lunes, 23 de mayo de 2011

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DELICTIVAS DE MENORES INFRACTORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SU INFLUENCIA EN LA PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO. Universidad Complutense de Madrid José Luis Graña Gómez. Vicente Garrido Genovés.Universidad de Valencia Luis González Cieza. Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor

Resumen
El objetivo de este estudio consiste en caracterizar a los menores que están en centros de internamiento de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en cuanto a sus características delictivas y, al mismo, tiempo validar un instrumento conocido como IGI-J (Inventario para la Gestión e Intervención con Jóvenes) [YLS/CMI (Youth Level of Service/Case Management Inventory)] que permite evaluar factores de riesgo estáticos y dinámicos para explicar la conducta delictiva y desarrollar objetivos de intervención educativo-terapéuticos. Para ello, se ha contado con 208 menores con una edad media de 17 años. Los resultados muestran que la media de delitos por sujeto es de 1.86 siendo los más frecuentes los delitos contra la propiedad. En cuanto a las medidas judiciales impuestas por los delitos cometidos, la media fue de 1.44 y el promedio de la duración de las medidas fue de 8,47 meses.

Refiriéndonos al IGI-J, este instrumento ha mostrado unos importantes indicadores de fiabilidad (alfa de Cronbach 0.88) y validez predictiva. Las distintas escalas discriminaron de forma adecuada entre reincidentes y no reincidentes, violentos y no violentos. Se analizan los datos en relación a la planificación de los programas de intervención a desarrollar con este tipo de población.
PALABRAS CLAVE: Menores Infractores, Reincidentes, Violentos, IGI-J.

Abstract
The goal of this study is to characterize minors interned in centers of the Agency of the Community of Madrid for the Reeducation and Reinsertion of Transgressing Minors with regard to their delinquent characteristics and to validate an instrument known as the YLS/CMI (Youth Level of Service/Case Management Inventory), which allows us to assess the static and dynamic risk factors that explain delinquent behavior and to develop educational-therapeutic intervention goals. Participants were 208 minors, mean age 17 years old. The results show that the average number of criminal acts per subject is 1.86, with offenses against property being the most frequent. The mean judicial measure imposed for the offenses was 1.44, and the mean duration of the measures was 8.47 months.
With regard to the IGI-J, this instrument has shown satisfactory reliability indicators (Cronbach’s alpha .88) and predictive validity. The diverse scales adequately discriminated between recidivists and nonrecidivists, violent and nonviolent minors. The data are analyzed with a view to planning intervention programs to be developed with this kind o f population.
KEY WORDS: minors, transgressors, recividists, violent youths, IGI-J.

Introducción

La conclusión que se deriva de los dictámenes de la literatura especializada sobre los programas que logran mejores porcentajes en la reducción de la reincidencia indica que los jóvenes que cumplen medidas judiciales precisan, sobre todo, nuevas formas de pensar la realidad y de actuar en ella. Estos programas ayudan a que el sujeto desarrolle estrategias más hábiles de solución de problemas; que disponga de autocontrol para no responder con violencia frente a provocaciones, reales o imaginarias y que sea capaz de relacionarse en los contextos escolares, laborales y sociales donde pueda forjar unos hábitos que le permitan adaptarse de forma adecuada al entorno sociocultural en que viva.

En la actualidad, un sistema de justicia juvenil moderno ha de implicarse profundamente en la generación de prácticas eficaces, basadas en la mejor evidencia científica disponible (lo que se conoce ahora en la literatura científica como “política penal basada en la evidencia” —evidence based policy). El paradigma asistencial ha dejado paso (o al menos queremos creerlo así) al paradigma de la búsqueda de resultados mediante esfuerzos bien diseñados y ejecutados (paradigma de la competencia, intervencionista o criminológico).

Así pues, parece que es algo necesario disponer de herramientas con las que poder evaluar cuáles son los factores de riesgo específicos del joven, qué necesidades personales y de su ambiente pueden ser atendidas durante el cumplimiento de la medida con objeto de acortar lo más posible su carrera delictiva. Uno de los instrumentos ampliamente utilizado con delincuentes adultos es el Inventario de Nivel de Servicio Revisado (Level of Service Inventory Revised) de Andrews y Bonta (1995) del que se ha desarrollado una versión para jóvenes delincuentes, el Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes - IGI-J— (Youth Level of Service/Case Management Inventory) de Hoge y Andrews, 2003. El marco teórico en el que se sustenta el IGI-J es el modelo integrado de la conducta delictiva de Andrews y Bonta (1994, 2003).

