domingo, 8 de abril de 2012

Números de una triste realidad. Fabiana Scherer. LA NACION. 08 de abril de 2012. Argenina.


En nuestro país hay 14.675 menores institucionalizados, sin el cuidado de su familia, según un informe de Desarrollo Social al que tuvo acceso LNR. Datos que evidencian la tensión entre las normas y su aplicación
Todavía queda mucho trabajo por hacer. La cultura del Patronato continúa muy arraigada entre nosotros", asegura Laura Musa, asesora tutelar del ministerio público de la Ciudad. Cuando en 2005 se sancionó la ley nacional de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes Nº 26.061 se abrió un proceso de transformación profunda respecto de las concepciones jurídico-sociales de la infancia que moldearon las intervenciones estatales sobre las personas menores de edad durante más de 80 años.


La ley 10.903 de patronato de menores, que rigió desde 1919, estableció un modo de intervención focalizado en la separación de los niños de su medio familiar por causas asistenciales y la consecuente institucionalización como medida de protección. "Con la convención de las nuevas leyes se propuso un sistema de protección integral -analiza Musa- cuyo punto de partida es el reconocimiento de los menores de edad como sujetos de derechos, por lo que la institucionalización debe ser considerada como una alternativa excepcional, limitada en el tiempo y de último recurso."

En nuestro país, en la actualidad se encuentran 14.675 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales (familia de origen), sobre un total de 12.333.747 chicos y chicas, según los resultados del relevamiento en todo el territorio nacional que realizó el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). El estudio, que se conocerá oficialmente en los próximos días y que fue realizado mediante un trabajo en conjunto con Unicef y el aporte técnico de un grupo de consultores, permitirá avanzar y profundizar sobre las políticas de restitución de derechos y la implementación de medidas y acciones para promover el derecho de niñas y niños a la convivencia familiar.

"Es la primera vez que en Argentina se realiza un relevamiento tan completo y de carácter presencial -explica Gimol Pinto, experta en protección de derechos de Unicef-. No sólo brinda información sobre el número de chicos, sino que permite tener una visión clara de hacia dónde se quiere seguir. El estudio da cuenta de la tensión entre las normas establecidas y su aplicación. El denominador común es la construcción de una nueva institucionalidad."

El informe, al que tuvo acceso LNR, revela que 10.488 menores viven en instituciones públicas y 4187 se encuentran bajo el cuidado de familias de acogimiento o de corazón, según la denominación que se les otorgue en cada provincia. La franja de edad más alta corresponde a adolescentes: el 45 por ciento son chicos que van de los 12 a los 18; el 29 por ciento, menores de entre 6 y 12; y el 26 por ciento, de primera infancia, de 0 a 5 años. Lo que no se pudo determinar es la duración de la medida (en Capital Federal, ver más abajo, es de 3,5 años, según la Asesoría General Tutelar). "En algunas jurisdicciones se puede hacer, en otras no, porque no se contaba con el legajo completo del menor -explica Gimol Pinto-. Se necesita reconstruir cada caso para seguir su historia. Esta investigación busca que cada provincia tenga la información disponible y por sobre todo que sea accesible. Son 24 jurisdicciones y cada una tiene su código de procedimiento. Ya estamos diseñando otro relevamiento, esta vez centrado en los casos." Lo que sí se pudo saber es que más de la mitad de los chicos que egresan consiguen revincularse familiarmente.

"Para nosotros la desinstitucionalización no es un fin en sí mismo. No nos preocupa bajar los números, sino garantizar los derechos de los niños y las niñas -asegura Marisa Graham, directora nacional de Promoción y de Protección Integral del Sennaf-, y si para garantizarlos eso implica separarlos de su familia se hará como último ratio. La institucionalización ha salvado vidas y también las ha arruinado; por eso, a esta altura debemos abandonar los fundamentalismos y centrarnos en la necesidad del menor."

El informe sostiene que hoy en ningún lugar de la República Argentina funciona el concepto de megainstituto como en la era del Patronato. "Hoy un chico que vive en un hogar concurre a una escuela por fuera de la institución, está documentado (posee DNI o lo está tramitando) y tiene cobertura de salud", destaca Graham.

En lo que se refiere a los institutos dependientes de la ciudad de Buenos Aires -también llamados hogares- permanecen aproximadamente 1200 menores de edad, según datos otorgados por la Asesoría General Tutelar (AGT, diciembre de 2011). La normativa vigente postula la institucionalización como último recurso y por el plazo más breve posible, que no supere los 90 días; sin embargo, el promedio permanece los tres años y medio. "La medida de separación del niño del medio familiar es habitual y no excepcional -señala Ernesto Blanck, representante de la Secretaría General de Políticas Institucional de AGT -aún más al tratarse de menores provenientes de familias pobres." Casi el 90 por ciento de los hogares -según AGT- mencionaron a la pobreza como una de las causas que dieron origen a la institucionalización. "Prueba del incumplimiento del principio legal que ratifica que la separación familiar no puede en ningún caso deberse a la falta de recursos económicos (artículo 33 de la Ley 26.061)", subraya Alicia Guerrero Zarza, coordinadora del Area de Seguimiento de las Instituciones de AGT (ver caso Ariel Jiménez).

