generan un sesgo en las evaluaciones de los sucesos interpersonales (Ross y Fabiano, 1985). Así por ejemplo, se ha constatado que los jóvenes agresivos se muestran más inexactos en la interpretación de las conductas de los otros en situaciones poco ambiguas y tienden a percibir intenciones hostiles en las interacciones interpersonales ambiguas (Dodge, 1986). Se ha puesto de manifiesto asimismo, que estos sujetos generan muy pocas soluciones afectivas a las situaciones interpersonales problemáticas y tienden a producir soluciones más agresivas cuando sufren rechazo social (Asarnow y Callan, 1985). Por otra parte, un buen desarrollo de las habilidades cognitivas, en especial las verbales, podría actuar como un factor de protección en el desarrollo de la conducta antisocial (Lynam et al., 1993). En este sentido, Isaza y Pineda (2000), encontraron en una muestra de jóvenes delincuentes un ejecución deficiente en pruebas que exigían habilidades verbales, como fluidez verbal y memoria verbal, poniendo de relieve las alteraciones en el cociente intelectual verbal que presentan los adolescentes infractores. Raine et al., (2002) también encontraron una asociación entre déficits verbales a la edad de 11 años y comportamientos antisociales en la adolescencia, presentando además, en edades más tempranas, déficits espaciales. De la misma forma, Garaigordobil et al. (2004) encuentran mayores deficiencias en las capacidades verbales en aquellos niños que presentan más conducta antisocial. Por tanto, los individuos con bajas capacidades intelectuales y con ciertos sesgos cognitivos poseen peores habilidades interpersonales, siendo éstas las que dificultarían el proceso de socialización y facilitarían la aparición de la conducta antisocial (Torrubia, 2004). 

 Rutter et al. (2000, p. 205) concluyen al respecto: “es posible que las deficiencias cognitivas que incrementan el riesgo lo hacen porque suponen alguna deficiencia en la detección intención-estímulo o en la planificación previa al decidir cómo responder a los desafíos sociales”. Esto podría interpretarse en términos de una deficiencia cognitiva que causaría riesgos no por ser deficiencia intelectual, sino porque el CI inferior estaría asociado a hiperactividad e impulsividad. Así, el riesgo de desarrollar conductas antisociales provendría de esos rasgos más que del propio nivel cognitivo en sí. 

3.2.2.3.7. Actitudes y creencias normativas 

 Las denominadas teorías cognitivas del procesamiento de la información enfatizan la importancia que las actitudes, creencias y otras cogniciones sociales que se desarrollan durante la infancia y la adolescencia desempeñan en el comportamiento antisocial. En particular, Huesmann (1988), Huesmann y Eron (1989) y Huesmann et al., (1996), conceptualizan las creencias normativas como aquellas que hacen referencia a la aceptabilidad, justificación o adecuación del comportamiento agresivo, que son importantes mediadores y/o moduladores, contribuyendo de forma considerable al éxito de programas preventivos contra este tipo de comportamientos antisociales en jóvenes y adolescentes. Según los resultados obtenidos hasta el momento con el programa de prevención que estos autores realizaron en los EE.UU., las creencias normativas pueden verse modificadas a lo largo de la infancia y adolescencia bajo determinadas condiciones de intervención familiar, escolar y social. Por consiguiente, estos cambios afectarán posteriormente al comportamiento agresivo y, consecuentemente, podrán prevenirse determinados tipos de violencia y conducta antisocial.

 En este sentido, determinados patrones de repuesta como la deshonestidad, las actitudes y creencias normativas y las actitudes favorables a la violencia, han sido relacionadas como predictores de violencia posterior (Ageton, 1983; Elliot, 1994; Farrington, 1989; Maguin et al., 1995; Thornberry, 2004; Williams, 1994; Zhang, Loeber, y StouthamerLoeber, 1997), siendo estas correlaciones más débiles en el caso de las chicas (Williams, 1994). Es posible que las actitudes antisociales sean síntomas del mismo constructo subyacente de violencia y que persista durante toda la vida. 

 Asimismo, se ha encontrado que un amplio rango de procesos cognitivo-sociales están distorsionados o son deficitarios en los niños agresivos (Coie y Dodge, 1997; Dodge y Schwartz, 1997; Lochman y Dodge, 1994). Así, presentan deficiencias en la atribución (con un locus de control típicamente externo), en la solución de problemas, la tendencia a considerar que el daño que se produce en circunstancias ambiguas o neutras deriva de un intento hostil por parte de quien lo provoca, lo que llaman sesgo atribucional hostil (Crick y Dodge, 1996; Guerra y Slaby, 1990), en la evaluación de conductas que favorecen la agresión, en la baja valoración de las características típicas de los jóvenes agresivos, abrigando ideas positivas acerca de la agresividad, considerándola socialmente normativa (Dodge y Schwartz, 1997). Estas distorsiones cognitivas se agudizan a medida que sus iguales los rechazan, mostrando al final de la adolescencia actitudes recelosas y llevándoles a reaccionar de forma explosiva y desviada (Scott, 2004). De la misma forma, Thorberry, (2004) también ha encontrado como aquellos chicos antisociales de inicio temprano presentaban más actitudes favorables al uso de la violencia y la delincuencia como forma de solucionar los problemas, frente a los de inicio tardío o los no delincuentes. 

 Un interesante estudio llevado a cabo en nuestro país, describe el papel que juega la percepción de las figuras de autoridad formales e informales en la inclinación a la conducta delictiva (Molpeceres, Llinares y Bernad, 1999). Los resultados sugieren que: a) la percepción de mayor o menor actividad en las figuras de autoridad relevantes apenas tiene incidencia en la mayor o menor implicación en conductas delictivas y transgresoras; b) que la percepción de competencia y firmeza es relevante en relación a las figuras de autoridad formales pero no en relación al padre; c) que la mayor o menor violencia y crueldad percibida es relevante en relación a todas las figuras de autoridad y, d) que tienden a aparecer diferencias en el juicio afectivo y moral de las tres figuras de autoridad en función de la tendencia a la transgresión, aunque estas diferencias son más acusadas en relación a las figuras de autoridad formal. 

 Los resultados de estos estudios sugieren que un patrón de conductas y actitudes tempranas que desafíen las reglas básicas del comportamiento tales como la honestidad y la veracidad estará asociado con conductas violentas posteriores. Por lo tanto, las intervenciones que busquen ayudar a los jóvenes a desarrollar creencias positivas y modelos de conducta que rechacen la violencia, la mentira y el desobedecer a las reglas y a las leyes, así como también actitudes positivas hacia el cumplimiento de las normas, serían prometedoras para la reducción de los riesgos hacia la violencia. Estos hallazgos destacan la importancia de lo que algunos han denominado “alfabetización” social y emocional (Goleman, 1995), esto es, el proceso de desarrollo social por el cual los niños aprenden a participar exitosamente en la vida social, aprendiendo a respetar turnos, esperar en cola o decir la verdad.

 No obstante, son muchas las formas en las que la violencia puede expresarse y muchas también las que se aducen para llegar a justificarla o legitimarla. Bandura (1973), al respecto, destaca una serie de situaciones que consistentemente se han implicado en la mayor producción de manifestaciones agresivas y antisociales en los sujetos: a) la atenuación de la agresión por comparación ventajosa, que consiste en disminuir los alcances de las propias acciones agresivas; b) la justificación de la agresión en función de principios elevados, fundamentándose la agresión en función de una serie de valores más elevados; c) el desplazamiento de la responsabilidad, logrando que la gente se conduzca de manera más agresiva cuando cualquier figura de autoridad asume la responsabilidad; d) la difusión de la responsabilidad, ocultando y difundiendo la propia responsabilidad por realizar prácticas agresivas; e) la deshumanización de las víctimas, desvalorizando a las víctimas se les puede agredir cruelmente sin que haya sentimientos de culpabilización o arrepentimiento; f) el falseamiento de las consecuencias, reduciendo al mínimo las consecuencias lesivas producidas en el agredido; y g) la desensibilización graduada, proceso incremental a través del cual, tras la ejecución repetida de actos agresivos, se van extinguiendo el malestar y el autorreproche, aumentando así el nivel de agresión de forma progresiva hasta que, por último, se llegan a cometer actos violentos y antisociales sin el menor remordimiento. 

Asimismo, las investigaciones llevadas a cabo por Luengo (1985) y Romero (1996) ponen de manifiesto que la conducta desviada correlaciona con ciertas preferencias de valores con relevancia personal inmediata (placer, tiempo libre, sexo) y presentan un menor aprecio de los valores con trascendencia social más a largo plazo (solidaridad, justicia) o aquellos ligados a la socialización más convencional (religión, familia, orden, salud). Es importante señalar, que los valores anteriormente relacionados con la conducta antisocial, también lo están con variables tales como la impulsividad o la búsqueda de sensaciones (Luengo et al., 2002). 

3.2.2.3.8. Recursos personales y valores ético-morales 

 Es obvio que no todos los individuos que están expuestos a la acción de diferentes factores de riesgo manifiestan comportamientos antisociales. Existen un conjunto de variables cuyas influencias pueden cancelar o atenuar el efecto de los factores de riesgo conocidos y así, incrementar de algún modo la resistencia hacia ellos. Este sería el caso de la práctica y participación en asociaciones culturales, deportivas o religiosas y valores ético-morales. Son muchos los estudios que ponen en relevancia la acción protectora de la religión o religiosidad y la moralidad frente a la conducta antisocial de los adolescentes (Barber, 2001; Fabian, 2001; Jang y Jhonson, 2003; Lozano et al., 1992; Oetting, Donnermeyer y Deffenbacher, 1998; Peiró, Del Barrio y Carpintero, 1983; Regnerus, 2001; Ruiz, Lozano y Polaino, 1994). 