Partiendo de las principales variables causales extraídas de la investigación psicológica (actitudes, relaciones interpersonales, historia conductual y personalidad antisocial), este modelo sostiene que la persona no puede ser considerada como algo aislado, sino que vive, crece y se desarrolla dentro de un contexto interactivo y dinámico. De ahí que la escuela, la familia, el grupo de iguales y la comunidad deban tenerse en cuenta como unidades que conforman el proceso de socialización pues la persona, su ambiente y su conducta interaccionan en un proceso de influencia recíproca, motivo por el cual los factores situacionales (ambientales y sociales) deben ser considerados, junto con los personales, si queremos mejorar nuestra habilidad para predecir conductas. Por tanto, es este reforzamiento personal, interpersonal y comunitario el que explica la génesis de la conducta delictiva.

El IGI-J consta de 42 ítems agrupados en 8 factores de riesgo: 1) delitos y medidas judiciales pasadas y actuales; 2) pautas educativas; 3) educación formal y empleo; 4) relación con el grupo de iguales; 5) consumo de sustancias; 6) ocio/diversión; 7) personalidad/conducta; 8) actitudes, valores y creencias. Cada uno de estos factores está subdividido en varios ítems –entre 3 y 7- que se describen en términos operativos y definidos previamente y cuya información ha de obtenerse fundamentalmente a partir de la observación, del conocimiento directo del chico/a y su entorno, de la entrevista semiestructurada ya establecida para ello y de la documentación que se tiene del menor. Además, la existencia en cada una de las áreas del riesgo de un elemento denominado “factor protector” pone de relieve el esfuerzo de esta prueba (y de la teoría que la sustenta) por definir aspectos susceptibles de ser tenidos en cuenta en la planificación de los programas de tratamiento.

Los factores de riesgo se dividen en factores estáticos y dinámicos. Los primeros no pueden formar parte de los objetivos de intervención, ya que por su propia naturaleza no pueden modificarse, caso por ejemplo del historial delictivo. Los segundos, cambiables a través de las experiencias vividas y de programas desarrollados con un propósito terapéutico o educativo, son los prioritarios para nosotros. A tales factores de riesgo dinámicos, en la medida en que los juzgamos adecuados para ser objeto de un programa de tratamiento, los llamamos necesidades criminógenas.
Una de las grandes ventajas del IGI-J es que fundamentalmente toma en consideración cuáles son los factores de riesgo dinámicos o necesidades criminógenas que podrían ser objeto posterior de intervención.
El listado de factores del IGI-J nos permite examinar todas las áreas que se consideran más relevantes en la vida de estos menores: circunstancias familiares; educación parental; historia escolar; actividad laboral; relación con el grupo de iguales; abuso de sustancias; ocio y diversión; características de personalidad y conductuales; actitudes, valores y creencias. Una vez identificados los factores de riesgo y protección más pertinentes, el IGI-J también ayuda a identificar los objetivos más apropiados para la intervención; la última parte del instrumento permite centrar la intervención específica y su evaluación.
Parece entonces que, por su estructura, el IGI-J es una prueba que está muy orientada a esa doble tarea de identificar factores de riesgo al mismo tiempo que definir objetivos que sean adecuados para el posterior diseño de un programa de intervención.

A tenor de todo lo comentado y unido al deseo de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de avanzar hacia una intervención con los menores infractores más eficaz, la presente investigación pretende comprobar la capacidad del Inventario para la Gestión e Intervención para Jóvenes (IGI-J) para predecir la reincidencia entre los jóvenes delincuentes, así como para discriminar entre los delincuentes violentos y no violentos, observando la relación existente entre tal prueba y determinadas variables delictivas personales y sociales de la muestra estudiada para, en última instancia, extraer conclusiones en relación a la utilidad de tal prueba en el contexto del diseño y ejecución de los programas de intervención.

