lunes, 5 de julio de 2010

Ministerio Público pide políticas de prevención contra violencia juvenil. Lima. Peru.

Un llamado a las autoridades del Ejecutivo, así como a los gobiernos regionales y municipales, a fin de aplicar políticas efectivas que permitan disminuir la incidencia de casos de violencia juvenil, formularon diversos representantes del Ministerio Público.
Lamentaron que pese a la existencia de normas promovidas en muchos casos por el Ministerio Público, éstas no se aplican, lo que ha originado el incremento del número del jóvenes adolescentes que incurren en conductas infractoras.
 Los fiscales provinciales de Familia de Lima y de El Agustino, Pilar Castillo, Mónica Dietrich y Jaime Zevallos, coincidieron en el tema, durante su participación en el programa “Los Fiscales”, que se difunde a través de la cadena regional Radio Exitosa, los sábados.

“Se habla mucho de prevención, pero no se adoptan las medidas necesarias ni importantes, por eso vemos un aumento en el índice de la comisión de este tipo de conductas por parte de jóvenes adolescentes”, manifestó la fiscal adjunta de Familia, Mónica Dietrich.

Dijo, por ejemplo, que los gobiernos regionales y municipales están obligados a utilizar sus recursos económicos en la aplicación de políticas socioeducativas para jóvenes que infringen la ley.
Sin embargo, anotó, esto no se cumple, pese a que está normado en las disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo 990, que trata el tema de pandillaje pernicioso.

A su turno, la titular de la 5ª Fiscalía Provincial de Familia de Lima, Pilar Castillo, consideró que el rol del Estado es fundamental para evitar conductas antisociales en los adolescentes.
“El Estado debe asumir un rol protagónico en el tema de prevención de la comisión de infracciones penales y debe incluir en sus políticas públicas temas de prevención tanto primarias, secundarias como terciarias; sobre todo las primarias, donde se hace una trabajo directo con las familias.”
Ambas representantes del Ministerio Público indicaron que cualquier política en torno al problema de las conductas infractoras de los adolescentes entre 14 y 18 años sin cumplir, no puede ser represiva y que se requiere de una política social integral.
En este sentido, el Ministerio Público trabaja en una serie de acciones para reducir y prevenir los casos de infracción a la ley penal.

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