 Ruiz et al. (1994), señalaron que entre los adolescentes encuestados que no manifestaban conductas antisociales, había un numero mayor de creyentes, tanto practicantes como no practicantes, que en el grupo que manifestaban algún comportamiento antisocial. Estos datos confirmaron los encontrados con anterioridad por Peiró et al. (1983), quienes mostraron que la religión y la moral podrían ser entendidos como factores de protección, al constituir un marco de referencia para los jóvenes en el que predominaban los valores prosociales y en el que coexistían grupos de referencia ajenos a la práctica de la conducta desviada. 

En esta misma linea, Fabian (2001) señala que ha pesar de los numerosos estudios que se han llevado a cabo sobre que factores predicen el comportamiento antisocial, se ha prestado poca atención a la moral como un posible factor de riesgo. Así, en su estudio con adultos, encuentra que aquellos que habían cometido actos delictivos puntuaban más bajo en razonamiento moral que los no delincuentes, sin embargo, no había diferencias entre delincuentes violentos y no violentos. También añaden que el tener un alto razonamiento moral estaría asociado a diversos factores protectores, entre ellos, una buena educación familiar y la importancia otorgada a la religión. 

 Oetting et al. (1998) resaltan que tanto el uso de sustancias como otras conductas desviadas se aprenderían a través de tres ámbitos principales o fuentes primarias, la familia, el colegio y los amigos. Sin embargo, habría otras fuentes de socialización secundarias, entre ellas la religión, que influirían en el proceso de socialización de las fuentes primarias reduciendo su impacto y, por lo tanto, disminuyendo o frenando la manifestación de comportamientos desviados. De la misma forma, Jang y Johnson (2003) señalan como la presencia de emociones negativas o trastornos emocionales serían un factor de riesgo hacia el comportamiento desviado, actuando aquí la religión como un importante neutralizador de dichas emociones. Barber (2001) encuentra en una muestra de niños palestinos, que el tener creencias religiosas actuaba como un factor protector de la conducta desviada, amortiguando el efecto de los factores de riesgo a los que estaban expuestos. 

Regnerus (2001), añade que la religión protege a los adolescentes de que se involucren en la delincuencia a través de tres vías: 1) la proximidad paternos filial que existe entre familias religiosas, 2) a través de limitar o disminuir la influencia de los pares, 3) a través del contexto de la comunidad. 

 Es importante resaltar, que no sólo hay evidencias de su poder protector, sino que su ausencia podría actuar como factor de riesgo hacia una mayor involucración en comportamientos antisociales. Así, Stack, Wasserman y Kern (2004) evalúan la presencia de actos antisociales consistentes en la visión de pornografía a través de la red. Postulan que las creencias más convencionales estarían asociadas con menos conductas desviadas, entre ellas, las creencias políticas, las creencias favorables hacia el matrimonio y las creencias religiosas. Los resultados señalaron que de todos los factores propuestos, el mejor predictor del uso de pornografía era las ausencia de creencias religiosas. 

 Por otra parte, el realizar o participar en actividades deportivas ha sido considerado como otra fuente de comportamientos prosociales que, de la misma forma que la religión, actuarían como inhibidores de la conducta antisocial, asociándose a otras fuentes de enseñanza, ya que el deporte en sí mismo no garantiza que se desarrollen dichas conductas prosociales (Mckenney y Dattilo, 2001). Así, Stronski et al. (2000) encontraron en su estudio que unos de los factores protectores frente al consumo de drogas era el participar de forma regular en asociaciones deportivas junto con presentar buenos logros académicos, el tipo de educación recibida y el contar con un confidente dentro de la familia. 

 Duncan, Duncan, Strycker y Chaumeton (2002) examinaron en una muestra de niños de 10, 12 y 14 años la relación existentes entre las actividades antisociales (consumo de sustancias y otros conductas) y prosociales (actividad física, deporte organizados, actividades no deportivas organizadas, voluntariado y actividades religiosas). Encontraron que el participar en deportes organizados y actividades físicas estaba inversamente relacionado con el consumo de sustancias para todas las edades. 

 Langbein y Bess (2002) señalan que los colegios con un elevado nº de alumnos presentaban más problemas de conductas antisociales entre el alumnado, disminuyendo éstas, si se aumentaba la programación de actividades deportivas. 

Otros autores han señalado el importante papel que pueden tener los deportes de riesgo como forma de canalizar de forma socializada la alta necesidad de búsqueda de sensaciones y desinhibición, factores que aparecen asociados a la adolescencia y a la manifestación de conductas antisociales (Sánchez y Cantón, 2001).

3.2.3. Factores de socialización 

 La manifestación de conductas antisociales queda también bajo la acción de una compleja interacción entre la características intrínsecas de los individuos y las influencias provenientes de diversos grupos sociales. Esta afirmación es claramente encuadrable en la teoría del aprendizaje social de Bandura (1969, 1977), que considera el proceso de socialización como una adquisición de conductas y valores determinada, en su mayor parte, por un conglomerado de relaciones sociales en las que el individuo está inmerso. Las variables sociales más inmediatas o propias del entorno específico de relación interpersonal del adolescente, pueden constituir factores de riesgo, en tanto en cuanto, pueden modular la conducta del individuo por simple imitación u observación de una figura o modelo “inadecuado”, reforzando finalmente aquellas conductas concordantes con las del modelo, claramente inadecuadas o impidiendo que se lleve a cabo de forma adecuada el proceso de socialización de éste. 

 3.2.3.1. Factores familiares 

 La familia es el primer ámbito social para el individuo y el contexto más primario de socialización, ya que trasmite valores y visiones del mundo e instaura las primeras normas de conducta. Las experiencias familiares en la niñez determinan comportamientos adultos. Al respecto, los tipos de comportamiento que han sido estudiados como consecuencia de las experiencias familiares han sido los llamados “problemáticos”, tales como psicopatologías, agresión y delincuencia. Se ha prestado, sin embargo, menos atención a características positivas de los individuos. Así, por ejemplo, la responsabilidad y el altruismo han sido obviadas en la mayoría de las ocasiones. Aunque se incida en factores de riesgo para conductas problemáticas, la familia también puede ejercer de factor protector enseñando o reforzando actitudes prosociales (véase resumen Tabla 3.5.). 

3.2.3.1.1. Criminalidad de los padres 

 La comisión de delitos por parte de los padres es un factor de riesgo para el ejercicio de conductas antisociales en sus hijos (Farrington, 1995; Loeber y Farrington, 2000). 

 A pesar de que McCord (1979) no encontró una relación positiva entre los comportamientos desviados paternos, medidos por la presencia de conductas tales como alcoholismo o haber sido arrestado por embriaguez o delitos serios y las conductas violentas manifestadas por sus hijos, existen numerosos estudios que ponen en evidencia dicha relación. Así, Baker y Mednick (1984) compararon las tasas de arrestos por delitos violentos que presentaban los jóvenes daneses cuyos padres no eran delincuentes con aquellos cuyos padres habían tenido dos o más delitos criminales registrados en el registro de policía nacional de Dinamarca. Los chicos entre 18 y 23 años con padres criminales eran más propensos a cometer delitos violentos que aquellos cuyos padres no eran delincuentes. 

 En el estudio de Cambrigde, Farrington (1989a) encontró relación entre el arresto parental, antes del décimo cumpleaños de sus hijos y, el aumento de los delitos violentos autoinformados y registrados oficialmente por parte de los últimos en la adolescencia.  

 Moffitt (1987) investigó la posible existencia de un componente biológico en la influencia de la criminalidad parental en las conductas violentas de los hijos. Ella estudió los registros criminales de 5.659 niños daneses adoptados (cuyos padres adoptivos no tenían historia criminal) y los registros de sus padres biológicos, encontrando que los chicos en la etapa adulta cuyos padres eran criminales no presentaban mayores registros de delitos violentos que aquellos con padres no criminales. Sus hallazgos no apoyan una relación biológica entre la criminalidad del padre y la conducta violenta del hijo, sugiriendo que las normas violentas y o conductas violentas deben ser aprendidos en la familia. 

3.2.3.1.2. Maltrato infantil 

 Se han llevado a cabo estudios que se centran en el maltrato infantil como un factor de riesgo en el posterior desarrollo de las conductas antisociales (Carrasco, Rodríguez y del Barrio, 2001; De Bellis et al., 2002; Gregg y Siegel, 2001; Ito et al., 1993; MalinoskyRummell y Hansen, 1993; Pfeiffer, 1998, 2004; Pincus, 2003; Riggs, 1997; Stein, 1997; Teicher, 2004; Wilmers et al., 2002). 

 En su estudio, Widom (1989), consideró los índices de arrestos criminales por delitos violentos (asesinato, homicidio, violación, asalto y robo) de adultos que habían sufrido abusos o negligencias a partir de registros oficiales. Cuando se compararon con sujetos que no tenían historia de abuso previo, aquellos adultos que habían sufrido abusos sexuales tenían una tendencia ligeramente mayor de comisión de delitos violentos. Aquellos que habían sufrido abusos físicos tenían también una tendencia ligeramente superior de haber sido arrestados por violencia, mientras que aquellos que habían sido objeto de negligencias eran los más proclives a cometer delitos violentos en la adolescencia. 

