sábado, 10 de julio de 2010

Críticas a criminalización del joven. El Comercio. Ecuador.

Juan M., de 16 años, fue acusado de asesinar a otro joven, en una riña ocurrida en el norte de Quito. La Policía asegura que cuando arrestaron al adolescente, tenía en su mano la supuesta arma con la que se cometió el crimen: una navaja.
Por su condición de menor de edad, fue trasladado al Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero. Rita Proaño, psicóloga del lugar, aseguró que los primeros días tuvo problemas para adaptarse. “No asistía a las clases y no se integraba con el resto de jóvenes”.
Ahora, y tras 45 días en el Centro, Juan M. se muestra más receptivo; incluso acepta hablar sobre su caso. Viste una chompa deportiva gris con capucha, jean negro y zapatos de goma blancos.
“Soy inocente”, dice con la mirada fija. “Incluso la madre del joven que falleció sabe que no fui el culpable”. El menor sostiene que la Policía lo confundió, porque se encontraba en la escena del crimen, en el sector de Guangopolo.
Ahora, el menor espera que un juzgado especializado determine su sanción, con base a lo que establece el Código de la Niñez. En esa norma, se señala que los menores de 18 años no pueden ser juzgados con el Código Penal.
Pero esto fue cuestionado por el asambleísta Vicente Taiano (Prian). Él aseguró que los medios de comunicación dan cuenta de que menores de edad “están siendo utilizados para el cometimiento de hechos delictivos por parte de bandas organizadas o delincuentes, en claro abuso de la garantía de inimputabilidad”.

Por ello, el 3 de junio pasado, presentó un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, para que la edad de imputabilidad de delitos se reduzca de 18 a 16 años. La propuesta provocó ayer la reacción del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
A través de un comunicado público, el organismo afirmó que reducir la edad representaría un retroceso para el país, en materia de Derechos Humanos.
El Estado, la sociedad y la familia –refiere el documento- deben garantizar el cumplimiento y respeto a los derechos que la Constitución, instrumentos internacionales y leyes vigentes establecen en favor de niños, niñas y adolescentes. “En ese marco, se debe asegurar que aquellos derechos establecidos no sean menoscabados, reducidos o anulados”.
Silvia Proaño, secretaria ejecutiva del Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Compina), coincide. Cree que la reducción de la edad de imputabilidad no es la solución al cometimiento de delitos. “Se debería endurecer fuertemente las penas a los adultos que están utilizando a los menores en delitos graves como el sicariato o la trata”.

En lo que va del 2010, la Fiscalía conoció 23 noticias de asesinatos presuntamente cometidas por menores de entre 15 y 18 años. Y otras 12, por intento de asesinato. En el país, hay una población de 1,09 millones de adolescentes de entre 15 y 18 años. De ese total, solo tres fueron detenidos en este año.
Entre ellos Juan M., quien recibe continuamente la visita de su hermano mayor, de 25 años. Él también fue acusado por asesinato cuando tenía 15 años. Fue sancionado con tres años de medidas socioeducativas en el mismo Centro de Orientación Juvenil.

“Cuando llegué a este lugar, dice Juan M., mi hermano dijo que esté tranquilo y que aproveche las clases, capacitaciones y talleres”.
El sacerdote Gilberto Rubio, director del Virgilio Guerrero, aseguró que los jóvenes aprenden sobre carpintería, cerámica, cerrajería y panadería. También reciben instrucción académica formal.
Según el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Estado debe fortalecer estas medidas “con modelos que comprendan, entre otros factores, la atención psicológica, médica, alimenticia y recreativa a fin de que cumplan con su objetivo primordial que es lograr la formación del adolescente y su integración social”.
El Consejo Nacional también cuestionó la disposición del Ministerio de Gobierno de detener a los estudiantes secundarios que sean encontrados en espacios públicos, con el uniforme puesto y en horario de clases.
“El hecho de que estudiantes se encuentren fuera de las aulas por su propia voluntad, evadiendo su derecho a la educación, puede sujetarse a otro tipo de medidas que no impliquen la privación de la libertad”, señala el ente.
Juan M. cuenta que dejó el Colegio hace un año, para poder trabajar con su hermano en albañilería. Pero espera aprovechar el internamiento institucional para culminar su bachillerato. El asesinato por el que se le acusa se sanciona con hasta cuatro años de medidas socioeducativas, según el numeral 3 del artículo 370 del Código de la Niñez.

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