En cuanto al relevamiento llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social, la representante de Unicef Gimol Pinto destaca que el causal, en la mayoría de las separaciones a nivel nacional, responde a maltratos, negligencia y abusos. "Lo que nos obliga a repensar por qué, en cuanto se refiere a violencia familiar, no se aplica la ley contra la violencia y la medida termina cayendo sobre el menor, como si fuera un castigo, y no sobre el agresor. Somos conscientes de que la orden de separación se aplica para proteger la integridad física del chico, pero es un llamado de atención para que este tipo de disposición pueda ser sustituida por otra. Es una línea de trabajo a desarrollar -enfatiza-. Es cierto que todavía tenemos que sacarnos de encima 80 años de la ley de patronato y sólo llevamos siete en la construcción de la nueva ley. El chico merece la mejor estrategia de protección de derechos. El desafío es desmontar viejas prácticas que ponen como excusa su protección, pero que lamentablemente termina vulnerando sus derechos."

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (Indec 2010), la población total de la ciudad de Buenos Aires es de 2.890.151 personas (1.329.681 varones y 1.560.470 mujeres), y de ese total casi el 21 por ciento son niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años (600.684 menores de edad). Un informe reciente del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (Cedem 2011) arrojó que los hogares con presencia de menores de 14 años representan una proporción elevada de aquellos con ingresos inferiores a la canasta básica (42,2%); en tanto, el 22,4% de los adolescentes de 15 a 18 años en la ciudad -tal como indicó la Encuesta Anual de Hogares (EAH, 2010)- son pobres.

"La pobreza es la variable común y a veces el indicador exclusivo que motiva a la institucionalización -determina Ana María Dubaniewicz, psicóloga especialista en la temática de abandono de menores y autora de La internación de menores como privación de libertad (ver caso aparte)-, lo que queda como evidencia de que a pesar de la modificación de la ley, se sigue trabajando bajo el legado del patronato. Que los chicos estén hoy internados es un negocio. No hay duda de eso."

La ciudad dispone, en la actualidad, de 94 sedes institucionales. Estos dispositivos reciben subsidios con montos diferenciados, según la modalidad de atención. Los paradores (en los que el chico pasa algunas horas) cobran 1478,40 pesos por cada uno de los menores, los convivenciales, 1835,70, y los de atención especializada entre 5700 y 6600 pesos, según datos de Asesoría General Tutelar (2011)."Con lo que se paga a estas entidades, el gobierno podría solventar diferentes recursos, como el desembolso del alquiler a una familia (por los cinco chicos Jiménez se abonaba por mes 7500 pesos) o el sueldo de un operador que asista. Pero resulta más fácil desentenderse del chico y depositarlo", dispara Musa.

DEPRESION: NIÑOS MEDICADOS

Con problemas. Eso es lo que queda registrado en el libro por cada chico que es medicado. La pregunta es ¿de qué problema hablamos? Los primeros tranquilizantes llegan después de que un papá o una mamá no aparece a una visita prevista o simplemente a las largas noches en un lugar extraño lejos de los suyos. Excitación psicomotriz es el diagnóstico común. Este comportamiento hace que muchos de los menores terminen en instituciones de cuidados especiales o en hogares terapéuticos de salud mental.

En septiembre de 2010, el Ministerio Público Tutelar presentó un habeas corpus colectivo por chicos con alta médica depositados en el neuropsiquiátrico Tobar García y en el Torcuato de Alvear. "Menores que luego de su tratamiento no fueron recibidos en hogares por considerarlos problemáticos -apunta Musa-. Mientras les buscaban un lugar, se los dejó ahí y esto es gravísimo." Esta práctica, declarada ilegal, ocurre en los casos de pacientes pobres. "Una vez externados no cuentan con recursos propios para llevar adelante un tratamiento adecuado, como ser hospital de día, casa de medio camino, acompañantes terapéuticos o tratamiento ambulatorio, los cuales deben ser provistos por el Estado", detalla el informe emitido el 29 de diciembre de 2010 por el Ministerio Público Tutelar. "No se puede hacer política social manteniendo a un chico en un manicomio. Encontramos casos tremendos, como el de un adolescente que hacía un año que tenía el alta médica y seguía internado en el Tobar García -agrega Musa-. Esta es una zona gris, demasiado gris."

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