Método

Participantes

La muestra total de estudio está compuesta por 208 menores (173 hombres y 35 mujeres) de diversos centros de internamiento de la Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años de edad. El análisis de las características de la muestra se presenta en el apartado de resultados.

Procedimiento

Tras recibir un curso de formación para el manejo del IGI-J, los psicólogos de diversos Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid administraron, por espacio de un año, la prueba a los sujetos de nuevo ingreso. Además, se empleó un Cuadernillo de Recogida de Información del Menor (CRIM) para obtener datos relativos a la historia delictiva, personal y social de los jóvenes evaluados.

Diseño

El diseño de esta investigación es retrospectivo, lo que significa que la reincidencia considerada es la llevada a cabo con anterioridad a la administración de las pruebas. Es decir, la capacidad predictiva se evalúa viendo de qué forma los instrumentos discriminan, en el momento de ser cumplimentados, a aquellos jóvenes que en ese momento de la evaluación son reincidentes de los que no lo son. Igual consideración se aplica a la predicción entre la delincuencia violenta y no violenta realizada por los jóvenes.

Resultados

Características de la muestra

En cuanto a la distribución de los delitos se observa que la media de delitos por sujeto es de 1.86 (desviación típica de 1,50), con un rango comprendido entre 1 y 9 Se registraron, sobre todo, delitos contra la propiedad: un total de 245. Hubo 28 homicidios y 28 agresiones sexuales.
Por lo que respecta a las medidas, hay que decir que la más frecuente fue la libertad vigilada (120), seguida por el internamiento en régimen cerrado (73), los trabajos en beneficios de la comunidad (56), el internamiento en régimen semiabierto (43) y el tratamiento ambulatorio/centro de día, con una frecuencia de cuatro. El promedio de la duración de las medidas fue de 8,47 meses, con una desviación típica de 9,08 y un rango de 1-24. La media de medidas por sujeto fue de 1.44, con una desviación típica de 1,89 y un rango comprendido entre 0 y 11 medidas.

El sexo de los participantes no discrimina entre las tres variables delictivas más relevantes que hemos presentado: número de delitos, número de medidas y meses de duración de las medidas. Aunque en todos los casos los valores de los hombres superan a los de las mujeres, los valores no son significativos. En cambio sí hay diferencias importantes con respecto a la edad ya que, al dividir a la muestra entre chicos de 14 a 17 años y chicos de 18 años o más, vemos que los sujetos más mayores son más infractores en esas mismas variables, con diferencias estadísticamente significativas en los tres casos.
Se ha considerado que un menor es reincidente si tiene dos o más medidas judiciales en la condición de cautelar o firme; además, estas dos medidas tienen que cumplir las siguientes condiciones: (1) una de ellas ser firme y, (2) si es cautelar sólo se ha considerado a aquellos sujetos que tenían la medida de libertad vigilada. De la muestra de estudio 56 sujetos son reincidentes según los criterios enumerados.

Los resultados sobre la variable nivel de violencia de los delitos cometidos (delitos violentos vs. no violentos) también son concluyentes. Dado que el robo con violencia o intimidación es el delito más frecuente de los delincuentes juveniles, no sorprende que, de acuerdo con la clasificación anterior, la mayoría de la muestra sea codificada en la categoría de delincuencia violenta. Por consiguiente, podemos observar que los delincuentes reincidentes y violentos son los que presentan mayor número delitos, los que son sentenciados a un mayor número de de medidas y a medidas de mayor duración. Sus delitos son más frecuentes y más graves.
Para analizar la relación entre frecuencia y gravedad de los delitos, categorizamos los delitos de los sujetos en función de su gravedad, atendiendo a la definición de delito leve, menos grave o grave que proporciona el código penal, observándose el alto valor de correlaciones con las tres variables analizadas, poco habituales en psicología y criminología. La gravedad y la frecuencia delictiva correlacionan 0,90. Los delincuentes juveniles más violentos son también los más reincidentes.