 Zingraff, Leiter, Mayers y Johnson (1993) utilizando el registro central de abuso infantil y negligencia de Carolina del Norte, encontraron resultados similares al analizar las tasas de arresto por delitos violentos en jóvenes con historia de abuso o negligencia y aquellos sin historia de maltrato. También encontraron una asociación positiva entre la frecuencia del maltrato y la violencia. Smith y Thornberry (1995) mostraron que los adolescentes con historia de abuso y de negligencia eran más violentos según sus autoinformes. Esta relación permanece aún cuando se controla el género, la raza, el estatus socioeconómico, la estructura familiar y la mobilidad familiar. 

 Estos hallazgos han sido apoyados por el Estudio Nacional de Comorbilidad en los Estados Unidos (Kessler, Davis y Kendler, 1997). La agresión por parte del padre en ausencia de otras problemáticas tenía un índice de probabilidades del 2,5 para el trastorno de conducta antisocial en los niños y del 4,4 para el trastorno de personalidad antisocial en los adultos. Es posible deducir al respecto que los malos tratos o desatención en la infancia, son un factor de riesgo de la conducta antisocial y que es así, especialmente, cuando la conducta antisocial forma parte de un trastorno de personalidad más general. 

 En el estudio longitudinal realizado por Widom y Maxfield (1996), recogieron entre 1967 y 1971, una muestra de 908 niños de edades preescolares hasta los once años, a partir de registros judiciales de malos tratos físicos, abusos sexuales o abandono. Se emparejaron con niños controles de la misma edad, raza, vecindario, escuela y hospital de nacimiento y sin antecedentes de malos tratos. Entre 1987 y 1988 se efectuaron las primeras medidas de la conducta en los registros de delincuencia y criminalidad, que incluía cualquier tipo de arresto,  salvo los derivados de infracciones de tráfico. En 1994 se repitieron las medidas, para garantizar que más del noventa y nueve por ciento de los individuos hubiera superado ya el pico de máxima incidencia de actos delictivos (que se sitúa entre los veinte y los veinticinco años). Los resultados concluyen que los niños y las niñas (estas últimas con menor incidencia) con historias de malos tratos infantiles, tienen una mayor probabilidad de presentar delincuencia y criminalidad que los controles, tanto en las etapas juveniles como al pasar a la edad adulta. 

 En una investigación sobre la predicción de las conductas de los niños, realizada por Egeland, Yates, Appleyard y Van Dulmen (2002), concluyeron que el maltrato físico en la infancia, la negligencia emocional y la enajenación, predecía problemas de comportamiento en los primeros años de escuela y conllevaría a una conducta antisocial en la adolescencia. De acuerdo con el planteamiento de Serbin y Karp (2004) existiría una trasferencia intergeneracional en la cual los niños agredidos presentarían secuelas que incluirían fracaso escolar, mayores conductas de riesgo, embarazos adolescentes y pobreza familiar; estilos que estarían mas relacionados con conductas agresivas y crueles hacia los demás, incluidos sus propios hijos. 

 Según estudios recientes, las víctimas de maltrato físico infantil tiene mayor riesgo de ser violentos con los iguales (Manly, Kim, Rogosch y Cicchetti, 2001), con la pareja en estudiantes de colegio y universidad (Wolfe, Scott, Wekerle y Pittman, 2001), para la agresión sexual en la edad adulta (Merrill, Thomsen, Gold y Milner, 2001) y para el abuso sexual y maltrato físico a sus propios hijos (Milner y Crouch, 1999). 

Herrenkohl, Herrenkohl y Egolf (2003) encuentran en su estudio que el haber sufrido maltrato en la infancia, era un factor de riesgo para el desarrollo posterior de conductas antisociales, aumentando dicho riesgo si se daba conjuntamente con inestabilidad familiar. Wilmers et al., (2002), también encuentra correlaciones entre la victimización por violencia física parental sufrida por los jóvenes y la violencia activa autoinformada. De la misma forma, Pfeiffer, Delzer, Enzmann y Wetzels (1998) encuentran que la violencia intrafamiliar correlaciona con la situación económica. Así, los menores cuyos padres estaban en el desempleo o recibían subsidios, eran maltratados dos veces más que los menores cuyas familias no pasaban por esta clase de dificultades. Los resultados también reflejan que cuanto más intensa y continuada era la violencia parental mayor era la tasa de violencia autoinformada (Wilmers et al., 2002). 

 En relación al maltrato psicológico, Glaser, Prior y Lynch (2001), informaron de una serie de problemas encontrados en niños maltratados emocionalmente, dentro de los cuales el comportamiento antisocial y/o delictivo estaba presente, a la vez que otros considerados como factores de riesgo de dichas conductas, como baja autoestima, ansiedad, bajo rendimiento académico, agresividad e inasistencia al colegio, entre otros. 

 Las situaciones violentas como puede ser el maltrato, pueden repercutir en la víctima a través del estrés producido a nivel cerebral, lesionando áreas relacionadas con el control de las respuestas agresivas o violentas . El estrés continuado es una variable que puede determinar cambios sociales, neurofisiológicos y neuropsicológicos antes de que una persona exhiba conductas delictivas y hacerles más vulnerables. Al respecto, la investigación con niños y adolescentes llevadas a cabo por De Bellis et al. (2002), obtuvo resultados que sugieren que el Trastorno por Estrés Postraumático, relacionado con el maltrato, está asociado con adversidades en el desarrollo del cerebro, concretamente, una reducción del volumen intracraneal de la corteza prefrontal, siendo los niños más vulnerables a estos efectos que las niñas. De la misma forma, Ito et al., (1993) confirman la asociación existente entre haber sido maltratado, la presencia de anomalías EEG y un incremento marcado de la frecuencia de violencia autoinflingida y dirigida hacia los demás. Recientemente se ha descubierto que la reducción del área del cuerpo calloso está fuertemente vinculada a un historial de negligencia en varones y abuso sexual en mujeres (Teicher, Dumont e Ito, 2004). También, una hipersecreción de cortisol puede ser consecuencia directa de estar sufriendo maltrato y es cierto que, la presencia excesiva de esta hormona en sangre puede acabar dañando el hipocampo, lugar que juega un papel decisivo en el despliegue de la agresividad (Teicher, 2000). Otros tipos de deficiencias neurológicas relacionadas con el maltrato infantil, son las anomalías en el EEG, disfunción en el sistema límbico, deficiencias en la interconexión entre hemisferios o reducción del volumen del hipocampo y la amígdala, que pueden llevar a la aparición de conductas violentas o problemas psiquiátricos en la edad adulta (Teicher, 2004). 

 3.2.3.1.3. Prácticas educativas inadecuadas 

 La dificultad de los padres para desarrollar expectativas claras en el comportamiento de sus hijos, la pobre supervisión parental hacia los niños y la disciplina excesivamente severa, permisiva o inconsistente, representan una constelación de pautas educativas familiares que predicen la posterior conducta antisocial (Capaldi y Patterson, 1996; Hawkins, Arthur y Catalano, 1995; Jang y Smith, 1991; Loeber y Farrington, 2000; Molinuevo, Pardo, Andion y Torrubia, 2004; Patterson et al., 1992; Villar, Luengo, Gómez-Fraguela y Romero, 2003). De hecho, el maltrato infantil se ha llegado a interpretar como una forma extrema de las pobres pautas educativas (Loeber y Farrington, 1999). Así, los padres de los adolescentes problemáticos emplean la fuerza y aplican o amenazan con el castigo físico, utilizando una disciplina drástica y caracterizada por la pérdida del control emocional de los padres, la exhibición irracional de la fuerza y las palizas repentinas. El castigo es inconsistente, con una manifestación errática que combina restricciones excesivas y tolerancia inadecuada. 

 En lo que se refiere a las prácticas educativas, se ha hallado que la conducta antisocial se relacionan con un menor grado de supervisión parental (Jang y Smith, 1991). De acuerdo con Diana Baumrind (1978) (cit. Luengo et al., 2002), existirían tres grandes “tipos” de prácticas educativas. Un primer tipo sería el “autoritario” (o “represivo”, “coercitivo”), que estaría fundamentado en el castigo y la amenaza, donde las normas se imponen por la fuerza, de forma que se prima la obediencia y no la comprensión del sentido de las reglas, es decir, se caracterizaría por un elevado control y un bajo apoyo. Un segundo tipo sería el estilo “permisivo”: las normas y los límites a la conducta están difusos y el control parental es escaso. Finalmente, nos encontraríamos con un estilo llamado “con autoridad” (McKenzie, 1997) o “autorizado”. En este caso, se produce una combinación de control y apoyo. El control es firme, pero no rígido y las normas son comunicadas de un modo claro y razonado; se estimula la participación de los hijos en la toma de decisiones y se fomenta progresivamente la adquisición de la autonomía. En diversos trabajos se ha puesto de relieve que la conducta problema se relaciona tanto con un estilo excesivamente permisivo (Dishion, Andrews y Crosby, 1995) como con patrones basados en la amenaza y la hostilidad (Shedler y Brook, 1990; cit. Luengo et al., 2002). El estilo “con autoridad” es el que se ha mostrado “protector” contra diversos tipos de conductas desadaptadas. El enfoque autoritario fomenta o bien la sumisión ansiosa o bien la hostilidad por parte del adolescente, dificultando en todo caso la asunción del autocontrol. El enfoque permisivo tampoco favorece el autocontrol (para que éste se genere deben existir previamente un control externo y unos límites claros). Mientras que el estilo “con autoridad”, favorece una adquisición gradual de responsabilidad y control interno, ya que las normas se acompañan de razonamiento, negociación y apoyo, siendo interiorizadas con mayor eficacia. 

