sábado, 10 de julio de 2010

La Junta no cree "necesario" construir un centro de menores en Huelva.Raquel Rendón / Huelva . España.

La Administración argumenta que la atención está garantizada en otras provincias y que no hay suficiente demanda · La juez de Menores de Huelva asegura que esto dificulta el control sobre las penas e impide a los chicos mantener sus vínculos familiares
Huelva es la única provincia andaluza que no cuenta con un centro de inserción para adolescentes infractores. La juez de Menores de Huelva, Carmen Orland, elevó formalmente un escrito por este motivo durante 2009 a la Oficina del Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica (cuyo mandato de diez años expiró el pasado 1 de julio), en el que exponía que el territorio onubense carece hasta la fecha de reformatorio, "lo que dificulta enormemente las funciones de control de la ejecución de las medidas impuestas a los menores de acuerdo con su competencia territorial e impide a estos menores mantener sus vínculos sociales y familiares", especifica el Comisionado en su informe anual.
La magistrada también dio traslado de esta cuestión a la Dirección General de Justicia Juvenil de la Junta de Andalucía, como lo hiciera en el año 2006 el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Por ello, Múgica inició una investigación de oficio con la Consejería de Justicia y Administración Pública (ahora de Gobernación y Justicia) a fin de requerirle información sobre los hechos expuestos y las medidas y actuaciones que se vayan a adoptar para hacer frente a los problemas planteados.

La Junta de Andalucía respondió al Defensor del Pueblo Español a finales del pasado mes de enero, según indicó a este rotativo la propia Administración. En el documento, aseguraba que "no existe en Huelva necesidad de crear un centro de menores debido a que están perfectamente atendidos en Sevilla".
En este punto, Carmen Orland desmintió que los adolescentes infractores se encuentren únicamente en la provincia hispalense: "También hay chicos en Almería, a 600 kilómetros de sus casas, en Córdoba, en Algeciras, en Jaén, en Cádiz...; es decir, que están en toda la geografía andaluza donde hay centros de menores". En otras provincias, sin embargo, "hay hasta exceso de plazas", caso de Córdoba, señaló.

Otro de los argumentos que esgrime la Administración autonómica para negarse a dotar a Huelva de un reformatorio es que "existe poca demanda" y cifra en una treintena de menores el contingente onubense que cumple condena fuera de las fronteras provinciales. Sin embargo, la magistrada lo rebatió asegurando que la media se sitúa en "50 niños con medidas de internamiento", un número que a veces puede alcanzar los 60. Esto es "más que suficiente como para que haya un centro de internamiento", a lo que agregó Orland que, "aunque fueran menos, se trata de un problema de derechos humanos y la entidad pública tendrá que decir algo".
Se da la circunstancia de que la mayoría de estos jóvenes pertenece a familias con pocos recursos para las que supone un "gran esfuerzo" visitarlos, ya que "son costes añadidos o no tienen ni coche y, aunque al final se trasladan, no pueden hacerlo a lo mejor dos veces por semana como lo harían en su propia provincia".

Hay que tener en cuenta que, si una familia tiene recursos, generalmente los niños "se reconvierten porque tienen más oportunidades; lamentablemente el gran porcentaje de los internados" está desposeído de ellas.
La juez de Menores dejó claro que "los niños tienen derecho a que los padres puedan verlos" y viceversa, especialmente teniendo presente que los progenitores cumplen una función fundamental: ayudarles en su reeducación.
La propia Convención de los Derechos del Niño especifica que los centros de reforma deben ubicarse en el entorno del interno. Los menores infractores transmiten constantemente a Carmen Orland su lamento por estar lejos de sus familiares. La magistrada no puede hacer otra cosa que remitirles al Defensor del Pueblo: "Son ellos los que tienen que ejercer sus derechos, yo sola no puedo".

Los temas de menores, recordó, "no son nada si no hay una colaboración estrecha con los problemas que los jueces aprecian y tengo que decir que en los seis años que llevo no se ha producido esa respuesta, aunque sí en otras medidas".
En la contestación que la Consejería de Gobernación y Justicia ha remitido al alto Comisionado se agrega que "la atención está garantizada también a través de otras vías como los pisos tutelados", que sí existen en Huelva. Sin embargo, estos recursos no conllevan medidas de pérdida de libertad, por lo que para Orland es "como si te dicen que te venden un tejido de algodón maravilloso; muy bien, pero para el invierno necesito la lana".
El piso de convivencia no se utiliza para imponer penas privativas de libertad. En este punto, la juez de Menores de Huelva se planteó que, si la Administración autonómica "confunde lo que es una medida de convivencia con otra de internamiento, habrá que preguntarse si tratan a los menores de los pisos de convivencia como si estuvieran privados de libertad".

Después de conocer la justificación de la Junta de Andalucía para no edificar en la provincia un centro de internamiento para menores infractores, la magistrada se mostró indignada por los argumentos empleados mientras existen "niños privados de libertad a los que se les añade la dificultad de sus padres para ir a verlos, la imposibilidad de trabajar en su entorno, con la red social de su domicilio", y sin opción a que su juez de Menores, la propia Orland, que tiene que supervisar la medida de internamiento impuesta y comprobarla en el centro, "no pueda visitarlo, porque yo no puedo estar de tournée como si fuera Isabel Pantoja", apostilló

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