Variables del CRIM

En cuanto a variables sociodemográficas, la mitad de la muestra ha nacido fuera de España; una cuarta parte procede de una familia con cuatro o más hermanos; un 16% posee expediente previo en el servicio de protección; la gran mayoría de los jóvenes viven en viviendas consideradas no sociales (67%). En cuanto a la edad, los chicos más mayores son más reincidentes (22% versus 78%). En cambio, es más difícil de interpretar la variable clase social, ya que si bien los delincuentes mayores proceden en mayor medida de la clase media-baja que los menores (53% versus 25%), en buena medida se compensa con el hecho de que los jóvenes de 14-17 años proceden más de la clase baja (21%) que los jóvenes mayores de 18 años (8%). En conjunto se podría decir que los no reincidentes proceden ligeramente de una clase social más acomodada.


Con respecto a datos escolares y laborales del CRIM, los resultados hablan del ya tradicional fracaso escolar de los jóvenes delincuentes: nada menos que un 53% de la muestra no estaba escolarizada cuando debía estarlo por su edad, al tener menos de 16 años. Igualmente, se puede concluir que los jóvenes que no iban a la escuela tampoco dedicaban su tiempo a estudiar materias profesionales, ya que sólo un 18% asistía a un módulo formativo.
Los datos relativos al consumo de sustancias recogidos en el CRIM indican que, como es previsible en estas edades, el tabaco, el cannabis y el alcohol son las sustancias más consumidas. Si tenemos en cuenta el género, los hombres consumen más cannabis y alcohol que las mujeres. En cuanto a la reincidencia, los resultados indican que, en conjunto, los reincidentes abusan más del alcohol, el cannabis y el tabaco que los no reincidentes.

El inventario de gestión e intervención con jóvenes (IGI-J)

Los estadísticos descriptivos de esta prueba correspondientes a la muestra estudiada indican que la media total de su puntuación es, prácticamente, la mitad de la puntuación máxima de la prueba (18 sobre 37 puntos). Pero donde empezamos a observar la capacidad del IGI-J es en el contraste entre las puntuaciones obtenidas por delincuentes reincidentes versus no reincidentes, y delincuentes violentos versus no violentos. Vemos cómo los reincidentes puntúan significativamente más que los no reincidentes en muchas de las escalas y que, con la excepción de la escala de ocio, en las otras los reincidentes obtienen puntuaciones superiores de modo significativo a las que obtienen los no reincidentes. Este hecho indica con claridad que la escala IGI-J discrimina de modo potente entre ambos grupos de jóvenes delincuentes. Sin embargo, esa capacidad de discriminación es muy pobre cuando nos fijamos en los delitos violentos. Los resultados al respecto señalan que los delincuentes violentos obtienen puntuaciones de mayor riesgo que los no violentos, si bien en conjunto las diferencias son poco relevantes.

Para analizar la potencia predictiva, se ha realizado una regresión logística y los resultados indican que los jóvenes que puntúan alto en la escala de delitos y medidas judiciales pasadas y actuales tienen una probabilidad 1,67 veces mayor de ser reincidentes (es decir, cerca de dos veces más, en concreto un 67%), y 1,29 veces más (es decir, un 29%) los que tienen un alto consumo de sustancias. Por el contrario, la reincidencia es menor en aquellos casos que tienen un nivel de ocio/diversión de riesgo no desviado, es decir, tienen una probabilidad del 44% de no reincidir (1-66=44%). Y, por ultimo, una puntuación alta en personalidad/conducta incrementa en 1,26 veces la probabilidad de ser reincidente. De las variables del IGI-J la que mejor predice la reincidencia es los delitos pasados, seguida por el consumo de sustancias y la personalidad y la conducta del joven.

Con respecto a la delincuencia violenta los jóvenes con mayores puntuaciones en las pautas educativas (negativas) de sus padres tienen 5,91 veces más probabilidades de cometer un delito violento. Los que se relacionan con amigos más antisociales tienen una probabilidad 3,49 veces más, y así en las otras escalas con diferencias significativas (consumo de sustancias y empleo del ocio).