 Además, en lo que a prácticas educativas se refiere, un resultado frecuente es la importancia de la consistencia en la transmisión y aplicación de las normas (Reilly, 1979). Cuando las normas se aplican con diferente criterio en diferentes puntos del tiempo o cuando existen diferencias en su aplicación entre las distintas figuras de autoridad, perderán utilidad como reguladoras del comportamiento. 

 En el estudio de Cambridge-Somerbille, McCord et al. (1959, cit. Loeber y Farrington, 1999) encontraron que tanto un estilo permisivo como un estilo punitivo de disciplina parental predecían arrestos por violencia entre jóvenes varones. En un seguimiento de la misma muestra, McCord (1979) encontró que una pobre supervisión parental y el nivel de agresividad utilizado por los padres como disciplina, predecían arrestos por delitos personales a la edad de 40 años. 

 Wells y Rankin (1988) encontraron una relación curvilínea entre la rigidez parental y la violencia autoinformada en una muestra de chicos de 10º grado. Los niños con padres muy estrictos informaban niveles más altos de violencia. Los niños con padres muy permisivos informaron los segundos niveles más altos de violencia y los niños cuyos padres no eran ni demasiados estrictos ni demasiados permisivos, informaron de los niveles más bajos de violencia. En su estudio la regulación-restricción parental (supervisión) no fue predictora de violencia posterior. Sin embargo, era menos probable que los chicos cuyos padres les castigaban de una forma consistente, cometieran delitos contra las personas en comparación con aquellos cuyos padres les castigaban de forma inconsistente. En este sentido, Farrington (1989a) encontró que un estilo de crianza pobre, un estilo parental autoritario, una pobre supervisión, una disciplina parental dura, una actitud parental cruel-pasiva-negligente y discrepancias parentales sobre la crianza de los niños, predecían violencia posterior, ya fueran medidos por autoinformes o por arrestos oficiales por delitos violentos. 

 En el Proyecto de Desarrollo Social de Seattle, Maguin et al. (1995) investigaron las prácticas de manejo familiar a las edades de 10, 14 y 16 años, utilizando autoinformes a través de los cuales los niños valoraban las prácticas de crianza de sus padres (establecimiento de reglas claras, supervisión y el uso de premios y refuerzos). Se encontró que un pobre manejo familiar a la edad de 14 y 16 años era predictor de la violencia autoinformada por los jóvenes a la edad de 18 pero, sin embargo, los informes de un pobre manejo familiar que proporcionaban los niños de 10 años no eran predictores significativos de violencia a esa misma edad. En un análisis realizado en una submuestra del estudio de Seattle, Williams (1994) encontró que el manejo familiar proactivo a la edad de 14 años era un predictor negativo de violencia autoinformada a la edad de 18 años, tanto en afroamericanos como euroamericanos de ambos sexos. Así, Serbin y Karp (2004) plantean que un estilo parental constructivo caracterizado por calidez emocional y prácticas disciplinarias consistentes, actuaría como un factor protector de la conducta antisocial. 

 En relación al comportamiento estricto de los padres con sus hijos se ha encontrado un patrón de contigüidad entre ambos (Wells y Rankin, 1991). Así, los jóvenes cuyos padres habían sido severos informaban del mismo tipo de comportamiento. Los chicos con padres muy permisivos informaban de un menor comportamiento violento que los anteriores, pero mayor que aquellos cuyos padres no habían sido ni muy flexibles ni muy estrictos. En cualquier caso, los chicos cuyos padres habían sido consistentes en sus castigos predecían una menor posibilidad de comisión de delitos por sus hijos, frente a aquellos padres que habían sido inconsistentes. De la misma forma, Ardelt y Day (2002) encuentra que la consistencia de las prácticas educativas parentales así como una buena supervisión adulta, estarían asociados negativamente con la conducta antisocial en adolescentes. Shek y Tang (2003) señalan que un buen funcionamiento familiar asociado a estilos parentales positivos, así como a un apoyo interpersonal dentro de la familia estaría asociado con menos niveles de conducta antisocial en la adolescencia. 

 Por contra, un estilo parental coercitivo utilizado durante la niñez y adolescencia aumentaba el riesgo de conducta antisocial para ambos sexos así como el riesgo de depresión en el caso de las niñas (Compton et al., 2003). 

 Recientemente, Molinuevo et al. (2004) han encontrado también que una escasa monitorización y supervisión por parte de los padres evaluada de forma retrospectiva, se mostró relacionada con la presencia de conducta antisocial autoinformada en tres muestras diferentes: delincuentes juveniles y estudiantes y niños.

 Xie, Cairns y Cairns (2001) muestran en su estudio longitudinal que la calidad de las relaciones de crianza correlaciona negativamente con la agresión y positivamente con un buen nivel de adaptación de los hijos, popularidad, competencia académica y calidad del grupo de amigos. En población española, se ha encontrado datos que apoyan un estilo de crianza paterno “autorizado”, que da apoyo, controla la conducta de sus hijos y es flexible en las normas, produce efectos beneficiosos sobre la conducta agresiva de sus hijos (Roa y Del Barrio, 2002; Del Barrio, 2004b). Así, entre todas las posibles combinaciones, aquella que une la falta de afecto y la ausencia de normas es la que produce consecuencias más desastrosas en el proceso de socialización. 

 3.2.3.1.4. Relaciones afectivas e interacción entre padres-hijos 

 La presencia de vínculos afectivos débiles, la falta de confianza en los padres, patrones de comunicación poco fluidos o relaciones tensas y conflictivas entre padres e hijos, son también un claro factor de riesgo para el desarrollo de comportamientos problemáticos o antisociales (Brody y Forehand, 1993; Brook et al., 1990; Frías, Corral, López, Díaz y Peña, 2001; Hanson, Henggeler, Haefele y Rodick, 1984; Loeber y Farrington, 2000; Mirón, Luengo, Sobral y Otero-López, 1988; Romero, Luengo, Gómez-Fraguela y Otero, 1998). La calidad de las relaciones entre los padres y los hijos es fundamental. Si la relación es cálida y afectuosa, el índice de delincuencia juvenil disminuye (Loeber y Dishion, 1983). Sin embargo, las pautas educativas erróneas han sido típicamente relacionadas con un aumento del riesgo de cometer delitos en los hijos mientras que la interacción padres-hijos y el fuerte apego familiar han sido considerados habitualmente como factores que protegerían potencialmente a los hijos contra el desarrollo del comportamiento delictivo (Catalano y Hawkins, 1996). No obstante, la evidencia disponible ha llevado a postular que no es posible determinar consistentemente cómo ejercen su efecto protector estos dos últimos factores (Farrington, 1993a).  

 Mas allá de las estrategias parentales que se utilicen para el manejo de los hijos, el grado en que los padres interactúan y se compenetran con sus hijos, también ha sido hipotéticamente considerado como un predictor del comportamiento delictivo y violento. Williams (1994) encontró que la comunicación paterno-filial y la compenetración a la edad de 14 años, estaba inversamente relacionado con la violencia autoinformada a la edad de 16 años. Esta relación era relativamente consistente en los varones, en los afroamericanos y en los euroamericanos, pero era notablemente más débil en el caso de las chicas. 

 De forma similar, Farrington (1989a) encontró que los hijos (de 12 años en el momento de la investigación) cuyos padres no se comprometían en las actividades de ocio de sus hijos, reportaban más conductas violentas durante la adolescencia y la adultez y era más probable que fuesen detenidos por delitos violentos. Un bajo compromiso parental en la educación de sus hijos a la edad de 8 años también predecía violencia posterior, al igual que una carencia de interacción y de compenetración parental en la vida de sus hijos parecía contribuir al riesgo de manifestar comportamientos violentos futuros. 

 Un estudio longitudinal reciente ha hallado que el tener relaciones positivas con los padres y profesores así como el establecer compromisos, actúa como factor protector a la hora de mostrar problemas comportamentales (Crosnoe, Glasgow y Dornbusch, 2002). Estos descubrimientos indican, en general, que los adolescentes que informan relaciones cálidas con sus padres se muestran mejor organizados en casa, se sienten emocionalmente vinculados a los profesores, actúan adecuadamente en la escuela, valoran los logros académicos y, a la vez, se protegen de las influencias negativas de sus posibles compañeros con conductas antisociales, aunque estas diferencias no son uniformes en relación al género y a los distintos tipos de comportamiento. Para finalizar, Laird, Pettit, Dodge y Bates (2003), señalan que los padres que informan mantener una buena relación con sus hijos y pasan mucho tiempo juntos, se asocia con menos comportamientos antisociales, encontrandose también estos resultados a la inversa. 

3.2.3.1.5. Vinculación o Apego familiar 

 De acuerdo con la teoría del control social de Hirschi (1969), el apego a la familia inhibe en general el crimen y la delincuencia. No obstante, hay que ser cauto con esta afirmación ya que son pocos los estudios que han investigado específicamente la relación entre el apego familiar y el comportamiento violento. Williams (1994) encontró que la vinculación o apego familiar autoinformado por los jóvenes a la edad de 14 años, no predecía violencia posterior en los autoinformes. 

 Elliott (1994) también encontró que no existía una relación significativa entre la vinculación familiar y la violencia. Considerando que se ha encontrado en algunos estudios una relación entre la criminalidad parental y la violencia posterior de los hijos, los estudios que buscan una relación entre la vinculación familiar y la conducta violenta deberían distinguir entre la vinculación hacia una familia con miembros prosociales y la vinculación hacia una familia con miembros antisociales o delincuentes, para así determinar si la vinculación a una familia con miembros prosociales podría inhibir una violencia posterior, tal como se hipotetiza en la teoría del control (Foshee y Bauman, 1992). 

 Ageton (1983) investigó la relación entre una variable relacionada denominada “etiquetamiento familiar negativo” y las agresiones sexuales en una muestra de varones del Estudio Nacional Juvenil. La agresión sexual fue medida a través de autoinformes sobre haber intentado tener relaciones sexuales con alguien en contra de su voluntad, presionar a un amigo o pareja para realizar un acto sexual o amenazar o herir físicamente a alguien para tener sexo. Un alto nivel de “etiquetamiento familiar negativo” medido uno y dos años antes, estaba positivamente asociado con haber ejercido agresiones sexuales en varones entre los 13 y 19 años. 

 En un estudio realizado por Contastino (1996), se observa que la mayor parte de los niños diagnosticados de conductas agresivas patológicas, muestran un apego inseguro a la vez que presentan puntuaciones más altas en conductas agresivas y violentas a través del CBCL de Achenbach y Edelbrock (1983). Otro estudio longitudinal ha mostrado que un apego inseguro entre los seis meses y los tres años de vida es un buen predictor de la agresividad escolar mostrada a los 9 años y sobre todo, si se combina con hostilidad materna (Egeland, Carlson y Sroufe, 1993). En esa misma dirección apuntan los datos de Simons et al. (2001), demostrando que el apego está mediando en el desarrollo de características tales como la cognición social y la autoestima, al tiempo que también lo hace con la agresión. De esta forma, los adolescentes con bajo apego tienen también bajos niveles de cognición social, autoestima y alta conducta agresiva. 

 Otros estudios, como el realizado con adolescentes alemanes por Werner y Silbereisen (2003) encontraron que la cohesión familiar se asociaba con comportamientos antisociales sólo en el caso de las chicas y no para los chicos, lo que podría explicar como las chicas tienen una mayor sensibilidad a los estresores familiares y al rol parental en el desarrollo comportamental. Finalmente, Thornberry (2004) ha encontrado como los niños o adolescentes que inician sus primeras conductas antisociales en edades tempranas se caracterizan por mostrar un débil vínculo de apego entre padres e hijos, frente aquellos que se inician en la adolescencia. 

3.2.3.1.6. Conflictos maritales 

 Muchas investigaciones han mostrado que la inexistencia de una adecuada relación entre el padre y la madre o la existencia de relaciones tensas y conflictivas en el medio familiar, ha sido relacionada consistentemente con la manifestación de actividades antisociales por parte de los hijos (Borduin, Pruitt y Henggeler, 1986; Brody y Forehand, 1993; Cantón, Cortés y Justicia, 2002; Farrington, 1989a; Rutter y Giller, 1983; Wells y Rankin, 1991). Estas correlaciones se observan tanto en familias “intactas” (ambos padres presentes en el hogar) como en “hogares rotos” (Hawkins, Catalano y Miller, 1992). 

 Farrington (1989a) encontró correlaciones moderadas entre la desarmonía parental, la violencia autoinformada y los arrestos por crímenes violentos en los adolescentes. McCord (1979) también encontró una relación entre los conflictos maritales medidos a través de registros de casos y los registros oficiales de delitos violentos en una muestra de 201 niños; equiparandose a los hallazgos del estudio juvenil de Cambridge-Somerville, el cual mostraba que los niños criados en familias con altos niveles de conflicto tenían mayor probabilidad de ser arrestados por delitos violentos. 

 Maguin et al. (1995) encontraron que los conflictos familiares vividos a la edad de 10 años, no estaban asociados con la violencia autoinformada a la edad de 18 años. Sin embargo, altos niveles de conflicto familiar a las edades de 14 y 16 años eran predictores de conductas violentas autoinformadas por los jóvenes a la edad de 18 años. Elliott (1994) encontró que los individuos que habían estado expuestos a episodios violentos entre sus padres eran más violentos en su etapa adulta. El ser testigo de violencia del padre hacia la madre era tan perjudicial para los menores como el recibir la violencia directamente (Frías et al., 2001). Estos resultados vienen a confirmar que la exposición a niveles elevados de conflicto familiar/marital incrementa notablemente el riesgo de violencia. 

 Villar et al. (2003) encuentran que un alto grado de conflictividad familiar unido a un bajo nivel de comunicación o un estilo educativo permisivo se relacionaba con una mayor probabilidad de que los adolescentes se implicaran en conductas antisociales. Por el contrario, un bajo grado de conflictividad familiar y una alta comunicación entre adolescentes y padres, se presentaban como factores protectores de dichas conductas. 

 Thornberry (2004) ha encontrado una relación constante entre el inicio temprano de la delincuencia y la adversidad familiar. Así, los delincuentes infantiles o de inicio temprano tienen una mayor probabilidad de proceder de familias muy conflictivas y con alto grado de hostilidad entre ellos, frente aquellos que se inician en la adolescencia. 

3.2.3.1.7. Actitudes parentales favorables hacia la violencia 

Existen estudios que evidencian que las actitudes que tienen los padres sobre los problemas de conducta y de salud tales como, abuso de alcohol y drogas en la adolescencia, predicen las conductas de los adolescentes (Peterson, Hawkins, Abbott y Catalano, 1994). Sin embargo, este tópico ha sido muy poco investigado en relación a los efectos de las actitudes parentales en la conducta violenta de los niños. En el proyecto de desarrollo social de Seattle, cuando los niños tenían 10 años, se les preguntaba a los padres una única pregunta acerca del grado en el que ellos aprobaban la conducta violenta en los niños. Los hijos de los padres que eran mas tolerantes en cuanto a la conducta violenta, tenían una mayor probabilidad de informar comportamientos violentos a los 18 años (Maguin et al., 1995). Resultados similares fueron encontrados por Herrenkohl et al. (2001). Sin embargo, se necesita más investigación sobre la relación entre las actitudes parentales acerca de la violencia y la violencia manifestada en la adolescencia. 

 3.2.3.1.8. Eventos familiares estresantes 

 Los sucesos estresantes familiares han sido relacionados con un amplio rango de trastornos psiquiátricos y psicopatológicos. La influencia de los sucesos familiares estresantes sobre el comportamiento violento de los hijos fue explorada por Elliot (1994) en adolescentes con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años. Utilizó una escala de 15 items para evaluar los estresores familiares que incluía desde enfermedades graves, como desempleo, separación y divorcio hasta accidentes graves. Elliott encontró que no existía una relación entre el número de estresores familiares y la violencia infantil posterior. Los hallazgos de Elliot, confirmaron algunos estudios previos en los que factores como la pérdida de un progenitor condicionaban mínimamente el desarrollo de conductas antisociales (Rutter, 1971; Rutter y Giller, 1983). 

 Sin embargo, hay algún hallazgo que puede ayudar a comprender el papel de un estresor en el origen y/o mantenimiento de las conductas antisociales. Se ha encontrado que muchos niños de padres en proceso de divorcio muestran un alto nivel de perturbación comportamental antes de que el divorcio tenga lugar pero no después (Block, Block y Gjerde, 1986). En este sentido, estudios como el de Conger et al. (1994) vienen a confirmar estos resultados hallando un aumento de las conductas antisociales “durante” y no “después”de un evento estresante. Así, la relación entre la presión económica y la conducta antisocial sería indirecta y estaría mediatizada por factores como la depresión de algún progenitor, el conflicto matrimonial y la hostilidad de los progenitores. 

 También se ha sugerido que los cambios de residencia pueden ser un factor de estrés predictor del comportamiento violento. Sin embargo, se ha evidenciado que podrían estar relacionados con otros factores tales como la pobreza o inestabilidad familiar que inhibirían al niño a desarrollar lazos con el colegio y vecindad y, contribuir esto, a aumentar el riesgo de violencia. Existe muy poca investigación en relación a este tema. En los datos de Seattle, Maguin et al. (1995) encontraron que el numero de cambios de residencia vividos en el año anterior por los niños de 16 años, predecía las conductas violentas autoinformadas a la edad de 18, no siendo predictores significativos los cambios de residencia vividos a los 14 años. Estos hallazgos podrían indicar que estos cambios tienen un efecto a corto plazo en la conducta interrumpiendo los lazos afectivos con el colegio o el barrio y que estos efectos disminuyen con el tiempo al formarse nuevos vínculos en el nuevo ambiente. Se necesita más investigación para determinar la contribución que tiene el cambio de residencia en el comportamiento violento. 

 Por último, Robertson (2003) encuentra que aquellos sujetos que estuvieron sometidos a estrés durante la etapa escolar, presentaban mayor prevalencia de delincuencia, depresión o consumo de alcohol, siendo ésta última menos frecuente. Asimismo, la influencia negativa de los pares sería la variable que mediaría entre el estrés y la comisión de delitos, mientras una baja autoestima mediaría hacia la depresión. El estudio de Shek y Tang (2003) confirma de nuevo que altos niveles de estrés percibido por los adolescentes estaría asociado con mayores signos de violencia futura. 

3.2.3.1.9. Separación de los padres y de las relaciones paterno-filiales 

 La evidencia de que los delincuentes juveniles proceden en general de hogares desintegrados ha sido mostrada por multitud de estudios (Borduin et al., 1986; Farrington, 1989; Rutter y Giller, 1983; Wells y Rankin, 1991). Sin embargo, no está nada claro que ese tipo de familias faciliten en todos los casos un mayor riesgo de conductas antisociales (Loeber y Dishion, 1983). 