El IGI-J como instrumento para la intervención

El IGI-J es un instrumento no sólo diseñado para predecir la reincidencia, sino también para definir objetivos de intervención. Dado que las escalas de riesgo que lo componen incluyen tanto elementos de riesgo estáticos como dinámicos, son estos últimos los que, definidos como necesidades criminógenas, han de tomarse en un paso posterior como los objetivos de intervención del joven delincuente.
En este punto vamos a intentar relacionar de este modo la evaluación con la intervención, a través de un doble proceso. En primer lugar, una vez valorados los ocho ámbitos de riesgo del IGI-J, el profesional ha de establecer una o varias hipótesis que explique, a su juicio, cuáles han sido los mecanismos explicativos de la actividad delictiva del joven. Y en función de esto, a continuación aquél ha de plantear dos, tres o cuatro ámbitos de riesgo como los objetivos a lograr durante el tiempo que dure la medida.

La necesidad de vincular la evaluación con la intervención es uno de los principales activos de pruebas como el IGI-J ya que un rasgo distintivo de estos modelos es que la evaluación acompaña a la intervención del profesional durante todo el tiempo que ésta dura. El control paso a paso de los logros que se obtienen, de los objetivos que se alcanzan, se convierten en necesidad.
La Evaluación Continua durante la fase de intervención se basa en la comprobación del nivel de consecución de los objetivos intermedios fijados en el Plan de Intervención; así que podremos mantenerla (la intervención) sin modificaciones o bien reorientarla, corregirla o implementarla con un fundamento empírico.
En este punto (el IGI-J como instrumento para la intervención), la investigación realizada ofrece algunos aspectos cualitativos de suma importancia. Hemos intentado averiguar en que medida los profesionales han elaborado sus hipótesis y sus objetivos siguiendo los resultados obtenidos previamente en la evaluación de los factores de riesgo. Los resultados coinciden con otras investigaciones similares: salvo en unas pocas áreas, más de la mitad de las variables que componen las hipótesis utilizadas por los profesionales para explicar el comportamiento delictivo no guardan una relación estadísticamente significativa con los demás factores del IGI-J. De igual manera procedimos a evaluar la pertinencia de los objetivos de intervención planteados. De nuevo encontramos que son pocas las relaciones existentes entre las variables utilizadas por los profesionales y los factores de riesgo del IGI-J.
Dado que la capacitación técnica, experiencia y profesionalidad de este grupo de profesionales está sobradamente demostrada, sólo queda por insistir en que el manejo de instrumentos como el que nos ocupa facilitará un mejor desempeño metodológico en la intervención con los menores.

Conclusión

En cuanto a la muestra estudiada, podemos concluir que existe una relación entre mayor edad, reincidencia y violencia, pues los delincuentes más mayores (18 años o más) presentan mayor número de delitos, de medidas y de mayor duración de las mismas, además de ser más reincidentes. La mayoría de los jóvenes evaluados se consideran como delincuentes violentos (n = 161), en detrimento de los no violentos (n = 47). Por otra parte, tenemos un total de 152 no reincidentes y 56 reincidentes.

En resumen, podemos decir que se dan diferencias muy notables entre los delincuentes reincidentes y los delincuentes violentos frente a los no reincidentes y los no violentos. Como suele ser habitual, la muestra está caracterizada por un alto índice de fracaso escolar: absentismo (74% mujeres y 96% hombres) y abandono escolar (53% del total). También es habitual el consumo de tabaco, cannabis y alcohol, y menos el de drogas como la heroína y la cocaína. De forma significativa, y ha de tenerse en cuenta de cara a la prevención de reincidencia, los reincidentes consumen más sustancias tóxicas que los no reincidentes, y los jóvenes violentos más alcohol que los no violentos.

Refiriéndonos al IGI-J, este instrumento ha mostrado unos importantes indicadores de fiabilidad y validez. La fiabilidad obtenida con el coeficiente alfa de Cronbach ha sido adecuada, de 0.88. En cuanto a los datos acerca de su validez, todas las escalas de riesgo menos una (ocio y diversión) discriminaron entre los reincidentes y los no reincidentes. Y algo muy importante por sus connotaciones para la intervención: cuando las puntuaciones de cada una de las escalas de riesgo se agruparon en tres niveles de riesgo (bajo, medio y alto), las diferencias siguieron manteniéndose en el total de la prueba y en cinco de las escalas.
Finalmente, el análisis de la validez predictiva ofreció un valor de 0.717, que es idéntico al hallado en el estudio de Marshall (2006), lo que nos confirma su buena capacidad predictiva, en términos de los valores habituales obtenidos en la investigación internacional.
En los aspectos metodológicos, la baja relación entre la valoración de los diferentes factores de riesgo, la elaboración de hipótesis y la determinación de objetivos para la intervención –algo común, por otra parte, en estudios similares- revela la necesidad de incidir en el manejo de instrumentos de este tipo para obtener una mayor objetividad y garantía en el tratamiento de los menores.