 La ruptura de la relación entre padres-hijos está relacionada con el comportamiento violento de los hijos, aunque como ha sido comentado anteriormente, parece que la relación con la violencia se establece precisamente durante el evento estresante, no siendo una factor determinante en el futuro de dicho comportamiento (Block et al., 1986). No obstante, Farrington (1989a) encontró que la separación de padres-hijos antes de los 10 años predecía la violencia autoinformada en la adolescencia y en la etapa adulta así como los arrestos por delitos violentos, confirmando así, los resultados obtenidos en el estudio nacional británico anterior (Wadsworth, 1979), que mostraban que las familias “rotas” antes de los 10 años, eran predictoras de arrestos por delitos violentos antes de los 21 años. De forma similar, en el estudio de Dunedin, las familias monoparentales a la edad de 13 años predecían arrestos por violencia a la edad de 18 años (Henry et al., 1996).  

 En esta línea, Pfiffner et al. (2001) examinaron las características de familias con conductas antisociales. La conclusión más relevante de este estudio fue que en aquellas familias en las que el padre biológico estaba en casa, había una menor sintomatología vinculada con conductas antisociales en el padre, madre e hijos y un estatus socioeconómico más elevado. Por el contrario, aquellas familias que registraban una ausencia del padre, tenían mayor probabilidad de aparición de conductas antisociales, así como un estatus socioeconómico más bajo. Asimismo, en un estudio sobre la estabilidad del comportamiento antisocial, se encontró que el pertenecer a una familia monoparental estaba asociado a un incremento del comportamiento antisocial (Pevalin, Wade y Brannigan, 2003). 

 Gordon (2003) encuentra que la separación y divorcio de los padres junto con el hecho de que los padres se volvieran a casar después, fueron factores significativos a largo plazo de un aumento de problemas comportamentales y psicológicas en los hijos, encontrando diferencias en cuanto al género. Así, las mujeres presentaban más depresión y los varones más problemas de conducta. Sin embargo, resalta que dicha influencia estaría mediada por distintos factores tales como el apoyo social percibido y la cohesión familiar. 

 De la misma forma, Del Barrio (2004b) señala que los hogares monoparentales son la estructura familiar que mayor relación guarda con la agresión, ya que la mayor parte de las veces esta situación se produce por abandono o por divorcio de los padres, quedando el hogar a cargo de la mujer. En lineas generales, se supone que el divorcio, el abandono o viudedad no producen directamente efectos negativos en los niños, pero sí lo hacen las circunstancias que suelen acompañarlos: malas relaciones entre los padres, deterioro de la situación económica, falta de tiempo para una adecuada supervisión y sobrecarga laboral, siendo en estos casos donde aparecen la indisciplina, los problemas de conducta y el bajo rendimiento escolar. 

En un seguimiento realizado del estudio de Woodlawn, McCord y Ensminger (1995) investigaron la relación entre el abandono temprano del hogar de los niños y su posterior violencia. Los investigadores, utilizando datos retrospectivos, determinaron si los participantes del estudio abandonaron inicialmente sus casas antes o después de los 16 años y encontraron que el abandono temprano del hogar estaba asociado con mayores niveles de violencia posterior, tanto en mujeres como varones. 

 Así, vemos como la separación padre-hijos se puede producir por múltiples causas, siendo éstas las que predicen un comportamiento violento posterior de los jóvenes y sugiriendo, además, la importancia que cobran los estudios multivariados sobre la relación entre la familia y otros constructos en la predicción de la violencia. 

 3.2.3.1.10. Padres adolescentes 

 La conducta antisocial se ha visto asociada también con la maternidad adolescente y con aquellas relaciones con hombres antisociales, viéndose seguidas estas conductas de un alto índice de ruptura de la relación de cohabitación, de dificultades de crianza y de un mayor índice de interrupción de la misma (Quinton y Rutter, 1988; Quinton, Pickles, Maughan y Rutter, 1993). 

 Conseur, Rivara, Barnoski y Emanuel (1997), encontraron que ser hijo de madre soltera, está asociado a más del doble de riesgo de llegar a ser un infractor crónico; mientras que el haber nacido de una madre menor de 18 años, está asociado a un aumento de más del triple en el riesgo de llegar a ser un infractor crónico. El grupo más alto de riesgo se concentra precisamente en aquellos varones nacidos de madres que tienen menos de 18 años cuando se produjo el nacimiento, siendo su riesgo de acabar siendo un infractor crónico, once veces mayor que el del grupo de más bajo riesgo. Otros estudios obtienen resultados muy comparables (Kolvin et al., 1990; Loeber y Farrington, 2000; Maynard, 1997; Moffitt y Caspi, 1997). 

 Finalmente, Rutter et al., (2000) señalan que dado que todos los estudios dejan de ver que el ser padre o madre en la adolescencia va asociado a otros factores de riesgo, entre ellos, dificultades de crianza, acortamiento de la educación, pobreza, falta de apoyo de una pareja, es probable que gran parte del riesgo que afecta al niño se deba al efecto de estos factores más que a la edad de los padres en sí misma. 

 3.2.3.1.11. El tamaño de la familia 

 El tamaño de la familia, como el número de hermanos o la presencia de ambos padres en el hogar, se ha relacionado con un aumento de la probabilidad de ejercer conductas antisociales. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que el poder predictivo de estas variables depende o está en función de otras relativas al funcionamiento del hogar, como las prácticas de crianza o la calidad de las relaciones. Es decir, un mayor número de hijos conllevará un menor grado de supervisión, lo cual incidirá sobre la conducta problema, al igual que un hogar roto donde falta uno de los padres conlleva mayores conflictos (Pevalin et al., 2003). Por lo tanto, lo importante no es la cantidad de personas presentes en el núcleo familiar sino la calidad de las relaciones (Luengo et al., 2002). 

 Al respecto, Offord (1982) postuló que el riesgo se origina, no en las pautas de crianza sino en la influencia de hermanos o hermanas delincuentes, a través de algún tipo de efecto de “contagio”. Estos datos son concordantes con diversos estudios en los que se aprecia que el riesgo de delincuencia está un función del número de hermanos y hermanas delincuentes (Farrington et al., 1996b; Rowe y Farrington, 1997). 

 Sin embargo, Rowe y Farrington (1997) ofrecen una visión alternativa, postulando que el mecanismo explicativo reside en una tendencia de los individuos antisociales a tener familias grandes, estando el riesgo, en parte, genéticamente mediado. Parece que existe una asociación más directa con la delincuencia familiar que con el tamaño de la familia, por lo que podría considerarse más correcto el papel de la familia numerosa como un factor asociado casualmente al riesgo de conducta antisocial.

3.2.3.2. Factores escolares 

 El colegio es otro órgano de socialización prioritario, entre cuyas funciones no sólo se encuentra la formación para un funcionamiento socialmente adaptado sino que facilita las primeras interacciones con los iguales y figuras de autoridad distintas a las familiares y la consecución de sus primeros logros socialmente reconocidos. 

 El rendimiento académico, el bajo interés en la educación y la baja calidad de la escuela son indicadores de diferentes constructos relacionados con la escolarización. Se han postulado diversos mecanismos a través de los cuales los factores escolares influyen en el comportamiento antisocial y violento (véase resumen Tabla 3.6.). 

 En líneas generales, los factores escolares se han mostrado consistentemente más protectores que los factores familiares. Así, Crosnoe et al. (2002) encontraron que al apego hacia los profesores, los logros académicos, la orientación hacia la escuela, la supervisión de los padres, el vínculo con los padres y la organización familiar, son factores de protección frente al desarrollo de conductas violentas. 

3.2.3.2.1. Fracaso académico 

 Farrington (1989a) encontró que bajos niveles de rendimiento académico durante la enseñanza primaria predecían futuros arrestos por violencia. El 20% de aquellos niños cuyos profesores informaban de un bajo nivel de rendimiento en la enseñanza primaria a la edad de 11 años, fueron arrestados por delitos violentos en la etapa adulta, frente a un 10% del resto de la muestra con rendimiento normal. Asimismo, el mantener bajos niveles de rendimiento en la etapa de educación secundaria, casi duplicaba la probabilidad de arrestos por violencia en la vida adulta. 

 Denno (1990) encontró que los logros académicos a la edad de 7 años y entre los 13 y 14 años, estaban inversamente relacionados con la emisión de delitos violentos tanto en varones como en mujeres. En contraste con los hallazgos encontrados para otras variables o factores de riesgo, la relación entre el rendimiento académico y la violencia posterior era más fuerte para las mujeres que para los varones. 

 Maguin et al. (1995) encontraron que los informes de los padres sobre un bajo rendimiento de sus hijos a la edad de 10, 14 y 16 años, predecían la violencia autoinformada por estos chicos a la edad de 18 años. El fracaso académico desde los primeros niveles era predictor de un incremento en el riesgo de llevar a cabo comportamientos violentos posteriores. Resultados semejantes fueron obtenidos por Maguin y Loeber (1996) quienes encontraron una relación significativa entre un pobre rendimiento académico y el comienzo o mayor prevalencia de la delincuencia, así como con la escalada en la frecuencia y gravedad de los actos antisociales. 

 A pesar de que el fracaso escolar es un factor de riesgo importante de la conducta antisocial, no es determinante. Sin embargo, ha de tenerse muy en cuenta en los niños y jóvenes que acumulan otros factores de riesgo, especialmente los referidos a problemas familiares, niveles bajos de desarrollo y consumo de drogas (Del Barrio, 2004a). Así, la peligrosidad del bajo rendimiento escolar tiene que ver con la percepción de futuro y con la pertenencia a un grupo, por lo que los sujetos con bajo rendimiento tienen problemas para integrarse dentro de las normas sociales y junto con las bajas aspiraciones que presentan, la posibilidad de que aparezca el comportamiento agresivo o violento se incrementa. 