Propuesta de un modelo de intervención educativo-terapéutico

Los datos obtenidos en esta investigación han puesto de manifiesto la importancia que tiene la utilización del IGI-J para obtener indicaciones objetivas sobre los aspectos educativos y psicológicos a tratar con la población de adolescentes y jóvenes infractores de la Comunidad de Madrid. Por tanto, todos estos datos nos permiten evidenciar el uso del IGI-J como prueba general, a partir de la cual podría conformarse el protocolo de intervención individualizado de cada menor. De esto se desprende que cuando elaboramos un programa de intervención, éste ha de responder al nivel de riesgo que presenta el joven y, de entre los factores de riesgo evaluados, ha de pretender cambiar aquéllos que, en opinión del profesional, están influyendo en esos momentos para mantener la carrera delictiva del joven. Además, como proporciona una estimación del riesgo de reincidencia, podría servirnos para discriminar en qué medida podríamos necesitar aplicar un instrumento más específico de evaluación de la violencia.
En primer lugar, se propone el desarrollo de un protocolo central de intervención psicológica dirigido a modificar actitudes y creencias que justifican la violencia y las emociones negativas asociadas a la misma (por ejemplo, ira y hostilidad), así como los hábitos agresivos que conducen a la comisión de un acto delictivo. Es importante considerar en el desarrollo de este programa de intervención las características de personalidad más importantes en este tipo de población (ej., impulsividad, búsqueda de emociones y empatía) y que potencian o predisponen al desarrollo del comportamiento desviado socialmente de los delincuentes.
En segundo lugar, se propone el desarrollo de una serie de protocolos de  intervención psicológica que de forma complementaria ayuden a los menores infractores a conseguir un cambio significativo en su comportamiento delictivo, mediante los siguientes programas de intervención:

(1) consumo de sustancias;
(2) habilidades prosociales y razonamiento moral;
(3) ocio y tiempo libre; y,
(4) agresión sexual.

En tercer lugar, en la esfera educativa también es muy importante desarrollar los siguientes protocolos de intervención:

(1) pautas educativas a seguir en el centro de menores;
(2) programa de apoyo a la convivencia familiar; y
(3) apoyo a los profesionales que trabajan con menores infractores en el
ámbito de la educación y/o talleres ocupacionales.

Referencias

Andrews , D.A. & Bonta, J. (1994). The psychology of criminal conduct. Anderson (1ª edición).
Andrews, D.A. y Bonta, J. (1995). The Level of Service Inventory-Revised. Toronto: Multi Health Systems.
Andrews, D.A. y Bonta, J. (2003). The Psychology of Criminal Conduct. Cicinnati: Anderson (3ª edición).
Hoge, R.D. y Andrews, D.A. (2002). Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). Toroto: Multi-Health Systems.
Marshall, J., Egan. V., English, M. y Jones, R.M. (2006). The relative validity of psychopathy versus risk/needs-based assessments in the prediction of adolescent offending behaviour. Legal and Criminological psychology, 11, 197- 210.

Correspondencia: José Luis Graña. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de
Psicología, Departamento de Psicología Clínica, buzón 79. Campus de Somosaguas,
28223, Madrid. E-mail: jlgrana@psi.ucm.es
Equipo De Investigación: Amador Sánchez; Nieves Alonso; Mª Dolores Sanz; Mª Cruz
Herranz, Carlos Benedicto, Eduardo Atarés, David Roncero, Claudio Gutiérrez, Susana
Garzo, Eva Estévez, Mª Concepción Solis, Amparo Pozo, Elisa Reviriego, Gema
Gascón, Amparo Aguilar, Inmaculada Montes, Araceli Ibañez, Elisa Baca, Ana Jurado.


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