 No obstante, pese a la relación encontrada entre el fracaso académico y el riesgo de emitir conductas antisociales, no queda claro si el riesgo principal se deriva de las bajas capacidades cognitivas (bajo CI) o del propio fracaso escolar (Rutter et al., 2000). En cualquier caso, el fracaso académico es considerado como un factor de riesgo en numeroso estudios (Carrasco y del Barrio, 2002, 2003; Del Barrio, 2004a; Díaz-Aguado, 2004; Loeber y Farrington, 1999) y, el logro académico actuaría como claro factor de protección (Bandura, Barbarelli, Caprara y Pastorelli, 2001; Crosnoe et al., 2002). 

 3.2.3.2.2. Apego o vinculación escolar 

 La escuela presenta abundantes elementos positivos como institución social y pedagógica: a) los buenos modelos de comportamiento del profesorado; b)las expectativas de los alumnos adecuadamente altas con una respuesta eficaz; c) una enseñanza interesante y bien organizada; d) un buen uso de las tareas para casa y un seguimiento del progreso; e) unas buenas ocasiones de que los alumnos asuman responsabilidad y, f) una atmósfera ordenada y un estilo de liderazgo que proporcione dirección pero sea receptivo a las ideas de los demás y promueva una elevada moral en el personal y en los alumnos (Rutter et al., 1997). Es indudable que la presencia de estos factores incrementa el apego y el vínculo del joven con la escuela, reduciendo la posibilidad de aparición de conductas antisociales. Asimismo, las relaciones de apoyo mutuo entre el hogar y el colegio también son importantes. 

 Desde las teorías del control social (Hirschi, 1969) se ha enfatizado la importancia del apego o del compromiso hacia la escolarización y el colegio como importantes factores protectores contra el delito (Catalano y Hawkins, 1996). Los sujetos que presentan conductas problemáticas tienden a mostrar un cierto desapego emocional respecto al entorno escolar, actitudes más negativas hacia él y expectativas negativas respecto a su éxito académico a la vez que perciben la educación académica como poco útil o relevante (Marcos y Bahr, 1995; Swaim, 1991). 

 La evidencia disponible generalmente apoya la hipótesis de que un bajo nivel de vinculación con el colegio predice comportamientos violentos, aún cuando, de alguna manera, estos resultados puedan variar según qué indicadores de compromiso escolar se hayan utilizado (Loeber y Farrington, 1999). 

 En un análisis de una submuestra de afroamericanos y euroamericanos obtenida del proyecto de Desarrollo Social de Seattle, Williams (1994) encontró que el vínculo con el colegio está más fuertemente relacionado con la reducción de la violencia entre los afroamericanos varones y menos relacionado con la violencia entre los euroamericanos mujeres. 

Maguin et al. (1995) investigaron a partir de los datos del estudio de Seattle, la relación entre el bajo compromiso con el colegio a los 10, 14 y 16 años y el comportamiento violento de forma autoinformada a la edad de 18 años. Un bajo nivel de compromiso hacia el colegio a la edad de 10 años no predecía violencia posterior pero a los 14 y 16 años, si lo predecía. De forma similar, bajas aspiraciones educacionales a la edad de 10 años no predecía violencia posterior, sin embargo, baja aspiraciones educacionales a los 14 y 16 años, si  predecían comportamientos violentos a los 18 años; aunque con menos fuerza que el bajo compromiso hacia el colegio. En contraste, Elliott (1994) en el estudio juvenil nacional, informó que el vínculo escolar no era un predictor significativo de delitos violentos serios. De la misma forma, Mitchell y Rosa (1979) encontraron que no existía una asociación entre lo que informaban los padres sobre el nivel de agrado que sentían sus hijos por el colegio y los delitos contra las personas registrados oficialmente durante los 20 y 30 años. 

 Sin embargo, en la actualidad, Crosnoe et al. (2002) encontraron que aquellos adolescentes con un mayor vínculo hacia la escuela tenían menos posibilidades de verse inmiscuidos en situaciones problemáticas. Para esos alumnos, los costes percibidos por ejercer un comportamiento no aceptable eran suficientes para disuadirles de realizar conductas antisociales. De la misma forma, Thornberry (2004) encuentra en delincuentes de inicio temprano un menor apego por los maestros y el centro escolar, en comparación con el grupo de inicio en la adolescencia y, en especial, con los no delincuentes. 

3.2.3.2.3. Absentismo y abandono escolar 

 Hacer novillos y abandonar el colegio, podrían ser indicadores conductuales que ponen de manifiesto un bajo nivel de compromiso con la escolarización, pero también podrían haber otras razones por las que los niños faltan al colegio o lo abandonan de forma temprana (Janosz, Le Blanc, Boulerice y Tremblay, 1996). 

 Farrington (1989a) mostró cómo aquellos jóvenes con mayor índice de faltas a clase entre los 12 y los 14 años y aquellos que abandonaron el colegio antes de los 15 años, eran más propensos a desarrollar conductas violentas en la adolescencia y la etapa adulta. Los hallazgos de Farrington constituyen uno de los numerosos estudios que han mostrado como faltar a clase o hacer novillos constituye un factor de riesgo sustancial para la delincuencia. Ahora bien, podría considerarse que la falta de asistencia a clase es un factor de riesgo que contribuye a facilitar el paso a la delincuencia, en tanto en cuanto proporciona oportunidades adicionales para la conducta desviada (Farrington, 1995; Robins y Robertson, 1996). 

 Thornberry (2004) encuentra en delincuentes de inicio temprano un menor compromiso con los estudios y con la asistencia al colegio, en comparación con el grupo de inicio en la adolescencia y, en especial, con los no delincuentes. 

3.2.3.2.4. Elevada delincuencia y vandalismo en la escuela 

 Con respecto a la delincuencia en la etapa escolar, Farrington (1989a) encontró que los chicos que tenían altos índices de delincuencia a la edad de 11 años informaban levemente, aunque significativamente, más comportamiento violento que otros jóvenes al llegar a la adolescencia y la etapa adulta. 

 El vandalismo escolar se puede manifestar en agresiones físicas por parte de los alumnos contra profesores o contra sus compañeros, violencia contra objetos y cosas de la escuela, amenazas, insultos, intimidación, aislamiento o acoso entre los propios escolares. Este último fenómeno ha venido ha llamarse bullying (Lawrence, 1998; Schneider, 1993). El bullying es una forma de violencia entre niños que suele ocurrir en el colegio y en sus alrededores. Bajo este término se engloban tres formas de violencia: física (golpes, peleas,escupir), verbal (insultos, menosprecios, amenazas) y psicológica (falsos rumores, intimidaciones). 

Como conclusión, señalar que hay abundantes testimonios de que la conducta perturbadora, difícil o desafiante y el vandalismo en la etapa escolar son predictores de posteriores actividades antisociales y criminales (Loeber et al., 1997; Nagin y Tremblay; 1999; Raviv et al., 2001; Rutter et al., 2000; Trianes, 2004). 

 3.2.3.2.5. Traslados de colegio 

 En el estudio de Maguin et al. (1995), se les preguntó a los padres y jóvenes a los 14 y 16 años del Proyecto de Desarrollo Social de Seattle, que indicaran el número de veces en que los niños habían cambiado de colegio durante el año anterior. Los jóvenes que habían tenido más cambios de colegio eran más violentos a los 18 años frente a aquellos que no se habían cambiado. Nuevamente es importante no olvidar, que al igual que otros factores, los traslados de colegio se relacionan con otras variables que a su vez también predicen la violencia. 

3.2.3.2.6. Aspiraciones o preferencias ocupacionales 

 Hogh y Wolf (1983) consideraron la relación entre las aspiraciones o preferencias ocupacionales y la violencia en una muestra de 7.917 varones. Se administró una prueba que evaluaba las preferencias ocupacionales de los participantes de 12 años, que consistía en valorarar 51 ocupaciones de acuerdo a sus preferencias. Posteriormente, se organizaron por categorías jerarquizadas de acuerdo con el supuesto estatus profesional. Los investigadores encontraron que los participantes que mostraban preferencias por trabajos de menor estatus tenían una mayor probabilidad de estar registrados por la policía de Dinamarca por faltas violentas entre los 15 y 22 años 

 3.2.3.3. Relación con el grupo de iguales En este apartado se muestra finalmente la relación existente entre la manifestación de conductas antisociales y la existencia de las mismas en grupos similares (hermanos, compañeros y pandillas). Es indudable que el tener hermanos y/o amigos implicados en estas conductas influirá en la conducta de los sujetos expuestos a las mismas (véase resumen Tabla 3. 7.). 

3.2.3.3.1. Hermanos delincuentes 

 Como ya ha quedado expuesto anteriormente, el que los padres sean criminales es un factor de riesgo para la violencia. Además, ya ha sido comentado cómo el formar parte de una familia numerosa puede influir en la presencia de conductas antisociales (Farrington et al., 1996; Offord, 1982; Rutter y Giller, 1983). 

 Farrington (1989a) encontró que tener hermanos delincuentes a la edad de 10 años, predecía arrestos por violencia pero no predecía la violencia cuando ésta era autoinformada en la adolescencia y en la adultez. Un 26 % de los chicos del estudio de Cambridge que tenían hermanos delincuentes a la edad de 10 años eran arrestados por violencia frente al 10% del resto de la muestra. Farrington también encontró una asociación positiva entre la frecuencia de los problemas conductuales de los hermanos cuando los sujetos tenían 10 años y posteriores arrestos por violencia. 

 Los datos del estudio de Seattle sugieren que la relación entre la delincuencia de los hermanos y la violencia de los sujetos es más fuerte cuando la medida de la delincuencia de los hermanos es más próxima a la medida de la violencia del sujeto y más cercano a la adolescencia (Maguin et al., 1995). Esto puede reflejar los cambios de las influencias que tienen los hermanos durante el proceso del desarrollo. Tal como los amigos delincuentes, los hermanos antisociales y delincuentes, aparentemente, tienen su mayor correlación con la violencia en los sujetos durante la adolescencia. Sorprendentemente, Williams (1994) encontró que la influencia que ejercen los hermanos delincuentes era más fuerte en las chicas que en los chicos. 

 Parece que el riesgo de delinquir puede estar determinado por el número de hermanos o hermanas delincuentes. Sin embargo, Offord (1982), mostró cómo el riesgo sólo está asociado al número de hermanos y no de hermanas. 

 Rowe y Farrington (1997), encuentran al respecto datos relativamente concordantes. La asociación se daba más con la delincuencia de los hermanos o hermanas mayores que de los menores y también más con la de los hermanos del mismo sexo que con los del sexo opuesto. Semejantes resultados obtiene el estudio llevado a cabo por Ardelt y Day (2002), donde el tener hermanos mayores delincuentes constituía el factor de riesgo de mayor peso del comportamiento antisocial posterior, aunque también, pero con menor peso, el tener amigos delincuentes. 

3.2.3.3.2. Compañeros o amigos delincuentes 

 Mientras que en los años preescolares la familia es el entorno dominante y el colegio pasa a serlo en la posterior infancia y preadolescencia, en la adolescencia, los amigos constituyen la principal fuente de influencia (Catalano y Hawkins, 1996). Así, el grupo de iguales va siendo cada vez más importante a la hora de desarrollar y establecer sus actitudes y normas sociales. Esto es así, tanto en lo positivo (red de apoyo social) como en lo negativo, favoreciendo la delincuencia (Fuchs, Lamnek y Luedtke, 1996; Tillmann et al., 1999). 

 Ya Sutherland (1939, cit. en Luengo et al., 2002), partiendo de su teoría de la asociación diferencial decía que las conductas desviadas se adquieren en la relación con los grupos más próximos al sujeto, donde se expone a conductas y actitudes de carácter desviado, lo que dará lugar a que interiorice más “definiciones” favorables a la transgresión que “definiciones” favorables a lo convencional. 

 Parece que los individuos que cometen actos delictivos tienden a tener amigos delincuentes y muchas actividades consideradas antisociales se emprenden junto con otras personas (Reiss, 1988). Así, Otero et al. (1994) constatan que la desviación de los amigos suele ser uno de los factores de riesgo con mayor capacidad de determinación de la conducta antisocial del adolescente.

 Ageton (1983), encontró que los adolescentes cuyos amigos no aprobaban los comportamientos delincuentes tenían menor probabilidad de informar haber cometido asaltos sexuales posteriores. Elliott (1994) informó, resultados similares en todas las formas de violencia. El asociarse con pares que desaprueban el comportamiento delincuente podría inhibir la violencia posterior. 

 Dishion et al. (1995), hallaron en varones de 13 y 14 años de edad que las interacciones positivas con amigos no correlacionan con el comportamiento antisocial. Sin embargo, el tener amigos antisociales correlacionaba positivamente con una mayor probabilidad de ejercer conductas antisociales por parte de los adolescentes. La existencia de amigos antisociales proporcionaría el contexto adecuado para poder realizar conductas coercitivas. Asimismo, el aumento de la probabilidad de ejercer dichas conductas no sería tanto por la observación directa de las mismas sino por la falta de habilidades sociales. Por otra parte, Patterson et al. (1992) señalan que el tener compañeros o amigos antisociales podría estar mediado por una ausencia de supervisión parental, lo que le permitiría al joven permanecer más tiempo bajo su influencia, apareciendo así la relación con la delincuencia futura. 

 Moffitt (1993) resalta que los amigos delincuentes pueden contribuir en la divulgación de la violencia durante la adolescencia, pero podrían ser menos relevantes en predecir la conducta violenta persistente durante el curso de la vida en aquellos infractores que inician tempranamente su comportamiento agresivo y violento. En la misma dirección, algunos estudios al respecto indican que, aunque las influencias son operativas a todas las edades, son más intensas durante la etapa adolescente (Bartusch, Lynam, Moffitt y Silva, 1997; Thornberry y Krohn, 1997). Estudios recientes confirman estos hallazgos. Laird et al. (2001) muestran que el rechazo temprano de los compañeros influye en la precocidad de la aparición de conductas delictivas, mientras que la asociación con compañeros agresivos es más frecuente en los casos donde se da la aparición más tardía de la delincuencia. Por contra, Thornberry (2004) encuentra que los delincuentes infantiles o de inicio temprano tienden a asociarse más con iguales delincuentes que aquellos que comienzan a desviarse en la adolescencia. 

 Herrenkohl et al. (2001) también confirman en su estudio que el relacionarse con pares antisociales tendrían grandes y persistentes efectos sobre el comportamiento violente posterior, así como también que la relación con los pares a la edad de 14 años, sería uno de los mediadores más potentes de los factores de riesgo tempranos. 

Fergusson, Swain-Campbell y Horwood (2002), recientemente ha encontrado a partir de una investigación longitudinal, que el tener amigos con comportamientos desviados estaba asociado positivamente al ejercicio por parte de sujetos de entre 14 y 21 años de crímenes violentos, crímenes contra la propiedad, abuso de alcohol, abuso de cannabis y dependencia a la nicotina. De la misma forma, Wilmers et al. (2002) encontró en su encuesta con escolares alemanes, que la mayoría de los delitos violentos cometidos autoinformados se daban en aquellos chicos que previamente habían dicho tener amigos desviados, siendo responsables del 54,3% de todos los actos delincuentes violentos informados por los alumnos en 1999. El estudió también señaló que a mayor frecuencia e intensidad de exposición a la violencia intrafamiliar y peor estatus socieconómico, mayor tasa de menores que decían tener amigos desviados.  

3.2.3.3.3. Pertenencia a bandas 

 Cairns, Cadwallader, Estell y Neckerman (1997) postularon tres vías fundamentales para referirse a la importancia de las bandas en la comisión de las conductas antisociales: a) representan la reunión de individuos agresivos y dominantes que tienen un papel de control de las redes sociales en las que operan; b) muchos individuos que ingresan en bandas son jóvenes desarraigados y alienados que se escapan de casa y se convierten en personas sin techo; c) algunas bandas operan como prósperos negocios que están edificados sobre el tráfico de drogas ilegales o al menos participan intensamente en él. 

 En relación a la diferencia que existe entre las bandas y los “simples” grupos de adolescentes antisociales, Klein (1995) señala que las primeras tendrían una mayor identidad y liderazgo. Thornberry (1999) concluyó al respecto que las bandas se diferenciaban de los grupos de coetáneos delincuentes en que tienen una asociación mucho más fuerte con las conductas antisociales y una mayor probabilidad de cometer delitos violentos. 

 Numeroso estudios con adolescentes han encontrado claras evidencias de la relación que existe entre la manifestación de comportamientos antisociales o desviados y el ser miembro de una banda. Por ejemplo, el pertenecer a una banda se ha relacionado con presentar mayor promiscuidad sexual (Bjerregaard y Smith, 1993; Le Blanc y Lanctot, 1999), mayor consumo de alcohol y drogas (Bjerregaard y Smith, 1993; Cohen, Williamns, Bekelman y Crosse, 1994; Thornberry, Krohn, Lizotte y Chard-Wierschem, 1993), mayor violencia (Friedman, Mann y Friedman, 1975; Le Blanc y Lanctot, 1999), pertenencia de un arma (Bjerregaard y Lizotte, 1995) y más delincuencia general (Curry y Spergel, 1992; Esbensen y Huizinga, 1993; Le Blanc y Lanctot, 1999). 

 Estudios recientes sugieren que el pertenecer a una banda contribuye a la delincuencia más allá de la mera influencia de tener pares delincuentes (Battin et all, 1997). La investigación también sugiere que está asociado con delitos más serios y violentos en la juventud (Thornberry, 1999). Como se demostró a través de los datos de Seattle, el pertenecer a una banda a los 14 y 16 años predecía comportamientos violentos a los 18 años (Maguin et al., 1995). Así, tres de los estudios longitudinales más importantes llevados a cabo con adolescentes, el de Rochester (Thornberry, 1996), el de Seattle (Hill, Howell, Hawkins y Battin, 1996) y el de Denver (Huizinga, 1997) confirmaron que los jóvenes que presentaban conductas antisociales presentaban mayor probabilidad de pertenecer o ser miembro de una banda, a la vez que participaban en más actos delictivos y violentos. 

Thornberry (2004) ha encontrado que los delincuentes infantiles o de inicio temprano tienden más asociarse con iguales delincuentes y a formar parte de bandas, que los que inician su comportamiento antisocial en la adolescencia o los jóvenes no antisociales. 

Como conclusión y tras la revisión efectuada de los factores de riesgo y de protección relacionados con la conducta antisocial, parecen poner de relieve que dichos comportamientos sólo pueden ser entendidos desde una perspectiva multicausal, en la que van a confluir factores de riesgo de diversa índole. Además, dichos factores no son estáticos sino que están en continua interacción, afectándose mútuamente y, afianzando, realimentando y cronificando la conducta antisocial.


 Tablas : http://eprints.ucm.es/12024/1/T28264.pdf


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